Ecuador, 7 de enero de 2024. Alias Fito, el narco más poderoso de Ecuador, no está en su celda. El Estado admite que ya buscaron mucho, “no lo encuentran”. Cómo huyó de prisión, con qué recursos, no se explica.
8 de enero. Las prisiones del país amanecen con motines y guías penitenciarios secuestrados como medida de presión para evitar los traslados que suelen seguir a hechos de esa envergadura. El presidente Daniel Noboa declara un estado de excepción por conmoción interna. Aparece en pantalla con una estética similar a la de Nayib Bukele: “neoliberalismo fit”.
Guayaquil, 9 de enero. Hacia las 14:15, se ve en las pantallas de TC Televisión, medio público, el ingreso de un grupo de hombres armados en plena transmisión en vivo. La mayoría de ellos están encapuchados, son jóvenes, no parecen pertenecer a las jerarquías del crimen organizado. Secuestran al plantel del canal, que vive una hora y media de terror. La repetición del video en todas las redes sociales siembra un estado de pánico.
A las 15:38 (hora de la última edición) del 9 de enero, apenas 1 hora y 20 minutos tras el secuestro del canal, por la cuenta oficial en X (Twitter) de la Presidencia de Ecuador se publica el decreto 111, de diez páginas. Se mencionan actos terroristas que atentan contra la soberanía nacional y se declara al país en conflicto armado no internacional. El decreto incluye una lista de actores beligerantes no estatales declarados como terroristas. Las escuelas, universidades e instituciones públicas envían a la gente a casa de inmediato y cierran sus puertas apresuradamente. Pero es imposible moverse en la ciudad. Las avenidas colapsan. Cada embotellamiento se convierte en escena idónea para otro coche-bomba, han estallado varios. La estampida que sigue a la declaración de guerra pone en peligro a todo el mundo, no a salvo. El caos por pánico es el terreno idóneo para ofrecer “seguridad”, a cualquier precio.
El decreto 111 no define con nitidez a quién se considerará terrorista, aparte de citas de jurisprudencia existente y la lista que se publica. No definir un término tan central lo libera de contornos y límites semánticos. Hora tras hora, el término se repite y se expande, con connotaciones y opacidades que empiezan a operar: se lo une a las palabras migrante, joven, negro, tatuado, empobrecido. No limitar el término es un anuncio de que la violencia legal también será extralimitada. Hoy, el país ha visto decenas de videos con detenciones y humillaciones dirigidas contra jóvenes atados a este perfilamiento.
Si bien los jóvenes perfilados por el Estado son el objetivo de la violencia legal, desplegada por medio de operativos militares con apoyo de la población, dicha violencia golpeará a toda esa población, que hoy vitorea los operativos y las ejecuciones. Una triste muestra de esto es el fallecimiento del músico guayaquileño Diego Gallardo, quien el día 9 de enero muere por una bala cruzada en la autopista mientras corre a recoger a su hija de la escuela. Es la evidencia de que la guerra no será sólo contra “terroristas”, cualquiera puede ser un “daño colateral”. Así, mediante un decreto ejecutivo, se declara una guerra. Éstas son las 72 horas que siguen:
10 de enero. Apenas 24 horas después de declarar el conflicto armado, lo que confina a enormes sectores de la población por el terror que siembra tal decreto, la Asamblea Nacional aprueba la ley de competitividad energética. Ésta se ofrece como solución al racionamiento de electricidad que ha venido sufriendo el país. En octubre, el ahora destituido presidente Guillermo Lasso había reconocido una crisis energética. Empezaron a castigar a la población con cortes. Niñas y niños que ya no podían salir a la escuela por la delincuencia y llevaban clases virtuales en precarios teléfonos familiares, ahora no tenían nada por horas al día. La ley energética abre la inversión privada para generación de electricidad, distribución y alumbrado público.
11 de enero. A 48 horas de la declaración del conflicto armado, la Corte Constitucional emite un dictamen de beneplácito referente a dos acuerdos entre Estados Unidos y Ecuador en materia militar que ya había firmado el ejecutivo. La general Laura Richardson, jefa del Comando Sur —estructura militar con jurisdicción en América Latina, con excepción de México—, ha visitado el país anunciando un plan de cinco años para él, que incluye “educación militar” en Estados Unidos y distintos modos de intervención aérea, marítima y terrestre. Los tratados militares conceden inmunidad a los militares estadounidenses, permiso de portar uniforme y armas en servicio y abren el intervencionismo a otros ámbitos muy preocupantes. Estados Unidos ya ha expresado su interés por los recursos que tenemos aquí. Esto evidencia el plan económico velado que motiva la intervención y que se justifica bajo la espectacularización del plan securitista.
