Dossier Democracia, Ciudadanía y Propiedad
Alejandro Estrella
Oh, God save history
Sex Pistols, 1977.
God save your mad parade
Oh, Lord, God have mercy
All crimes are paid
En este artículo sostendré dos ideas. La primera tiene que ver con lo que denomino “principio de propiedad soberana”. Creo que esta noción ayuda a entender el desafío que supone para la democracia y la ciudadanía el movimiento neorreaccionario en Estados Unidos, el cual ejerce una creciente influencia en la segunda administración Trump. La expresión se encuentra en las mismas fuentes del movimiento neorreaccionario. Pero no se trata exclusivamente de un principio doctrinal: lo vemos operando en prácticas, diseños y experimentos en marcha. Forma parte, cabría decir, de una racionalidad política.
La segunda idea que quiero plantear es que esta noción es un producto social que se precipitó durante la segunda década de este siglo, como resultado de la sincronización de dos experiencias. Por un lado, la de un público “nuevo” surgido a raíz de la crisis de la deuda de 2008; por otro, la de un grupo de intelectuales marginados que, procedentes de linajes diversos, convergen en un espacio informal, donde reelaboran materiales antiguos al calor de la nueva demanda. Esta exitosa interacción dotó a lo que, hasta ese momento, eran propuestas marginales, de atención y prestigio entre círculos de la alt-right y entre relevantes sectores de Silicon Valley. A partir del segundo mandato de Trump, este ecosistema ejerce manifiesta influencia en la Casa Blanca, sobre todo mediante figuras como J.D. Vance, Elon Musk o Peter Thiel. Comenzaré desarrollando esta segunda idea.
Entre 2004 y 2006, en pleno auge del mercado inmobiliario en Estados Unidos, se extendió una política de crédito fácil bajo las denominadas hipotecas subprime. Las subprime consistían básicamente en vincular la garantía del pago, no a lo que el comprador podía cubrir con su salario, sino al futuro precio de la casa que, se esperaba, aumentaría debido a la creciente demanda. Pero a mediados de 2006 el precio de la vivienda tocó techo. Desde mediados de 2007 los impagos se multiplicaron de forma dramática. La crisis del mercado inmobiliario pronto se contagió a todo el sistema financiero. El motivo era que los bancos emisores de las subprime las habían empaquetado en títulos, mezclándolas con otros productos más seguros, y luego las habían vendido a entidades financieras que habían hecho lo propio. En definitiva, nadie sabía cuánto riesgo tenía, ni quién debía qué a quién. En 2008, con la quiebra de Lehman Brothers, el sistema colapsó. Lo que vino después es conocido: rescate financiero, crisis económica generalizada, incremento de los despidos y multiplicación de ejecuciones por impago. Quienes lograron conservar su casa quedaron expuestos a la doble amenaza del desempleo y de una posible ejecución hipotecaria.
Desplacémonos ahora a otro escenario. Durante la década de 1990, el sistema universitario estadounidense se caracterizó por una sobreproducción de credenciales académicas y una contracción de la oferta de puestos estables. Esta escasez estructural coincide con un momento en el que se intensificaron las sanciones contra quienes cuestionaban las políticas de integración y los discursos sobre diversidad racial y de género, cada vez más presentes en la vida universitaria y en los grandes productores ideológicos de la cultura oficial.
Libertarios austriacos, utopistas tecnológicos, grupos de estudio de raza y cociente intelectual, integristas religiosos, etnonacionalistas y furibundos antigénero se vieron obligados a buscar espacios de creación alternativos en instituciones privadas, fundaciones, plataformas digitales o en proyectos vinculados a sectores de un Silicon Valley que comenzaba a despuntar de la mano del boom de internet. Con un discurso cada vez más radicalizado, tuvieron que enfrentar, sobre todo a partir de 2010, una nueva cascada de denuncias y cancelaciones que culminaron con el cierre de no pocos de estos espacios.
