El 17 de marzo de 2019 AMLO decretó la muerte del neoliberalismo en México. A tres meses de la toma de protesta, el originario de Macuspana declaró una enfática separación en la política estatal tras casi medio siglo de continuidad en el patrón de producción, acumulación y reparto de riquezas. Por si a alguien le quedaba duda, el devenir de los dichos del presidente López Obrador nos confirma la fundada suposición de que las relaciones y estructuras sociales no desaparecen por decreto. Más allá de dicha constatación, las vicisitudes que el término ha enfrentado en este último año pueden ayudarnos a evaluar su estado de salud, la del gobierno de la 4T y el país en su conjunto.
La expansión del neoliberalismo como economía política llegó al unísono de la bota militar con las dictaduras del Cono sur de Pinochet y Videla, y pocos años después se expandió al mundo anglo con los gobiernos de la reestructuración productiva de Reagan y Thatcher. Sin embargo, su cúspide y formalización como canon bien pensante del mundo globalizado se dio con el llamado Consenso de Washington, denominación acuñada por el economista John Williamson en 1989 para describir las diez políticas que “sugerirían” los mandones financieros (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos) para países endeudados.
El decálogo neoliberal constaba de las siguientes medidas: 1) disciplina fiscal para evitar grandes déficits; 2) ampliación de la base tributaria pero conservando porcentajes moderados de impuestos directos; independencia de los bancos centrales para 3) definir tasas de interés y 4) mantener competitivo el tipo de cambio y controlada la inflación; 5) inversión del gasto público para el desarrollo, sobre todo en subsidios indiscriminados (masivos y en áreas fundamentales para los más pobres); 6) abolición de regulaciones mercantiles que restrinjan o inhiban la competencia; 7) liberalización del comercio exterior (especialmente las importaciones); 8) estímulo de la inversión extranjera directa; 9) privatización de empresas estatales y 10) seguridad jurídica para los derechos de propiedad privada. Dichas recomendaciones, vía primigenia para esparcir la ingeniería neoliberal, se dieron sin contrapesos en el emergente mundo unipolar tras la Guerra Fría [1].
Las diez medidas del Consenso de Washington se pueden contrastar con el actuar de López Obrador. Los primeros cuatro puntos fueron la garantía que ofreció el candidato de Morena a los mercados para que dejaran trascender su postulación. El quinto, en forma de sendos programas sociales, ha sido una de las políticas centrales de su gobierno, mientras las medidas seis y siete están contenidas en el principal logro económico de su administración —con altos costos para la soberanía y política migratoria— al ratificar el T-MEC. Los últimos puntos, de signo contrario al Consenso de Washington, pero hasta ahora poco efectivos, dada la incertidumbre en la inversión extranjera directa y el rescate de PEMEX (puntos 8 y 9), son fenómenos centrales para entender el desempeño económico y la situación vulnerable por la que atraviesa el país.
El contraste entre el canon neoliberal más ortodoxo y la política del gobierno de la 4T puede resultar exagerada y caer en la misma lógica de las declaraciones del presidente: pensar que las dinámicas sociales puedan cambiar súbitamente de un momento a otro tan sólo con decretarlo. Hace un año, tras las afirmaciones de AMLO, varios analistas hicieron énfasis en la necesidad de pensar un periodo de transición, con sus respectivas medidas, para superar el neoliberalismo. Este lapso, si por algún lugar pasaba, era por la bandera del nuevo gobierno: el combate sin cuartel a la corrupción y su elocuente trasfondo de separar el poder político del poder económico.
Aunque esta fórmula no contraviene de ninguna manera el decálogo neoliberal, en México —donde los bienes públicos se hicieron patrimonio personal de políticos y empresarios—, esta suponía el primer paso hacia una modelo más allá del neoliberal. Dos escándalos recientes ponen en entredicho la aplicación del mantra gubernamental: la presumible concesión a la empresa Enerall de Alfonso Romo para la explotación de agua en la península de Yucatán, así como el carpetazo que la Auditoria General de la Federación dio a la investigación por el desvío de 685 millones de pagos por parte de Manuel Velasco, gobernador de Chiapas. Ambos casos están localizados en una de las zonas clave de desarrollo estipuladas por el nuevo gobierno y ambas vinculadas también a una de las formas preferidas de extracción de riqueza en el modelo neoliberal, el extractivismo de recursos naturales.
A un año de “la muerte del neoliberalismo”, la 4T y el país en su conjunto enfrentan una paradoja. Más allá de algunos casos de corrupción, si la economía nacional no crece y se generan recursos suficientes será imposible pensar en la transformación del país. Esto no lo digo yo, sino un reconocido neoliberal desde los tiempos de Pinochet, coordinador del gabinete federal y foco de escándalos, Alfonso Romo en el Foro de Fondos de Inversión de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. La paradoja para la 4T es que estos recursos no llegarán por sí solos. En el adverso contexto económico internacional y con la falta de crecimiento interno, no hay manera de tener suficientes fondos sólo reasignando el gasto corriente (sea como austeridad republicana o pobreza franciscana). Ante esta sangría será muy difícil que el gobierno de López Obrados ofrezca alguna alternativa a las inercias y herencias del modelo neoliberal, lejos de ello, ante la demanda de respuesta, cada vez se acerca más a los lugares comunes del neoliberalismo al decir que los mercados se estabilizarán por sí solos. Siempre queda la posibilidad de que las declaraciones sirvan para trazar una “herencia maldita” de la cual desmarcarse y con la cual azuzar a todos sus oponentes políticos por igual.
En México no es el único lugar donde han decretado el acta de defunción del neoliberalismo y lo han dado por muerto antes de tiempo. Desde Grecia hasta Bolivia, los intentos por constituir una política postneoliberal han fracasado por distintas vías, a veces insuficiencias internas, otras por presiones externas. Mientras lo muerto no acaba de morir, somos los vivos quienes seguimos pagando sus servicios médicos.
[1] Para un análisis detallado de los efectos de este modelo de acumulación en las sociedades, especialmente las latinoamericanas, recomiendo el texto de Pilar Calveiro Resistir al neoliberalismo (Siglo XXI, 2019).