El 2023 pasará a los anales de la historia por ser un año en el que se marcan varios hitos significativos que impactan en términos de movilidad humana y control en las Américas. Por un lado, el 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso fin a la emergencia sanitaria internacional provocada por la primera pandemia del siglo XXI. Por el otro, se cumplen 200 años de la doctrina Monroe. El 2 de diciembre de 1823, el quinto presidente estadounidense, James Monroe, en un discurso público, advirtió a las naciones europeas no intervenir en el continente americano, afirmando que cualquier intento sería considerado “como peligroso para nuestra paz y seguridad” (ver Democracy Now, 2023). Ese discurso dio a luz a la así llamada doctrina Monroe, por medio de la cual EE.UU. ha justificado decenas de ocupaciones, intervenciones militares y otros mecanismos de control e injerencia política y económica directa e indirecta en América Latina y el Caribe durante gran parte de los dos últimos siglos, bajo el lema de proteger la “paz” y la “seguridad” hemisférica (Grandin, 2006).
Además de tener al año 2023 como un marcador temporal, a primera vista, el fin de la pandemia y los 200 años de la doctrina Monroe parecerían inconexos. Sin embargo, al analizar los cada vez más intrincados, altamente cambiantes y cada vez más numerosos tránsitos migratorios irregularizados regionales, advertimos una sutil y altamente compleja convergencia entre ambos hitos que, además, insistiremos, sólo resultan comprensibles en el marco de las sofisticadas, articuladas y violentas lógicas globales de control migratorio que imperan en los regímenes fronterizos contemporáneos de diversas latitudes del mundo.
La primera pandemia del siglo XXI ahondó la desigualdad estructural en América Latina y el Caribe, evidenciando la insuficiencia estatal para sostener sistemas de protección social y contrarrestar el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Esto se refleja, entre otras cosas, en la expansión del trabajo informal. Estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) confirman que, tras la pandemia, entre el 40 % y 80 % de los empleos se generaron en la economía informal, que hoy emplea a más del 50 % de les trabajadores en la región. En condiciones de explotación, empobrecimiento y sin seguridad laboral, más de 140 millones de trabajadores se insertan, entre otras actividades, en la venta callejizada, servicios, cuidado doméstico, construcción, plataformas digitales, agricultura y economías ilegalizadas como la producción y comercio de drogas. El incremento de la violencia criminal también da cuenta del deterioro en las condiciones de vida: el 2022 marcó un récord en tasas de homicidios por narcotráfico, violencia de grupos armados y flujo de armas en América Latina y el Caribe.
Ante la certera imposibilidad de sostener vidas dignas y seguras en sus países de origen o en primeros países latinoamericanos de “destino”, en el escenario pospandémico se han multiplicado, sin precedentes, los tránsitos migratorios irregularizados desde el sur a EE.UU., el histórico destino migratorio continental. Para muestra, lo sucedido en dos fronteras: entre 2021 y 2022, los cruces terrestres fronterizos entre Panamá y Colombia alcanzaron registros de más de 370,000 entradas irregularizadas (ver Datos Abiertos de Panamá). Asimismo, según las estadísticas del Servicio Nacional de Migración de Panamá, en abril de 2023, más de 100,000 migrantes cruzaron esa frontera, seis veces más que los que la cruzaron en el mismo periodo de 2022. Hasta ese mes, la mayoría de migrantes en tránsito correspondían a nacionalidades de Venezuela (~30,000), Haití (~24,000), Ecuador (~14,000), China (~ 4,000), India (~ 2,500), Brasil (~2,000) y Chile (~ 2,500), en estos últimos dos casos, hijxs de migrantes haitianxs nacidos en ese país. Además, se registraron grupos nacionales de países como Colombia, Afganistán, Camerún, Somalia y Perú. En la frontera entre México y EE.UU., por su parte, el número de encuentros[1] efectuados por la U.S. Customs and Border Protection consecuentemente incrementó de aproximadamente 1,700,000 en 2021 a 2,400,000 en 2022, y en lo que va del año fiscal 2023 (octubre 2022 – abril 2023) ha alcanzado ya al 1,400,000. Se trata de récords históricos de encuentros fronterizos con migrantes provenientes en su gran mayoría de Centroamérica, México, Venezuela, Cuba, Haití, Ecuador, Brasil, Colombia, además de países asiáticos y africanos.
