“Es como un ácido”, me dijo uno de los suplentes generales sobre la tinta que les colocan en el pulgar derecho a las personas después de votar. “La piel te queda como quemada por dos semanas, más o menos”. Me costó creerle, así que me entregué con reticencias. En Argentina, mi país, la única prueba de que alguien fue a votar es su firma en el padrón y un troquelado que dan a la salida del “cuarto oscuro”. Algo del uso de la figura del ácido, de la marca y la huella me resultó llamativo. Me hizo pensar en el significado íntimo de la elección. Pero, antes, quiero relatar cómo y por qué llegué a observar la elección judicial del domingo 1º de junio de 2025.
El Senado aprobó en septiembre de 2024 una iniciativa llevada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, tendiente a reformar el Poder Judicial. La propuesta del Ejecutivo reducía el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de once a nueve miembros, su periodo de ejercicio de quince a doce años, y ratificaba que sus sesiones fueran plenarias y públicas. Además, dividía al Consejo de la Judicatura Federal —unidad encargada de vigilar y sancionar a los jueces— en dos instituciones separadas: el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. La gran estrella de la reforma fue, no obstante, la elección popular de ministros, magistrados y jueces. Luego de poco más de 140 años, los votantes podrían elegir quién se desempeñaría como persona juzgadora.
El carácter inédito de la elección me cautivó desde un principio. En Estados Unidos existe el voto popular para los jueces, pero sólo para los tribunales estatales. En Japón, en cambio, los votantes validan cada cinco años a los magistrados de la Corte Suprema elegidos por el Parlamento. El caso boliviano es el que quizás se acerca más a lo postulado en la reforma judicial mexicana. Desde 2009, con la puesta en marcha de la nueva Constitución, Bolivia elige a los integrantes de su Órgano Judicial por medio del voto popular. Lo que más me llamaba la atención de la experiencia boliviana era que, aún cuando el voto es obligatorio según sus leyes, la participación resultaba escasa: menos del 50% de la población acudía a vota. ¿Algo así sucedería también en México?
Pensé también en la Argentina. Desde hace casi diez años se popularizó el término lawfare, usado por la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para denominar la “persecución judicial” que sufrió tras su salida del gobierno en 2015. De la decena de causas judiciales que se le abrieron, una bastó para encontrarla culpable y condenarla a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Fue el voto de los ministros de la Corte Suprema de Justicia el que ratificó la sentencia el pasado martes 10 de junio de 2025, aun frente a la presión mediática y las muestras de descontento en varios lugares del territorio nacional.
La judicialización de la política no sólo cambió las reglas del juego en la Argentina, inaugurando un revanchismo que muchas y muchos creían muerto con la “transición a la democracia” de 1983. Tanto más grave aún, intensificó el descrédito de la población hacia la “justicia” y la actuación de los jueces, particularmente los de las altas esferas. ¿La elección popular de los jueces podría ser un método para mitigar el amplio descontento con el funcionamiento de la “justicia” o, en cambio, llevaría a puestos de responsabilidad a personas no preparadas o que no sean idóneas para desempeñar esa función?
Estas preguntas me rondaban e intensificaron mi curiosidad sobre el proceso electoral que iba a desarrollarse en México. Empecé a investigar, entonces, cómo podía “infiltrarme” en él. Quise buscar equipos de observación en espacios académicos, pero los que encontré en la UNAM y en la UAM parecían deshabitados hacía tiempo. Sin desanimarme por completo, comencé a adentrarme en la no tan amigable página de internet del INE. Leí con premura sus cláusulas, me creí listo para llenar el formulario, pero algo me detuvo en seco: no tengo credencial de elector, condición sine qua non para observar el proceso electoral. Mi estatus migratorio lábil es el de “residente temporal”. Nos dan un CURP, sí. Y también nos invitan a sacar una clave de RFC. Sin embargo, esos documentos no me servían para ser observador.
“Creo que podemos meter un amparo”, me dijo la abogada. “Es una cláusula discriminatoria”, continuó después de ver mi reticencia. Pero yo no quería que mi queja llegara a Av. Ejército Nacional 862. “¡Déjame litigar!”, me rogó. Percibí que mi caso podía ser su oportunidad de subsanar el dolor que le produjo la Reforma Judicial. “¿Y si llamo por teléfono al INE y comento mi situación?”, le pregunté. “Sí. Llama y graba lo que te digan para meterlo en el amparo”, contestó la abogada, entre la ilusión de quemar las instituciones. El llamado resultó tan corto que no me dio tiempo para grabar.
