Una de las tendencias más preocupantes para la izquierda electoral en las últimas elecciones de los Estados Unidos es la pérdida del apoyo de amplios sectores de la población sin estudios universitarios, sobre todo de hombres hispanos, negros y trabajadores manuales blancos. De forma previsible, el partido republicano, completamente plegado a la lógica del Make America Great Again (MAGA), celebra sus avances en las clases populares como si fuera el resultado de un rechazo generalizado a lo que llama la cultura woke. Este término, intencionalmente difícil de definir, busca señalar una serie de prácticas y códigos de conducta bajo los que supuestamente se aspira a reconfigurar los valores tradicionales de Estados Unidos de acuerdo con los postulados del feminismo o el anti-racismo. En el discurso reaccionario, las y los universitarios se han convertido en el blanco de una serie de pánicos morales paradigmáticos para definir lo woke, los cuales giran en torno a la inclusión de personas trans en deportes para mujeres, la reforma al sistema de justicia penal bajo el lema de defund the police, o el rechazo a la política estadounidense de apoyo incondicional a Israel en su campaña de exterminio en Gaza. Según esta narrativa, estas demandas se alejan tanto de las preocupaciones del estadounidense promedio que sólo pueden ser el producto de la falta de contacto con la realidad de jóvenes apapachados por su educación privilegiada.[1]
La victoria electoral de Donald Trump ha llevado a una reflexión dentro de las universidades sobre cómo enfrentar estos ataques a su prestigio, basados en la supuesta desconexión de sus egresados con el grueso de la población de Estados Unidos. La gran mayoría de las autoridades universitarias han caído en la trampa de la derecha, desechando cualquier medida en favor de la diversidad y la inclusión y haciendo gala de medidas disciplinarias contra los estudiantes que participaron en las movilizaciones en defensa de Palestina.[2] Sin embargo, desde las aulas es posible ver cómo esta crisis de legitimidad tiene más que ver con las políticas promovidas por las mismas autoridades universitarias. Tras décadas de un modelo neoliberal, sus esfuerzos timoratos y meramente performativos de inclusión social no han tenido la fortaleza política ni la legitimidad para enfrentar los ataques de la extrema derecha.
Como estudiante de doctorado en la Universidad de Wisconsin, impartí por casi dos años un curso para sensibilizar a estudiantes de licenciatura sobre las repercusiones del racismo y el sexismo en el sistema educativo estadounidense. Este sería el tipo de curso que, en el imaginario republicano, sirve para adoctrinar al estudiantado con teorías marxistas y perspectivas críticas sobre el racismo. La clase en cuestión fue incluida en el currículo de la Facultad de Educación en 2021, en respuesta a la crisis social y política que produjo el asesinato de George Floyd.
Sin embargo, la experiencia que tuve se alejó mucho del discurso de izquierda radical que supuestamente domina las universidades. Y es que la pedagogía sobre racismo, sexismo y desigualdad en estos cursos está fuertemente marcada por el modelo económico y político de la educación superior estadounidense. En este contexto, la idea de una universidad pública como la de América Latina, que pueda mantener su autonomía académica al ser financiada en su totalidad por el Estado, es casi inimaginable. Incluso una universidad “pública”, como a la que yo pertenezco, depende de diversas fuentes de ingreso como las colegiaturas, las donaciones y un portafolio de inversiones que genera intereses gracias a su millonario patronato.
Para las universidades, el mayor activo es el prestigio de su “marca.” Su imagen pública (y alguna amenidad, como instalaciones deportivas de híper lujo) es lo que les permite atraer a estudiantes dispuestos a pagar las altas colegiaturas, a donadores que crean en la misión social de la universidad y que presionen al parlamento estatal a mantener sus aportaciones de dinero público año tras año. Además, este modelo dificulta el acceso a estudiantes que no tienen el dinero para costearse la altísima colegiatura (aun cuando la universidad cuenta con subsidios) o los conocimientos y asesoramientos necesarios para sortear la burocracia de préstamos y ayudas gubernamentales. Así, cimentada en un discurso meritocrático, es fundamental para la universidad posicionarse dentro de rankings académicos, superar medidas de empleabilidad y producción científica, y poder asegurar a los estudiantes y padres de familia que la inversión que harán en su educación se pagará en el futuro.
