La investigación del New York Times que expone abusos sexuales atribuidos al líder sindical César Chávez evidencia un problema estructural con puntos de contacto con el caso Epstein. Los hallazgos en torno al círculo de Jeffrey Epstein y las recientes revelaciones sobre Chávez sugieren que, tanto en entornos de élite como en espacios de activismo social, la violencia hacia las mujeres se presenta como una constante que trasciende cualquier espectro ideológico.
César Chávez ha sido considerado un referente en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. En California, sede de la Unión de Campesinos (UFW, por sus siglas en inglés) que lideró, su nombre e imagen predominan en murales, parques y calles. Se trata, pues, de una figura central en la identidad cultural del estado, pero también del movimiento chicano. California era el epicentro de una de las celebraciones civiles más importantes. Durante décadas, el 31 de marzo —fecha de su nacimiento— se estableció como el primer día feriado estatal dedicado a una figura de origen latino, e implicaba el cierre de oficinas gubernamentales, cortes y bibliotecas públicas. En el ámbito escolar, se promovía una narrativa centrada en su biografía, acompañada de desfiles escolares y discursos oficiales que destacaban valores como la no violencia, el ascetismo y el servicio comunitario. Sin embargo, la coyuntura reciente invita a reflexionar sobre cómo la institucionalización e idealización de figuras prominentes puede omitir las complejidades y tensiones inherentes a los movimientos sociales, así como las contradicciones de los liderazgos que han determinado el curso de la historia.
En días recientes, hemos visto distintas manifestaciones de consternación provocadas por las denuncias de tres mujeres que señalan abusos sexuales perpetrados por el líder de la organización de trabajadores agrícolas más influyente en la historia contemporánea de Estados Unidos. Encontramos, por ejemplo, iniciativas en páginas como change.org o en redes sociales que promueven la campaña #RenameChavez, la cual busca eliminar el nombre del líder sindical de calles, monumentos y días festivos. También hemos visto las opiniones que comienzan a surgir después de sopesar varios días las denuncias dolorosas expuestas por la investigación, así como las acciones que se están comenzando a tomar respecto al caso.
En el espectro de la izquierda, este desconcierto se suma a las revelaciones sobre el vínculo entre Jeffrey Epstein y Noam Chomsky, referente fundamental de la crítica al imperialismo. Esta coyuntura de desilusión plantea el reto de definir límites éticos claros al interior de los movimientos sociales frente a una violencia de género persistente, cuya gravedad se acentúa por el capital simbólico de las figuras involucradas.
Género y poder
Las denuncias de Ana, Debra y Dolores reiteran un patrón de violencia sistemático: el uso del liderazgo y el privilegio dentro de una organización para abusar de la confianza y la admiración de mujeres —en su mayoría menores de edad—. Esta posición de poder no sólo facilita la agresión sexual, sino que se instrumenta para silenciar, amedrentar y manipular a las víctimas, garantizando la impunidad del agresor.
Por otro lado, es imperativo señalar que, al menos en dos de los casos, se trataba de menores de edad en un contexto de precariedad socioeconómica y criminalización racial. Ello en parte se debe a que, en comunidades cuya subsistencia dependía del trabajo agrícola y que, simultáneamente, sostenían un movimiento sindical de magnitud inédita, resultaba casi inadmisible cuestionar o evidenciar los abusos del líder carismático y representante legal del sindicato. La relevancia del proyecto político terminó, así, por invisibilizar la violencia ejercida en el ámbito privado y personal.
Pero esta historia de violencia tiene un correlato histórico profundo. Como historiadora de los feminismos y su intersección con las izquierdas, identifico denuncias y experiencias de violencia que las mujeres han enfrentado en diferentes épocas, y que frecuentemente terminan subordinadas en el marco de una coyuntura política de gran trascendencia o, en su caso, por cuidar la imagen, el legado de una figura o del movimiento mismo. Por ejemplo, militantes del Partido Comunista Mexicano (PCM) denunciaron tempranamente la cosificación de sus cuerpos: Consuelo Uranga señaló que eran percibidas por sus pares masculinos como “carne de placer”; Concha Michel denunció ante el Comité Central un intento de abuso por parte de un integrante del partido; y Benita Galeana cuestionó el maltrato y las jerarquías de género que imperaban en la vida cotidiana de la militancia. En estos casos, la “lealtad” al proyecto político solía utilizarse como mecanismo para desestimar la voz e integridad de las mujeres.