Estas dos experiencias pertenecen a series históricas distintas. ¿Qué hizo posible su sincronización entre 2010-2020? En un artículo de próxima aparición, Jorge Lago ofrece pistas interesantes. Lago considera que el colapso de 2008 no fue exclusivamente el comienzo de una crisis económica, sino el fin de una forma de racionalidad política y del régimen de temporalidad que le era propio. En la década de 1970 el pacto fordista de posguerra había entrado en crisis. Este acuerdo se sostenía sobre una “socialización del riesgo”. A través de la forma salario, el trabajador ingresaba en un sistema de seguridad colectiva gestionado, fundamentalmente, mediante dispositivos estatales. Hacia 1980, la alianza entre neoliberalismo y neoconservadurismo se había convertido en el nuevo marco hegemónico, sustituyendo el viejo modelo fordista por uno basado en la “individualización del riesgo”: ahora cada individuo gobernaba su propia vida y se hacía responsable de ella. Esto fue posible gracias a una política de “democratización del crédito” que permitió a amplias capas de la población acceder a una vivienda en calidad de propietario. La vivienda funcionaba como un dispositivo de gobierno de nuevo cuño frente a los dispositivos fordistas. Se trataba de un activo y a la vez un refugio de seguridad familiar que materializaba la promesa de una “democracia de propietarios” (Thatcher dixit). La hegemonía neoliberal-conservadora se sostenía, por tanto, sobre el óptimo funcionamiento de este dispositivo, el cual prometía, a quien estaba dentro, mejora, y a quien quedaba fuera, la posibilidad de acceso. El “crédito” del que gozaba esta promesa se basaba, en definitiva, en el acceso a un “crédito” bancario.
Este sistema quebró en 2008. El activo perdió su valor y, al hacerlo, la promesa que el dispositivo llevaba inscrita quedó en entredicho. Como ya no se contaba con un sistema de seguridad colectiva, la población hubo de enfrentar la crisis sin otros recursos que aquellos de los que disponía cada individuo. La promesa de una “democracia de propietarios”, de un futuro dentro del orden hegemónico, dejó de funcionar como instancia de legitimación cuando la lógica del dispositivo de la vivienda entró en crisis. Lo que quebró en 2008 no sólo fue el sistema financiero, sino una forma de racionalidad política y un régimen de temporalidad.
También esos intelectuales marginales a los que me he referido más arriba habían adquirido un título de propiedad con una promesa inscrita: una credencial académica que, se entendía, habría de conferir, tarde o temprano, reconocimiento y un lugar en el espacio intelectual. Cuando esa promesa se reveló vacía —en parte, porque la democratización del crédito también amplió el acceso a la enseñanza superior—, buscaron cumplirla en espacios alternativos. Pero pronto descubrieron que estos espacios al margen de la academia tampoco aseguraban el futuro: estaban expuestos a políticas de cancelación similares a las de las instituciones oficiales.
La crisis abierta en 2008 creó la oportunidad de que estas dos experiencias sintonizaran. Por un lado, creó un potencial público dispuesto a dar crédito a posiciones hasta entonces marginales. Produjo también una energía colectiva que alineó trayectorias intelectuales hasta entonces heterogéneas. El cruce entre ambas series se expresa en algunos datos significativos: el considerable aumento de la audiencia que visita esos espacios alternativos, la constitución de una red informal de debate que no existía previamente, o la circulación de nuevos rótulos que, acuñados dentro y fuera de la red, daban cuenta del fenómeno: “neorreacción”, “reactoesfera”, “NRx” o “Ilustración Oscura”.
Hasta aquí las condiciones que permitieron que ambas experiencias sintonizaran. Pero aún queda por responder una pregunta fundamental: ¿qué hizo posible que se leyeran como parte de una misma problemática? ¿Qué gramática común las hizo homologables? Para responder a esta pregunta es necesario considerar dos cosas. La primera tiene que ver con la naturaleza del nuevo espacio de atención. NRx no debe entenderse como un movimiento intelectual homogéneo, ni como un agente dotado de un programa político explícito. Tampoco fue una respuesta directa a la urgencia de la crisis. Lo que surgió, más bien, fue una suerte de laboratorio en el que se dieron cita materiales procedentes de linajes dispersos. Estos materiales no los creó la crisis, ya estaban allí. La crisis sólo los hizo disponibles para que pudieran reordenarse en el marco de un nuevo contexto creativo. Es aquí donde cabe situar el origen de esa gramática que, rebasando el marco específico de la crisis, permitía no obstante interpretarla y ensayar respuestas alternativas al orden establecido.