Esos cada vez más elevados números también marcan un hito regional que constata un antes y un después de la pandemia en materia de movilidad migrante en las Américas. De hecho, ante la incesante intensificación y diversificación de los tránsitos irregularizados sur-norte, una reactualizada forma de control remota hemisférica orquestada por EE.UU. está siendo desplegada: además de las medidas de contención adoptadas en 2022 e inicios del 2023 por medio de diferentes sistemas de cuotas —como el denominado “Parole Humanitario” para migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, y la implementación de la aplicación digital “CBP One”—, el 27 de abril del 2023, los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional (DHS) estadounidenses anunciaron la creación de los Centros de Procesamiento de Migrantes (CPM), que se localizarían en países de alto tránsito migratorio en el corredor que conecta a la Región Andina con Centroamérica. Bajo el mantra de la migración “segura, ordenada y humana” y el combate a la trata de personas, al tráfico de migrantes y la migración “irregular” (Domenech, 2013), en el año en que se declaró el fin de la emergencia sanitaria global y se cumplen 200 años de la doctrina Monroe, EE.UU. también inaugura una renovada era en la gobernanza de la migración regional. Es ahí donde vemos con total claridad dónde convergen estos dos hitos.
Con la vuelta a la democracia en América Latina, en las últimas décadas del siglo XX y en lo que va del XXI, el intervencionismo estadounidense ha mutado tornándose menos explícito y más sutil. La seguridad fronteriza y el combate al narcotráfico y la “migración ilegal” , por ejemplo, han sido el terreno fértil para sostener sus mecanismos de injerencia militar y política regional. El Plan Colombia es un caso icónico (ver The Intercept, Jeremy Scahill, 2021), tanto como el preponderante rol que EE.UU. ha desempeñado en la gobernanza migratoria en las Américas. Desde los años de 1990, la potencia del norte ha sostenido una prolongada campaña de control remoto vía “socios” regionales o “terceros países”, usualmente “países de tránsito”, que actúan como guardias fronterizos de facto interceptando violentamente a las movilidades migratorias mucho antes de que lleguen a territorio estadounidense.
El control fronterizo externalizado de EE.UU. ha sido más intenso y violento en México, donde se han impuesto esquemas de visado a migrantes “no deseados” en la nación norteamericana y se han militarizado las fronteras, adoptando programas y prácticas coordinadas de detención y expulsión que han convertido al territorio mexicano en una frontera “elástica”, multifacética y ampliada extremadamente peligrosa. Esta forma de externalización ha llegado a Honduras, El Salvador y Guatemala. En países que están más al sur, se han implementado otros modos de control más “discretos” y, por cierto, menos visibles, pero no por ello ajenos a la producción de violencia y precarización de las vidas migrantes; por ejemplo, vía esquemas de visado selectivos dirigidos a ciertas nacionalidades del “Sur Global”, programas de formación a agentes migratorios, asistencia técnica para operaciones de control fronterizo, asesoría en políticas de movilidad y planes de combate al tráfico de migrantes y a la trata de personas. Eso ocurre, por ejemplo, en Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador.
Esta nueva forma de intervención se ha dado bajo el esquema neoliberal de la gobernanza de las migraciones, donde las prácticas de los Estados se inscriben en complejas tramas de poder marcadas por una interconexión cada vez mayor con el sector privado, las organizaciones internacionales y las ONG para ejecutar políticas y ejercer el control, cediendo o “tercerizando” incluso la gestión de ciertas funciones otrora exclusiva responsabilidad estatal. En la gobernanza de las migraciones, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han sido fundamentales: aunque se presentan como neutrales o incluso “apolíticas”, además de promotoras de una “gestión eficaz” de los flujos migratorios, supuestamente basada o motivada por imperativos “humanitarios”, estas agencias internacionales están implicadas en la geopolítica internacional.