La telefonista del INE me comentó que sólo los nacionales o naturalizados podían ser observadores, pero que hay una figura especial para situaciones como la mía: “visitantes extranjeros”. Debía llenar un formulario con tinta azul, adjuntar una copia de mi pasaporte y dos fotos tipo carnet. Tras hacer esto, mi documentación fue recibida y aprobada por el INE a finales de abril. En el escueto y formal texto del mail de “Visitantes Extranjeros”, se me comunicaba la aprobación de la solicitud y se me invitaba a revisar el sitio web especializado. Sin embargo, me dejaba con dos grandes incógnitas. Un par sobre el gafete de acreditación: ¿cuándo y cómo lo obtendría? La otra, más importante quizás, giraba en torno al listado de casillas: ¿dónde puedo ver los lugares a visitar?, ¿existe un listado para los que venimos de fuera?
Envié un correo con mis preocupaciones. Dos veces me llegó la misma contestación: “Respecto a sus inquietudes, en breve enviaremos la información”. Y nada más. Ante esta situación, el 26 de mayo volví a tomar el teléfono. Tras una espera de más de diez minutos, logré una respuesta parcial a mis dudas. La telefonista me dijo que debía comunicarme con una funcionaria en particular, responsable de la Junta Local Electoral de la Ciudad de México. Además de su nombre, tenía su teléfono y mail. Intenté por el clásico llamado rápido, pero me mandó a buzón en varias oportunidades. Sin mucha esperanza, armé un mail respetuoso pero incisivo. La elección estaba a la vuelta de la esquina. No tenía gafete y tampoco precisiones claras de dónde podría observar el proceso.
Para mi sorpresa, pronto llegó la respuesta de la Coordinación de Asuntos Internacionales del INE. La elección de las casillas a observar era libre. Nos harían llegar un listado antes de la elección —algo que, por cierto, no pasó—. Sobre el gafete, lo podíamos retirar en el Hotel Radisson Paraíso de Perisur, donde se celebraría un Foro Informativo para visitantes extranjeros el viernes 30 y sábado 31 de mayo. Decidí asistir sólo el segundo día, cuando se abordaría lo más jugoso del proceso: las campañas, el día de la elección, los cómputos y la comunicación de los resultados. Entre los asistentes —muchos de ellos politólogos de altísimo perfil—, destacaban dos inquietudes. Ante la ausencia de representantes de los partidos: ¿quiénes certifican que la cantidad de boletas que informa el presidente de casilla sea precisa y no existan sorpresas o faltantes? Y ¿qué legitimidad tendrán las personas elegidas, cuando las previsiones más audaces respecto a la participación del electorado llegaban apenas al 15%?
Con mi gafete en mano, sólo restaba elegir dónde iría a ver el proceso. Procuré elegir algunas casillas cerca de donde vivo. “¿No te hubiera gustado ir, no sé, a la casilla donde vota la Presidenta o la Jefa de Gobierno?”, me increpó una de las secretarias de los lugares de votación que observé. Contesté que no. Todos iban a querer estar ahí. No tanto para ver el proceso en sí mismo, sino cholulear, como decimos en Argentina, con las máximas autoridades de la República y de la ciudad. Así se pierde lo más interesante del proceso: la forma en que las personas comunes viven la elección, sea como funcionarios o como votantes. El anecdotario que me interesaba estaba en otra parte.
Elegí dos casillas. Una que figuraba como “patio de una casa” en Ciudad Jardín. Dado que en Argentina sólo se vota en escuelas, el hecho de que en este país se desarrolle en un espacio diferente me resultaba llamativo. Llegué cerca de las 8:30 de la mañana. Encontré a las autoridades en sus puestos y una fila escueta de personas. Al llegar, uno de los suplentes me saludó y me preguntó si sabía cómo votar. Le expliqué que era observador, mostrando mi gafete. Me llevó hasta el presidente de casilla quien, tras examinar mi credencial, preguntó si podía leer el QR. Sin embargo, la acreditación que nos dieron a los visitantes extranjeros no tenía un código. Ello suscitó un inconveniente. Según el manual y la capacitación que recibieron los funcionarios de casilla, los observadores debían tener una identificación con QR para certificar que son oficiales. Al carecer de éste, no sabían si dejarme permanecer en el lugar.
