El 13 de junio de 2022 iniciaron las protestas en Ecuador. Desde ese día la conflictividad sólo ha ido en aumento frente a la respuesta violenta del Estado. Hasta el día de hoy se contabilizan seis personas fallecidas (cinco manifestantes y un militar), más de 300 personas heridas y 147 detenciones. Lo que hemos visto estos días es una abierta y desnuda confrontación de clase con expresiones de racismo. Por un lado, un bloque dominante que ha intensificado la implementación del modelo neoliberal y por otro, un bloque pluri-nacional-popular que ha ido articulándose en estos días bajo la dirección de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador). La respuesta bélica del gobierno ha cerrado los canales institucionales de resolución del conflicto, mientras en las calles crece la demanda destituyente “fuera Lasso, fuera”.
Los detonantes
Si bien la convocatoria al Paro Nacional fue impulsada inicialmente por la CONAIE −la principal, pero no la única organización indígena del Ecuador−, el incremento de la represión ha sumado a otros sectores: mujeres, disidencias, estudiantes, maestros, trabajadores autónomos, sindicatos, barrios populares, taxistas, transportistas, mercados populares, etc. El conjunto de acciones de protesta ha perfilado un paro nacional, territorial e indefinido cuyo eje de articulación son los diez puntos planteados por la CONAIE.
Estos puntos son: reducción y congelamiento del precio de los combustibles; moratoria de las deudas con la banca pública, privada y cooperativas; precios justos para los productos del campo; empleo y derechos laborales; no a la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera; respeto a los 21 derechos colectivos (educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, etc.); alto a la privatización de sectores estratégicos; políticas de control de precios; presupuestos para salud y educación; seguridad, protección y políticas públicas frente a la ola de violencia generada por el crimen organizado, delincuencia y narcotráfico.
Estas demandas aparecen en un contexto de deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares. La crisis que vivía Ecuador desde el 2015 se acentuó por la pandemia y por las políticas de ajuste estructural implementadas por los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso. Los recortes presupuestarios han afectado especialmente las áreas sociales como la salud y la educación. La pobreza nacional es del 27,7% y la pobreza extrema del 10,5%. Estas cifras casi se duplican en el área rural: 42,4% y 20,3% respectivamente. Sólo tres de cada diez ecuatorianos tienen empleo adecuado. Casi el 70% de la población tiene dificultades para acceder a la canasta básica. Estas condiciones han impulsado una nueva oleada migratoria como en los peores momentos en la década de 1990.
La expansión de la frontera petrolera y minera ha incrementado los conflictos a nivel territorial frente al despojo territorial, el hostigamiento y la violación de derechos colectivos. A un año de gobierno de Guillermo Lasso, este únicamente ha cumplido con uno de los ofrecimientos de campaña: la vacunación contra COVID-19.
No olvidemos que el detonante del estallido social en octubre de 2019 fue el incremento en el precio de los combustibles. Luego de un diálogo entre el gobierno y dirigentes del movimiento indígena se acordó el congelamiento de su precio, sin embargo, el gobierno de Lenin Moreno aprovechó la pandemia y el aislamiento para liberalizar el precio de los combustibles. Desde el 2020 su precio casi se duplicó, lo que ha encarecido el costo de la vida. Adicionalmente, en medio de la pandemia se aplicaron recortes estatales y se crearon leyes que precarizan aún más las condiciones de trabajo. Por ello, lo que está en el fondo es un rechazo al modelo neoliberal.
Frente a la movilización social, la estrategia del gobierno ha sido el cerco, el ataque a las dirigencias indígenas, la deslegitimación de la protesta, la exacerbación del racismo y la prolongación de un discurso bélico sobre la idea de un enemigo interno que hay que eliminar. Desde el primer día de paro, el principal dirigente de la CONAIE, Leonidas Iza, fue detenido de manera arbitraria e ilegal y se desconoció su paradero durante varias horas. Este hecho activó a las bases y organizaciones de distinto grado del movimiento indígena y sumó a otras organizaciones sociales. En esta misma línea represiva el gobierno impuso un estado de excepción en seis provincias. Lo que implicaba la militarización y el toque de queda para impedir las protestas. En su afán por impedir que pueblos y nacionalidades indígenas ingresen a Quito, el gobierno ocupó policialmente la Casa de la Cultura, lugar que históricamente ha servido como espacio de acogida. Además, ha mantenido un hostigamiento permanente en las zonas de paz en donde pernoctan quienes se trasladaron hasta Quito.
Una abierta confrontación de clase
Aunque la implementación del modelo neoliberal fue retomada con fuerza durante el gobierno de Lenin Moreno, ahora tenemos a un representante directo de las élites económicas en el poder. El bloque dominante aparece cohesionado alrededor del banquero Guillermo Lasso −que estuvo implicado en los “Pandora Papers”−. Este está conformado por las elites económicas, los grandes medios de comunicación, las fuerzas armadas y el apoyo de la embajada de Estados Unidos.
Y aunque la demanda destituyente “fuera Lasso, fuera” recuerda la caída de presidentes en los años 1997, 2000 y 2005, eso no parece posible ahora, pues no hay fisuras en el bloque dominante. Si bien la caída de presidentes fue precedida por enormes movilizaciones, las fuerzas armadas cumplieron un papel dirimente en el conflicto. En una de las imágenes más claras de confrontación hemos visto cómo los policías −que reprimen violentamente a los sectores populares− vitorean y resguardan las marchas blancas de las élites.
La impunidad de la represión de octubre de 2019, el fortalecimiento del aparato represivo y el apoyo irrestricto por parte del poder son las condiciones que explican, por un lado, la exacerbación de la violencia de policías y militares; y por otro, la actuación de grupos fascistoides que disparan y arremeten contra los sectores movilizados.
En este escenario el diálogo parece cada día más difícil y los mecanismos institucionales se extinguen. La asamblea nacional −órgano legislativo− acaba de agotar la vía constitucional intentando destituir al presidente mediante un mecanismo conocido como “muerte cruzada”. Este implica que el vicepresidente asume la presidencia y se llama a elecciones anticipadas y se requiere las dos terceras partes de los votos legislativos. La acción, sin embargo, fracasó. Lo que deja un escenario sumamente preocupante en el que puede primar una mayor violencia de Estado.