Las medidas sanitarias impuestas a nivel global están generando fenómenos que es necesario reflexionar. Las situaciones de crisis y de emergencia, en principio, justifican medidas excepcionales para hacer frente de manera efectiva a los fenómenos que rompen abruptamente con la cotidianidad de la vida social. La excepcionalidad frena la vida cotidiana y suspende derechos. En ese sentido hay dos fenómenos que, aunque parecen diferentes, deben pensarse como dos momentos del mismo problema: la garantía efectiva de derechos humanos en pugna social.
El primero tiene que ver con la irrupción de la vida cotidiana, en el momento mismo de la ruptura. En los últimos meses fuimos testigos de la emergencia de movimientos sociales que estaban trastocando las formas de vida y los valores institucionalizados en nuestra sociedad atravesada por el machismo: el movimiento feminista y contra el feminicidio que pasó de ocupar las primeras planas de todos los medios noticiosos y estar en boca de todxs a ya casi no escucharse por ningún lado. También podríamos mencionar la consulta se realizó el 21 y 22 de marzo en Mexicali, Baja California, en la cual ganó el “no” a la construcción de una planta de la cervecera Constellation Brands, y cuyo resultado —si bien fue resultado de una amplia movilización social de años— apenas fue mencionada en medios noticiosos. Podríamos decir que lo importante se subordinó a lo urgente. Aunque esto no significa que la movilización social deba desobedecer a los gobiernos y a las autoridades por sucumbir estoicamente en rebeldía.
No se nos debe olvidar que ante las medidas excepcionales y su pretendida defensa de derechos urgentes, como es la salud pública, hay otros derechos que siguen quedando pendientes. Los derechos urgentes no deben aplastar a los importantes. El breve repliegue al cual se ve orillada la movilización social debe servir para fortalecer las bases y la reflexión que permita mejorar las estrategias de lucha social. A fin de cuentas, mucho del trabajo también debe reflejarse en la inmediatez de lo próximo: la pareja, la familia, los amigos, con quienes estaremos subsistiendo en contingencia. Debemos ser prudentes, cuidarnos, fortalecer nuestros cuerpos, nuestra salud, romper el aislamiento con otras formas de proximidad, experimentar la fraternidad y la solidaridad.
El segundo fenómeno tiene que ver con esos derechos que ahora se presentan como urgentes y que, aunque siempre fueron importantes, estuvieron relegados a segundo plano; es decir, la salud pública, el derecho al trabajo y a la alimentación. Desde hace unas semanas se ha criticado en redes sociales que las medidas de “sana distancia” o “cuarentena” son un privilegio que sólo unos cuantos se pueden dar en México, pues buena parte de la gente en México tiene que salir día con día a ganarse el pan, y no salir de casa significaría someterse a la precariedad de la sobrevivencia en el abandono y sin recursos. Se trata de una realidad lacerante en un país marcado por fuertes desigualdades sociales y con una población empobrecida. Más de 40 millones de personas en nuestro país gana menos de lo que necesita para sobrevivir y más de 30 millones de las personas que trabajan lo hacen en el sector informal. Y si bien se trata de un problema de clases, es también un tema de derechos humanos.
Para atender efectivamente la pandemia es necesario un plan claro para garantizar el derecho al trabajo, al salario, a la salud, pero sobre todo a la alimentación de quienes trabajan en el sector informal, se auto-emplean o se encuentran en situaciones de extrema desigualdad. Retomando lo que ya ha indicado con mucha claridad el Comité Cerezo, como medida básica, si es que el gobierno quiere mantener la coherencia con su discurso crítico al neoliberalismo, la consigna deberá ser “¡quédate en casa, el gobierno pone la comida!”.
El coronavirus impone nuevos retos en materia de garantía efectiva a otros derechos que habían quedado relegados y ahora nos obligan a pensar en ellos:
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Servicios de salud disponibles, accesibles, libres de discriminación y de calidad.
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Condiciones de trabajo que sean seguras para todxs aquellxs que tengan que permanecer laborando, pero sobre todo para quienes lo hacen en el sector salud y de garantía de bienes primarios.
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Vivienda adecuada que garantice el acceso al agua, que suponga la condonación de pagos de servicios de luz, agua y servicios de comunicación, así como una implementación progresiva de tarifas sociales justas.
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Alimentación adecuada, constante y gratuita para la población durante el periodo de emergencia sanitaria.
Estamos en una encrucijada en la que no queda más que inventar nuevas maneras de atender la crisis de salud global, que es al mismo tiempo una crisis de humanidad, sin que ello signifique renunciar a nuestros derechos. Las respuestas al problema pueden ser muchas, puede ser que se agrave la visión capitalista que considera que algunos sujetos son desechables si con ello se mantiene a flote el mercado; pero también es una oportunidad para inaugurar nuevas formas de ser sociedad, así como la relación para con el Estado. Se trata de exigir que el Estado cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos demostrando que lo importante es la vida de las personas más que la reproducción del capital. La función del Estado es garantizar los derechos y la vida de las personas, si no se cumple esa función, se trata de un Estado fallido.
No sabemos cómo será la vida después del COVID-19, pero debemos tener muy claro que mucho de ello dependerá de la reacción que como sociedad tengamos en la defensa de nuestros derechos y de la eficacia en la exigencia que hagamos al Estado para su garantía efectiva, sin dejar que lo urgente se imponga a lo importante.