Esta desconexión me hizo pensar inmediatamente en el largo proceso de acreditación. Reglas implícitas. Silencios prolongados. Información precaria. Por eso no me sorprendió completamente. En el último panel del Foro Informativo, uno de los consejeros electorales remarcó muy sutilmente las condiciones bajo las cuales el INE organizó el proceso electoral, en medio de una reducción presupuestal y con poco tiempo de preparación. A eso se sumó el carácter inédito per se de la elección, que obligó al Instituto a ponerse creativo con el diseño de las boletas ¿Son elementos que justifican la distancia entre la capacitación de los funcionarios de casilla y los gafetes de los observadores? No lo creo. Son descuidos peligrosos, ya que dejan espacio a la discrecionalidad. Una observadora del IECM que visitó también esa casilla me comentó que habían tenido problemas para observar en varias más de la zona. Tuvieron, pues, que convencer a los funcionarios de que los dejaran desempeñar sus labores y de que no venían a entorpecer el proceso electoral.
De todos modos, se resolvió la cuestión del QR. Sólo bastó una llamada al supervisor de esa sección electoral. El presunto “patio de una casa” no era tal, sino una antigua guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, pronta a convertirse en una universidad de enseñanza a distancia. Según me comentó la propietaria, la guardería funcionó desde 1982 hasta 2022. Desde principios de este año, el lugar estaba siendo reacondicionado.
La jornada aconteció en calma. El flujo de votantes fue exiguo. A grandes rasgos, dos tipos de personas asistieron a votar. Adultos mayores y jóvenes de treinta y pico. Una explicación posible para los primeros son las políticas focalizadas que implementó el gobierno de López Obrador, primero cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y, luego, desde la Presidencia de la República. Además, el sector de adultos mayores suele presentarse a votar como parte de un deber cívico ya internalizado. Sobre el voto de los treintañeros, no tengo una interpretación tan cerrada. Aventuro que se trata de un segmento de la población que vivió los casi treinta años de presencia lopezobradorista en la vida política mexicana. Su influencia, para bien o para mal, es innegable. Incluso en la decisión de si votar o no.
Dos sucesos alteraron la modorra matinal. Una señora de mediana edad asistió a votar con sus hijos veinteañeros. Mientras su madre estaba en la caseta, la muchacha preguntó a las autoridades si podía llevarse de recuerdo una de las boletas. “Mi mamá es candidata”, dijo tratando de convencerlos. Al oír el intercambio, el hermano, dejando su voto en la urna, asintió con la cabeza y especificó: “Sí. Es la 30”. Los funcionarios se echaron a reír, tras lo cual dijeron que no podían decir qué número era porque podía ser tomado como proselitismo. Menos aún llevarse una boleta. “Están contadas y tenemos que devolver las que no se usen”, respondieron. Era todo desazón en la cara de los hijos de la candidata. El segundo episodio se dio tras un largo periodo durante el cual no se veían votantes a la vista. Ante el aburrimiento generalizado, uno de los suplentes de las autoridades puso un noticiero en su celular, lo cual me pareció sorprendente. En Argentina, los lugares de votación están atestados de sonidos, pero no hay música ni voces digitales en las mesas. Una solemnidad asombrosa se yergue en todos los rincones de las escuelas, que se mezcla con el tedio de ir a votar obligatoriamente. Acá, en cambio, nos dimos el gusto de ver a través de la señal de noticias Milenio cómo votaban el expresidente, la actual Primera Mandataria y la Jefa de Gobierno de la ciudad, mientras esperábamos los grandes contingentes de votantes que nunca llegaron.
Estuve en la casilla hasta la una de la tarde. Después, emprendí la caminata a la segunda. Elegí una primaria a pocas cuadras de donde vivo. Observar cómo se ejerce el voto en una escuela también me interesaba. En Argentina, cada una tiene múltiples “cuartos oscuros”: espacios donde las personas votantes, después de mostrar su DNI, eligen entre varias boletas a sus candidatos. Tras ello, salen y depositan el sobre cerrado en una urna dispuesta en la mesa de votación. Acá encontré algo distinto. En la entrada de la escuela estaban colocadas a la derecha las autoridades de la casilla, y a la izquierda y al fondo las cabinas de votación. El resto del establecimiento estaba vacío.
