Perspectivas
Pablo Monje-Reyes
El ascenso de la ultraderecha al gobierno en Chile, a la luz de la disputa por el sentido común y la hegemonía sociocultural, permite examinar tanto los ejes argumentativos que hicieron posible que las fuerzas conservadoras articularan una mayoría electoral y social en sectores populares, como la capacidad orgánica y comunicacional desplegada por medio de plataformas digitales. De la misma manera, permite evaluar el concepto de “resistencia estratégica” como una propuesta analítica y política para la reorganización de las izquierdas frente al avance de la ultraderecha.
El debate en torno al concepto de resistencia estratégica como un elemento central de reflexión política está, así, orientado a desarrollar un diagnóstico sobre las deficiencias de las izquierdas en su inserción de masas en esta última década. Tales deficiencias permitieron que la ultraderecha accediera al gobierno y se posicionara en un espacio sociopolítico inédito en Chile por la vía democrática.
La discusión se articula, entonces, en torno a dos preguntas. ¿Cuáles fueron los principales ejes argumentativos que permitieron a una candidatura de extrema derecha construir la mayoría electoral que la llevó al gobierno? ¿Y cuál fue su capacidad orgánica y comunicacional para consolidarse como alternativa política en los sectores populares que históricamente no comulgaban con las tesis de la derecha? Dar respuesta a ambos cuestionamientos permitirá mostrar cómo operó el discurso de la ultraderecha durante campaña y la manera en que modeló un estado subjetivo en las masas.
Los ejes argumentativos de la ultraderecha y la disputa por la subjetividad
Los ejes argumentativos deben comprenderse desde la perspectiva de la construcción de hegemonías socioculturales y políticas formulada por Antonio Gramsci. Por consiguiente, como lo plantea Nunes en su Bolsonarismo y extrema derecha global, en el accionar político, las líneas discursivas trascienden los meros enunciados para constituirse como estructuras afectivas, modos de identificación, autorrepresentación y autocomprensión. Todas ellas conforman condiciones latentes de lo que puede o no devenir en una subjetividad política movilizada y plenamente consciente.
Para comprender la instauración de la narrativa de la ultraderecha, es útil examinar la percepción social registrada entre los años 2024 y 2025. Un levantamiento de datos proveniente de sondeos nacionales (CEP, Ipsos, Pulso Ciudadano, CADEM y Criteria) evidencia una marcada concentración de preocupaciones ciudadanas en materia de orden público, delincuencia y seguridad ciudadana, migración y deterioro institucional, seguidas por demandas en servicios sociales básicos (salud y empleo) y coyuntura económica.
Ante este escenario, la respuesta discursiva de la ultraderecha durante la campaña electoral, y aun antes, se estructuró en dos ejes centrales: una priorización radical de la seguridad ciudadana con medidas de endurecimiento punitivo, resguardo militar de fronteras e infraestructura crítica, y fortalecimiento de las fuerzas de orden. Todo ello sumado a un enfoque restrictivo de la migración dirigido al cierre de pasos no habilitados, la agilización de expulsiones administrativas y la restricción de beneficios estatales para extranjeros en situación irregular.
Resulta clave señalar que, mientras la seguridad y la migración constituyeron el núcleo narrativo del programa presidencial, los problemas de índole social y económica fueron abordados bajo la lógica del ajuste fiscal, el Estado mínimo y la libre competencia de mercado. En términos empíricos, la noción de crisis opera como el mayor dispositivo disciplinario del modelo neoliberal: frente a cada escenario crítico, el sistema reitera la coerción económica y reactiva el mito de que constituye la única salida racional y tecnocrática. Muestra de ello es el discurso del actual ministro de Hacienda al presentar sus reformas en los medios de comunicación, sobre todo por cómo elude el debate democrático al posicionarse como la única alternativa frente a la supuesta herencia de gestión del gobierno de izquierda precedente.
Paralelamente, la ultraderecha articuló una narrativa de crisis moral en oposición a la denominada “agenda progresista” o “ideología de género”, revalorizando la familia nuclear y los valores conservadores. Esta maniobra logró tender puentes argumentativos entre los sectores acomodados y las capas populares conservadoras mediante un marcado antiintelectualismo opuesto a las élites ilustradas y a las demandas de género, LGTBIQ+, laborales y de derechos sociales. Discursivamente, se instaló en sectores de base proclives al credo evangélico la percepción de una pérdida de derechos y subsidios por la transferencia de recursos estatales hacia grupos históricamente postergados. Tal como plantea Judis en La explosión populista, la estructura del populismo de extrema derecha no opone simplemente al pueblo contra la élite, sino contra una élite que supuestamente favorece a un “tercero extraño o desviado”.
