La política migratoria española se encuentra en una etapa de profundas contradicciones, que se hacen más evidentes por la presión del movimiento migrante organizado y el avance de la extrema derecha. El verano de 2026 estuvo marcado por el proceso de regularización extraordinaria que cerró con más de un millón de solicitudes, y que se ha visto ensombrecido por el cruce a nado y por tierra de miles de personas que llegaron desde territorio marroquí hasta Ceuta, una ciudad española que hace frontera terrestre con Marruecos, y que, junto con Melilla, constituye un pequeño enclave colonial español que se encuentra en territorio africano. La ONG Caminando Fronteras reporta al menos 141 víctimas mortales y decenas de personas desaparecidas durante el intento de cruzar la frontera hacia España. Se trata del evento más mortífero en la historia de la frontera sur española.
El proceso de regularización migratoria gestado tras la pandemia no puede desvincularse de la tragedia constante en la frontera sur. Puntos críticos como Ceuta y Melilla —donde hoy persisten cruces masivos a nado y terrestres, devoluciones exprés y una crisis humanitaria inducida— representan una violencia necropolítica que tuvo uno de sus momentos más oscuros en la masacre de Melilla de 2022. Sin embargo, esa exclusión no acaba en las vallas: las políticas de irregularización que cobran vidas en la frontera física se extienden directamente a la vulnerabilidad cotidiana de miles de personas en todo el territorio, convirtiendo la regularización en una respuesta urgente e ineludible.
El proceso de regularización extraordinaria irrumpió como una luz de esperanza en un mundo en el que la extrema derecha avanza y la guerra contra las personas migrantes se recrudece. Por ejemplo, la administración Trump 2.0 y sus sicarios de la policía fronteriza, ICE, realizan una cacería de personas migrantes que ha tenido graves impactos en la vida de miles de personas migrantes irregularizadas. Europa no es la excepción y el giro regional hacia la extrema derecha se ve reflejado en políticas europeas que refuerzan y vulneran gravemente los derechos de las personas migrantes, como la recién aprobada reforma europarlamentaria que legaliza la expulsión sin debido proceso judicial de solicitantes de asilo y refugio.
A nivel internacional, la regularización impulsada por el Gobierno de España representó un respiro. Sin embargo, desde una mirada estructural, este paso no debe entenderse como un gesto o concesión institucional: la regularización es, ante todo, una conquista histórica del movimiento migrante organizado, que ha empujado y sostenido esta demanda en las calles.
El proceso de regularización extraordinaria terminó el pasado 30 de junio de 2026 y nos deja muchas claves para reflexionar sobre las luchas y resistencias migrantes que se despliegan en este territorio. Poco a poco, las personas migrantes vamos avanzando en la lucha por nuestros derechos en un país que se transforma con la presencia de miles de personas provenientes principalmente del sur global.
El así llamado proceso de Regularización Ya!, surgió en el año 2020, en el marco de la pandemia por COVID-19, como una plataforma en donde confluyen más de cien organizaciones de la sociedad civil con una demanda específica: conseguir que las personas irregularizadas por las leyes que nos extranjerizan pudieran ser reconocidas como migrantes legalizados, tal como lo hizo el gobierno de Portugal, como medida extraordinaria en el año 2020.
Desde entonces, en el escenario político español se buscaron todas las grietas posibles para lograr la regularización de personas en situación administrativa irregular. Una de las vías fue una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), un mecanismo de participación política que permite a la ciudadanía proponer directamente la creación o modificación de una ley en el parlamento sin recurrir a representantes políticos. Para ello es necesario recabar un mínimo de 500 mil firmas acreditadas a fin de que pueda ser admitida a debate en el Congreso de los Diputados. En el año 2022, se consiguieron más de 700 mil firmas para solicitar dicha regularización. Pero la estrategia parlamentaria no funcionó; a lo largo del año 2025 la ILP fue bloqueada en la Cámara de Diputados sin que se pudiera avanzar por ese camino. Sin embargo, durante estos años el movimiento migrante tomó fuerza y empuje, y finalmente en este año 2026 se consiguió que la regularización fuera un tema central en las negociaciones políticas entre Podemos y PSOE (partido político que actualmente gobierna el país), y fue así como la regularización extraordinaria se aprobó por medio de un Real Decreto.
El proceso de regularización se sostiene de la fuerza política del movimiento migrante: somos un actor que cada vez toma más fuerza en el tablero político del Estado español, tanto para movilizar el racismo y la xenofobia en las comunidades políticas de los múltiples nacionalismos que cohabitan en el Estado español, como para encontrar grietas, alianzas y fuerza política en algunos espacios que están convencidos de que sólo se podrá avanzar en el acceso a derechos y condiciones de vida en igualdad si se incorpora un enfoque antirracista en los movimientos sociales.
