“Salinas me quitó la vida”, me dijo Ana cuando la entrevisté en diciembre de 2020 como parte de un trabajo independiente sobre testimonios de la crisis financiera que vivió México entre diciembre de 1994 y 1995, cuando el gobierno decidió pasar de un régimen cambiario controlado a la libre flotación. Lo decía sin titubeos, con el coraje vivo aún, a veintiséis años de distancia. Y lo decía con razón. Ana, hoy de 74 años, era madre y esposa, y había sido trabajadora de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), hasta que, como parte de aquellos despidos masivos que en su charla asociaba todavía con “el quinazo”, perdió su empleo en 1992. Junto a cincuenta y cuatro compañeros más, todos hombres, para 1994 Ana sostenía una demanda por despido injustificado contra la paraestatal.
Asociar tal injusticia con el líder sindical de los petroleros Joaquín Hernández Galicia, “la Quina”, no es gratuito. Desde su arresto en 1989 —y aun antes—, era pública su enemistad con Carlos Salinas de Gortari, a partir de las insinuaciones de privatización del entonces presidente, cuyas acciones terminaron debilitando a la paraestatal y profundizando el proceso de “desnacionalización” que había iniciado en el sexenio de Miguel de la Madrid. Ana, la única ingeniera civil en un mundo de hombres, aun cuando tenía un muy buen puesto, quedaría atrapada —al no estar sindicalizada—, en ese juego de poder entre el presidente y la empresa petrolera. “Querían hacer quedar a Pemex como que no funcionaba”, asegura. El reto más duro para ella y su familia vendría, sin embargo, en 1994.
En aquel 2020 de pandemia, su hijo le contó a Ana que una escritora estaba recabando, vía Twitter, testimonios de quienes vivieron como niñas, niños y adolescentes la catástrofe económica de los noventa. Aunque no cumplía con el rango etario que yo había establecido, Ana necesitaba contar su historia, necesitaba poner en palabras el resentimiento que había acumulado durante décadas, necesitaba ser escuchada. Decidí hablar con ella.
En 1994 muchas cosas estaban sucediendo en México y en el mundo: cosas importantes. El 1 de enero se había levantado en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y los indígenas de Chiapas estaban en guerra abierta contra el Estado mexicano, tras siglos de marginación y despojo. En el resto de la República, otros pueblos indígenas enfrentaban condiciones similares de pobreza, y la polvareda que levantaba el EZLN estimulaba las dignas luchas que ya venían sosteniendo históricamente los indígenas de México. Tales preocupaciones habían llegado hasta la clase media mexicana, que se sumó a apoyar al zapatismo, sobre todo los jóvenes. Aun cuando se habían presentado signos, la crisis económica no estaba en el horizonte de esa franja de la población que para diciembre estaría intentando no perderlo todo. El encantamiento que el salinato había dibujado en el aire no les permitió ver los avisos, pero Las Finanzas tenían sus planes.
En diciembre de aquel año, la economía mexicana se sostenía con alfileres. Desde los primeros meses de 1994 las reservas eran un manojo de nervios —como suelen decir los comentaristas financieros cuando atribuyen emociones y afectos al mercado—, y se tomaron diversas medidas para evitar la fuga de capitales, como el aumento de las tasas de interés o la emisión de tesobonos. Nada fue suficiente, y poco antes del Año Nuevo estalló la crisis: “la ampliación de la banda provocó una devaluación inmediata de 13.89 por ciento” (Zúñiga et al. 1994), y el efecto tequila empezó a desparramarse. El peso no hizo más que seguirse devaluando durante la época navideña. Uno de los impactos más sentidos se dio en los créditos hipotecarios, que se elevaron hasta hacerse impagables; cientos, miles de personas perdieron sus casas. Ana fue una de ellas.
