En el marco del V Congreso Iberoamericano de Filosofía, el día 20 de junio se llevó a cabo el Simposio “Filosofía y Pueblos Indígenas”. Tuvo como ponentes invitados a María del Jesús “Marichuy” Patricio Martínez y a Carlos González. Ahí hicieron una recapitulación de la historia de lucha del EZLN y del CNI, recordando que su empeño es por libertad y autonomía. Explicaron cómo y por qué éstas sólo son posibles si se reconocen los derechos colectivos sobre los territorios: estos constituyen la base material de la autonomía. Lo que se requiere, entonces, es el reconocimiento del derecho al territorio y del derecho a decidir. En este sentido, las consultas que hoy supuestamente se llevan a cabo no sólo son problemáticas porque se implementan mal, sino también porque están insertas en un marco legal que parte de la idea de que los pueblos originarios son sujetos a tutela. Hicieron ver que los pueblos se consultan porque están sometidos, porque se les quiere imponer un modelo de desarrollo y de vida, porque no se les escucha y no se les ve; porque sus modos de vivir son despreciados, porque sus maneras de mirar incomodan a la mirada hegemónica.
Su palabra hace posible comprender de manera cabal las razones por las que el Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se han opuesto de manera tajante y decidida a la creación de la Guardia Nacional y al desarrollo de megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Plan Integral Morelos.
Con base en esta comprensión y en conversación franca con formas culturales y comunitarias —que han resistido la modernidad capitalista preservando y actualizando sus propias formas de organización—, nos parece evidente la necesidad de que el actual gobierno de México haga el esfuerzo por revisar y descolonizar sus conceptos de desarrollo territorial. Observamos la paradoja de la repetición histórica pues se sigue desconociendo la capacidad cabal de los pueblos para decidir participando activamente, no sólo diciendo sí o no a los proyectos del gobierno, sino proponiendo desde sus propias necesidades y horizontes cognitivos y culturales, que son de por sí no sólo antineoliberales sino anticapitalistas, un “desarrollo” posible. La noción de desarrollo colectivo, que parte de la protección de lo común, de los ríos, bosques y montañas que son parte de sus culturas y sentido de mundo, y debería así mismo ser de nuestra cultura.
Nunca más un México sin nosotros significó la apertura a una noción distinta, pluricultural del proyecto de Nación. Apertura que quedó inconclusa por la retracción, en su momento, del gobierno y de todos los partidos políticos para honrar los Acuerdos de San Andrés. Ese momento de refundación del Estado-nación quedó en suspenso. El Estado mexicano, sus fuerzas políticas institucionales, no estuvieron listas para generar un estado plurinacional. Vemos que la controversia entre Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de Las Casas quedó viva y lo sigue estando aún, que no ha cambiado la idea proteccionista y minorizante por parte del Estado sobre los pueblos originarios, a los cuáles sólo se les da el derecho a la consulta. Los pueblos indígenas no sólo tienen el derecho a la plena autodeterminación, sino que nos enseñan hoy el rumbo hacia la restitución de nuestras capacidades de decidir por la vida. Porque en el momento actual son los únicos que pueden oponer al valor del dinero y los negocios, el valor de la vida y la existencia.
Al escuchar las palabras de Marichuy Patricio y Carlos González, es claro que hoy las comunidades y pueblos enfrentan una guerra pues, en lo que parece ser un exterminio selectivo, están matando a sus dirigentes y defensores. Desde la fecha de aquella plática al día de hoy, en menos de un mes, contamos cuatro asesinatos más. Notoriamente, en Chilapa, Guerrero, persiste una situación donde los paramilitares y narcoparamilitares controlan el territorio y mantienen cercadas a varias comunidades. Esta situación se ha denunciado desde hace meses por las comunidades afectadas. La intervención de los gobiernos locales para nada ocurre bajo formas apegadas a derecho, más bien son intervenciones que provocan más y más violencia. La zona de Aldama en Chiapas ha sido también señalada como una zona donde la muerte anunciada manda. Todo esto es real, no puede seguir siendo considerado por el gobierno federal como “fantasías”: la gente sigue siendo asesinada.
Exigimos acciones claras y contundentes contra esos asesinatos que sin duda están vinculados a la presencia del narcotráfico, pero también a las presiones y acciones directas de los proyectos (especulativos, extractivistas, de “desarrollo”, de infraestructura) que continúan despojando territorios, amenazando poblaciones y provocando desplazamientos, según la zona que analicemos. Los actores son muchos ya que hoy el sistema económico en su conjunto opera cada vez más a través de las formas ilegales, de la corrupción, de la descomposición comunitaria.
Sólo un pensamiento en diálogo con las comunidades y sus propuestas, con sus luchas por la vida puede ser hoy un pensamiento descolonizado. Si la Cuarta Transformación quiere ser algo más que la renovación del impulso desarrollista impuesto desde arriba así sea éste nacionalista, deberá preguntarse el significado real de lo que prometió: que la economía no determine la política. Que la política y la economía no se impongan desde arriba, “por el bien de todos”. Que se vea y respete a “los de abajo” como partícipes y constructores de la nación, y no se les reduzca a “pobres” en necesidad del estado protector. Es necesario escuchar sus propuestas, detener a los criminales que los están matando. Eso sería más cercano al “mandar obedeciendo” para el cual es necesaria la descolonización de la economía y de la política.