En Maya Caciques in Early National Yucatan, Rajeshwari Dutt rescata una historia sucedida a principios del siglo XIX entre las autoridades mayas de Cuncunul y Ebtún, dos pueblos mayas ubicados cerca de Saki’ (Valladolid) que se encontraban en aquellos años en disputa por un paraje llamado Tontzimin. En algún momento de las discusiones que tuvieron lugar frente a Agustín Crespo, quien tenía el cargo de defensor de naturales, las autoridades mayas de Ebtún se arrodillaron y echando mano de un pedazo de carbón y su memoria dibujaron un mapa en donde señalaron a las autoridades de Cuncunul los montes que no habían sido medidos correctamente. El vínculo entre la producción de mapas y la legitimidad de las autoridades de los pueblos mayas a través de su conocimiento privilegiado del territorio es bastante añejo en la Península, un vínculo que ha ido transformándose a lo largo del tiempo y en la historia reciente lo ha hecho a partir de la creación del ejido revolucionario. Un evento más a esta historia se sumó el mes pasado cuando el colectivo Geocomunes y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible presentaron en la Ciudad de México junto con activistas mayas la “Herramienta de visualización y análisis de amenazas al territorio en la Península de Yucatán” cuyo principal objetivo es según la presentación que se encuentra en internet “facilitar la transmisión de información con respecto a la presencia de fenómenos que ponen en riesgo los derechos de los pueblos y comunidades de Yucatán”.
En esta herramienta cartográfica digital el usuario puede acceder a diferentes capas y de esta forma conocer las “amenazas al territorio”, concepto en el cual los diseñadores enmarcan a los proyectos extractivos de bienes naturales, proyectos de generación de energía, desarrollos turísticos, expansión de manchas urbanas, industria agrícola y ganadera e infraestructura de comunicaciones y transportes. Los destinatarios finales aparte de periodistas, académicos y funcionarios públicos son las “comunidades afectadas o potencialmente afectadas” para que sean ellas mismas quienes puedan realizar indagaciones a través de esta plataforma y la información presentada les pueda servir para defenderse. Este proyecto cartográfico es quizá el primero en su tipo en implementarse para la Península de Yucatán en la medida en que propone herramientas para que los integrantes de los pueblos mayas – entre otros actores – puedan acceder a la información necesaria para realizar una defensa de las amenazas a este territorio.
Una de las capas a la que el usuario puede acceder y que resulta de gran interés debido a eventos sucedidos el pasado mes de julio, es la que se refiere a la propiedad social y a los núcleos agrarios yucatecos. De sobra es conocido el proceso que a finales de los años 90’s del siglo pasado se desencadenó para desestructurar la propiedad social de ejidos y comunidades (muchos de ellos indígenas) en México, una política que se ha perpetuado y ha fortalecido conforme han pasado los sexenios. En la Península, en muchos pueblos y localidades en donde se están dando luchas por el territorio la postura de los comisariados ejidales ha sido ambigua cuando no contraria a la defensa: en Sinanché, pueblo donde aparece un proyecto de energía renovable (en este caso eólico) en el Geovisualizador de la Península de Yucatán, los ejidatarios habrían discutido la pertinencia o no del proyecto a través de sus asambleas sin convocar al resto del pueblo según los testimonios recabados por el antropólogo Ezer May May.
Es por ello que no deja de ser relevante y trascendente el pronunciamiento de un grupo de comisariados ejidales y ejidatarios con motivo de la toma de las instalaciones de la Procuraduría Agraria (PA) en Yucatán, presuntamente orquestada por Olivier Dutoit Caldairou, empresario francés que pretendía remover al enlace local de la PA en turno debido a los obstáculos que su labor presentaba para apropiarse de cientos de hectáreas en Motul (según información de Maya Politikon). El 17 de julio, un grupo de autoridades ejidales y ejidatarios de Yaxkukul, Seyé, Ixil, Conkal, Canicab, Motul, Texán, San Antonio Chel y otros pueblos (todos ellos ubicados en el noroeste de la Península) rechazaron la toma de las instalaciones de la PAa través de un comunicado que fue leído por Claudia Cob, quien en una asamblea anómala en 2017 fue destituida como titular del ejido de Chocholá por otro grupo de ejidatarios que está a favor de la venta irregular de los montes. En el comunicado señaló la corrupción de muchos visitadores agrarios e hizo un llamado para que se investigue a empresarios y “coyotes” involucrados en las anomalías en los núcleos ejidales. Una de las tantas cosas relevantes del comunicado leído fue la forma en la que ahora se concibe a los montes ejidales como propiedad de las “comunidades mayas”, teniendo en cuenta la longeva presencia del discurso “campesinista” o “ejidalista” que ha desdibujado la territorialidad de los pueblos al hacer énfasis en los montes como espacios productivos, sea de henequén o de aprovechamiento forestal. La herramienta cartográfica elaborada por el colectivo Geocomunes amplía las posibilidades de la defensa de los territorios de los pueblos y en ese sentido valdría la pena preguntarnos ¿El conocimiento geográfico privilegiado de los comisariados ejidales les permitirá ser nuevamente, como en otras épocas, los voceros de sus asambleas para defender los montes de los pueblos mayas? ¿O continuarán tomando decisiones sobre el territorio sin tomar en cuenta al resto de los pobladores, como a menudo ha sucedido, amparados en la ley agraria?