12 de enero. El ejecutivo envía a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económica urgente para enfrentar, dice, el “conflicto armado interno”. Busca elevar el IVA del 12% al 15%. El proyecto se debate el 6 de febrero en la Asamblea Nacional. Con una celeridad insólita, el ejecutivo responde con una objeción parcial. El muñequeo interno continúa. Por ahora, podría aprobarse vía veto presidencial el aumento de un punto porcentual.
Éstas son las medidas más notorias que siguen al 9 de enero. Es claro que se trata de un plan económico, de ajuste agresivo, shock y sacrificio de los sectores más empobrecidos del país. Nunca hemos estado más lejos de la disociación deliberada de la violencia social y la pobreza. En Ecuador, las regiones más heridas por la delincuencia organizada, las extorsiones, el narco y la ausencia del Estado, como Esmeraldas, son negras o afrodescendientes, montuvias, fronterizas.
Las prisiones
En el decreto 111, el ejecutivo cita un informe confidencial del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU tras una visita a Ecuador a fines de septiembre de 2022. Allí, se apunta que el sistema penitenciario es uno de los puntos críticos en la escalada de violencia e inseguridad reinante en el país. De hecho, así inicia todo, con la fuga de alias Fito el día 7 —o antes, pero esto se desconoce—. El informe dice textualmente: “El SPT insta al Estado parte, en la medida de lo posible, a mantener la administración civil de las prisiones con un enfoque en la reinserción”. Sin embargo, en Ecuador, reina en las prisiones un gobierno militar de facto. Ni el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), instancia responsable de las prisiones, ni las instituciones de derechos humanos del Estado tenían ingreso desde el 9 de enero. Apenas hacia fines de mes, hay visitas permitidas a la Defensoría del Pueblo y algunas audiencias de habeas corpus logradas por organizaciones civiles que obtienen un mínimo de información.
Ecuador es esto: cientos de familias afuera de las prisiones, en permanentes plantones de pedido de información, día y noche, semana tras semana. Por ejemplo, para pedir información de sus familiares en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, uno de los más grandes, las madres, esposas o hermanas viajan cada día dos horas de ida y dos de vuelta desde Quito. Gastan más de $5 al día en transporte, cuando muchas tienen ingresos de $2 diarios. Con frecuencia se quedan a dormir a la intemperie. Allí, la temperatura puede bajar hasta cero grados. Y cada noche, cada día, las familiares soportan vejaciones de los militares, riesgo de hipotermia, ataques de ansiedad, diarrea en los niños y mucha impotencia. También se han reunido a diario afuera de las oficinas del SNAI, demandando información. Estas familias son víctimas directas de vulneraciones, negación de información y estigmatización social. El Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, fundado en Guayaquil en 2021, es un ejemplo de la demanda de justicia, castigada a la vez por el punitivismo social. Su cuenta en X constituye en sí una crónica de estos procesos.
La alarma de las familias es la de muchos sectores del país: hay cientos de videos de torturas militares en prisiones y en las calles que circulan por todos lados. Hemos visto cuerpos sangrantes, rotos con enormes moretones con huella de palos y alambres. Hemos escuchado videos tomados cerca de las prisiones con gritos que llegan a la asfixia por el dolor que se inflige allí dentro. Hemos visto videos de detenciones y perfilamiento racial donde los militares hacen maquillarse, aullar, rogar o gritar a hombres jóvenes racializados. La violencia que se repite por minuto en TikTok o que se riega por los chats de Whatsapp como un código de indignación, desesperación y testimonio compartido es inenarrable. Jóvenes rapados, sin alimentación por semanas, que duermen en colchones mojados, que no cuentan con inodoros o que desaparecen. Estamos viendo esto todos los días, a toda hora.
Las esposas, madres, hermanas de personas privadas de libertad han sufrido tortura psicológica por parte del Estado. Sin información, sin saber si su familiar sigue con vida, van día tras día a buscar aliento. Las organizaciones y colectivos que las acompañamos hemos sido testigos: hay intentos incesantes de reuniones, de gestionar pedidos de información, de interpelar a la Defensoría del Pueblo, el SNAI, de buscar modos. Nada se mueve. El Estado está condenando a la población a una violencia que la atravesará por generaciones enteras.
