Desde sus orígenes, el proyecto se caracterizó por su opacidad y por la complicidad de diferentes actores políticos y económicos en México. Diversas investigaciones periodísticas y académicas ubican abril de 2015 como el inicio. En aquella fecha, la empresa estadounidense CBRE Economic Incentives Group manifestó al entonces gobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega, su intención de desarrollar un proyecto para “la elaboración, distribución y venta de productos de exportación en el ramo de alimentos” en el estado. El proyecto, que después sería conocido como “Proyecto Gataway”, comenzó a estar cada vez más presente en los discursos de Kiko Vega, quien lo anunciaba como un megaproyecto de inversión que generaría empleo y desarrollo.
De manera confidencial y sin contar con las atribuciones legales para hacerlo, el 20 de octubre de 2015, la “empresa” y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali celebraron un contrato de suministro de agua potable. En él, la comisión se comprometía a garantizar hasta 20 millones de m3 anuales de agua para la operación del proyecto. Esto significaba, aproximadamente, el consumo actual anual de una tercera parte de la población de Mexicali.
En enero de 2016 la trasnacional Constellation Brands anunció que construiría una planta cervecera en la ciudad de Mexicali, en Baja California. Fue hasta ese entonces que la población se enteró que el “Proyecto Gatawey” era, como su nombre sugería, la “puerta” de entrada a una de las principales productoras de bebidas embriagantes de EUA, ranqueada por la revista Fortune en el lugar 408 de las 500 mayores empresas del vecino del norte. Los verdaderos alcances del despojo comenzaron a preocupar a los habitantes de la región. Mexicali tiene “estrés hídrico”, es decir, que la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible, fenómeno que fue reconocido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La red de complicidades para entregar el agua de Mexicali a la cervecera alcanzó todos los niveles del gobierno del estado cuando, en abril de 2016, la XXI legislatura de Baja California aprobó el Dictamen 306. Entre otras medidas, el dictamen implicaba que el gobierno estatal garantizaría a la cervecera terrenos, infraestructura, servicios, mano de obra de buena calidad y “al menos y por los próximos 50 años, un suministro de 20 millones de metros cúbicos anuales, así como los insumos principales para la realización del proyecto, la energía eléctrica y el gas natural”. El dictamen 306 vino acompañado de la aprobación de otras seis reformas durante 2016, incluida una Ley del Agua, las cuales dejaron al descubierto que la privatización del agua en el estado estaba echada a andar. Las alarmas terminaron de encenderse.
Las resistencias, que hasta entonces se encontraban desarticuladas e invisibilizadas, fueron ganando presencia en las calles y en los medios de comunicación. Para los primeros meses de 2017, las protestas en Mexicali se convirtieron en una rebelión que permitió converger a campesinos, estudiantes, sindicatos, transportistas, académicos, ambientalistas y sociedad civil en general. Distintas tendencias políticas se unificaron bajo una misma consigna: defender el agua como derecho humano, como bien común y como recurso estratégico.
El repertorio de acciones incluyó plantones, marchas, bloqueos, tomas de instalaciones, huelgas de hambre, mesas informativas, realización de documentales, conferencias de prensa, elaboración de mapas y otras herramientas de difusión. Además, el contexto se agravaría con el alza en los precios de la gasolina que ocurrió en aquellos días, lo que ayudó a que el movimiento se extendiera por todo el estado. Como narró con gran precisión el periodista Kau Sirenio, “surgieron movimientos de carácter municipales, como Tijuana Resiste, Tecate en pie de Lucha, Rosarito Unido, Ensenada en Resistencia y Mexicali Resiste”.
