En Puerto Rico se siente el calor, y un timbre, a veces una campanita, anuncia a los heladeros por las mañanas, quienes empujan sus carritos a lo largo de las calles para ganarse la vida cuando a algún niño se le antoje uno de chocolate o parcha. En Puerto Rico se siente el calor, y una tarde de febrero un hombre reclamaba que los federales se llevaron a su amigo que vendía helados. Probablemente lo llevarían a un centro de detención temporero, como el que llaman “La Neverita”, antes de trasladarlo a una cárcel fuera del País. El carrito de los helados quedó suspendido en la acera, abandonado bajo el sol de Barrio Obrero, una comunidad predominantemente dominicana en el corazón de San Juan, Puerto Rico.
Desde enero de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) han invadido esa y muchas comunidades de personas inmigrantes en la isla caribeña a consecuencia de las políticas anti migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos desde 1898, cuando ese país invadió militarmente nuestra isla, que desde entonces “pertenece a pero no es parte de Estados Unidos”. Todas las fronteras puertorriqueñas las controla el gobierno federal estadounidense. Hoy esa violencia colonial habilita la violencia racista del gobierno de EE. UU. en Puerto Rico, y es la misma que intenta cerrar las puertas de nuestro País a nuestros vecinos caribeños, con quienes compartimos el continente submarino: mar, islas, tormentas y resistencias.
Como el hombre de los helados, el ICE también detuvo al hombre de los aguacates, cuando salió a comprar la fruta que no puede faltar en la dieta caribeña; y al hombre de los gallos, que salió a comprar comida para sus aves. Estos perfiles, como cientos de otros, contrastan, casi de forma absurda, con la imagen estigmatizada y ficticia de los supuestos delincuentes que el gobierno federal alegadamente ordenó detener. A estas alturas queda claro que los arrestos masivos contra personas inmigrantes nada tienen que ver con la supuesta seguridad nacional o con asuntos de criminalidad, sino con perfilamiento racial. Agentes del ICE invaden los barrios donde es sabido que viven comunidades inmigrantes, e intervienen con gente en las calles según su color de piel o según el acento que perciban.
Otro caso reciente que deja en claro el aspecto racista y sistémico de las detenciones migratorias es el de Aracelys Terreno Mota, mujer dominicana y migrante que vivía en Puerto Rico con una visa de trabajo aprobada, y cobijada como sobreviviente de violencia de género. Aracelys había asistido a la alcaldía del municipio de Cabo Rojo para recibir una orientación sobre su pequeño negocio de comida y helados. Un policía municipal la había citado con anterioridad. El empleado municipal, sin embargo, le tendió una trampa pues una vez la mujer llegó a la alcaldía, llamó a los agentes del ICE, quienes la detuvieron sin orden de detención alguna, sin respetar el debido proceso y la trasladaron fuera de Puerto Rico, a centros de detención en Florida, Texas y Nuevo México. El alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovitch, defendió las acciones del policía, reproduciendo una vez más una práctica de discriminación e impunidad que ya es común en las policías de Puerto Rico. Aracelys, quien ha vivido en la Isla por 21 años, estuvo veinte días detenida antes de que el 25 de junio fuese puesta en libertad, y aunque ha podido regresar a Puerto Rico, todavía su proceso no ha terminado. Su caso, una detención que nunca debió ocurrir, se suma a otros de personas inmigrantes de al menos 40 nacionalidades, en su mayoría dominicanas, que han sido detenidas de forma arbitraria, sistemática y discriminatoria.
Desde enero hasta finales de julio, el ICE ha detenido a más de 825 personas migrantes en Puerto Rico, y ese número continúa en aumento mientras escribimos esta columna. De esas detenciones, el 88% ha sido por asuntos meramente administrativos sobre migración; es decir, se trata de personas sin récord criminal. En promedio han sido 118 personas separadas de sus familias y hogares cada mes en 2025. Cada mes de este año ICE ha detenido a más personas de las que detuvo en el año entero de 2024, cuando arrestó a unas 74 personas.