Esta dinámica se nutre del fenómeno del desprecio intraclase, una energía emocional que desborda la tradicional noción de clase social y atenta contra los fundamentos democráticos al eclipsar la crítica a la explotación económica. El sentimiento de desprecio atraviesa distintos estratos y se manifiesta fuertemente en quienes han sido históricamente marginados en términos culturales, como lo señala Dubet en El desprecio social y sus efectos políticos. Un ejemplo ilustrativo de esta retórica supremacista se observó en la intervención del presidente de ultraderecha ante empresarios salmoneros respecto a la Ley Lafkenche. En su discurso, cuestionó la legitimidad de las solicitudes territoriales indígenas atribuyéndolas a trampas legales y vacíos normativos, sin atender antecedentes técnicos ni denuncias formales ante organismos como SERNAPESCA. Digo que su argumento peyorativo es de carácter supremacista, pues contraviene un orden legal que pretende proteger y dar derecho a comunidades indígenas que habitan el borde costero ancestralmente.
Por medio de estos dispositivos discursivos, se estimula en las bases populares la emergencia de un anhelo de restauración del orden socioconservador, estrechamente asociado al éxito individual y al espíritu emprendedor. Esta perspectiva converge orgánicamente con el discurso de diversos sectores evangélicos que promueven la denominada “teología de la prosperidad”, aquella que sostiene que el progreso económico de las capas populares no depende de la garantía de derechos sociales ni de la cobertura asistencial del Estado. En cambio, concibe los servicios de salud, educación y vivienda como bienes transables en el mercado, transformando la obtención de bienestar en una meta de superación y éxito estrictamente personal.
Otro elemento es el eje discursivo del anticomunismo y el rechazo al progresismo institucional, el cual operó para desacreditar a los organismos internacionales y tensionar las reformas de izquierda, catalogadas como fuentes de inestabilidad. Ejemplo de esto es la reinterpretación de la ley de 40 horas laborales, cuya aplicación ha derivado en propuestas de flexibilización por temporadas con jornadas de hasta 12 horas y la pérdida del pago de horas extraordinarias.
A modo de síntesis conceptual y analítica, Jason Stanley, en Cómo funciona el fascismo, advierte que la retórica neofascista en torno al orden público cumple la función táctica de fragmentar a la comunidad política en dos categorías antagónicas: aquellos que forman parte de la “nación elegida” —quienes acatan la ley por adscripción natural— y quienes quedan excluidos de dicha pertenencia, siendo calificados como desobedientes por definición. Bajo el encuadre político de matriz fascista, las mujeres que cuestionan los roles de género normativos, las minorías étnicas, las comunidades LGTBIQ+, la población migrante, los sectores cosmopolitas y quienes no adhieren al credo mayoritario constituyen, por su sola presencia y visibilidad, una amenaza directa al orden público. Esta dinámica coincide con el diagnóstico de Cas Mudde, en su estudio sobre los partidos de extrema derecha en Europa (The Ideology of the Extreme Right), donde explicita que la matriz ideológica compartida de estos proyectos se estructura indispensablemente en torno al “nacionalismo, el chovinismo del bienestar, la xenofobia y la doctrina de ley y orden”.
Despliegue orgánico y estrategia comunicacional de las fuerzas conservadoras
La capacidad orgánica de las extremas derechas comenzó a institucionalizarse por medio del sistema de partidos políticos, articulándose inicialmente en el Partido Republicano —cuyo origen se sitúa en antiguos militantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI)— y, posteriormente, en la conformación del Partido Nacional Libertario, escisión del propio republicanismo al poco tiempo de su fundación. En los últimos comicios parlamentarios, el Partido Republicano alcanzó un total de 1 424 832 sufragios, obteniendo 28 escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras que el Partido Nacional Libertario concitó 679 500 votos, logrando la elección de 11 representantes; en conjunto, ambas fuerzas sumaron 42 de las 155 diputaciones en disputa. Esta convergencia representó el 19.8 % de los votos válidamente emitidos, reflejando un hito en el mapa político nacional, al superar en términos de rendimiento electoral al conglomerado de la derecha tradicional (RN-UDI-Evópoli) por casi un punto porcentual.