En la región sudamericana, el humanitarismo y la externalización fronteriza como forma de gobierno de las migraciones, de la mano de organismos internacionales y fuentes de financiamiento del “Norte Global”, se han manifestado de manera ejemplar en el funcionamiento de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) y sus efectos sobre la contención, canalización, vigilancia y monitoreo de la migración venezolana desde mediados y fines de la década del 2010 en adelante (Domenech et al., 2022). Asimismo, las prácticas de gobernanza también han ido tomando nuevas formas políticas como reacción a los cambios suscitados en las dinámicas de las migraciones sur-norte. Un hecho especialmente visible es la focalización sobre ciertos grupos migratorios que son construidos como objeto de interés e intervención geopolítica en las coyunturas de 2015, 2019 y, con particular fuerza, en los años que le siguen o se superponen con la pandemia del COVID-19, en el marco de la producción política de las sucesivas “crisis migratorias” que caracterizan a los años 2021, 2022 y 2023.
Las mutaciones de las migraciones sur-norte van produciendo un reacomodamiento y reposicionamiento institucional de considerable relevancia en la “gestión” de la “migración en tránsito”, ya no sólo contemplada como fenómeno social, sino también como estrategia política de control. Este hecho puede ser ilustrado mediante el despliegue de las múltiples prácticas de externalización fronteriza y dispositivos de control, tales como: acuerdos bilaterales o multilaterales, sistemas de “alerta temprana” y programas de “retorno asistido”, la producción de informes sobre “tránsitos sur-norte”, tecnologías de vigilancia y campañas de información para disuadir a “potenciales migrantes” en países sudamericanos, por mencionar algunos de los más significativos (Trabalón, 2023). Es en el marco de estos cambios políticos que el año 2023 pareciera estar transformándose en un escenario de “consolidación” y, al mismo tiempo, de “implosión” de procesos históricos que ya estaban en marcha, pero cuya magnitud y aceleración han reconfigurado de manera notable la geopolítica regional.
En este marco, junto a los históricos movimientos de migrantes de Centroamérica y México, consideramos que las complejizaciones de los corredores migratorios y tránsitos irregularizados en las Américas encuentran algunas claves de interpretación en dos transformaciones significativas de los últimos años. Primero, el protagonismo que han adquirido los procesos de “re-emigración”, especialmente, de migrantes de origen haitiano y venezolano, pero también de distintas nacionalidades del Caribe, África y Asia que, tras experiencias migratorias de distinta duración en uno o varios países sudamericanos, han decidido “re-emigrar” o “emprender la ruta” hacia EE.UU. y, en menor medida, Canadá. Segundo, la histórica inversión entre el peso de la migración sudamericana y la migración “extrarregional” que transita desde Sudamérica hacia el norte a través de la frontera colombo-panameña: entre enero y octubre del 2021, se registró el cruce de 75,357 personas haitianas (62 %) y 15,964 personas cubanas (13 %), mientras que, en el año 2022, los registros incluyen 150,327 personas venezolanas (61 %), 29,343 ecuatorianas (12 %) y 5,064 colombianas (2 %) (ver Datos Abiertos de Panamá).
Así, después de una década de “gestión” orientada principalmente hacia migrantes del Caribe, Asia y África, las dinámicas migratorias observadas entre el 2021 y el 2022 desequilibraron los encuadres políticos de gobernanza (en términos de actores, recursos, prácticas y discursos), al inclinarse por primera vez, y de manera superadora, hacia la migración sudamericana (y en especial, venezolona) como “principal” movimiento migratorio hacia el norte. Es en este contexto que las “preocupaciones” de EE.UU., plasmadas en la “Declaración de los Ángeles”, firmada en junio 2022 bajo la premisa de una “migración segura, humana, ordenada y regular”, llegan (todavía más) al sur por medio de diferentes prácticas de externalización fronteriza y subordinación geopolítica en las que los organismos internacionales cumplen un papel preponderante.