Hoy, hemos perdido la cuenta de las masacres carcelarias sucedidas desde 2021. Entre las más cruentas y otras de menor escala, serán más de 14, empezando con la del 23 de febrero de 2021. Hay más de 600 personas asesinadas en prisión, en disputas entre grupos de la delincuencia organizada, el Estado y otros actores mafiosos. En estos años, vimos imágenes de cuerpos quemados en piras dentro de las prisiones, morgues desbordadas y a la población empobrecida vejada, privada del derecho de recuperar el cuerpo de sus familiares o siquiera de hacer sus rituales mortuorios. Vimos sepelios vacíos, pues no se sabía si serían atacados, si la deuda de los muertos iba más allá de su muerte. Y también vimos balaceras en cementerios. Con los duros años del confinamiento por COVID-19, se solaparon el número creciente de muertes violentas, el confinamiento y la virtualización de la vida por inseguridad y el miedo. Si en 2021 el Estado reportó 2,496 muertes violentas, en 2023 fueron 7,592, en un país de menos de 18 millones de habitantes.
En cuanto a las prisiones, hoy, mientras cientos de familias buscan a sus familiares, tiene lugar la conversión mecánica de toda la población carcelaria a “narco”, uno de los efectos más graves. Las personas presas por delitos de pobreza —hurto, robo de comida—; como medida de apremio por pensiones alimentarias; o por tránsito, quedan expuestas a las disputas y son capturadas por este imaginario. Toda la población carcelaria, privada de libertad por un extenso catálogo de delitos que exhibe el Código Orgánico Integral Penal (COIP), es aplanada bajo esa identidad. Así, el Estado y la sociedad han construido un muro más entre el adentro y el afuera: en la prisión, todos son narcos. Afuera, todos necesitamos seguridad. Este muro, tan ficticio como la imagen de una prisión con puertas cerradas, ha conducido a un reclamo social securitista y punitivista, otro de los mayores peligros en este contexto.
Es verdad, el mayor grupo carcelario que reporta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que realizó el Primer Censo Penitenciario en 2022, es el de tráfico ilícito de sustancias: son 7,347 personas sentenciadas en ese año. Sin embargo, no se especifican microtráficos o tráfico forzado de sustancias. También es verdad: hay 3,989 personas sentenciadas por homicidio o asesinato y 3,582 por violación sexual. Hay 5,092 sentenciados por robo en este censo. En ese grupo, el criterio de delitos de pobreza, como jóvenes que roban celulares y reciben penas de nueve años, no se muestra. También hay un grupo de 1,167 personas sentenciadas por tenencia o porte de armas. Estos grupos suman 18,177 personas sentenciadas. En ese año, la población carcelaria es de 31,321 personas. Entre las 13,144 personas que no se incluyen en estos grupos hay 5,044 personas sin sentencia, 126 que no conocen su situación procesal y 220 que llevan sin sentencia más de dos años. ¿Quiénes quedan, por qué delitos están allí y qué invisibilidad estadística subsiste? Si bien los crímenes contra la vida, la violación, el femicidio y el mismo narco demandan otra discusión, es evidente que hay población carcelaria cruzada por otras realidades, expuesta al estado carcelario.
En octubre de 2019, Ecuador vivió una insurrección indígena y popular a escala nacional, con complejos desenlaces —una enorme acumulación de fuerza popular, luego, un curso trunco de esa acumulación, que hoy convive con la persistencia de la lucha social y su necesaria reorganización permanente—. Un símbolo de esa lucha fue Víctor Guaillas, defensor de la tierra. Oriundo de Molleturo, referente de la resistencia antiextractivista, Víctor participó del bloqueo de una vía. Fue detenido, procesado por delito de “sabotaje” y trasladado a la Penitenciaría del Litoral, una de las más violentas. Las cortes del país le negaron habeas corpus, apelaciones y una acción de protección. Fue extorsionado por las mafias en prisión. Tenía discapacidad auditiva y seis hijos. Fue asesinado en la masacre carcelaria de noviembre de 2021. El Estado punitivista, los jueces, el abuso de la prisión preventiva y la criminalización de la protesta social asesinaron a Víctor. En una sociedad que ha perdido la capacidad de condolerse, donde hay miles de familias extorsionadas, en situación de desplazamiento interno forzado o que han migrado a Estados Unidos por el mortal camino del Darién, esto ya no importa. La sociedad del desprecio que somos pide muerte para todo aquel que caiga en prisión, sea quien sea, por la razón que sea.
