Diana Carolina fue asesinada frente al Estado ecuatoriano el día 19 de enero de 2019. La rodeaba un corro de policías que no supo proteger su vida porque el Estado no destina presupuestos dignos a la institucionalidad de género que ha tenido que construir a partir de las demandas del feminismo. Porque al sitio de su feminicidio acudieron policías con salarios bajos, capacitación igual a cero y miedo de disparar porque, de hacerlo sin protocolos claros, podrían sufrir sanciones graves. Porque la policía sabe muy bien qué hacer para reprimir la protesta social, en las marchas contra el orden femicida en que vivimos, por ejemplo, pero no sabe qué hacer cuando un hombre secuestra a su pareja, la lleva con un cuchillo en el cuello por cuadras y la asesina en público. Diana Carolina fue asesinada frente al Estado ecuatoriano. Diana Carolina fue asesinada en público con varias cuchilladas en la zona superior de su cuerpo. A Diana Carolina su femicida la mantuvo secuestrada por noventa minutos antes de clavarle un cuchillo varias veces frente a la policía y frente a la gente, una noche. Yo lo sé porque vi el video de su asesinato en Facebook. Sé que no debí haberlo visto, pero lo vi. Hubo tanto tiempo para salvarla que la gente alcanzó a filmar la escena del secuestro que antecedió a las puñaladas. Diana Carolina tomada del cuello y asesinada en vivo.
Ibarra es una ciudad de 41 kilómetros cuadrados situada al norte del país, destino de migración colombiana y, en los últimos años, venezolana. Está cerca de la frontera Norte, conectada con San Lorenzo, zona históricamente abandonada por el Estado, en donde éste ha dejado ver su racismo más antiguo, pues se trata también de una región afrodescendiente. En ese abandono y en la violencia social marcada por la pobreza y la ausencia del Estado, la convivencia con la migración genera conflictos entre oprimidos que no distinguen a sus opresores. El trabajo precarizado, situaciones de esclavitud laboral, sexual, doméstica, hacen a las comunidades de esta región competir por lo poco que hay de trabajo y recursos para la vida, y esto le conviene a un Estado que promueve medidas antimigrantes y que acaba de anunciar ajustes neoliberales y la vuelta del FMI.
En medio de ese abandono del Estado, los conflictos entre oprimidos agravan, por supuesto, la violencia de género cuando recrudece la violencia que genera la precarización de todos los ámbitos de la vida. La dominación masculina y el privilegio que de ella deriva son un patrimonio de los hombres. Por un lado, se halla entonces el privilegio de género, cruzado a la vez por el privilegio económico. En contextos de movilidad humana, el origen nacional puede ser un elemento de opresión cuando responde a desplazamientos por pobreza, por ejemplo, como en el colapso de Venezuela -cuando estoy cerrando este texto, este país ha pasado por días enteros sin electricidad, se reportan muertes de bebés en incubadoras que ya no pueden protegerlos-. Por otro lado, está el sujeto migrante sometido a la opresión. En los países de destino, las oportunidades laborales reducidas, la irregularización a la que someten los Estados a ciudadanos de orígenes nacionales desprestigiados y la explotación consecuencia de ello pueden agravar la violencia de género: el único “patrimonio” que le queda a un hombre despojado es su poder sobre su pareja mujer. Dado que en la violencia de género no se necesitan terceros, es decir, es violencia directa de uno sobre otra, ese poder se convierte en el último posible de ejercer. Cuando decimos desde el feminismo que la violencia de género es estructural y que la pobreza la agrava, nos referimos también a esto y a lo que sucede con hombres oprimidos y estructuras que sitúan a las mujeres como chivo expiatorio de la violencia económica.