Neo fascismo colonial en el Caribe “democrático”
La complicidad del gobierno de Puerto Rico con las redadas consecuentes de las órdenes ejecutivas de la administración Trump, bajo la premisa de que hay que cumplir con la ley y el orden, normaliza el patrón de criminalización, violencia de Estado y racismo hacia la comunidad migrante y racializada en Puerto Rico: operativos con decenas de agentes fuertemente armados y enmascarados, sin identificación; emboscadas en hogares, lugares de ocio y de trabajo y encarcelamientos masivos sin el debido proceso de ley. El gobierno federal está deteniendo a personas que conviven en nuestro país: que caminan las aceras agrietadas, que maldicen los apagones, que sueñan con un mejor futuro, que merecen protección y seguridad. De acuerdo con los planteamientos de Jason Stanley de su libro de How Fascism Works, esta obsesión por acatar “la ley y el orden”, aun cuando muta de la noche a la mañana mediante órdenes por decreto, es una característica del neo fascismo dentro de una democracia. Así pues, para entender la lógica de estas detenciones que están viviendo nuestras vecinas y hermanas migrantes en Puerto Rico, debemos conectarlas a los patrones globales de violencia estatal, autoritarismo y neofascismo mucho más amplios.
En Kilómetro Cero, hace tiempo que trabajamos para confrontar la violencia estatal, la vigilancia policial y el encarcelamiento como manifestaciones estructurales del autoritarismo. En los últimos años—especialmente tras los levantamientos globales a partir de 2019, los cambios en el panorama geopolítico, el genocidio que estamos presenciando en Palestina y la nueva presidencia de Trump en Estados Unidos—, las conexiones entre la violencia policial, el colonialismo y el resurgimiento del fascismo se han vuelto innegables. Esta tendencia es el resultado de un sistema global construido sobre el racismo estructural, el capitalismo colonial y la impunidad, todos sistemas que generan divisiones de poder y se fundan en la exclusión del otro (un otro racializado, colonizado) como política. Como lo ha explicado Diego Olavarría en su artículo Fascismo en tres partes, “fenómenos tan normalizados como la desigualdad social y las fronteras nacionales son posibles gracias a los sistemas de separación entre pobres y ricos, negros y blancos, minorías y mayorías religiosas. Es una de las patentes del mundo: conforme el poder se concentra, también aumentan los deseos de dominar. Los sistemas de opresión del pasado sirven como pronósticos del futuro”.
La presencia de estos sistemas de división que son autoritarios y normalizados en las democracias es lo que llamamos neofascismo. Los Estados intentan impulsar un discurso del “otro” en el que le adjudican a un grupo los adjetivos de “ilegal”, “criminal”, “delincuente”, etc., para dividirnos mediante el odio, como si un grupo fuese responsable de todas las crisis que vivimos hoy, librando de toda responsabilidad a los gobiernos, a quienes hacen la política pública y toman decisiones económicas.
“Puerto Rico es tierra de migrantes” ha sido uno de los lemas en manifestaciones recientes contra las políticas migratorias de Donald Trump y la colaboración y complicidad del gobierno de Puerto Rico. El reclamo de comunidades y organizaciones ha sido contundente: ninguna persona es ilegal. A pocos días del inicio de las redadas del ICE en Puerto Rico, más de 45 grupos se organizaron bajo el Frente Unido contra las Políticas Migratorias de Donald Trump. Entre otros asuntos, el Frente exige protecciones para las comunidades migrantes y el cese de cualquier colaboración del gobierno de Puerto Rico con la agencias federales para el arresto de personas migrantes.
Resulta un acto de traición a las comunidades migrantes que el gobierno de Puerto Rico no sólo se niegue a protegerlas, sino que colabore y facilite el trabajo del gobierno federal y del ICE para criminalizarlas. El Estado confirmó que entregó a ICE las listas de los datos confidenciales de las licencias de conducir de sobre 6,000 personas inmigrantes en el país. Esta colaboración ha permitido y todavía permite que agentes del ICE lleguen a los hogares de personas a sembrar terror, a arrestarlas, encarcelarlas y separarlas de sus familias, incluyendo menores de edad. Las acciones del gobierno de Puerto Rico y la completa impunidad con la que criminaliza comunidades ya vulnerabilizadas alimenta, posibilita y normaliza la continuidad de la violencia fascista a nivel global.