En 2013 se construían en Ecuador las prisiones de Cotopaxi, Guayas y Azuay. El gobierno de Rafael Correa prometió que esto reduciría el hacinamiento y que las condiciones para vivir en prisión (!) mejorarían. Pero en Cotopaxi, por ejemplo, el agua traía arsénico. No lo resolvieron. En 2014, el mismo gobierno aprobó el nuevo COIP, que incluía, entre muchos otros, el delito de aborto, jamás tipificado así antes. La pena para las mujeres era de seis meses a dos años. Las prisiones se poblaron con jóvenes y adultas que abortaban por pobreza o violación. Yo misma redacté un peritaje de un caso de varios cuerpos. Una mujer kichwa fue perseguida por la policía durante meses, rastreados su teléfono y el de su familia, vejada en el hospital, criminalizada y atada a un proceso que duró años. Muchas mujeres terminaron en prisión así. No son terroristas ni narcos.
Los delitos del COIP triplicaron la población carcelaria a partir de 2014. En su turno, el gobierno progresista fue criticado por abusar de la prisión preventiva, entre otras arbitrariedades. La protesta social fue brutalmente reprimida. El conocido “decreto 16” llevó a cientos de personas a la prisión. La represión de Dayuma en 2007; el caso Saraguro, cuyas dirigentas vivieron desnudamientos forzados; los diez de Luluncoto; los comuneros de Nankints en territorio shuar; estudiantes de varios colegios, como Edison Cosíos, hoy fallecido tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en 2011, fueron población carcelaria o acusados de terrorismo. Muchos procesos no han cerrado.
Tras el cambio de turno de Rafael Correa al gobierno de Lenin Moreno, en la movilización indígena y popular de 2019 hubo 1,330 personas detenidas. Hubo asesinatos a dirigentes y fue también la represión de los ojos heridos, como en Chile. Lo demostró, entre otros trabajos de memoria política, el informe de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. El ajuste neoliberal de Lenin Moreno avanzaba entre la torpeza y la codicia. Avanzaban también el empobrecimiento y el debilitamiento del Estado, heridos por la corrupción sin fondo que estructuró su gobierno. A la llegada del COVID-19, el gobierno de Moreno aprovechó la mortandad y la excepción epidemiológica como ocasión para organizar crímenes de corrupción desde los hospitales.
Con un Estado débil y represivo, en 2021 llegó la derecha banquera en el poder. Antes de ser descubierto en sus relaciones criminales y destituido, Guillermo Lasso dejó suceder (como Moreno) numerosas masacres carcelarias, entre la ineptitud y una política de dejar morir. Es inacabable la lista de escándalos de corrupción que encabezan Rafael Correa, Lenin Moreno y Guillermo Lasso junto con sus pequeños comités. Entre la represión, políticas misóginas —los tres están en contra el aborto y promovieron desde el poder agendas antiderechos— y ajuste, la prisión se usa como un lugar de descarte y negociación, mientras el castigo se usa más y más como legitimación demagógica. Daniel Noboa ha aprovechado este acumulado, que es necesario mirar en conjunto para comprender de dónde viene el apoyo a la militarización de las prisiones y de la vida cotidiana, la anunciada construcción de nuevas prisiones y el discurso de la guerra, apoyada ahora por Estados Unidos. Hay extenuación social, empobrecimiento y zonas de sacrificio cada vez mayores.
El país se halla exangüe entre la inseguridad, la criminalización de la población empobrecida y racializada, la xenofobia, la migración masiva y el desplazamiento interno forzado; son factores centrales para comprender el nuevo contexto de Ecuador. Junto con las prisiones, las migraciones describen claramente lo que sucede.