Estas condiciones estructurales se expresan en tensiones y contradicciones cuando se busca usar el currículo universitario como vehículo de cambio social. Por un lado, existe una gran presión de grupos estudiantiles y un notable número de profesores para reformar este modelo de universidad, por uno que responda de una mejor manera a las necesidades de personas racializadas y de clase trabajadora. De tal suerte, el centro de la agenda de las protestas universitarias contra el genocidio en Gaza y del apoyo generalizado a movimientos como Blacks Lives Matter ha sido, precisamente, el de transformar la forma en la que la universidad adquiere e invierte sus recursos.
Sin embargo, los departamentos y administradores buscan mediar estas demandas con un modelo de universidad en el que lo central es el valor y utilidad de sus títulos. Por ejemplo, las medidas a favor de la equidad se limitan a celebrar los logros académicos y profesionales de individuos pertenecientes a grupos marginados, sin cuestionar las desigualdades estructurales que convierten a estos mismos logros en excepciones. Por otro lado, el discurso de la inclusión se ha instrumentalizado como una forma más de marketing, en el que la diversidad se vende como una experiencia educativa que permite a sus estudiantes más privilegiados tener una visión más amplia del mundo.
Estas tensiones las viví en carne propia, durante aquel curso que impartí, pues muchas de las discusiones se estructuran a partir del uso práctico que el conocimiento de las desigualdades sociales puede tener para los estudiantes, en su mayoría blancos y de clase media alta. Gran parte del currículo estaba encaminado a reflexionar sobre las dimensiones individuales en las que se reproducen el racismo y la discriminación, poniendo el acento en identificar prejuicios en el discurso de los estudiantes. El problema con esta estrategia es que los temas de desigualdad racial, de género, y de clase se convierten en un ejercicio de autodisciplina basado más en mostrar que se es consciente de la posición individual, que en construir alternativas colectivas. Más aún, esta forma de lucha contra la desigualdad tiene como resultado que sea más relevante aprender a no ser percibido como una persona racista, clasista, o sexista que repensar qué acciones sería posible realizar como sujetos políticos, sin importar que seamos estudiantes, trabajadores, o maestros.
Al final, me quedo con el cuestionamiento de una de las pocas alumnas de origen latino que fueron parte del curso: ¿qué ofrecen la universidad y este curso a estudiantes no-blancos? La mayoría de estos estudiantes no necesita de una clase para enterarse de las desigualdades raciales, de clase, y de género: las viven día con día. Si las aulas universitarias se limitan a concientizar a los estudiantes sobre sus prejuicios, el resultado será que su habilidad mejor desarrollada se limite a identificarlos y señalarlos.
Más allá de que ciertas propuestas radicales puedan alejar o no a los votantes más conservadores del partido demócrata, la pérdida de popularidad en sectores no educados es un problema más profundo que, desde mi perspectiva, tiene que ver con el desprecio de las élites liberales hacia las clases trabajadoras y racializadas. En este contexto, ha sido muy fácil para la derecha etiquetar las perspectivas críticas sobre temas de raza y género como ideologías de élite desconectadas de las realidades de las personas promedio. Sin un contenido político, la versión moderada y performativa de conciencia social que se enseña en las aulas universitarias se parece más a una serie de reglas de etiqueta social que a una educación política. Lo que se necesita es, en cambio, una transformación de fondo, que comienza por cuestionar la perspectiva meritocrática de las universidades, y señalar los intereses de administradores, donadores, padres de familia, así como de la élite del partido demócrata, para quienes es especialmente importante la imagen de la universidad como un espacio de élite, y, por ende, poco involucrado realmente con las preocupaciones de la clase trabajadora y las poblaciones racializadas.
No obstante, las posibilidades de un replanteamiento profundo del modelo universitario en Estados Unidos se vislumbran poco probables, al menos en el futuro cercano. Sin embargo, ceder a las demandas de la derecha radical tendría sus propias complicaciones. Cabría preguntarse si es posible satisfacer a un movimiento político que se ha definido enemigo de las universidades desde el inicio. Si las universidades estadounidenses quieren sobrevivir los ataques de la extrema derecha en el poder, tienen que asumir una postura que vaya mucho más allá de lo woke. Es decir, deben dejar de lado el discurso liberal, conciliador y moderado de la inclusión social, y volverse un espacio que materialmente sirva a los grupos marginados que tanto supone defender.
Notas
[1] Algunos columnistas, incluso de diarios considerados liberales como el New York Times o el Wall Street Journal, han usado el término de “Ideas de Lujo” para describir estas posiciones.
[2] La universidad a la que pertenezco, por ejemplo, llegó a un trato con los republicanos para remover cualquier iniciativa de Diversidad, Equidad e Inclusión a cambio de 32 de millones de dólares extra en presupuesto, y de despedir al responsable de las oficinas de equidad.