Esta vez me ubiqué al lado de la mesa de las autoridades. A los quince o veinte minutos de estar parado allí, me ofrecieron una silla. A diferencia de la ex guardería, donde presidenta y secretarios eran personas entre treinta y cuarenta años, en la escuela todos tenían más de cincuenta y eran mujeres en su mayoría. La afluencia de gente fue sostenida y hubo pocos intervalos sin votantes. Sin embargo, la participación seguía siendo baja. De un padrón de 1303, terminaron votando 213 personas, poco más del 15 %. En la casilla de Ciudad Jardín, cuando me fui había sufragado menos del 10 % del padrón —84 personas de 950 inscriptas—.
Entre los contingentes de asistentes, charlábamos. “¿Saben por qué México es tan desigual? Bah, ¿por qué América Latina es tan desigual? Por la falta de educación”, preguntó y respondió uno de los secretarios. Lo que generó una discusión ¿Es sólo la calidad de la educación la que hace más igual o desigual a un país o, más bien, es la concentración de la riqueza en cada vez menos manos? Pienso en México, uno de los países más desiguales de Latinoamérica y donde la informalidad laboral también es de las más altas de la región. También en mi país, donde la “orgullosa” clase media argentina está en franca extinción desde hace varios años y la “peruanización” de la economía y de la política marcha a todo vapor bajo el gobierno liberal-libertario de Javier Gerardo Milei.
El reloj estaba cerca de marcar las dieciocho horas. El viento comenzó a soplar y las nubes a cubrir el cielo en esta parte de Coyoacán. “Si empieza a llover, se terminó la jornada para nosotros”, me dijo una de las suplentes de casilla. Todo indicaba que los demás nos quedaríamos hasta tarde ordenando las boletas sobrantes, rellenando papeles y contando las utilizadas. A las seis en punto, la presidenta ordenó cerrar las puertas de la escuela. Luego de algunas discusiones sobre dónde poner tal y cual cosa, cómo rellenar y con qué las planillas, el proceso fue más o menos rápido. Lo facilitó el hecho de que los funcionarios de casilla estuvieran al corriente de sus tareas al cerrar los comicios. Las boletas no utilizadas para cargos federales fueron a una caja; las de locales, a otra. Una funcionaria del INE —que tenía a su cargo varias casillas por la zona— nos auxilió con las planillas. Lo que más costó tiempo y esfuerzos fue el vaciamiento de las urnas, la separación de las boletas por colores y el conteo.
Tras casi tres horas, terminaron las labores. La presidenta de casilla colocó el cartel informativo de votantes en la puerta de la escuela y nos despedimos para, finalmente, descansar después de un trabajo largo, tedioso y muy mal remunerado. Según me contó un secretario en la ex guardería, la paga son doscientos pesos para la comida. Una miseria para las trece o más horas de responsabilidad cívica.
No podía dejar de pensar en las dos versiones del marcado de dedos. La marca de la elección, me dije. Si es un ácido, corroe la piel y deja una cicatriz. En cambio, la tinta deja sólo una marca, en principio indeleble, pero que se borra a los pocos días. Me paré en seco en la puerta de casa. ¿Qué tipo de marca dejará este proceso electoral extraordinario en México? ¿Es el fin de un sistema que permeó los últimos veinticinco años del país? ¿O tal vez es sólo una prueba piloto, un experimento para subsanar la creciente deslegitimación del Poder Judicial? De ser exitoso, ¿podría funcionar como un ejemplo para los países de nuestra región, y de otras, asediados por esa insatisfacción hacia la “justicia” y sus funcionarios? ¿Fue debido a ello el enorme caudal de observadores extranjeros que tuvo esta elección —1,309 de 63 países—? Sólo el tiempo podrá responder a estas preguntas.
En lo que a mi refiere, mi periplo como observador resultó ser una experiencia tan llamativa como provocadora. Significó continuar tratando con la burocracia en el país. En este caso, con la de un instituto autónomo. El formulario debía ser llenado de tal y cual manera, con esta tinta y no otra, la firma debía ser igual a la del pasaporte. También, me permitió estar presente en una jornada atípica, extraordinaria. No todos los días se puede observar el desarrollo de la votación popular de jueces en un país. Más allá de las preguntas que me disparó esta experiencia, estoy seguro de algo: las reglas de juego parecen haber cambiado, gusten o no. Adaptarse o perecer, esa será la cuestión.
