Opinión

Andrés F. Keiman

Este es el sexenio de los sentimientos vehementes: ejemplos podemos encontrar muchos. Una de estas perturbaciones de las pasiones ocurrió cuando el presidente López Obrador justificó la contratación de 500 médicos cubanos debido a que México tiene un déficit de unos 50 mil médicos generales y especialistas. Además, acusó, simplificando, que muchos médicos rechazan ir a zonas lejanas o de difícil acceso.

Esto resucitó a las anquilosadas agrupaciones médicas que, indignadas y dejando de lado la evidencia seria, negaron la carencia de médicos. Lo cierto es que si México quisiera ubicarse entre los países promedio de la OCDE —referente gustado por muchos—, tendría que tener en promedio 3.4 médicos por cada mil habitantes. Es decir, hoy se requieren cuatro veces más médicos para atender la población. Por lo tanto, López Obrador y los gremios médicos se equivocan en sus cálculos, y por lejos.

Actualmente, el número de médicos fluctúa entre 1.8 y 1.95 por cada mil habitantes. ¿De qué depende esto? De la fuente de donde cada estudio saque sus datos. En lo que sí coinciden es que en los últimos ocho o diez años la densidad de médicos se redujo. Por ejemplo, en 2014 existían 2.2 médicos por cada mil habitantes. Lo que supone que para llegar al número mágico de la OCDE, se precisarían formar durante cinco años consecutivos alrededor de 52 mil médicos por año. Cifra que las 160 escuelas de medicina existentes en el país están lejos de conseguir. Pues, según cifras oficiales, al año apenas se titulan unos 16,500 médicos, de los cuales sólo el 30% llegará a cursar una especialidad.

Pero, el escenario es aún más complejo, o si nos queremos poner en otro tono, terrorífico. La política pública en salud de los gobiernos de los últimos 20 años estuvo enfocada en su “universalización” a través del mercado. Esta idea tiene su origen en las escuelas filosóficas liberal-libertarias de Robert Nozick y Hugo T. Engelhardt. Del primero, surge la noción de que la salud es una necesidad y no un derecho, así que el Estado no estaría obligado a garantizarla. Por otro lado, Engelhardt, médico de formación, afirma que la enfermedad como acto azaroso es un hecho infortunado y se estaría afectando a terceros cuando el Estado regula el acceso a la salud.

A grandes rasgos, lo que plantean tanto Nozick como Engelhardt es que la salud es un derecho negativo y, en consecuencia, si el Estado interviene en el acceso a la salud, afectaría derechos individuales. Por esta razón, se creyó que el costo de la salud debía pasar a manos del mercado. En México, esta visión fomentó el desplazamiento profesional del sector público al privado.

Según el Banco Mundial, en 2017 el sector privado se incrementó en casi un 50%. Tan sólo durante el sexenio del presidente Calderón, mientras las instituciones privadas crecieron un 25%, las de seguridad social —con todo y Seguro Popular— apenas llegaron a aumentar un 13.5%. Y es que se debe aclarar que, en realidad, el Seguro Popular implicó una importante reducción en la inversión al sector público y un impulso al privado a través de intervenciones selectivas y paquetes acotados de salud por medios de concesiones. Un factor agregado es que el salario promedio de los médicos oscila entre los $17,500 y $26,700 pesos mensuales. De modo que si pensamos que el 68% trabaja en instituciones públicas, la alternativa de las consultas privadas es una salida para mejorar sus propias condiciones materiales de vida.

En contraparte, el actual gobierno tiene una visión de carácter igualitarista. La reforma del sistema público de salud pretende retomar la rectoría del Estado en la salud para que la mayor parte de la población tenga acceso a ella. Pero el modelo propuesto ha puesto en evidencia la desigual disponibilidad existente de profesionales. Por ejemplo, expuso las diferencias en la distribución geográfica de especialistas. En tan sólo cuatro estados, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Estado de México —donde vive el 32% de la población—, tienen el 54.2% de médicos especializados. Lo interesante es que ni siquiera entre ellos se presenta una distribución similar. Mientras que en la Ciudad de México existen 5.05 médicos por cada mil habitantes y concentra al 7.13% de la población, en el Estado de México hay 0.69 médicos por cada mil habitantes con el 4.06% de la población (Heinze et al., 2018) (Soto, 2021).

Esto exhibe que la anterior política de liberalización de la salud careció de una planeación estratégica de la realidad del país. El número de médicos sufrió un incremento inercial que no guarda relación con la distribución y crecimiento poblacional de los estados, ni la transición etaria o las modificaciones subyacentes en el perfil epidemiológico. Existe una tensión entre lo que se necesita y lo que se oferta, pues se forman pocos internistas, cardiólogos, nefrólogos y geriatras; mientras hay muchos ginecólogos, pediatras y anestesiólogos. Es decir, el mercado no sirvió para normar ni el acceso a la salud, ni el perfil de especialización de los médicos.

Hace unos días, López Obrador señalaba que “si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo”, pero justo el modelo neoliberal no sólo reproduce las profundas inequidades socioeconómicas entre la población, sino que además agudiza la ausencia de justicia en el acceso de la salud. Lo anterior ocurre porque a la salud, al representar entre el 6 y el 18% del PIB, se la ve como un jugoso negocio de particulares. Para crear el mercado de salud se fragmentaron las funciones del sistema, otorgando a administradores y prestadores privados cuantiosos ingresos a través de la transferencia de subsidios y concesión de servicios (Laurell, 2016).

No parece ser una tarea muy fácil la de reconstruir un sistema estatal/federal de salud igualitario con visión solidaria, sobre todo cuando expresamente fue atomizado y precarizado. Si le damos la razón al presidente sobre que es posible un capitalismo con mirada social, entonces, una transformación moral implicaría cambiar las dinámicas de los grandes prestadores privados de salud: regular los precios de sus servicios para que sean accesibles a la población, lo que necesariamente implica subsidiar. ¿Quién se animará a llevar a cabo esa reforma?


Referencias

Heinze-Martin, G., Olmedo-Canchola, V. H., Bazán-Miranda, G., Bernard-Fuentes, N. A., & Guízar-Sánchez, D. P. (2018). Los médicos especialistas en México. Gaceta Médica de México, 154(3), 342–351

Laurell, A. (2016). Las reformas de salud en América Latina: procesos y resultados. Cuadernos de Relaciones Laborales, 34(2), 293-314. 

Soto, E. C. J., & Rodríguez, J. M. M. (2021). Necesidad de profesionales médicos para la universalización de servicios de salud en México. Entreciencias: Diálogos en la Sociedad del Conocimiento, 9(23).