Las movilizaciones provocaron que la Ley del agua fuera abrogada rápidamente, pero el acuerdo con la cervecera se mantuvo. Durante todo 2017 las movilizaciones continuaron. También avanzó el desgaste del movimiento y la represión estatal. En mayo de ese año, León Fierro, una de las figuras más visibles de la resistencia, sería apresado al imputársele cargos de “homicidio calificado en grado de tentativa”, cargos que ante la presión social serían reclasificados y León sería puesto en libertad. Los motivos detrás del encierro de León Fierro eran políticos. Con esta acción Kiko Vega dejaba claro que estaba dispuesto a todo para continuar con la cervecera. El movimiento también era contundente: a pesar del desgaste, de la cárcel y de la represión, la defensa del agua continuaba.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México en 2018, y la de Jaime Bonilla a la gubernatura de Baja California, en 2019, una parte importante de la sociedad de Mexicali supuso un cambio en la correlación de fuerzas que ayudaría a la cancelación definitiva de la cervecera. Sin embargo, estos sectores recibieron un golpe en contra cuando en un foro público a comienzos del 2020, Víctor Toledo, secretario de medio ambiente y recursos naturales del gobierno federal, dijo que la operación de la Constellations Brands no afectaría el abasto de agua en Mexicali, declaración que fue utilizada por el propio gobernador Jaime Bonilla y otros impulsores de la cervecera.
Como en otras ocasiones, el gobierno federal anunció la realización de una “consulta” para decidir el futuro del proyecto. El “ejercicio participativo”, que se llevó a cabo el 21 y 22 de marzo pasados, en medio de la emergencia mundial por la propagación del virus COVID-19, fue duramente cuestionado por diferentes actores. En primer lugar, por los riesgos que significó realizar un ejercicio de este tipo en plena “Jornada de Sana distancia” física. En segundo lugar, las organizaciones sociales de Mexicali insistieron que el agua es un derecho humano, que los derechos no se consultan y que, como todo derecho, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarlos.
Un debate especial tuvo la “consulta”, pues dicha herramienta ha sido tergiversada en diferentes ocasiones por el actual Gobierno de México. Aplicada sin método científico, organizada por el propio gobierno y realizada en completa inequidad, el ejercicio parecía estar diseñado para legitimar la cervecera. A lo anterior se suma la movilización de recursos, compra de votos, acarreo de personas, despliegue de la Guardia Nacional y policías estatales, así como la información tendenciosa por parte de la Secretaría de Gobernación; todo esto en beneficio de la cervecera.
Sin embargo, las organizaciones en Mexicali reconocieron que la consulta, en otro contexto y condiciones, es una herramienta —y en algunos casos, derecho— de la democracia directa que no sólo es útil, sino reivindicable. También debe reconocerse que los usos que ha dado el actual gobierno a la consulta contribuyen más a deslegitimarla que a fortalecerla. Así, decidieron no centrar el debate en consulta sí o no, debate que además contribuía a fragmentar el movimiento. Apostaron entonces por ratificar la posición: con o sin consulta, el agua se defiende.
En sentido opuesto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha realizado una intensa campaña mediática, defendiendo “la libertad de emprender, a la inversión y al empleo”. Su abierto rechazo a la consulta tenía como argumento central que violentaba “la inversión privada”. En palabras de Gustavo Hoyos, presidente de la Confederación mencionada: “El disfrute de las libertades es lo que nos hace ciudadanos y no súbditos. Hoy está amenazada una de las libertades que defendemos en un sistema de economía y mercado, la libertad de emprender”. Para la COPARMEX el derecho humano al agua debe quedar subordinado, o más bien anulado, por la libertad de los empresarios a emprender, es decir, por la ambición del capital.
Para sorpresa de todos y todas, y a pesar de todo, una suerte de “memoria social rebelde” se activó el pasado 21 y 22 de marzo. El potente movimiento que se desplegó con todo su esplendor en 2017 en la región, volvió a hacerse presente: miles de habitantes de Mexicali acudieron a las improvisadas urnas, arriesgando su propia salud, para decir, una vez más, no a la Constellation Brands.
Al día siguiente, las alarmas se encendieron en otras geografías. Sin analizar las consecuencias y los problemas de agua en los estados que dirigen, un par de gobernadores ofrecen territorios para la trasnacional. El propio López Obrador ha señalado que su gobierno sólo otorgará permisos a cerveceras en el sureste del país. Nada extraño si observamos los otros megaproyectos que planean realizarse en el sureste de México. Ya observaremos cómo allá también se reconfiguran y potencian las resistencias.
Por ahora celebramos a Mexicali, el pueblo que defendió su agua y venció a la Constellation Brands.