Por todo eso, no es casual que se prevea que los primeros Centros de Procesamiento de Migrantes serán gestionados por el ACNUR y la OIM, brazos operadores de la externalización sutil del control a las migraciones en el hemisferio. Ambas organizaciones serán el primer filtro de control, evaluando a los migrantes para determinar si cumplen con los requisitos exigidos para ir a EE.UU. En los casos afirmativos, los migrantes serían referidos para que sean admitidos en un “campo de refugiados” o procesados a través de algún otro mecanismo legal existente como los programas de reunificación familiar, los permisos de estadía (parole) o las admisiones con fines de trabajo. Los primeros centros se construirán en Guatemala, para más tarde expandirse a Colombia, Ecuador y Costa Rica. Se prevé que los nuevos centros procesen al menos entre 5,000 y 6,000 migrantes cada mes. A la par de la implementación de estos centros, EE.UU., junto con Panamá y Colombia, han lanzado este mismo año una campaña enérgica contra el tráfico de migrantes que opera en la selva Darién.
De este modo, en el 2023, el año de los hitos, se inaugura una forma de control hemisférica sin precedentes. Y aunque en la región no han existido antes centros de procesamiento de migrantes, en los corredores migratorios que conectan a África o la “ruta de los Balcanes” con Europa, o el Sudeste Asiático con Australia, hay casos similares. En Túnez o Libia, por ejemplo, “terceros países” hasta donde la Unión Europea ha externalizado su frontera, en la década pasada se abrieron centros de procesamiento y campos de refugiados, transformando esos espacios en cinturones de contención migratoria que, tal como lo ha denunciado Oxfam, entre otras organizaciones de derechos humanos, se tornan en zonas de sufrimiento, sacrificio humano y muerte lenta para las vidas migrantes en tránsito. Los efectos devastadores que el intervencionismo de EE.UU. ha tenido en la región han sido ampliamente registrados y difundidos por investigadores y organizaciones de derechos humanos.
La nueva forma de intervencionismo para la “gestión” fronteriza, en el marco del actual “régimen global de control” de las migraciones internacionales, tendrá, seguramente, efectos sobre las vidas migrantes, confinadas a esperas y errancias cada vez más prolongadas, por rutas cada vez más hostiles e inhóspitas. Así, el 2023 marca efectivamente el año de los hitos en materia de pandemia, movilidad y control en las Américas y, aunque el riesgo de muerte por el contagio de COVID-19 se haya reducido diametralmente, otras formas de violencia no dejan de proliferar y atentar contra las vidas migrantes que, como efecto del redoble del control externalizado en la región y las desiguales formas de acceso a la movilidad impuestas geopolíticamente, no dejan de transitar entre la vida y la muerte en su constante búsqueda de un futuro mejor.
Notas
[1] Según la U.S. Customs and Border Protection los encuentros de “no ciudadanos” abarcan dos tipos distintos de acontecimientos: las aprehensiones, en las que los migrantes son puestos bajo custodia en Estados Unidos —al menos temporalmente— a la espera de resolución judicial, y las expulsiones, en las que los migrantes son expulsados inmediatamente a su país de origen o al último país de tránsito sin ser retenidos bajo custodia estadounidense.
Referencias
Domenech, E. (2013). “‘Las migraciones son como el agua’: Hacia la instauración de políticas de ‘control con rostro humano’. La gobernabilidad migratoria en la Argentina”. Polis: Revista Latinoamericana, 12(35), pp.119-142.
Domenech, E., Basualdo, L., y Pereira, A. (2022). “Migraciones, fronteras y política de datos: nuevos medios de control del movimiento en el espacio sudamericano”. En E. Domenech, G. Herrera y L. Rivera Sánchez (eds.), Movilidades, derecho a migrar y control fronterizo en América Latina y el Caribe (pp. 317-355). Buenos Aires y Ciudad de México: Clacso, Siglo XXI.
Grandin, G. (2006). Empire’s Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism. Metropolitan Books.
Trabalón, C. (2023, de próxima publicación). “‘Migración en tránsito’ sur-norte y gobernanza migratoria: políticas de (in)visibilización racial y luchas de migrantes ‘extrarregionales’ en el espacio sudamericano”. En V. Varela Huerta y S. Álvarez Velasco, Luchas Migrantes en las Américas en tiempos de crisis. Puerto Rico: Editorial Emergente.