Esta consolidación electoral estuvo acompañada de un uso intensivo de plataformas digitales. Mensajes directos y simplificados permitieron captar la adhesión popular sin requerir una profundización ideológica densa por parte de la audiencia. El liderazgo del Partido Nacional Libertario emergió de la plataforma YouTube, mientras que el Partido Republicano desplegó una estrategia comunicacional en redes ampliamente financiada por sectores empresariales. Esta orientación táctica recoge la experiencia previa de las extremas derechas europeas, colectividades que advirtieron precozmente el potencial de las redes sociales e internet para la masificación de sus discursos y su retórica política, tal y como lo describe Mudde. Este mismo fenómeno se ha replicado a nivel regional: en Brasil, durante la campaña presidencial de Jair Bolsonaro, mediante la articulación de programas de radio y televisión, influencers en YouTube, grupos de WhatsApp y redes de bots en Twitter; en Argentina, a través del posicionamiento mediático de Javier Milei previo a su candidatura y posterior acceso a la presidencia; y en el más reciente proceso electoral colombiano, donde el triunfo de la ultraderecha se dinamizó mediante redes sociales a través de “una serie de símbolos que fortalecen su épica patriótica” y su lema de que sus seguidores son “Defensores de la Patria”“, como lo plantea un artículo aparecido en El País. En dicho escenario, se integraron los colores nacionales a la paleta cromática de campaña, se resaltó la venia militar como hito de cierre en las intervenciones públicas y se posicionó de manera recurrente la consigna “¡Firmes por la patria!”.
Por consiguiente, la experiencia organizativa de los partidos de ultraderecha no constituye un hecho aislado, sino la réplica de estrategias previamente ensayadas con éxito en otras latitudes, adaptadas bajo las técnicas del marketing político y la masificación ideológica. Sin embargo, el trasfondo de esta orientación estratégica trasciende la mera conquista del aparato gubernamental: su objetivo sustantivo reside en estructurar un dispositivo capaz de disputar el sentido común y articular una nueva hegemonía, orientada a reconfigurar la correlación de fuerzas y transformar el bloque histórico en el poder.
Los contenidos puestos en circulación a través de las plataformas digitales guardan una correlación directa con la matriz ideológica y la retórica de estos sectores. En tales espacios virtuales, los usuarios y audiencias “defienden algún tipo de etnocentrismo y gran parte de la discusión del foro es para definir quiénes son ‘blancos’ y quiénes no, quiénes son ‘Occidente’ y quiénes sus enemigos raciales, culturales, políticos” (Ruocco, Cómo la extrema derecha se apoderó de 4chan). A partir de este marco discursivo, se sostiene y promociona la tesis de que la civilización occidental atraviesa un proceso de declive o decadencia, cuya responsabilidad es atribuida a la proliferación de parejas multiétnicas, la consagración del matrimonio entre personas del mismo sexo y la implementación de programas de educación sexual integral.
Cabe preguntarse de qué manera la arquitectura orgánica y el diseño funcional de las redes sociales facultan el avance de estos idearios y facilitan la construcción de hegemonía. Al respecto, es posible identificar a lo menos tres factores determinantes. En primer lugar, la estructura de difusión e información opera bajo un modelo de transmisión descentralizado que permite a cualquier usuario publicar contenidos prácticamente a costo cero y de manera irrestricta. En segundo lugar, se configura un entorno informativo donde resulta complejo para la ciudadanía diferenciar entre fuentes fidedignas y emisoras no verificadas o malintencionadas; en este escenario, la lógica comercial de la “caza de clics” (clickbait) prioriza la visibilización de titulares sensacionalistas y frecuentemente falsos, desplazando los criterios éticos de la comunicación informativa en favor del impacto inmediato. En tercer lugar, los mecanismos de automatización algorítmica tienden a incentivar y amplificar la interacción con contenidos polarizantes o de carácter extremo.
