“El Darién no es una ruta, es una jungla”. “La migración irregular es un cuento con final trágico”. “Piénsalo dos veces”. “¡Mejor quédate y gana!”. “Tu norte está aquí”. Éstos son algunos de los mensajes de las numerosas campañas de información pública (CIP) que se han implementado en países de América Latina y El Caribe (ALC) frente a las migraciones irregularizadas y en condiciones de vulnerabilidad. Aunque no son nuevas, en la última década, marcada por diversas “crisis” (migratoria, humanitaria, sanitaria) y el mantra de las “migraciones ordenadas, regulares y seguras”, se reforzaron y adoptaron nuevas estrategias de comunicación y difusión. Muestra de esto es la propuesta de los gobiernos de Norte, Centro y Sudamérica de impulsar campañas con un enfoque más regional y como parte de políticas más amplias y coordinadas entre diferentes Estados y con asesoría de organismos internacionales, principalmente la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Así revelan las conclusiones de una reciente reunión consultiva sobre la temática migratoria, donde se destaca el rol central que tiene la comunicación en la prevención de los riesgos de la “migración irregular” y, de manera más general, en la gobernanza migratoria y fronteriza. Dos procesos han motivado a reforzar las CIP en diferentes países de ALC y en este año en particular. Primero, el alarmante incremento de las migraciones regionales y extrarregionales por vías no autorizadas y peligrosas, como la selva del Darién (Colombia-Panamá) y rutas marítimas en el Caribe; además, cifras históricas de detenciones de migrantes irregularizadxs en México y en la frontera entre este país y Estados Unidos (EE.UU.), con un significativo número de personas originarias de Sudamérica y la región andina particularmente. Segundo, el hecho de que 2024 es un intenso año electoral, con seis países del continente que han tenido o tendrán elecciones presidenciales —entre ellos EE. UU., México y Panamá— y donde la “migración irregular” ha ocupado un lugar importante en el debate público y la disputa electoral.
Es en este contexto que algunos gobiernos latinoamericanos reactivaron, a través de redes sociales, campañas de “sensibilización” y “concientización” que se lanzaron hace poco tiempo, mientras diseñan otras, con nuevos y más variados mensajes. Ahora ya no sólo se trata de alertar sobre los riesgos de moverse por rutas no autorizadas y promocionar vías legales de migración para evitar experiencias de abuso y explotación, entre ellas la trata y el tráfico de personas que han sido temas centrales en las CIP. En los últimos años se ha puesto énfasis en mensajes más positivos y que resaltan las “oportunidades” que existen en las comunidades de origen para migrantes retornadxs (voluntaria e involuntariamente) o que están pensando en migrar, que son buena parte de la población de ALC que fue duramente golpeada por los efectos socioeconómicos de la pandemia del COVID-19 (79% de la población de Haití expresa que quiere migrar, 50% en Nicaragua, 40% en Perú y 39% en Ecuador, según una encuesta de 2023 del Barómetro de las Américas). Estados Unidos, Canadá y los países de la Unión Europea son los principales financiadores de estas campañas y son también los principales destinos de las migraciones regularizadas e irregularizadas en y desde la región. En este sentido, hay que entender las CIP como parte del régimen global y regional de externalización de fronteras y como una forma de “control suave” de las migraciones. Con esto último no me refiero solamente a políticas de control remoto que se extienden hasta regiones de origen y tránsito migratorio y articulan preocupaciones sobre seguridad, protección y humanitarismo. Más bien, quiero resaltar las sutiles prácticas de vigilancia que toman forma a través de discursos y mensajes que buscan conmover, convencer y disuadir, apuntando a emociones, sentimientos y valores para así llegar a las comunidades y familias de migrantes y potenciales migrantes y “controlar y regular desde dentro”, como dice el sociólogo francés Antoine Pécoud.
