Vicente tenía 25 años cuando hablamos en El Salvador en 2017, después de que fuera “retornado” de México tras su intento por llegar a Nueva York, donde vivían su hermano y su cuñado, y donde esperaba incorporarse al negocio familiar de jardinería y enviar dinero a sus hijas de siete y tres años. Este era su segundo intento. En el primero fue detenido en Chiapas, a pocos kilómetros de la frontera México-Guatemala, y estuvo recluido en el centro de detención migratoria de Tapachula. Esta segunda vez, llegó un poco más al norte del país, casi hasta Guadalajara, y al ser aprehendido a raíz de una revisión migratoria en el autobús en el que viajaba, fue trasladado en una camioneta del Instituto Nacional de Migración —una de las infames “perreras”—, hasta el centro de detención migratoria en Ciudad de México. Después de permanecer detenido allí cuatro días, fue trasladado a Tapachula, donde estuvo apenas un día antes de su deportación. Cuando le pregunté por las condiciones de detención y, en particular, por la comida, me contestó, sin dejar lugar a la duda: “La comida no sirve, a veces está rancia, está ruina, comida ruina”. En nuestra conversación, Vicente no hacía hincapié en el “dónde” sino en el “cómo” de su experiencia alimentaria en detención migratoria; denunciaba airadamente las escasas porciones, la mala calidad de los alimentos y el hecho de haber recibido comida en estado de descomposición. Sin embargo, su relato no se limitaba a la denuncia; paralelamente, destacaba, con igual entusiasmo, las estrategias de resistencia y autocuidado que las personas detenidas desarrollaban para proteger su salud y contraponerse a estas formas cotidianas de violencia institucional. Entre las personas detenidas circulaban, de boca en boca, recomendaciones sobre qué alimentos evitar para reducir el riesgo de enfermedades. La fórmula era simple pero eficiente: quienes llevaban más tiempo en detención acumulaban un conocimiento práctico sobre las condiciones de la comida y compartían esa experiencia con los recién llegados; así, eran capaces de identificar platillos que habían sido reutilizados de días anteriores o de reconocer, a partir de su textura, olor o apariencia, cuándo un alimento podía encontrarse en mal estado. Este conocimiento colectivo funcionaba como un mecanismo de protección, al tiempo que constituía una forma cotidiana de solidaridad y resistencia dentro del espacio de detención.
La historia de Vicente no es un caso aislado. En los relatos de personas migrantes detenidas por las autoridades mexicanas que compartieron sus historias conmigo en 2017, 2019 y 2022, la comida o, más precisamente, las deficientes condiciones de provisión y la baja calidad de los alimentos aparecen como un tema recurrente y central. Y no es para menos: la comida no sólo satisface una necesidad biológica, sino que ocupa un lugar central en la experiencia humana. Como tal, su análisis ha constituido una lente privilegiada para comprender cómo se organizan y reproducen nuestras sociedades: desde la clásica conceptualización de Claude Lévi-Strauss sobre las prácticas culinarias como un lenguaje por medio del cual las sociedades clasifican el mundo y producen significado, hasta la popular afirmación de que “somos lo que comemos”, la alimentación ha sido reconocida como un espacio donde se expresan identidades, jerarquías sociales y relaciones de poder.
En mi artículo más reciente, titulado “Comida ruina: Foodways in Mexico’s migrant detention”, centro la mirada, a partir de los testimonios de personas que experimentaron detención migratoria en México, en la provisión de alimentos en estos espacios para mostrar que la comida es un terreno donde se disputan el control, la dignidad y la autonomía de las personas migrantes.
Encarcelamiento migratorio en México
Desde 2001, México ha desplegado un régimen restrictivo de control de la migración en tránsito hacia Estados Unidos, con lo cual se ha convertido en un verdadero “país frontera”. Este régimen es una materialización de la externalización de la frontera estadounidense; es decir, de que las prioridades y la agenda de control migratorio de ese país influyen directamente en las políticas y prácticas de México. Ejemplos de esta dinámica son el Plan Frontera Sur (2014), establecido como respuesta directa a la denominada “crisis humanitaria” de menores no acompañados en la frontera sur estadounidense, y el despliegue de la Guardia Nacional tras la Declaración Conjunta entre México y Estados Unidos (2019), en un contexto marcado por la movilización colectiva en caravanas de migrantes y refugiados.
En el marco de su política de contención de la movilidad en tránsito, México consolidó un extenso sistema de detención migratoria, compuesto por estaciones migratorias y centros provisionales distribuidos por todo el territorio nacional, especialmente en la región sur del país, en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. La magnitud del sistema de detención migratoria en México es resumida en la determinación del Global Detention Project, según el cual “México cuenta con uno de los sistemas de detención migratoria más grandes del mundo”. Concebido bajo una lógica de securitización, este sistema se edificó principalmente durante la primera etapa (2001 a 2011) del Régimen Mexicano del Control de Tránsito. La expansión fue notable: México pasó de contar con 25 estaciones migratorias en 2005 a 59 en 2012, lo cual da cuenta de la acelerada consolidación de una infraestructura de detención orientada a reforzar la política de contención de la migración en tránsito.
