El año pasado ocurrió algo interesante en la Calzada Zaragoza de la ciudad de Puebla: los árboles fueron encalados. Más interesante aún fue que el encalamiento de árboles estaba prohibido en la Ley de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del Estado de Puebla, reglamento publicado en la administración del actual gobernador, Alejandro Armenta Mier. Cuando un reportero le preguntó por la violación de la norma que su gobierno había aprobado, la respuesta del gobernador morenista —priista con varios cargos de gobierno y legislativos desde 1993 hasta 2017, cuando se sumó a la 4T— fue otra pregunta repetida varias veces: “¿Tienes argumentos técnicos científicos para decir que el caleo daña los árboles?”. En los siguientes días el Congreso del Estado reformó la ley para permitir el encalado de árboles sin importar las recomendaciones de expertos y la legislación previa.
La cruzada por ajustar la realidad a los deseos del gobernador no terminó allí. En este año los habitantes de la ciudad de Puebla nos enteramos de la próxima construcción de un cablebús para contribuir a la oferta de transporte público. La ciudad, como muchas otras del país, adolece a causa de un sistema de movilidad ineficiente. En 2013, el exgobernador Rafael Moreno Valle —fallecido en un accidente de helicóptero en 2018— inauguró la primera línea de RUTA —Red Urbana de Transporte Articulado— cuyo funcionamiento es parecido al Metrobús de la Ciudad de México. Moreno Valle, por cierto, había ignorado las advertencias de los expertos en movilidad —en especial en infraestructura ciclista urbana— y construyó una ciclopista muy cara que, en buena parte de su recorrido, es elevada, contraviniendo las recomendaciones internacionales. Para la inauguración, Moreno Valle y funcionarios de su gabinete se enfundaron en atuendos deportivos a fin de transmitir el mensaje de que una ciclovía es para hacer deporte no para el transporte diario. En la actualidad, la ciclovía elevada se usa en algunos tramos como puente peatonal, y algunas secciones, cuyo tramo parece el de una montaña rusa, están oxidadas y en el abandono. Cuando se planteó su desmantelamiento, el gobierno se enfrentó con un dilema: retirar la ciclovía elevada era muy caro para el presupuesto, así que es mejor mantenerla, aunque casi nadie la use.
De entrada, el cablebús poblano parecía una buena idea, considerando la experiencia de la Ciudad de México con este sistema de transporte. Sin embargo, las alarmas comenzaron a sonar cuando se supo que quitarían árboles del Parque Juárez, una de las zonas arboladas más importantes de una ciudad que tiene un déficit crónico de áreas verdes. Después, el asunto empeoró cuando se supo que los estudios de factibilidad técnica no se podrán consultar por cinco años, ya que su divulgación causaría “daños al interés del estado”.
Curiosamente, la presidenta Claudia Sheinbaum había avalado el proyecto el año pasado, siempre y cuando se hicieran estudios técnicos que respaldaran el proyecto, pero tal información no se puede consultar. Al derribo de árboles y ocultamiento del estudio, siguieron varios inconvenientes para el cableblús que están resumidos en el artículo del especialista en movilidad Armando Pliego Ishikawa, “La ruta equivocada del Cablebús de Armenta”. Enumero algunos: costo excesivo comparado con el número de pasajeros, implementación en una ciudad plana, sin movilidad integrada, modo de pago diferente que el resto de la oferta de transporte público, entre otros. Ante las evidentes irregularidades, la eliminación de árboles y la opacidad del proyecto, la ciudadanía comenzó a protestar.
Esta parte de la historia es la más extravagante. Como el gobierno le puso un candado a la información del cablebús —es decir, a los argumentos técnicos que evidenciarían la viabilidad de este sistema de transporte sobre otras opciones—, se decidió apostar por un bombardeo publicitario y desviar la discusión del tema central. De esta manera, en una primera etapa, se anunció la siembra de 10 mil árboles en los parques Juárez y Ecológico, afectados por el proyecto. Los medios de comunicación afines al gobierno celebraron la medida y descalificaron las críticas, pues nadie debería oponerse a la siembra de árboles en tiempos de crisis ecológica. La inversión de aproximadamente 6 mil 752 millones de pesos y la discusión abierta sobre su mejor uso quedaba blindada por el premio de consolación que ofrecía el gobernador a los inconformes.
Como diferentes organizaciones ciudadanas siguieron criticando el cablebús, Alejandro Armenta comenzó con una estrategia más agresiva: en una rueda de prensa, conminó a los activistas a que se sumaran a su lucha ecológica y que “mostraran su huella ambiental”. Según esta perspectiva, la discusión sobre el ocultamiento de información y la pertinencia del cablebús se podría ganar midiendo las huellas ambientales de los ciudadanos y del gobernador.
A estas alturas, las redes sociales comenzaron a difundir declaraciones de funcionarios del gobierno e, incluso, de rectores de universidades privadas (como Luis Ernesto Derbez de la UDLAP) a favor del cablebús, en los que nunca se mencionan las críticas fundadas que se han hecho al proyecto. La defensa del cablebús ha llegado al extremo de promoverlo como motor del turismo para la ciudad, al menos según las palabras de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora. Es decir, un sistema de transporte que tiene, en el papel, la misión de hacer más eficiente el traslado diario de miles de ciudadanos se transforma, por arte de magia, en un medio para el turismo.
Por si fuera poco, ante las marchas contra un sistema de transporte que el gobierno del estado no ha querido defender con los estudios técnicos —esos que serían el mejor argumento posible—, se ha intentado sembrar la idea de que la oposición está atrás del movimiento por la defensa de los árboles y por democratizar la toma de decisiones de un tema muy sensible para la población, como el transporte público. El dilema, insisto, se resolvería si el gobierno, que presume su cercanía con la gente y, sobre todo, su pertenencia a la izquierda, convenciera a la ciudadanía con la información que ha ocultado por cinco años.