En segundo lugar, para comprender esta gramática, y el papel que en ella desempeña el principio de propiedad soberana, debemos introducir un segundo elemento. Sabemos que todo dispositivo de gobierno implica un régimen de temporalidad, un intento por integrar la apertura del futuro en las condiciones del presente. Pero un dispositivo también lleva inscrito todo un sistema de obligaciones mutuas. Cabría decir que una expectativa de futuro es creíble en la medida en que algo o alguien responde por ella. Un régimen de propiedad puede entenderse en estos términos. El valor de una propiedad, sea un bien o una característica, radica en la creencia de que aquello que confiere pueda llegar a materializarse. La pregunta que sigue es si ese poder de conferir está respaldado por un tercero y en qué medida el garante está obligado a responder en caso de que la expectativa no se cumpla. Un sistema de propiedad implica, en definitiva, una economía moral.
Visto así, la crisis de 2008 revela algo decisivo: cuando la promesa inscrita en el dispositivo de la vivienda dejó de cumplirse, se descubrió que no había nadie obligado a responder por ella. El poder de conferir dejó de funcionar porque, en realidad, no estaba garantizado por un tercero. Esto no significa que no hubiera garante. Lo había, pero operaba en otro registro. A diferencia de una promesa, una deuda posee plazos estipulados, cantidades exigibles y, sobre todo, una garantía de que se ejecutará en los términos acordados. Cuando la promesa se evaporó, lo que quedó fue la deuda desnuda. El presente (la propiedad de la vivienda) ya no sólo no aseguraba el futuro (que, como activo, había perdido su valor) sino que quedaba “hipotecado” por el pasado (el viejo crédito, en forma de deuda).
El Estado, como garante último, intervino. Pero lo hizo en una sola dirección. No se limitó a asegurar la ejecución de las hipotecas: socializó las pérdidas y respondió ante sus acreedores, los grandes inversores privados frente a quienes estaba obligado, no por promesas, sino por deudas contraídas. La crisis puso en evidencia aquello que había permanecido oculto mientras el dispositivo funcionaba adecuadamente: que aquella “democracia de propietarios” consistía en comprar una promesa con deuda y que, en ese trueque desigual, la garantía operaba en una sola dirección.
No fue la crisis en sí, sino la constatación de esa asimetría lo que deslegitimó al sistema. Junto con el dispositivo de la vivienda y su régimen de temporalidad quebró una economía moral: la creencia, implícita, en un justo reparto de las obligaciones mutuas y en el sistema de garantías que debía protegerlo. La impugnación conoció dos tipos de elaboraciones. La primera, que inspiró a la mayoría de los movimientos progresistas del periodo, entendía que el colapso del sistema financiero era producto de la desregulación y de las prácticas especulativas sobre un bien de primera necesidad. El rescate a la banca y la socialización de las pérdidas no eran sino la forma de salvar a quienes habían provocado la crisis. La actuación tendenciosa de unas élites políticas cooptadas por el poder financiero traicionaba el acuerdo tácito adquirido con la ciudadanía. La deuda, concluían, era ilegítima porque se trataba de una estafa.
La segunda elaboración era de signo reaccionario y centraba su atención en la figura del garante. El problema no era atribuible a una falla puntual en su funcionamiento, sino a la lógica intrínseca con la que operaba y que la crisis no hizo sino evidenciar. La democracia y el Estado redistributivo, entendían, se encuentran atrapados por una lógica perversa. La alianza entre la élite política internacional y los intelectuales de la cultura oficial —que son realmente quienes imponen la agenda y las políticas públicas— se sostiene gracias a la compra sistemática de lealtad a cambio de reconocer más y nuevas demandas. Para que estas demandas existan y se crea que, tarde o temprano, todas serán atendidas, se requieren al menos dos cosas: grupos permanentemente movilizados y un sistema de confiscación y redistribución de los bienes de los propietarios productivos. La narrativa del progreso —entendida como promesa del reconocimiento de la diferencia en un plano de igualdad y, por tanto, de su justo acceso al reparto de los recursos— constituye el pilar ideológico de lo que se entiende como un latrocinio organizado, fuente inagotable de conflictos políticos. La crisis no era tanto una estafa como el producto de décadas de mal gobierno de una élite burocrática corrupta e irresponsable, incapaz de garantizar la seguridad de los propietarios ante los que, supuestamente, debía responder.