Acostumbrada a la lucha frontal, como lo venía haciendo contra Pemex, la ingeniera decidió demandar a Banamex. Pero los frentes abiertos contra dos monstruos dejaron secuelas tangibles en su cuerpo: estrés crónico y dolor emocional (amén del acoso laboral, que nunca se detuvo). Ésta era la primera vez que lo compartía con alguien que se interesaba en el asunto, pero su cuerpo venía hablando su historia desde hace veinte años. Si bien sus procesos legales contra Pemex y Banamex le acarrearon un malestar permanente, este dolor emocional tenía para ella un rostro: Carlos Salinas de Gortari. Aunque no podía verla, porque hablé con ella por teléfono local, lograba sentir la irradiación de su rabia. Cada vez que pronunciaba “Salinas”, salía fuego de su boca. Aún entonces masticaba las cenizas.
Llevo años cavilando cómo enmarcar los efectos de la crisis económica, específicamente la de 1994-1995, como una violencia sistémica cuyas secuelas se expresan en el cuerpo y en la historia de sus víctimas. Me he preguntado si es pertinente incluso hablar de víctimas y responsabilidades en este contexto, en un ir y venir de preguntas a amigos que saben más de economía, de historia, de filosofía. La respuesta es parte de un trabajo más amplio, del que aquí sólo doy una muestra.El interés en testimonios de quienes fueron niñas, niños y adolescentes en aquellos años parte de mi hipótesis de que no sólo las personas afectadas individualmente, sino toda una generación vive aún, en distintos grados, con las huellas de la crisis en su memoria y, a veces, en su patrimonio. Pasé mucho tiempo recabando y trabajando el material, pensando en una metodología, mientras posponía la escritura por las vicisitudes de la vida cotidiana y el trabajo. Pero es tiempo de hablar de lo que Las Finanzas le hacen a las personas. Es hora de dar los testimonios: de dejar que el cuerpo hable.
Según afirman Françoise Davoine y Jean-Max Gaudillière en Historia y trauma. La locura de las guerras, cuando una verdad no ha podido transmitirse dentro de un linaje, “la información sigue siendo letra muerta, fuera del campo de la palabra. Un representante del linaje, a su pesar y muchas veces al precio de perder su lugar en la sociedad, se encuentra encargado de esa búsqueda de la verdad: está en búsqueda, es búsqueda…” (2011: 78). Y si bien una crisis económica no es una guerra —aunque suelan juntarse ambos acontecimientos—, algunos de sus efectos se viven como si lo hubiera sido.
No es mi intención extender sobre la crisis financiera la manida metáfora de la guerra. Lo que quiero es establecer una premisa para explorar: las crisis económicas dejan huellas y daños en quienes son afectados por ellas en su patrimonio y sus relaciones sociales, y estas huellas operan de diversas formas en sus vidas: el dolor y el estrés son dos de ellas, pero también están la depresión, el miedo constante a la incertidumbre financiera, la pérdida del bienestar y cosas tan triviales como el mal manejo del dinero.[1] “Los lobos de la insolvencia” —tomo el término de un reportaje de Abraham Zabludovzky— muerden, estrangulan, comen carne cruda.
En los estudios y trabajos de la memoria de procesos de violencia no suelen considerarse las crisis financieras. Desde luego que no me atrevo a equiparar este tipo de violencia, como he dicho ya, a aquella otra (masacres, genocidio, tortura, desaparición forzada), pero me interesa otorgarle un lugar, por lo menos en una dimensión de justicia testimonial. Por ello, me serviré de conceptos tomados de la memoria de crímenes atroces y de las intuiciones que he podido recuperar a partir de su estudio para intentar un marco teórico de la memoria de las crisis financieras, específicamente en procesos de despojo, desigualdad y precariedad que vulneran a veces a miles o a millones de personas. Dice la psicóloga colombiana Lina Roldán que “el daño no es el crimen”, que contar los hechos no basta; necesitamos, en cambio, entender la experiencia subjetiva de quien los vivió: su sentir, su recuerdo encarnado. Considero que el caso de Ana —y el de gran parte de mis informantes— es ejemplar cuando tratamos con la memoria de las huellas que las crisis económicas dejan en la gente.