Del femicida de Diana Carolina se sabe muy poco. Era venezolano. Y aunque sabemos bien que la misoginia y el machismo mortal no conocen de nacionalidades, el comunicado oficial que emitió el gobierno ecuatoriano a través de la cuenta de Twitter de Lenin Moreno decía: “He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera. Analizamos la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país. Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie.” En ese mismo momento, el Ejecutivo instrumentalizaba la violencia de género para endurecer las medidas antimigrantes y poder legalizar así, no sólo legitimar, la xenofobia de Estado con que ha venido operando el funcionario de turno y que dejó bien sentada en la ley de movilidad humana del gobierno de Rafael Correa, en cuyo periodo tuvo lugar la expulsión inédita, violenta e ilegal de más de 120 personas de origen cubano sin habeas corpus luego de haberlas mantenido por días en un centro de detención de migrantes en plena ciudad de Quito, llamado Hotel Carrión, y de haberlas expulsado sin proceso en vuelos de deportación que salían de madrugada. Por ejemplo. En un país con una ley de erradicación de violencia de género sin presupuesto y que estuvo largo tiempo sin rectoría; en un sistema judicial sin justicia de género (sin presupuestos para género, con muy pocas juezas y fiscales feministas permanentemente desbordadas o perseguidas), el gobierno de Moreno usó el asesinato de Diana Carolina como escudo para actuar contra la migración venezolana.
Durante los días domingo 20 y lunes 21 de enero, Ibarra se convirtió en un infierno. Grupos xenófobos de la ciudad salieron en una verdadera cacería de migrantes, y al llamarla así no exageraban: golpearon puertas de hogares venezolanos, amenazaron con matar, quemar, y de hecho quemaron pertenencias de la gente que tuvo que huir de la ciudad. Las carreteras que rodean la ciudad marcaban la ruta de huida de decenas de personas, como lo reportó la prensa independiente que viajó a la ciudad, y la policía no protegió a los migrantes, los dejó en total estado de indefensión. Un odio así no se había visto de esa manera, exacerbado, en descontrol. Mis propias compañeras del feminismo de Ibarra fueron atacadas: en un plantón anti-xenofobia del día domingo que también protestaba por el asesinato de Diana Carolina, fueron escupidas, perseguidas y acusadas en “complicidad” con los migrantes. Ese estallido era el país, roto entre el abandono, la xenofobia y la misoginia. No se trataba de una confusión nacional, sino de discursos de odio encarnados que, ahora, se veían legitimados por el mismo Estado. El discurso securitista del Estado no ha cambiado ni dejará de solicitar documentos imposibles a la población venezolana, como apostillas que no existen o récords policiales imposibles de conseguir. Movimientos pro-migración e instancias del Estado como la Defensoría del Pueblo han conseguido detener las medidas anti-migrantes temporalmente, pero la amenaza de los requisitos migratorios está siempre latente.
El femicida de Diana Carolina se usó como excusa para criminalizar aún más la migración venezolana. Él, que la había tenido como rehén, fue capturado también como signo de los tiempos. Aparte de la certeza de su responsabilidad individual por haber asesinado a su pareja, que estaba embarazada, sabemos poco. Sí sabemos que la migración irregularizada produce violencia y una impotencia que llega a lo indecible porque produce encierros sociales, culturales y económicos que producen, a la vez, fronteras que no vemos. Los cercos de la xenofobia y la irregularización de personas en situación de movilidad generan sociedades segregadas y segregadoras en donde terminamos buscando la anulación de la vida del otro, no el encuentro con él. Diana Carolina habría tenido una hija o quizás un hijo que hubiera vivido un encuentro entre culturas y mundos. En lugar de eso, una posibilidad segada para siempre. Un femicida no sólo cancela una vida, sino que va abriendo abismos profundos entre mujeres y hombres, entre las mujeres y la idea del amor, entre las mujeres y el mundo. A ese femicida lo acompañan en su impunidad y en su acto el Estado y la sociedad en la perpetuación del status quo que promueven.
Las brigadas que anunciaba Lenin Moreno no sólo son antidemocráticas, sino que evocan las turbas que salieron a buscar migrantes para quemarlos. Nada menos, porque el Estado no iba a desaprovechar la sensación de inseguridad y del terror que sentimos las mujeres a cada feminicidio para activar un discurso securitista que ocultara su inoperancia y su orientación general, destinada a crear divisiones entre sectores vulnerados de la población, como lo muestra claramente la retórica divisiva que muestra el comunicado. Dichas divisiones son una estrategia para atomizar la protesta social: allí en donde las feministas se habían aliado con la población venezolana, la turba les gritaba “cómplices” y las dividía al perseguirlas ante la pasividad de la policía, o sea, del Estado. Por supuesto: esas alianzas no son bienvenidas porque, juntas, dan cuenta de un modelo económico que está operando contra mujeres, migrantes, poblaciones nacionales en situación de desplazamiento forzado, trabajadores, líderes sociales, estudiantes y defensores de lo público, población con discapacidad, ancianos. Ese modelo económico es privatizador y busca remover su responsabilidad de la preservación de toda vida que le sea costosa o inconveniente.
