Este texto fue publicado originalmente en Sin Permiso el 7 de mayo de 2023, días antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo en España. Lo reproducimos hoy porque su análisis ayuda a comprender el escenario político español tras el resultado de las elecciones.
El neoliberalismo cree que todo lo que un ciudadano puede y debe pedirle al gobierno es que no moleste, que no entorpezca lo que ellos llaman la competición por la riqueza; una competición que los neoliberales pretenden convertir en el motor de progreso desde los años setenta del siglo pasado en nuestro país y también en el mundo, pero cada vez que se le da rienda suelta a esa competición por la riqueza, según el dogma neoliberal, esa carrera de los de arriba por el enriquecimiento reposa sobre la fractura social, la desigualdad y el empobrecimiento de los de abajo. La misma élite de siempre, señorías. (Aplausos). En este sentido, aunque dicen querer una libre competencia, en el fondo saben que esa competencia está trucada, que los dados están cargados, que las cartas están marcadas; que el auténtico mérito tiene dificultades para abrirse paso porque sin la acción de lo público, aquello que ellos detestan, la movilidad social queda gripada, y sólo así se explica la perpetuación de dinastías y de linajes al frente de los grandes poderes económicos. (Aplausos).
Nosotros creemos en un modelo de progreso completamente distinto, señorías. Una sociedad donde la igualdad de oportunidades sea una auténtica realidad para millones de familias y de hijos e hijas de esas familias. Creemos que para que la competencia sea realmente beneficiosa debe ser justa, y que ahí el gobierno tiene mucho que hacer y poco que inhibirse. Tenemos que estimular la innovación, apoyar a las empresas todo lo que se pueda, pero también debemos regular su actividad, evitar que se produzcan abusos, corregir los fallos que tiene el mercado y, sobre todo, pensamos que el gobierno está obligado a hacer todo lo posible para que la gente viva mejor, ahora y también a medio y largo plazo.
Pedro Sánchez, intervención en el Senado, 25 de abril de 2023.
En el único debate electoral real que ha habido hasta el momento, el 25 de abril en el Senado, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoo, resumió el programa de las derechas extremas en una consigna lapidaria: “derogaremos el sanchismo”. Si alguien tenía alguna duda sobre lo que eso significa, la cena conspirativa con los fiscales conservadores, el bloqueo del ministro de la presidencia Bolaños en los actos del 2 de mayo en Madrid y las amenazas de Vox contra los sindicatos el 1 de mayo dan una idea bastante aproximada del fondo y la forma.
Las izquierdas del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) han decidido hacer de las elecciones municipales unas pseudo-primarias para abrir la negociación posterior sobre las listas para las generales de diciembre.[1] En las elecciones autonómicas están en juego, sobre todo, los gobiernos de Valencia, Baleares y Castilla-La Mancha, con presidentes del PSOE, pero también dependen de sus coaliciones en Aragón y las Islas Canarias.[2] En las elecciones generales, según las encuestas, 14 escaños dependen de que Sumar y Podemos vayan juntos en una misma lista (que alcanzaría los 55 escaños). El actual empate técnico entre bloques se proyecta en la encuesta del CIS con una mayoría del PSOE de cuatro puntos sobre el PP, pero en las privadas se invierte con una diferencia entre tres y seis puntos.
¿Qué gobierno prefieren los españoles? Según 40dB, “un 31,8 % afirma que una coalición entre el PSOE y otras marcas de la izquierda, es decir, 13,1 puntos porcentuales más de los que se decantan (18,7 %) por una coalición entre el PP y Vox y también lejos del 17,6 % al que le gustaría que los populares, a la cabeza en los sondeos, gobernasen en solitario, o del 14,3 % que preferirían un Ejecutivo exclusivamente socialista”.
Pero las preferencias de gobierno no sustituyen ni la estrategia ni la movilización. La primera, después de una legislatura basada en las políticas del “mal menor”, se limita prácticamente al choque de narrativas —no sólo entre bloques, sino también en su interior— sobre el balance del Gobierno de Coalición Progresista (GCP). Tiene en su haber los “escudos sociales” que han permitido las ayudas europeas, pero con graves dificultades de gestión por una administración del Estado disfuncional, en la que se ha bunquerizado la derecha en sectores enteros, como el judicial. Y unas clases dominantes en el sector financiero e industrial que pretenden utilizar a su favor la crisis estructural del régimen del 78 para una restauración reaccionaria del mismo que apoye el crecimiento de sus beneficios, a pesar de la caída de la productividad por falta de inversión productiva, en el trasvase a su favor de rentas salariales y el gasto fiscal.[3] Un reciente artículo de Antonio Muñoz Molina expresa toda la amargura de los votantes progresistas ante la disfuncionalidad redistributiva del Estado (en el sector bajo de la Unión Europea, inferior a la media, situado en el 9 % del PIB).
En cuanto a la movilización, las encuestas señalan la ventaja de las derechas, por el momento. Hasta qué punto es consecuencia del efecto acumulativo de las políticas del mal menor, es discutible. Pero éste es el principal reproche de Podemos contra Sumar, tras su separación en dos proyectos, cuando atribuye a su presión en el gobierno los aspectos progresistas de la legislatura frente a una actitud más condescendiente de Yolanda Díaz.