Permitir el encarcelamiento, la desaparición y exclusión selectiva de una población con absoluta impunidad en la escala local y nacional es permitir esas mismas violaciones en cualquier parte del mundo. Es decir, la violencia de Estado racista que permitimos en el archipiélago de Puerto Rico o en otras comunidades de migrantes en el Caribe, en México, en los Estados Unidos, posibilita y permite que esa violencia escale y se normalice cada día más en el ámbito global. Así, en el mundo entero observamos con espanto e incredulidad el genocidio y la limpieza étnica en Palestina, como si las violencias y la impunidad del Estado en nuestras experiencias y países no alimentaran las lógicas de ese genocidio.
El Caribe es un continente. ¿Quiénes son “los ilegales”?
Es contradictorio que Puerto Rico sirva, al ser una isla del Caribe, como enclave para desplazar a comunidades inmigrantes, mientras su política pública es la de invitar a norteamericanos ricos a mudarse al país sin pagar contribuciones, a expensas de las comunidades que ya viven aquí. Las nuevas políticas migratorias del gobierno de los EE. UU. son formas de violencia estructural que atentan contra la vida, seguridad y los derechos de personas racializadas y empobrecidas. El despliegue de agentes fuertemente armados es una forma de ejercer violencia, intimidación y terror, y atenta contra el bienestar y la salud mental de las comunidades. Que el gobierno de Puerto Rico sea cómplice con las órdenes del gobierno federal es una práctica completamente colonial y de traición a las personas caribeñas. Que el Estado declare que procesará criminalmente a quienes interfieran en operativos migratorios en Puerto Rico es una política de miedo que busca desconectarnos de nuestro tejido social.
Compartimos más con las islas del Caribe, con las que tenemos cientos de años de historia y cultura común, que con Estados Unidos, país que ha invadido a a Puerto Rico y a otros países “ilegalmente”. El colonialismo sí es un crimen internacional, y por eso no podemos dejar de cuestionarnos quiénes realmente están aquí de forma ilegal: ¿son los caribeños, con quienes compartimos plataforma geográfica, idioma, historia y cultura, o son quienes están aquí por vía de una invasión militar y un sistema colonial centenario?
Como personas que habitamos el sur global y que vivimos un contexto de colonización, y ante el patrón global de autoritarismo, es nuestro deber rechazar y resistir las políticas que atentan contra nuestras comunidades. Contundentemente debemos denunciar la violencia de Estado y la violencia colonial e imperial como racista y asesina. Nuestra historia es una de migración y de resistencia. Reconociendo nuestra responsabilidad histórica con nuestras hermanas y hermanos caribeños, desde Kilómetro 0 en Puerto Rico, reclamamos y exigimos:
- El fin a la colaboración del gobierno de Puerto Rico con el ICE, el DHS y la CBP: Urge una política de santuario que rechace cualquier colaboración con agencias migratorias federales. La ACLU de Puerto Rico ha presentado un proyecto de ley a estos efectos y el Frente Unido contra las Políticas Migratorias del Presidente Trump apoya el proyecto.
- Protecciones legales y humanitarias para las personas migrantes en Puerto Rico: Toda persona en Puerto Rico merece acceso igualitario a salud, educación, vivienda y defensa legal sin importar estatus migratorio.
- El cese a la criminalización de la migración: Rechazamos la narrativa que asocia la migración con la criminalidad. Migrar no es un crimen y ningún ser humano es ilegal.
- El cese del encarcelamiento a las personas migrantes: Denunciamos el uso del sistema penal como herramienta de castigo y encarcelamiento para controlar las crisis sociales. El encarcelamiento masivo es tortura. Lo que ocurre en las cárceles llamadas “centros de detención” en los EE. UU. y en El Salvador llega a tales niveles de abuso y crueldad que incluso puede considerarse tráfico humano.
Las personas autoras son coordinador de documentación y fundadora y directora ejecutiva de Kilómetro 0, organización sin fines de lucro que aspira a un Puerto Rico que proteja la vida, la libertad y la dignidad humana en la búsqueda de la seguridad pública.