La experiencia vivida en el ámbito intelectual podía codificarse en términos similares. Aquí tampoco existía un garante de esa promesa meritocrática, inscrita en el título académico. La constatación admitía nuevamente una declinación progresista o reaccionaria. La diferencia radica en cómo se relacionaba el incumplimiento de esa promesa con la ejecución de una deuda. En el primer caso, se incumplía porque los gobiernos neoliberales priorizaron la obligación contraída con mercados e inversores privados, relativa al adelgazamiento y privatización de las funciones sociales del Estado. En el segundo caso, la deuda era de naturaleza distinta: esa que habían adquirido las instituciones oficiales con grupos históricamente excluidos y cuyo pago se ejecutaba ahora, bien mediante normativas, cuotas y programas de integración, bien por medio de ese consenso opresivo que castigaba a cualquiera que se atreviera a denunciarlo.
La lectura reaccionaria funcionaba, por tanto, desde una lógica que cabe resumir del siguiente modo: el problema radica en un sistema corrupto e irresponsable que, para reproducirse, requiere de la permanente integración de la diferencia y de una promesa de acceso universal al reparto de los recursos. Esta política de integración devalúa constantemente el valor de la propiedad, sea ésta un bien o una característica que se posee. Esta idea de la propiedad como rasgo, dicho sea de paso, es importante porque permitía extender el diagnóstico a otras experiencias, ahora homologables, como la relación entre nacionales y extranjeros o las relaciones de género. En cualquier caso, el sistema actual en todas sus escalas no es sino una manera de producir sistemáticamente desorden y decadencia. La conclusión caía por su propio peso y aleja a NRx del conservadurismo oficial: el sistema es irreformable y la única solución pasa —según una metáfora que se repite en las fuentes— por resetearlo e instalar un nuevo sistema operativo.
Aquí es donde ancla la conocida fórmula neorreaccionaria del Exit: dado que el garante es irresponsable y corrupto, y dado que, además, no puede dejar de serlo sin comprometerse a sí mismo, la única solución viable pasa por fundar un nuevo régimen de propiedad “afuera”, capaz de garantizarse a sí mismo sin necesidad de la autoridad de un tercero. Además, debe contar con un mecanismo o un agente que limite el acceso a ese espacio, con capacidad para expulsar a quienes pongan en peligro el valor de la propiedad. Sobre esta base se apuntala el principio de “propiedad soberana”, con lo que ahora paso a desarrollar la primera idea con la que abría el artículo.
La idea consiste básicamente en redefinir la noción de propiedad (dominium) en términos de soberanía política (imperium). Curtis Yarvin, por ejemplo, considera que el problema crucial que debe conjurar cualquier orden que aspire a la estabilidad es el de la violencia, y, en concreto, el de la violencia política organizada. Su origen radica fundamentalmente en el conflicto en torno a bienes escasos y en la incertidumbre que generan las demandas de quienes esgrimen derechos al respecto. La propiedad soberana debe sostenerse, entonces, no apelando a derechos abstractos que requieren de un tercero para dirimir la disputa y garantizar su resultado, sino sobre hechos constatables. Yarvin define la propiedad como cualquier estructura estable de control monopólico que habilita a quien lo ejerce para excluir a un tercero, independientemente de los derechos que este pueda esgrimir al respecto. Años antes, si bien aún desde un marco normativo, el libertario Hans-Hermann Hoppe afirmaba, en The God That Failed, que el concepto de propiedad lleva implícitos, no sólo el derecho de segregación (exclusión) sino el de secesión (excluirse); términos en absoluto inocentes en la cultura política norteamericana.
En sintonía con lo anterior, Hurlock introduce, en una entrada de su blog, explícitamente la noción de propiedad soberana. Robinson Crusoe, afirma, no reclama derechos de propiedad sobre una naranja porque la isla se encuentra deshabitada: él es su soberano de facto. Los derechos de propiedad aparecen cuando Crusoe abandona la isla y surge la expectativa de control frente a otros agentes humanos. La soberanía, concluye, precede lógica y necesariamente a los derechos de propiedad, que no son sino el resultado de un determinado equilibrio de poder.
Nick Land, por su parte, señala que el fracaso del liberalismo radica en intentar fundamentar la propiedad a partir de su origen. El principio lockeano de la adquisición originaria y de la mejora (improvement) contiene ya como posibilidad una resignificación revolucionaria de la teoría del valor-trabajo, por lo que debe considerarse como un axioma protomarxista. Shoahlmes, señala Land, ha sabido rescatar lo esencial de la apuesta de Yarvin: la “propiedad —como categoría social— es una legitimación del control. Desciende conceptualmente de la soberanía, y no de la producción”.