Efectivamente, éstas se anticipan a posibles “riesgos” y lo hacen desplegando una serie de estrategias discursivas, retóricas y persuasivas antes de que lxs migrantes emprendan un viaje o lleguen a la frontera e ingresen a su destino final, o para que se queden en un “tercer país seguro” o regresen a su “hogar” y no vuelvan a salir. Junto a una dimensión comunicativa “objetiva” o que apela a la razón, como “obtener información veraz por canales oficiales”, las CIP tienen dimensiones simbólicas e imaginativas. Pretenden impactar en percepciones, imaginarios, aspiraciones y emociones, como el miedo que se construye a través de historias e imágenes repetitivas, escalofriantes y espectacularizadas (cuerpos violentados y moribundos, niñxs abandonadxs, familias separadas) que se enfocan en territorios fronterizos representados como “salvajes” o, por el contrario, se escenifican los deseos de volver o quedarse en la comunidad de origen que es representada como un lugar naturalmente rico, hermoso y con aire familiar. De esta manera se desalienta, contiene y direcciona —hacia el sur— los movimientos de migrantes racializadxs y empobrecidxs, especialmente mujeres, niñxs y adolescentes que viajan solxs o sin una “adecuada” compañía, supervisión y protección. Se trata, por tanto, de herramientas que complementan el control más “duro” (territorial, militar, tecnológico y legal) y son una parte importante de la producción y difusión de discursos, sentidos y “verdades” sobre lxs migrantes, las migraciones y las fronteras.
En la región, las campañas que invitan a quedarse en “casa” y desarrollar los “sueños” en el país de origen tienen al menos 15 años y se han concentrado en México y el norte de Centroamérica. Así, por ejemplo, “Honduras está en vos, aquí está tu norte” empezó en 2010 y desde entonces éste y otros lemas parecidos han servido para nuevas campañas que buscan contener la migración de jóvenes hondureñxs o guatemaltecxs hacia EE. UU. (“De aquí soy”, “Mi nación está en mi corazón”, “Quédate aquí”). La novedad está en que poco antes de la pandemia y especialmente después, las CIP recibieron más recursos, se extendieron con más fuerza a otros países de la región (Costa Rica, Panamá, además de El Caribe y Sudamérica) y, siguiendo la guía de organismos internacionales y agencias de cooperación que implementan estas campañas en ALC y otras zonas del sur global (OIM y USAID, principalmente), adoptaron estrategias que se definen como “innovadoras” y con “enfoques participativos e inclusivos”. Desde estos enfoques, las personas migrantes se convierten en “mensajerxs” y las voces más autorizadas para intercambiar información “auténtica” con otrxs migrantes y potenciales migrantes para así llegar con más fuerza al “público meta”, al contar historias de “lucha”, “resiliencia” y “éxito” en primera persona. Estas historias muestran a migrantes latinoamericanxs sonrientes en sus comunidades de origen o en otros países de la región, como venezolanxs en Chile y Perú y colombianxs y salvadoreñxs en Panamá.
Asimismo, para llegar a públicos más amplios, los mensajes de las CIP se difunden tanto en español como en lenguas nativas, con apoyo de artistas, periodistas, sector privado, gobiernos y líderes locales. Los medios de difusión son ahora mucho más diversos: ya no sólo afiches y anuncios en espacios públicos y spots en radio y televisión; también eventos artísticos, talleres y ferias donde se entrega información cara a cara y, cada vez más, plataformas virtuales y redes sociales que se han convertido en espacios clave para contactar a potenciales migrantes y población en tránsito y enviarles mensajes para contener o redireccionar su movimiento. Una de estas plataformas es “Somos colmena”, una “comunidad virtual” impulsada por OIM, donde se difunden los contenidos de nuevas campañas que conectan la migración con “derechos” y oportunidades de trabajo y estudio en ciudades latinoamericanas y países de alta movilidad como Panamá.
Desde la “crisis migratoria venezolana” y las nuevas “olas migratorias” desde la zona andina, se han reforzado las CIP en Colombia y Ecuador. Este último país genera atención y preocupación a nivel regional e internacional por la violencia criminal que se ha intensificado en los últimos años y, especialmente, en los primeros meses de 2024, lo cual empuja a la población ecuatoriana y a los migrantes asentadxs en este país (venezolanxs, colombianxs, etc.) a moverse a otras naciones por vías no autorizadas. Por esto, el gobierno de Ecuador ha recibido fondos internacionales para implementar nuevas campañas y proyectos para “prevenir las migraciones riesgosas”. Según sus autoridades, ahora la información que se difunde promociona “campañas de emprendimientos” y “generación de oportunidades” que buscan llegar a la comunidad de manera más general y “para decirle al ciudadano: no viaje” (disuasión masiva). Las “oportunidades” que se ofrecen son becas educativas para ecuatorianxs retornadxs y deportadxs, capacitaciones en finanzas y negocios, y créditos para ecuatorianxs y migrantes que inician un emprendimiento. Todo esto se complementa con los “retornos voluntarios asistidos” que OIM implementa en Ecuador y otros países de la región y se difunden a través de videos, como uno que cuenta la historia de una ecuatoriana que estando en Honduras “tomó la valiente decisión de regresar a casa para reunirse con lo más preciado en su vida: sus hijos y su madre”. Por tanto, los mensajes de estas y otras campañas ya no se restringen a productos comunicacionales puntuales; más bien son parte de proyectos y políticas más amplias para gestionar la movilidad humana con un involucramiento más directo de migrantes y potenciales migrantes, a quienes se intenta convencer de que tienen la responsabilidad de mantener unidas a sus familias y aportar al desarrollo de sus comunidades, para lo cual reciben y también transmiten “mensajes esperanzadores”.