No obstante, el proceso de regularización tuvo dimensiones complejas, contradictorias y agridulces. Durante el proceso de regularización hubo muchas situaciones derivadas del racismo institucional que muestran el desprecio, tutelaje y negación de cualquier forma de agencia política de las personas migrantes. Los trámites no fueron sencillos para miles de personas; había mucha desinformación y poca claridad porque, hasta que no saliera anunciada en el Boletín Oficial, no había certeza sobre los requerimientos para aplicar a dicho proceso.
La fecha límite para el anuncio oficial del proceso de regularización era el 30 de junio. Sin embargo, para cuando este decreto por fin salió en los canales institucionales, sólo quedaban 3 meses para que miles de personas pudieran realizar su trámite.
Para cuando por fin llegó la fecha, no se sabía a ciencia cierta cuáles eran los requisitos; había mucha especulación y, como suele suceder, hubo abogados que comenzaron a lucrar y cobrar por trámites que aún no comenzaban. Mientras tanto, miles de personas buscaron hacer los papeleos para adquirir constancias consulares de antecedentes penales apostillados. Para algunas nacionalidades, este certificado es un trámite relativamente sencillo, pero para otras, sobre todo africanas, es realmente complicado.
El proceso de regularización comenzó con una narrativa de desbordamiento, muy propia del gobierno global de las migraciones. Parecía que eran las personas migrantes las que desbordaban el sistema y no el propio sistema el que estaba diseñado para dificultar y excluir a miles de la posibilidad de ser personas con derechos en un país que las irregulariza.
En el marco de ese desbordamiento inducido se presentó el primer gran conflicto, muy típico de algunas izquierdas europeas que piensan que la clase social es el principal determinante social, sin acercarse al antirracismo y mucho menos reconociendo a las personas migrantes como sujetos políticos activos en este territorio. Por ejemplo, el Sindicato de Comisiones Obreras, la segunda institución de los trabajadores con más afiliados en el reino de España, convocó a una huelga indefinida en el Ministerio de Extranjería, precisamente el día que comenzaba la recepción de documentos por parte de ese órgano para las solicitudes de las personas migrantes.
La demanda sindical de los afiliados a CCOO era que se llegaba al proceso de regularización extraordinaria sin la infraestructura necesaria para agilizar los trámites y que los funcionarios, sus afiliados, ya de por sí tenían una carga elevada de trabajo. La crítica y la presión social hicieron que se desconvocara la huelga.
Abdelmalek Sayad, en su libro La doble ausencia. De las ilusiones del emigrado a los padecimientos del inmigrado, plantea que pensar las migraciones es analizar el Estado. El pensamiento de Estado nos atraviesa en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida. A pesar de que la existencia de los Estados es relativamente nueva, estamos atravesadas por la idea de Estado-nación. El Estado-nación plantea una identidad binaria que se divide entre un “nosotros” y los “otros”. Es por ello que reflexionar sobre la migración viene a ser en el fondo “interrogar al Estado, interrogar sus fundamentos, interrogar sus mecanismos internos de estructuración y de funcionamiento”, y de alguna manera visibilizar que el racismo institucional opera mediante dispositivos que tienen como base el desprecio y el tutelaje hacia las personas migrantes.
En mi paso por la academia europea, como activista mexicana y madre migrante que reside en el País Vasco, he sido testigo de la judicialización del debate sobre lo migratorio, como si analizar leyes, pactos y reglamentos fuera el centro del estudio sobre las migraciones. Esta es la formación que reciben miles de personas en la universidad española, y es precisamente esta mirada, basada en el pensamiento de Estado, la que hace énfasis en dos aspectos centrales. Primero, en la condición migratoria como el centro del debate, desdibujando precisamente que son las leyes migratorias las que irregularizan a la población. Y segundo, en la formación de educadores y trabajadores sociales que ya tienen una mirada binaria de las personas migrantes, como víctimas/victimarias, y que desde esta concepción realizan toda su atención social provocando dinámicas revictimizantes e induciendo a mayores condiciones de vulnerabilidad, antes que reducirlas.
A partir de escuchar y acuerpar a compañeras y amigas migrantes en sus procesos migratorios, en particular en esta etapa del proceso de regularización en este 2026, puedo constatar que el racismo institucional y la política del desprecio constituyen un dispositivo que opera en muchas trabajadoras sociales y personas funcionarias que no comprenden, no tienen empatía o no la quieren tener hacia procesos tan vitales que marcan y determinan las condiciones de vida de tantas personas consideradas racializadas; en otras palabras, he podido constatar la ingeniería de “la otredad” bajo el supremacismo blanco.