Pocas semanas antes de cerrar este texto, Venezuela ha reportado cientos de muertes en hospitales, personas enfermas y de la tercera edad que han fallecido en sus casas, comida descompuesta en los refrigeradores y un país “con días enteros sin servicio eléctrico y años en la oscuridad”, como escribe el periodista venezolano radicado en Ecuador Jefferson Díaz en un post en su cuenta de Facebook. Nunca hemos sabido tanto y podido hacer tan poco, escribe, por su parte, Marina Garcés. Venezuela acaba de aceptar ayuda humanitaria de Cruz Roja el 16 de abril. Al mismo tiempo, sus minerales siguen saliendo, pues se reporta una enorme exportación de oro que coincide con el ingreso de ayuda humanitaria. ¿Cómo explicar esto y la explotación de lo que el gobierno ha llamado el Arco Minero del Orinoco, zona rica en cobre, oro, diamante, coltán, convertida en mina para el capital extranjero, sin que un centavo retorne en medicina, alimentos, en recursos para salvar a la población venezolana de la salida masiva del país a pie?
Las vulnerabilidades
Además de destinos de los caminantes venezolanos como Ibarra, hay muchos otros puntos de llegada, paso o refugio, por fortuna, más seguros. El día 20 de abril, llegamos a Peguche, zona indígena kichwa hablante a poco menos de tres mil metros de altura en plenos Andes ecuatorianos, y escuchamos testimonios del camino que puede destruir la vida de una persona a la vez que les anuncia que quizás hay un mañana. Allí, hay un albergue llevado por el padre Marcos, también venezolano. Los hombres llegan con los talones reventados, con las suelas de sus zapatos molidas por la huida, para ducharse y continuar. Las pocas mujeres que llegan allí ya se han visto expuestas a muchas formas de violencia. Algunas viajan con sus parejas o padres, podrán ser usadas como mulas, campanas, en trata o explotación sexual. Todo caminante es visto como una posibilidad de transportar droga, y es difícil sustraerse de esto, sobre todo para mujeres y jóvenes. Una joven ha abortado cuando Marcos las conoce. En el punto fronterizo de Rumichaca entre Ecuador y Colombia, le han pedido un eco para que pruebe su embarazo de cuatro meses a pesar de que lleva sus exámenes consigo. El eco le confirma que su bebé está muerto. La caminata de largos días y el haber visto un caminante muerto por hipotermia en el Páramo de Berlín, camino de Bucaramanga, han provocado que pierda a su bebé.
Son vidas segadas. No sabemos lo que ha vivido el femicida de Diana Carolina ni desde cuándo, pero sí sabemos que esta migración forzada a pie está destruyendo la mente de muchos hombres, que la violencia que explota en el trayecto -los asaltos a los tráilers, los robos de papeles, el hambre, el frío extremo, la demencia de hinchas colombianos que muelen a golpizas a los caminantes si los ven con camisetas de equipos contrarios, como nos cuenta Marcos- es un crimen estructural muy difícil de ver. No dejamos de identificar la responsabilidad individual de cada femicida, a la vez que vemos, con los ojos horrorizados de nuestro presente, cómo se exacerba la agitación de un orden económico de grandes capitales con un acuerdo transnacional anti-migrante y una violencia xenófoba legalizada que están atizando cada acto individual de violencia desde un régimen necropolítico que no cesa. Esas vulnerabilidades le serán convenientes a la narcoeconomía, al fascismo contemporáneo y los capitales en movimiento, sostenidos en el extractivismo y el desplazamiento. Cuando vemos a Diana Carolina con un cuchillo en el cuello, ese cuchillo está cruzado por todos estos movimientos, y a menos que aprendamos a leerlos, muy poco podremos hacer para entender el presente que aún podemos, quizás, transformar.
