Venezuela se encuentra hoy en el centro de una ofensiva que combina agresiones económicas, campañas mediáticas y disputas geopolíticas de alcance global. Pero más allá de mirar sólo los acontecimientos recientes, es importante conocer cómo dichas acciones forman parte de una prolongada estrategia, orientada a debilitar no sólo a un gobierno, sino también a un proceso social y popular que, pese al bloqueo y la estigmatización internacional, ha logrado sostener y reorganizar formas de poder comunal en el territorio.
La guerra económica
En 2015, el gobierno de Barack Obama —irónicamente galardonado con el Premio Nobel de la Paz— intensificó el bloqueo económico contra Venezuela, al declararla, mediante la Orden Ejecutiva 13692, una “amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional de Estados Unidos”. A partir de entonces, se desplegó un entramado de más de 1.093 sanciones que impidieron al país comerciar libremente o adquirir diversos bienes estratégicos.
Para 2019, esta política alcanzó uno de sus momentos más graves con el bloqueo —por no decir el despojo— de 31 toneladas de oro venezolano, valuadas en aproximadamente 4.800 millones de dólares, resguardadas en el Banco de Inglaterra. Ese mismo año, al reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, Estados Unidos le otorgó el control administrativo de CITGO Petroleum Corporation, filial de la empresa estatal PDVSA en territorio estadounidense, así como el acceso a sus cuentas bancarias. Además, entre 2019 y 2020 se bloquearon todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos, lo que implicó la congelación de millones de dólares. Actualmente, la confiscación de buques petroleros constituye la expresión más reciente de esta guerra económica.
Las principales consecuencias de estas medidas no recayeron sobre las personas que ocupan el gobierno, sino sobre la población en su conjunto. El acceso a medicamentos —limitado hasta que se logró un acuerdo con Irán—, a alimentos y a diversos productos de la canasta básica se vio severamente restringido, lo cual no era un castigo al gobierno, sino al pueblo venezolano por respaldar al presidente. El bloqueo y la guerra económica buscaron incidir en el ánimo social, generar descontento y provocar una presión interna que desembocara en el colapso del gobierno chavista.
La guerra psicológica y el “bloqueo ideológico”
La satanización, criminalización y estigmatización del proceso bolivariano no comenzaron en enero de 2026. Por el contrario, estas prácticas tienen al menos dos décadas de antigüedad y se remontan a los años en que Hugo Chávez estaba en el gobierno. Las campañas mediáticas contra el proceso venezolano, combinadas con el silenciamiento de las experiencias organizativas y populares que se desarrollaban en el país, utilizaron la propaganda y la comunicación política como herramientas centrales para influir en las opiniones, emociones, actitudes y comportamientos de la población, con el objetivo de fomentar un derrocamiento interno que, en los hechos, no ocurrió.
No obstante, esta guerra psicológica tuvo un impacto más profundo en la opinión pública internacional que en la de Venezuela. En medios internacionales se reiteraban las denuncias de supuestos “fraudes” en cada proceso electoral presidencial —desde los tiempos de Hugo Chávez—, pero se omitía mencionar que sectores de la oposición, promovidos por figuras como María Corina Machado y, en su momento, Juan Guaidó, usurparon la representación de varias instituciones tanto a nivel interno como externo del país. Se difundía el discurso sobre el hambre del pueblo venezolano, pero se invisibilizaba el circuito comunal que abastece de alimentos a cientos de comunidades. Del mismo modo, se denunciaba el encarcelamiento de manifestantes opositores, sin señalar que muchos de ellos habían incendiado hospitales con personas dentro, quemado a civiles en la vía pública, utilizado francotiradores o disparado a quemarropa contra militantes chavistas.
Este escenario, en el que la narrativa dominante presentaba a Venezuela exclusivamente como una dictadura —discurso que he tratado de refutar en otra entrega de esta revista—, generó las condiciones para que, en el plano internacional, se rechazara el proceso social bolivariano, mientras que en el ámbito interno la realidad seguía un curso distinto. Las reiteradas acusaciones de fraude, la idea de un supuesto rechazo interno, la narrativa de una derrota del chavismo y de un hartazgo generalizado, sumadas a la construcción mediática de María Corina Machado como figura legitimada —incluso premiada por la “paz”—, sentaron las bases para justificar, al menos para la derecha global, el ataque del 3 de enero.