El año de 2021 fue de migración masiva a Estados Unidos tras la catástrofe social que trajo la pandemia. Hay población de Ecuador desaparecida y muerta en fronteras o detenida en México o Nicaragua. Una de las primeras razones de migración hoy es la inseguridad: extorsión a familias de sectores populares, miedo de secuestros, amenazas de bandas o imposibilidad de trabajar debido a las llamadas “vacunas”, cobros cotidianos a pequeños negocios por parte de las bandas. Ese año, la patrulla fronteriza a lo largo del borde sur de Estados Unidos interceptó a quince niñas y niños sin acompañamiento provenientes de Ecuador, y a 96,135 personas. Éstos son sólo encuentros en frontera con la gente que cruza a pie. En 2021 y 2022, cerca de 200 mil personas se fueron de Ecuador, sobre todo a Estados Unidos, por rutas de elevado riesgo.
En el poder que el Estado confiere al narco y sus disputas territoriales se abren zonas de muerte, donde no hay futuro y los niños y mujeres son capturadas para la guerra. Hoy, hay 200 mil niñas y niños que han dejado la escuela. Los niños son reclutados para traficar o para despedazar cuerpos. Son los niños que han nacido en las zonas más castigadas por la pobreza y el racismo. Pero lo que Ecuador denuncia ahora internacionalmente lo ha vivido la provincia de Esmeraldas por muchos años ya —no es la única—. No se puede ir a la escuela, hay confinamiento diario por balaceras o reclutamientos, no se puede trabajar sin ver venir una extorsión. Bajo el llamado #SOSEsmeraldas, colectivas y organizaciones como Mujeres de Asfalto y Esmeraldas Libre demandan presencia del Estado y relatan lo que allí sucede, otro espejo grave de Ecuador, pero invisibilizado. En Esmeraldas, el racismo y el abandono son históricos a la vez que es tierra de pueblos y culturas negros y afrodescendientes que han resistido a todo. Pero allí ni el racismo de Estado, ni el reclutamiento ni el narco son nada nuevo. Hay una realidad urgente que comprender: en Ecuador, hay desplazamiento interno forzado hace mucho tiempo, aunque la técnica jurídica se resista a nombrarlo. Hay jóvenes que ya no pueden volver.
Si un niño de nueve años que es reclutado a la fuerza por las bandas, obligado a vender drogas o a despedazar un cuerpo cuando sus propios huesos aún no han terminado de crecer, si ese niño mirara a los ojos al presidente, ¿lo llamaría terrorista? Si no puede ir a la escuela o ni siquiera ve para qué, igual que su familia, que lo sabe condenado o se ve impotente, si en su barrio no hay escuela o si debe desplazarse una y otra vez, ¿es un terrorista condenado por siempre a la violencia? Si trabaja desde los ocho años en una bananera como las que posee el presidente Noboa y es mal pagado y le ofrecen dinero fácil, ¿no lo pensará, no se dejará llevar a su corta edad, cuando aún no puede tomar esas decisiones?
Por su parte, las poblaciones venezolana, colombiana, peruana y cubana sufren este contexto de manera particular: la xenofobia y el racismo son promovidos como forma de exclusión, empezando por el gobierno de Daniel Noboa. Uno de sus primeros anuncios posdeclaración fue un plan de “expulsiones colectivas” de población carcelaria de esas nacionalidades. Sí, planeaba subir a 1,500 personas de Colombia en un transporte y expulsarlas. Ecuador recibió un llamado de atención de ese país por lo inaudito del anuncio. Si usted expulsa, irónicamente, deja libres a las personas en frontera, le tuvo que explicar el ministro de Justicia colombiano al presidente. Tras los desaciertos del ejecutivo, ahora el gobierno ha presentado la posibilidad de repatriación para aquellas personas privadas de libertad que quieran acogerse a la revisión individual de su caso, como dictan los tratados internacionales, los derechos humanos y el sentido más básico de diplomacia, por medio del decreto 139, emitido el 29 de enero. Están por verse los reglamentos, la respuesta de Venezuela, un registro ordenado, entre muchos otros elementos. Un efecto grave del brusco anuncio de expulsiones colectivas ha sido la exacerbación de la xenofobia en el país, dirigida a poblaciones migrantes no vinculadas a prisiones, bandas ni al crimen. Se ha igualado delito con migración: ésa es la fragilidad con que viven quienes han migrado a Ecuador.