Aunque la detención migratoria en el país es de índole administrativa y no penal, y aunque la legislación mexicana establece el respeto irrestricto a los derechos humanos y garantiza condiciones dignas de alojamiento, alimentación, atención médica y protección, numerosos informes muestran una realidad muy distinta. En la práctica, la escasez de recursos, la infraestructura deficiente y la negligencia burocrática se han convertido en rasgos estructurales del sistema. En este sentido, la categorización de los centros de detención migratoria en México como “entornos torturantes” da cuenta de la gravedad de las condiciones de detención y la reproducción cotidiana de tratos crueles, inhumanos y degradantes en estos espacios. Es decir, el sistema mexicano de detención migratoria no sólo vulnera los derechos humanos de las personas migrantes, sino que produce un entorno donde la tortura se institucionaliza por medio de prácticas cotidianas.
Los centros de detención migratoria como instituciones totales
Para comprender el papel que desempeña la alimentación en los centros de detención migratoria, es necesario partir de una premisa fundamental: estos espacios funcionan como las que el sociólogo Erving Goffman denominó “instituciones totales”, es decir, entornos cerrados y altamente regulados en los que una autoridad organiza y controla el conjunto de la vida cotidiana. En estas instituciones, la separación del mundo exterior implica una pérdida de autonomía en múltiples dimensiones, incluyendo la alimentación, que deja de ser una práctica cotidiana autónoma para convertirse en un elemento regulado, estandarizado y sometido a control institucional.
Este punto de partida resulta crucial porque permite destacar las similitudes entre las condiciones y prácticas que caracterizan a los centros de detención migratoria y aquellas propias de los establecimientos penitenciarios. A su vez, estas similitudes evidencian una dimensión tangible de la crimigración: la incorporación de lógicas, prácticas y discursos tradicionalmente asociados al sistema penal dentro de los mecanismos de control migratorio. El resultado es la creciente criminalización de la movilidad humana y el tratamiento de las personas migrantes como sujetos de sospecha, de riesgo y punibles.
Esta perspectiva también permite comprender el trauma, el deterioro emocional y los problemas de salud mental y físicos experimentados por las personas migrantes detenidas no como simples fallas del sistema de detención, sino como consecuencias inherentes a su funcionamiento y como parte de las funciones estructurales de estos dispositivos de control, orientados a gestionar, disciplinar y disuadir la movilidad humana mediante la producción de sufrimiento, incertidumbre y vulnerabilidad.
La comida y la burocratización del castigo
Al igual que en los contextos penitenciarios, la comida no constituye un aspecto secundario de la experiencia de detención. Por el contrario, la alimentación se convierte en un espacio donde se negocian relaciones de poder, se ejercen mecanismos de control y emergen formas cotidianas de resistencia. Dentro de los centros de detención migratoria, prácticas aparentemente ordinarias como comer adquieren una relevancia simbólica extraordinaria. En estos espacios la dimensión simbólica de la comida como marcador de alteridad no sólo se materializa, sino que también es instrumentalizada como una forma de control y disciplina.
La provisión de alimentos permite observar cómo el castigo se burocratiza y opera sin necesidad de sanciones explícitas, sino por medio de la administración cotidiana, mediante decisiones burocráticas sobre presupuestos, contratos, horarios, cantidades y menús, pero también de la mano de la deficiente supervisión institucional y la falta de rendición de cuentas. De este modo, la violencia alimentaria no se ejerce necesariamente mediante actos excepcionales, sino que se transforma en una práctica rutinaria por medio de la cual se institucionaliza la animadversión y exclusión hacia las poblaciones migrantes. A la vez, como Irene Vega y yo hemos explorado, la comida también constituye un vehículo mediante el cual los agentes de control migratorio cultivan un “sentido moral” de sí mismos al ofrecer, de manera puntual y discrecional, alimentos a algunas personas migrantes, siendo las mujeres y menores los grupos mayoritariamente beneficiarios de la entrega discrecional de alimentos.
Sin embargo, examinar las lógicas y prácticas de provisión de alimentos en detención migratoria permite también visibilizar que la sospecha no opera en una sola dirección: las personas migrantes están atentas a las excepciones, arbitrariedades y prácticas punitivas que organizan la vida cotidiana en detención, y no sólo las reconocen, sino que también despliegan estrategias para enfrentarlas. Al rechazar determinados alimentos, expresar descontento ante la comida proporcionada, compartir información sobre sus posibles riesgos o ejercer una vigilancia crítica y una actitud de sospecha respecto de ciertos platillos, reclaman espacios de autonomía en un entorno diseñado precisamente para restringirla. Lejos de ser receptoras pasivas de las condiciones impuestas por la detención, reclaman márgenes de autonomía y desarrollan formas de agencia que les permiten desafiar, aunque sea parcialmente, los mecanismos de control que gobiernan sus cuerpos y sus vidas en detención.
En este sentido, la comida no sólo revela cómo la detención migratoria funciona como un dispositivo de control basado en la burocratización del castigo, sino también las múltiples y persistentes estrategias mediante las cuales las personas migrantes disputan, desde lo cotidiano, su dignidad y autonomía en estos espacios de encierro.
Amalia Campos-Delgado es una investigadora mexicana con base en la Universidad de Leiden. Desde una perspectiva multidisciplinaria, su investigación se centra en la geopolítica y la micropolítica del control migratorio.