Paréntesis: Las Finanzas, ¿qué son?, ¿quiénes son?, ¿quién las mueve? Dice Maurizio Lazzarato en su libro La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición neoliberal que, ante todo, Las Finanzas son una relación de poder que se sustenta en la deuda, en la relación acreedor-deudor (2013: 29). La deuda y los productos financieros que nos atan a ella forman parte de un sistema aceitado, cuyos cálculos contemplan que no poder pagar la deuda mantenga la rueda dando vueltas, porque entonces es necesario seguir produciendo. La deuda, la relación acreedor-deudor es esencial al neoliberalismo, y en 1994-1995 México se encontraba en el pináculo de sus años dorados neoliberales. La deuda ejerce sobre el deudor un poder: “El poder de la deuda se representa como si no se ejerciera por represión ni por ideología: el deudor es ‘libre’, pero sus actos, sus comportamientos deben desplegarse en los marcos definidos por la deuda que ha contraído” (Lazzarato 2013: 37). Alguna vez, un abogado en cuyos servicios gastó sus últimos 350 pesos —con los que podía darle de comer a sus hijos una semana— le dijo a Ana que “el banco siempre tiene la razón”. Así, al demandar a Banamex y pelear por años para recuperar su casa, Ana estaba desafiando la relación de relaciones ya definida por Nietzsche: la de acreedor-deudor.
¿Que el banco saque a alguien de su casa porque ya no puede solventar su crédito hipotecario como consecuencia de una crisis financiera podría constituir un daño? La respuesta no es sencilla, porque en la ecuación entra la lógica de que si una persona no puede pagar un crédito de un bien inmueble, debe perderlo. Entendemos que hay algo injusto aquí, pero Las Finanzas, muy especialmente en el marco de prácticas neoliberales, nos quieren persuadir de que así debe ser, que esto es lo justo. En esta pregunta también está el riesgo de banalizar la violencia y reducir el asunto a un tema de posesiones, propiedad privada y dinero. No es ésa mi intención. Partamos del hecho de que la vivienda adecuada es un derecho humano inalienable, pero no solamente: tal como lo mostraron la de 1994-1995 en México o la de 2001 en Argentina, una crisis económica puede trastocar la vida y la dignidad de las personas en modos equiparables a procesos más complejos de violencia.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, “el daño se produce porque los actos violentos causan pérdidas sensibles y abruptas y deterioran o destruyen las redes de apoyo de las víctimas. Con ello afectan de manera negativa la estabilidad, la seguridad y la capacidad para que las personas puedan decidir e incidir sobre sus vidas individual y colectivamente de acuerdo con su vocación, sus metas y aspiraciones” (Bello 2014: 10). Esta definición atañe, como adelanté, a violencia atroz —o a “hechos victimizantes”, como los llama el mismo centro—, pero la tomo prestada para intentar categorizar aquello que las finanzas hacen en la gente cuando desarticulan su vida.
En 1994, a Ana le fue arrebatado su patrimonio y tuvo que mudarse a otra casa donde recibió maltrato. Además, le fue imposible seguir pagando la escuela de sus hijos, quienes pasaron a una marginalidad peculiar dentro del colegio: quienes no pagaban no eran expulsados, pero se los ponía en el patio sin derecho a tomar clase. Todo ello sin contar lo invertido durante años en abogados. Ana es, así, una mujer que padeció un daño provocado por la crisis financiera de 1994-1995, del cual también forman parte el estrés crónico y el dolor emocional que le dejaban los procesos judiciales que sostuvo contra Pemex y Banamex, y el acoso laboral que recibió durante y después de la demanda por despido injustificado.