El bloqueo ideológico —término utilizado por las y los comuneros en Venezuela— alude precisamente a este conjunto de dispositivos mediáticos y propagandísticos que impiden conocer el proceso venezolano en su cotidianidad. No se trata de un bloqueo interno, sino de uno externo que impide conocer el día a día de las y los venezolanos. Sin temor a exagerar, este bloqueo también ha permeado ciertos sectores de la izquierda latinoamericana.
Venezuela, más allá de Maduro
Contrario a lo que sostienen diversos círculos de izquierda, publicaciones académicas y artículos de opinión, el proceso venezolano no ha sido derrotado, aunque enfrenta retos y tensiones derivados de los acontecimientos recientes. Tal vez por ello, las y los comuneros repiten con insistencia que “lo que está en riesgo no es el gobierno, sino la revolución”.
Venezuela no es un país que dependa de un solo hombre, sino de un proceso social y popular que se viene construyendo, al menos, desde 2005. Las comunas, que hoy se registran en aproximadamente cinco mil, han sabido enfrentar el bloqueo económico y la guerra psicológica mediante procesos productivos comunales, escuelas de formación política, la creación de universidades, sistemas de salud comunitarios, circuitos económicos independientes del gobierno y diversas formas de organización territorial. Entre las más de cuatro mil comunas existentes, se han consolidado mecanismos de intercambio justo de bienes, tecnologías, saberes productivos y acciones colectivas en el territorio.
Este fortalecimiento del poder popular planteó un nuevo dilema para la derecha: ante la imposibilidad de derrotar internamente al proceso comunal, la alternativa pasó a ser la exigencia de una “intervención extranjera” que tuvo su desenlace el 3 de enero. Aunque el robo de activos, el bloqueo económico y la guerra psicológica se intensificaron, el tejido comunal ya contaba con herramientas organizativas, económicas y políticas para resistir estas agresiones, por lo que Estados Unidos tuvo que intensificar sus acciones.
Hoy, pese a que la derecha y el imperialismo se atribuyen una victoria, la realidad muestra —en contraste también con ciertos referentes de izquierda que se sumaron a la narrativa del supuesto fraude— que el chavismo sigue vivo y respalda, no sin tensiones, las acciones que se llevan a cabo. Las y los comuneros han asumido tareas de resguardo territorial, se organizan para patrullar con armas ante posibles amenazas y han redoblado sus esfuerzos políticos y organizativos, reafirmando que el proceso venezolano no se reduce a una coyuntura electoral, sino a una construcción histórica de poder popular.
Pensar el proceso
La ofensiva contra Venezuela no puede leerse como un hecho aislado ni como una reacción coyuntural ante un gobierno específico. Se trata, más bien, de una estrategia integral que articula guerra económica, psicológica e ideológica con el objetivo de desmantelar un proceso político que ha logrado sostener, en condiciones extremas, formas concretas de organización popular y de construcción de poder desde abajo. En ese sentido, el ataque del 3 de enero condensa años de agresiones sistemáticas que buscaron quebrar la vida cotidiana, el imaginario colectivo y la legitimidad internacional del proceso bolivariano en el marco de una disputa geopolítica más amplia.
Sin embargo, la persistencia de las comunas, del tejido organizativo y de la capacidad de respuesta territorial demuestra que Venezuela no es reducible a la figura presidencial ni a una coyuntura electoral. Lo que se encuentra en disputa es un proyecto histórico que, con todas sus contradicciones, ha logrado producir formas alternativas de economía, política y sociabilidad. Ignorar esta dimensión —como lo ha hecho buena parte de la prensa internacional y de algunos sectores de la izquierda— implica reproducir el bloqueo ideológico que invisibiliza la experiencia comunal y simplifica la complejidad del proceso venezolano.
Así, más que decretar derrotas apresuradas o celebrar victorias imperiales, el momento actual exige una lectura crítica y situada de lo que ocurre en Venezuela. Una lectura que reconozca tanto las tensiones internas como la profundidad del poder popular construido, y que entienda que la verdadera disputa no gira únicamente en torno a un gobierno, sino a la posibilidad misma de sostener proyectos emancipatorios en un orden mundial de reconfiguración capitalista cada vez más violento, excluyente y dispuesto a intervenir allí donde los pueblos deciden organizarse por fuera de sus márgenes.