Lo que sucede es, pues, un proceso de higienización narrativa de la imagen de los héroes, mártires o liderazgos. Y ello provoca una jerarquía entre lo que es “verdaderamente” importante para la organización, frente a aspectos que han pasado como secundarios dentro de las dinámicas y relaciones políticas y sociales; pues la denuncia se ha concebido como algo que debilita al movimiento. Lo que quiero señalar con este argumento es que la violencia de género ha sido una problemática enraizada en la sociedad. Avizorar esta constante nos tendría que llevar a replantear el ejercicio del poder y las dinámicas en las cuales se invisibilizan, naturalizan y borran estas experiencias de violencia. Traerlas al presente no implica cancelar ni manchar el pasado, sino democratizarlo. Tenemos que reconocer estas fracturas internas para replantear la izquierda y los movimientos sociales desde sus estructuras, su ética cotidiana y su historia.
El feminismo como faro ético político
Existe la narrativa de que el feminismo ya pasó, que sólo fue una moda, particularmente desde una perspectiva conservadora. Sin embargo, la persistencia de las violencias contra las mujeres —manifestadas en el acoso, el abuso sexual, la discriminación y el feminicidio— nos habla de su vigencia. Para el movimiento, la lucha persiste, en buena medida porque se reconoce que aún falta camino para alcanzar la plenitud de nuestros derechos y dignidad como personas, pero también para defender y sostener lo que se ha conseguido como producto de un movimiento histórico que se ha transformado política y teóricamente en el tiempo. En este tránsito, la relación con el pensamiento y el accionar socialistas ha sido una constante. Se trata de un vínculo caracterizado por tensiones y relaciones complejas, en el cual el esfuerzo de las mujeres de izquierda ha sido esencial para integrar las demandas de género en la agenda política y hacer patente la intersección estructural entre el patriarcado y el capitalismo.
Desde esta perspectiva, es fundamental reconocer al feminismo como un faro ético para la izquierda y los movimientos sociales. Los procesos de deconstrucción en estos espacios son, en gran medida, producto de la impronta de las mujeres y de la incorporación de una mirada ético política que reivindica la agencia femenina y el principio de que lo privado es político. En suma, el feminismo ha operado como una vía de renovación plausible y urgente. En los hitos más luminosos de estas movilizaciones, generaciones de mujeres defendieron la doble militancia como alternativa viable; profundizar en este vínculo, permitiría transformar la forma en la cual se narra y se valora la memoria histórica.
Esta necesidad de revisión se vuelve tangible ante los eventos recientes relacionados con las denuncias contra César Chávez, las cuales han llevado a replantear su legado y los lugares de la memoria vinculados al movimiento de campesinos en Estados Unidos. En estados como California, Arizona y Texas, se han cancelado celebraciones en su honor e incluso se ha abierto un debate sobre el retiro de monumentos alusivos a su figura. Gestos como el de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, muestran cómo la historia puede emplearse como herramienta para transformar el presente: al renombrar oficialmente el “Día de César Chávez” como el “Día de los Trabajadores Agrícolas”, se prioriza el reconocimiento al movimiento colectivo por encima de la figura individual.
Por su parte, la respuesta de la UFW ante la investigación —la de validar el testimonio de las víctimas y abrir canales para nuevas denuncias— representa una postura congruente con los principios éticos de la organización. En un contexto donde las y los trabajadores enfrentan procesos de criminalización, vigilancia y persecución derivados de la política migratoria, el sindicato ha optado por una autocrítica que, si bien obliga a replantear su sostenimiento tras la caída de su liderazgo más icónico, fortalece su legitimidad moral. Es un momento clave para apostar por la no revictimización y por una atención integral de las denuncias desde las estructuras organizativas, a fin de garantizar que la defensa de los derechos laborales no sea a costa de la integridad de las mujeres.
El encuentro entre el feminismo y la izquierda ha legado aprendizajes, coordenadas y rutas para una transformación profunda. Apelar a esa capacidad crítica, capaz de cuestionar incluso a sus propios referentes, es la herramienta que permitirá transitar el presente y avizorar un futuro distinto. A fin de cuentas, ambas trayectorias convergen en la búsqueda de la justicia social y en el compromiso irrenunciable por la defensa de la dignidad de todas las personas.