Gracias a su tesón y al apoyo del abogado que llevó su caso (quien le cobró sólo el 10% de los salarios caídos, y no el 35% que en un inicio habían acordado), en 1995 recibió un laudo positivo a su favor que resultó en una restitución, si bien parcial y punitiva: la pusieron en un área llamada Demandas, “como una manzana podrida”. A pesar de haber ganado, esta victoria no dejaba buen sabor de boca, pues para llegar a ese punto debió resistir el embate del acoso laboral recibido luego de su despido —acoso que entonces no se consideraba suficiente como para ser una agravante—, así como lidiar con la constante apatía de sus compañeros de demanda. Algunos años después, en 1998 recibió sus salarios caídos. Para 2005, Ana logró pactar con Banamex el pago de una cifra menor —gracias, de nuevo, a un abogado que metió su caso al consejo—, y recuperó su patrimonio. Volver a su casa, al sitio que ella y su esposo diseñaron para vivir, allí donde ahora cría a su nieta, ha sido una de sus más grandes alegrías. Este 2025 he vuelto a hablar con ella: las cenizas han hecho digestión y se sabe orgullosa de esta lucha: “fui muy fuerte”, dice. Salinas no le ha arrebatado esto: esto no. Pero también ha debido pelear esta reivindicación de sí misma.
Volvamos al momento en que el banco embargó la casa de Ana y su familia, giro que lesionó su vida personal, social y económica, y cuyo origen fue un suceso que escapaba a su control. ¿Quién es el perpetrador? ¿El banco, el Estado mexicano, el mercado? ¿Quién, cuál es el rostro humano del banco? ¿Quién le da la cara a Ana? ¿Contra quién dirige su furia? ¿Cómo hace para configurar esta batalla desigual en un marco de daño y reparación?
Ana le puso cuerpo: el de Carlos Salinas de Gortari, y con justeza, pues al menos desde 1993 era evidente que el enorme gasto público del salinato no tenía respaldo en reservas que, cada vez más, salían del país, dejando nuestra economía peligrosamente vulnerable. Sin embargo, otros personajes han logrado sobrevolar el pantano sin mancharse —o sin mancharse tanto—, como Ernesto Zedillo, quizá porque, por ejemplo en su caso, nos hemos olvidado de que compartió información privilegiada que aceleró la fuga de capitales. También han salido indemnes de la furia social los personeros de todos los sectores que firmaron el Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento la noche del 20 de diciembre, en el que, entre otras cosas, se prometía no subir precios de bienes y servicios por sesenta días, cosa que no ocurrió.
¿Qué pasa cuando la llevada y traída confianza en los bancos, en los gobiernos, en los mercados se ve tan abruptamente convertida en persecución? Vuelvo a Lazzarato la confianza empeñada en Las Finanzas requiere de prendas “corporales e incorpóreas” (2013: 47): el cuerpo de Ana estaba en prenda en 1994 y su ofrenda se convirtió en un malestar persistente que, con todo, ha amainado con el tiempo. Sin embargo, lo que vio y vivió durante esos años no se le ha olvidado: la memoria pica en imágenes, por ejemplo la del suicidio de un compañero de Pemex que fue despedido junto con ella en 1992, poco antes de recibir su liquidación. No todos quienes sufrieron esos despidos o perdieron patrimonio en 1994 sobrevivieron al embate ni lograron recuperar lo perdido: esas historias están desperdigadas a lo largo y ancho del país sin que hayan podido ser puestas en palabras, muchas veces menospreciadas con el argumento de que “siempre hemos vivido en crisis económica”.
Creo que estamos frente a casos de injusticia hermenéutica, la cual “se produce […], cuando una brecha en los recursos de interpretación colectivos sitúa a alguien en una desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales” (Fricker, 2007: 18). Es decir, al no poder categorizar como violencia a los efectos de una crisis económica, a la relación desigual de una institución bancaria con un deudor, por ejemplo, o a los actos infames de algunos de sus representantes, las personas afectadas no logran testimoniar su historia en un marco preparado para recibirla con justicia. Al tener el amparo de la ley, las instituciones bancarias operan el poder que impide este ejercicio de justicia, tal como lo conceptualiza Miranda Fricker.
En toda definición de violencia se destaca el uso de la fuerza y el ejercicio de la dominación. En 1994 pudimos verlo en carne viva en las montañas del Sureste mexicano donde el ejército federal asediaba a poblaciones indígenas zapatistas y solidarias con el zapatismo, pero también atestiguamos el despliegue de una fuerza diferente, a ratos invisible (como dicen que es la mano de los mercados) en casi todo el resto del país de parte de bancos, empresas e instituciones del gobierno. Parece una equiparación disparatada, pero El Barzón, movimiento de campesinos que se extendió a los deudores bancarios de este año y que coordinó acciones de boicot y negociación, buscó aliarse con el EZLN y firmó el “acuerdo de intocabilidad” en 1996.