La población carcelaria en prisiones ecuatorianas es de 31 mil personas. Entre personas de Venezuela, Colombia y Perú apenas pasan las 3,000. Hasta el cansancio, los colectivos y las organizaciones sociales hemos repetido que la espectacularización de la figura del “preso extranjero”, como los llaman, es una forma grave de discriminación. El sonado proceso de repatriación ha sido nombrado por semanas, pero aún no hay un registro público, un modelo de petición que se pueda solicitar, ni acompañamiento de la defensoría pública.
La población refugiada de Colombia en Ecuador dice todo el tiempo: esto ya lo vivimos, ahora veremos otras guerras. Provincias fronterizas como la amazónica de Sucumbíos lo saben bien, esto tampoco es nuevo. La gente de Venezuela conoce lo horrorífico de esas prisiones, pero muchos quieren irse, porque allá por lo menos sus familias vivirán menos discriminación. Sin embargo, sabemos que hay población que es sacrificada y que se va quedando sin un lugar para vivir en este continente.
Para que esto suceda, es necesario criminalizar la defensa de los derechos humanos, la justicia y los relatos que se inscriben en esas luchas. Periodistas, como Karol E. Noroña, que han narrado estos desastres, han tenido que exiliarse. El Centro de Derechos Humanos de Guayaquil ha sufrido ataques cibernéticos este mes. Defensores que allí trabajan, como Nando Bastías, han debido defenderse por años de la represión policial que tiene lugar fuera de las prisiones, cuando los familiares acuden a buscar información. Los miembros de comités de familiares de personas en prisión, actores fundamentales para entender el grado de vulneración de derechos que hay en el país, son estigmatizados. Organizaciones como Mujeres de Frente y el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles muestran los procesos y los esfuerzos colectivos de años por introducir una razón anticarcelaria a las luchas por la justicia, tan difícil de lograr en sociedades punitivistas. Una de las luchas más relevantes hoy es no permitir la normalización de las ejecuciones extrajudiciales, el racismo y la exclusión social como mecanismos de exterminio, el desplazamiento interno forzado y el castigo desproporcionado ante los delitos de pobreza. Narrar una y otra vez las formas de resistencia que perseveran en Ecuador y no dejar de mencionarlas es un modo de resistir.
2 de febrero. Es ejecutado extrajudicialmente por elementos de una patrulla militar Carlos Vega Ipanaqué, de 19 años, joven sin antecedentes penales. La sociedad justifica en las redes sociales los cuatro tiros que Carlos recibe de un militar porque intenta evadir el operativo en una maniobra con su automóvil.
5 de febrero. El Centro de Derechos Humanos de Guayaquil, junto con el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, reporta graves torturas militares contra las personas privadas de libertad en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil: golpes con cables metálicos; restricción de alimentos por varios días seguidos; golpes en testículos con cables; fundas en la cabeza con gas pimienta; destrucción de medicinas e insumos médicos, entre muchas otras. A la par, se dan las primeras audiencias para obtener información, que los abogados vean a sus clientes, saber si están vivos. Todo, a partir de la lucha de las familias: migrantes internas e internacionales, empobrecidas, vejadas. Ecuador es lo que muestra a través de sus prisiones.
9 de febrero. Pasado un mes del hecho, el Estado no ha respondido sobre la veracidad del secuestro de TC Televisión, ni han mostrado imágenes de las cámaras del canal. Los encapuchados no leyeron ningún comunicado durante el secuestro, no se identificó el objetivo de esa toma. Estas interrogantes han quedado en el aire.
11 de febrero. El Centro de Derechos Humanos de Guayaquil logra una sentencia histórica (NO. 365-18-JH/21). Por medio del habeas corpus mencionado antes, un juez constitucional declara como responsables a las Fuerzas Armadas de Ecuador de vulnerar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. La Defensoría del Pueblo tiene 45 días para investigar las denuncias de tortura presentadas. A través de SNAI, el Estado está obligado a restituir algo de dignidad a la población carcelaria y proveerla de suministros de aseo, entre otros. Dice el juez, tras mencionar que ninguno de los detenidos ha opuesto resistencia y al constatar que ningún miembro de las Fuerzas Armadas comparece a la audiencia a fin de justificar sus actos: “se forma el criterio de […] que uno o varios de los integrantes de las Fuerzas Armadas del Ecuador en el interior del centros de privación de libertad han producido lesiones corporales”.
En Ecuador, no hay paz.
Foto de cabecera: Familiares de personas presas en el plantón de la Penitenciaria del Litoral. Foto: Comité de Familiares por Justicia en Cárceles.