En cualquier caso, aquí surge una pregunta decisiva. Si, como señala Yarvin, lo importante no es si la distribución de la propiedad es justa, sino si es estable, el problema de cómo la propiedad soberana se garantiza a sí misma resulta prioritario. Creo que, tanto en el ámbito de la doctrina como en los experimentos vinculados a NRx, se identifican al menos tres estrategias para dar respuesta a este problema. La primera pasa por fijar y blindar el código que ordena el régimen de propiedad y la estructura del reparto. El código puede ser de naturaleza legal (Hoppe), informática (Yarvin), criptográfica (Land), genética (en autores vinculados a los estudios de Human Biodiversity) o sagrada (entre tradicionalistas e integristas religiosos). En cualquiera de los casos, el orden propietario se sustenta sobre un código cuya lógica (axiomática, técnica, natural o sobrenatural) no se interpreta: se ejecuta. El orden se garantiza a sí mismo por diseño, situándose fuera del marco de la disputa. Nadie pelea, concluye Yarvin, si el resultado está predeterminado. La democracia, entendida como espacio de discusión colectiva en torno a la norma fundamental, se vacía de contenido.
La segunda estrategia tiene que ver con la instauración de un poder soberano de exclusión. Porque, si bien el código fija la estructura de propiedad y no se discute, aún queda por decidir quién accede al espacio y quién queda fuera. El problema de la pertenencia es decisivo, porque el valor de la propiedad, sea un bien o un rasgo característico, depende para NRx de la escasez. Una estructura de la propiedad que se blinda, pero que aún contempla un acceso masivo a su reparto, ni confiere ni distingue. La garantía de estabilidad depende, por tanto, de una decisión que el código no puede tomar por sí mismo: la de la admisión o expulsión del espacio. Sea la comunidad de propietarios (Hoppe), el CEO-soberano (Yarvin), la nación-corporación (Sailer) o la élite cognitiva (Murray), el nuevo régimen de propiedad requiere de un poder soberano que, de forma discrecional e inapelable, decida sobre el umbral: la política, una vez que la norma se blinda frente a la disputa democrática, se desplaza a la frontera y queda en manos de un poder ajeno a cualquier control democrático.
Finalmente, una tercera estrategia para dotar de estabilidad al régimen de propiedad tiene que ver con el sistema de obligaciones mutuas; es decir, con su economía moral. No todos los que forman parte del nuevo orden son propietarios. Y los no propietarios no pueden responder de sí mismos porque nada garantiza su autonomía. Para existir socialmente dependen de la figura de un propietario que se hace responsable de ellos a cambio de obediencia, por ejemplo: el residente o el pupilo ante su tutor (Yarvin), el arrendatario o los dependientes bajo el cabeza de familia (Hoppe), las mujeres sometidas al marido, que es rey bajo su propio techo (Jim Donald). Formalmente el vínculo es recíproco, pero en realidad sólo una de las partes puede exigir, porque quien protege no está obligado a responder ante su protegido. El resultado es una cadena de dependencias personales que destruye el nexo ciudadano. La ciudadanía no obliga a nadie con nadie en particular, sino con el común, con ese sujeto colectivo del cual se forma parte de manera activa. La propiedad soberana de NRx destruye la posibilidad de construir ese sujeto, fragmentándolo en un entramado de dependencias personales. Siguiendo a Antoni Domènech, cabría hablar de una colonización de la “ley cívica” por parte de la “ley de familia”, de la “ley del amo”, esa que Rita Segato tematiza bajo la noción de dueñidad. Detrás de este sistema de sujeción se atisba, en conclusión, la problemática que convoca a la neorreacción: cómo diseñar un sistema de garantías para el régimen de propiedad soberana que no requiera de la autoridad de un tercero.
En realidad, se trata de una problemática coherente con el fracaso de un modelo de sociedad basado en la individualización del riesgo y su economía moral. Por eso creo que no basta con denunciar su apuesta por un nuevo apartheid, y menos aún ridiculizarla. Es probable que ya tampoco sirva volver a exigir una garantía que nunca existió. El desafío que nos plantea la neorreacción es más bien el de imaginar y poner en práctica dispositivos en los que opere un nexo de obligaciones mutuas que garantice un futuro para todos.