Todavía hay pocos estudios y evaluaciones con respecto a los resultados e impactos de las CIP sobre los comportamientos, aspiraciones, planes y proyectos de personas y familias migrantes y potenciales migrantes. Las evaluaciones rigurosas e independientes sobre las campañas implementadas en ALC son prácticamente inexistentes, por lo que se requieren estudios cualitativos que analicen de qué manera y en qué contextos específicos la población en movilidad humana recibe, percibe y procesa los mensajes que se difunden por diferentes medios. Existen, sin embargo, algunas evaluaciones enfocadas en otras regiones del mundo que sugieren que, a pesar de la gran cantidad de recursos que se han invertido en cientos de CIP (23 millones de euros en 130 campañas implementadas por la Unión Europea desde 2015 y enfocadas en población migrante originaria de África y Asia), los resultados son limitados. Esto quiere decir que estas campañas han logrado aumentar el nivel de información que tienen migrantes y potenciales migrantes, pero no han conseguido reducir las salidas ni los viajes irregularizados. Las personas conocen bastante bien los riesgos y limitaciones de un proyecto migratorio “informal”, pero dadas las escasas oportunidades laborales, la inseguridad y el “panorama sombrío” en sus comunidades, así como las pocas opciones reales de acceder a canales de migración legal y segura, se arriesgan y recurren a intermediarios que conocen las rutas y son parte de sus mismas comunidades. Más aún, los estudios existentes sugieren que se utilizan las redes sociales para obtener información y organizar los proyectos migratorios, y aunque algunxs han oído hablar de las campañas que se transmiten por Internet, gran parte no las han visto. Quienes sí lo han hecho encuentran que ya tienen la información que se difunde; muestran desconfianza sobre los contenidos, pues saben que detrás de ellos están los Estados y su interés de contener su movimiento, o expresan visiones que revelan que las narrativas dominantes de los Estados que diseñan y financian las CIP compiten con aquéllas que predominan en las comunidades de origen de lxs migrantes.
Por tanto, la información y los sentidos que se producen y difunden a través de las CIP están en permanente disputa, y esto a pesar de que las más recientes se presentan como procesos construidos de manera “consensuada”, “participativa” y “comunitaria”. Para algunos académicos críticos, hay más de propaganda que de información y comunicación, y no hay un interés real de los Estados por evaluar el impacto de las CIP, sino únicamente mostrar que están preocupados por la situación de “migrantes vulnerables” y algo están haciendo frente al “problema” de las “migraciones irregulares”.
Para cerrar, me interesa destacar que, lejos de lo que se dice, la información que se difunde a través de las CIP no es totalmente objetiva ni siempre es clara. De hecho, ésta tiende a confundir las migraciones irregularizadas, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, que son procesos ligados pero no son lo mismo. Además, hay información que se hipervizibiliza (“coyotes”, “grupos delictivos”) y otra que se invisibiliza, como la manera en que las políticas selectivas y restrictivas que adoptan los Estados frente a las migraciones y las fronteras producen migrantes no autorizadxs y empujadxs a moverse por rutas alejadas y peligrosas que lxs exponen a estafas, chantajes, detenciones y deportaciones. En las CIP hay, incluso, aspectos muy controversiales y que tienen dimensiones éticas, como disuadir el movimiento de solicitantes de refugio que necesitan cruzar una frontera, con o sin papeles y permisos, para escapar de la violencia y salvar sus vidas. Asimismo, resulta cuestionable que las campañas busquen el cambio de actitudes y comportamientos individuales de migrantes y potenciales migrantes, vistos como “irracionales” o “irresponsables”, mientras ignoran la necesidad de transformar estructuras sociales y modelos de desarrollo que generan profundas desigualdades e inseguridades sociales, y ofrezcan “oportunidades” y “ayudas” puntuales, mucha veces privadas para un grupo pequeño, al que se le motiva a valerse por sí mismo (emprender), mientras el Estado se achica y las redes de protección social pública se desmantelan.