En concreto, en el proceso de regularización ganado por las propias organizaciones “migras”, el racismo institucional se expresó en al menos cuatro mecanismos:
- La desinformación inicial
- La falta de acompañamiento en la revisión de los expedientes
- La exigencia de certificados de vulnerabilidad
- La continuidad de redadas y deportaciones de personas solicitantes de regularización de su condición migratoria
El acompañamiento en los trámites fue limitado y no hubo suficiente apoyo institucional para facilitarlo. Por el contrario, en aquellas regiones gobernadas principalmente por la derecha se hizo todo lo posible por ralentizar los trámites necesarios para postular al trámite de regularización y primó la narrativa del desbordamiento para hacer campaña contra el proceso de regularización.
Fueron las propias compañeras del movimiento migrante quienes se organizaron en espacios de atención personalizada donde se revisaron expedientes y quienes acompañaron a las personas en sus trámites para asegurar la debida diligencia.
Otro absurdo de este proceso fue que, para solicitar citas para presentar la documentación, se necesitaba un DNI con certificado digital. Personas irregularizadas tenían que tener un número de identidad nacional o tarjeta de residencia para solicitar cita para su regularización. ¿Tiene esto algún sentido? Claro que no: es parte de una política de Estado que excluye y no reconoce a las personas migrantes como actores. La permanente tutela hacia las personas migrantes es una explicación para que personas que cuentan con un documento de identidad nacional tengan que ser quienes tramiten las citas para las personas irregularizadas. Sin embargo, siempre hay respuestas y redes de solidaridad que se activan: se abrieron grupos específicos con personas que tuvieran dichos certificados para solicitar las citas.
Por otro lado, surgió el gran tema del certificado de vulnerabilidad. Se trata de un documento oficial que certifica la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes en proceso de regularización. Este trámite se convirtió en un dolor de cabeza para miles de personas, pues se trata de un trámite que certifica la vulnerabilidad de las personas irregularizadas, cuya irregularidad en sí misma implica una condición de vulnerabilidad. Este trámite forma parte de la política del desprecio que menciona la periodista peruana Suiry Sobrino.
Otra gran contradicción es que durante todo este tiempo no pararon las redadas migratorias, detenciones y deportaciones contra personas migrantes a diferentes países. La portavoz del Movimiento Regularización Ya insistió en que cada quince días hubo vuelos de deportación, lo cual, en medio de un proceso de regularización, es una contradicción inaceptable. De hecho, al momento de escribir este texto, el movimiento de regularización denunció la deportación de personas que habían solicitado su regularización extraordinaria.
El proceso de regularización cerró el plazo para sus solicitudes el pasado 30 de junio. Más de un millón de personas solicitaron su regularización y, según cifras proporcionadas por el gobierno, más del 52% de los expedientes ya están en trámite. Cerca de 11 mil personas ya recibieron una resolución favorable. Pero aún queda mucho camino por recorrer: falta saber cuántas personas quedarán fuera del proceso de regularización y si tendrán la posibilidad de revisar su trámite. Falta también conocer si las personas podrán conseguir las citas correspondientes en extranjería (pues conseguir estas citas es una misión casi imposible); falta saber qué sucederá después del año de permiso de residencia que habilita esta regularización; nos falta mejorar las condiciones laborales de las jornaleras migrantes y de las compañeras trabajadoras del hogar, etc. Ahora, frente a la crisis humanitaria en Ceuta, nos falta saber qué sucederá con las miles de personas que se encuentran atrapadas en esa ciudad, en la total incertidumbre y en una instrumentalización de su destino para la agenda política española.
Hay muchos aspectos estructurales que quedan pendientes en este proceso que nos deja con una sensación agridulce. Por un lado, es una celebración de todo lo logrado por las compañeras migrantes gracias a la organización colectiva. Cada resolución favorable que concede los “papeles” significa una familia que duerme tranquila sabiendo que sus condiciones de vida pueden mejorar.
Nos queda reconocer la fuerza migrante que se moviliza en este territorio y que hace posible, poco a poco, que el racismo institucional se diluya. Nos queda reconocer cada victoria lograda cuando las personas migrantes nos empoderamos y hacemos frente a situaciones que buscan anularnos y tutelarnos en cada trámite, solicitud o acceso a derechos en el Estado español.
Este verano hemos visto los contrastes y contradicciones de la política migratoria española. En Ceuta son las mismas comunidades fronterizas y el movimiento social organizado quienes están respondiendo a la crisis humanitaria que se vive en la ciudad. En el proceso de regularización son las compañeras migrantes las que han movilizado toda su fuerza colectiva. A ellas les debemos gran parte de la esperanza que, estoy segura, está contribuyendo a transformar estos territorios coloniales.
* Activista e investigadora en derechos humanos. Investigadora predoctoral en Derechos
Humanos: Retos Éticos, Sociales y Políticos del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe
de la Universidad de Deusto. Su experiencia profesional y de activismo se ha enfocado en la
investigación, formación, sensibilización e incidencia en la defensa del derecho a migrar
con dignidad. Actualmente vive en el País Vasco, es madre migrante y participa en la colectiva
feminista y antiracista “Amarantas”.