Al configurar como víctimas de violencia a las personas afectadas por ésta y otras crisis económicas corro un peligro más: el de que pueda leerse como una sustracción de su agencia. Pero no: de estos procesos, en específico en México, hemos de destacar la enorme capacidad de regeneración de las familias, sobre todo de las más pobres, constantemente golpeadas por las fluctuaciones de nuestra economía y los devenires de la inmensa corrupción que nos aqueja. Por su parte, Ana no se quedó de brazos cruzados: demandó, aprendió de derecho laboral hasta ser casi una abogada “por experiencia”, se unió a manifestaciones colectivas, resistió con temple el acoso de Pemex, de donde logró jubilarse. Gracias al abogado que llevó su caso laboral, entró a trabajar en el Metro de la Ciudad de México, donde pudo desarrollarse como ingeniera, y sacó adelante a sus hijos. Pero las sombras de 1992 y 1994 la persiguieron hasta ahora que ha podido contar su historia y llamar a esos acontecimientos injusticia.
En este ojo de huracán se asienta mi investigación. Éste es el tuétano de mi conversación con Ana, una superviviente de la violencia de Las Finanzas, reflejo de la dignidad que las clases trabajadoras de México han mostrado ante el Estado y el mercado en innumerables ocasiones. Esto es lo que busco recuperar de los testimonios de decenas de usuarios de Twitter que vivieron en la infancia o la adolescencia la crisis de 1994-1995, y que se han extendido a las jefas de familia con quienes he hablado. Quiero escuchar y compartir su experiencia, su daño, y que encuentren, al menos, un marco de justicia testimonial.
Notas
* Agradezco infinitamente a Ana (como ella ha decidido ser nombrada aquí) y a su hijo por confiar en mis manos su historia. Gracias también a todas las personas que han contribuido con sus testimonios por Twitter (ahora X), a Francisco Robles Gil y Andrés Villela por su lectura y sugerencias al borrador de este primer artículo dedicado a 1994; a Rodrigo Salazar Elena por responder a todas mis dudas, y finalmente a todos y todas quienes han compartido conmigo material de la época para este trabajo que apenas comienza.
[1] En mis testimonios he encontrado incluso referencias a suicidios de jefes de familia; sin embargo, ha sido siempre en el terreno del rumor. No he podido dar con un testimonio directo ni un caso registrado en la prensa de la época. No obstante, las Estadísticas de suicidio e intentos de suicidio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía pueden proporcionarnos algunas pistas. Encontramos un incremento en intentos de suicidio tanto en 1994 (153 totales en hombres vs. 93 del año anterior) como en 1995 (232 totales en hombres, 79 más que en 1994), y para 1996, los intentos se mantuvieron en 232. Mientras que en suicidios de hombres tenemos que en 1994 se consumaron 2 215 frente a 2 022 de 1993, y en 1995, 2 428 (213 más que el año anterior); en 1996 los suicidios consumados bajaron a 142 (2000: 3).
Referencias
Bello Albarracín, Martha Nubia (coord.) (2014). Aportes teóricos y metodológicos para la valoración de los daños causados por la violencia, Centro Nacional de Memoria Histórica, Colombia.
Davoine, Françoise y Jean-Max Gaudillière. (2011). Historia y trauma. La locura de las guerras, Buenos Aires, FCE.
Fricker, Miranda. (2007). Injusticia epistémica El poder y la ética del conocimiento. España, Herder.
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2000). Estadísticas de intentos de suicidio y suicidio, México.
Lazzarato, Maurizio. (2013). La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición neoliberal. Buenos Aires, Amorrortu.
Zúñiga, Juan Antonio, et al. (21 de diciembre de 1994). “Acuerdan devaluar el peso hasta 15%”. La Jornada.