Por otra parte, el inicio de lo que debería haber sido la campaña preelectoral de las izquierdas desde comienzos de año no ha podido ser mas contradictoria y corto-plazista. El pico de esta tendencia ha sido la reforma de la Ley de Libertad Sexual, en la que el PSOE ha priorizado mantener su hegemonía indiscutida en las izquierdas, a través de un acuerdo funcional con el PP, que reforzar su coalición parlamentaria. La Ley de Vivienda también ha abierto una brecha con el PNV (Partido Nacionalista Vasco), mientras que el plan de vivienda social que lo acompaña —con compromisos de hasta 183.000 unidades— se basa prácticamente en la utilización de fondos europeos. Como cualquiera de los otros proyectos legislativos anunciados por uno u otro componente del GCP, más como adelanto de su programa electoral que como algo factible (tope a las hipotecas, cesta básica alimentaria, ley de salud mental… sin olvidar otras que quedan como testimonio de los limites del régimen del 78, como la Ley Mordaza).
Sin embargo, en el último informe preceptivo de las políticas económicas a la Comisión Europea, el gobierno prevé una política de ajuste de unos 20.000 millones de euros (1,5 % del PIB) en dos años y situar el déficit público en el 3% en 2025, gracias en parte a un aumento de los ingresos fiscales del 0,8 % del PIB y un crecimiento del PIB en 2024 y 2025 del 2,4 % y 1,9 %.
Hasta qué punto es coherente el modelo de capitalismo de competencia “justa” y “regulada” por el estado que defendió Pedro Sánchez en el Senado, está por ver. Las experiencias de reforma para humanizar al capitalismo suelen chocar con la lógica cíclica del sistema productivo y con la resistencia contumaz de las clases dominantes. Nos encontramos desde comienzos del siglo XXI en una onda larga descendente del capitalismo que ha acumulado ya tres crisis devastadoras como la Gran Recesión de 2007-2008, la crisis del COVID-19 y el choque inflacionista que ha acompañado a la guerra de Ucrania. La política de los bancos centrales de subida de las tasas de interés políticas tiene como objetivo provocar una recesión y consolidar a su favor una correlación de fuerzas que permita reestructurar a la baja el mercado de trabajo para asegurar los beneficios iniciales necesarios para la transición del modelo productivo y energético. Éste es el marco del nuevo Consenso de Bruselas, a iniciar con un ajuste fiscal en 2024 y limite externo de cualquier gestión gubernamental en la Unión Europea. ¿Cabrá en él un capitalismo de competencia “justa” y “regulada”?
Pero el pulso en el Reino de España entre las mayorías sociales y las clases dominantes tiene también su propio marco, que es la crisis del régimen del 78. La polarización creciente, la crispación política y social, la hoja de resultados del reparto de las ayudas europeas implican serias limitaciones en los márgenes del consenso del mal menor de las izquierdas. Sería un grave error no hacer todo lo posible para evitar una victoria de las derechas y un gobierno de PP y Vox, que abriría la puerta a la plasmación institucional de una restauración reaccionaria del régimen del 78.
La movilización de las izquierdas, la acumulación de fuerzas organizativas necesarias para la nueva fase que se abrirá en las políticas económicas de la Unión Europea —que la actual competencia geopolítica interimperialista sólo puede agravar—, requiere un horizonte que vaya más allá de unas tácticas electorales de dudosa credibilidad y eficacia. Requiere una estrategia de respuesta a la crisis múltiple del régimen del 78 y a las restricciones regulatorias agobiantes del Consenso de Bruselas. Y empezar a dar los primeros pasos para debatirla y articularla preparándose para resistir y derrotar unitariamente a las derechas extremas.
Notas
[1] Nota de la editora (RC): Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales para el 23 de julio tras el triunfo de las derechas, del Partido Popular (PP) y Vox, en las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo.
[2] Nota de la editora (RC): Según la información presentada en Descifrando la Guerra, el PSOE perdió en las regiones de Aragón, Baleares, Cantabria, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja, pero se mantuvo en Asturias y Castilla-La Mancha. En las Islas Canarias, también ganó, pero la mayoría absoluta dependerá del pacto que pueda hacer la Coalición Canaria.
[3] Es demasiado pronto para evaluar el preacuerdo anunciado por CCOO y UGT con la patronal CEOE para un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) con aumentos salariales del 4 % en 2023 y del 3 % en 2024 y 2025. Teniendo en cuenta que la media de la inflación para 2022 ha sido de 8,4 %, la propuesta sindical inicial era de 5 % para 2022 y 4,5 % para 2023 y 3,75 % para 2024, el preacuerdo supone una reducción de partida de más de cuatro puntos frente a la inflación. Tras la campaña “Salarios o conflictos” de CCOO y UGT que ha convocado este 1 de mayo, el preacuerdo alcanzado pocos días después revela de alguna manera la lectura de la correlación de fuerza social por parte de ambas direcciones sindicales y de su capacidad de movilización en los convenios sectoriales. Por parte de la CEOE, el nuevo giro de su presidente Antonio Garamendi, después de realinearse con el PP y rechazar cualquier negociación de un “pacto de rentas” en año electoral, parece más sencillo de entender: en caso de victoria de las derechas un acuerdo de este tipo será papel mojado dada la orientación económica de un gobierno PP-Vox. En caso contrario, será un freno para cualquier removilización sindical en un horizonte de cuatro años más de gobierno progresista.
Gustavo Buster es coeditor de Sin Permiso.
Foto de cabecera: Ajuntament Sant Sadurní d’Anoia. Elecciones municipales, 28M.