En términos de objetivos, este aparato orgánico y comunicacional de la ultraderecha chilena ha permitido tergiversar los principios de la democracia liberal, así como las nociones de justicia e igualdad social, con el propósito de horadar su legitimidad y debilitar su pretendida universalidad al catalogarlas como agendas ideológicas y tendenciosas. En este proceso, la noción misma de realidad queda sometida a escrutinio. De este modo, la deliberación pública fundada en el debate razonado es progresivamente sustituida por dinámicas emocionales articuladas en torno al miedo y al resentimiento. Ello se constata en las cuñas mediáticas y en los encuadres discursivos desplegados durante la campaña de la opción Rechazo en el primer plebiscito constitucional. Al respecto, la reiteración sistemática de falsedades manifiestas constituye una táctica recurrente en la praxis de la política neofascista orientada a erosionar el espacio público de la información, como ya lo señalaba Stanley.
La resistencia estratégica como alternativa política para las izquierdas
En la actual coyuntura, marcada por la consolidación de un proyecto gubernamental de extrema derecha, la formulación de una disputa contrahegemónica, orientada a articular el plano nacional-popular, se vuelve una condición urgente para frenar la embestida del capital y la profundización del modelo neoliberal. En este marco, la noción de resistencia estratégica cobra pertinencia teórica y pragmática: no se agota en una actitud puramente defensiva o reactiva, sino que propone un repliegue táctico estructurado para sentar las condiciones objetivas y subjetivas de una nueva ofensiva política. Su virtud reside en conjugar un análisis riguroso de la realidad —asumiendo que el triunfo electoral conservador no implica de manera automática una hegemonía cultural absoluta ni homogénea— con el impulso y fortalecimiento de un poder popular autónomo.
Frente a esta tarea, las izquierdas en Chile deben asumir un ejercicio autocrítico sobre sus deficiencias históricas, entre las que destaca la fragmentación y la incapacidad de integrar las diversas luchas emancipatorias en un proyecto común, sin advertir que la hegemonía se disputa simultáneamente en la totalidad de las esferas sociales. Resulta insuficiente considerar que las demandas sectoriales de un único actor social puedan determinar por sí solas el devenir histórico o consumar la emancipación colectiva. La praxis liberadora se constituye como un proceso coral, donde la convergencia de las distintas expresiones de protesta sostiene la búsqueda inalienable de la igualdad, la libertad y la justicia social.
Tal como analiza Eric Blanc, durante las últimas cuatro décadas de repliegue, diversos movimientos sociales emergieron periódicamente contra los conflictos bélicos, las opresiones de género y raza, la globalización neoliberal y el colapso ecológico. No obstante, al carecer de la fuerza organizativa de un movimiento sindical consolidado y de la capacidad de articulación de partidos de izquierda con vocación de masas, gran parte de esas movilizaciones se diluyeron sin materializar sus demandas ni alterar significativamente la correlación de fuerzas frente a los grandes grupos económicos.
De lo anterior se desprende que la disputa por el poder no constituye un hito reducido al calendario electoral, sino que exige transformar de manera sustantiva las relaciones sociales de producción y el sentido común de las mayorías. La experiencia histórica del siglo XX frente al auge del fascismo demuestra que la dispersión y burocratización de las fuerzas transformadoras conduce inevitablemente a la derrota, lección de trágica vigencia para el presente.
Asimismo, el horizonte transformador requiere comprender que el triunfo en las urnas es insostenible si no se respalda activamente en los movimientos de masas y en el fortalecimiento de las organizaciones del trabajo. Un proyecto de izquierda requiere avanzar en la democratización profunda de las estructuras del Estado. Frente al agotamiento de las vías reformistas, la tradición dialéctica enseña la necesidad imperiosa de asimilar los aprendizajes derivados de las derrotas históricas. Así, la resistencia estratégica se erige como la columna vertebral de un proceso que combina la autodefensa con la acumulación progresiva de fuerzas, orientada a unificar al pueblo trabajador en la disputa por la hegemonía.
En definitiva, la coyuntura exige una construcción paciente, metódica y de largo aliento en el tejido de la sociedad civil. Esto implica asumir la perspectiva de la estrategia política para edificar posiciones que permitan disputar el sentido común conservador y estructurar un programa de transformaciones de carácter radical y socialista. El desafío radica en politizar e integrar las demandas materiales y simbólicas de las mayorías, dotándolas de identidad de clase y articulando la unidad de acción entre las fuerzas sociales y políticas. Sólo una praxis rigurosa, fundada en la permanente articulación entre teoría y práctica, permitirá reconstruir un proyecto histórico capaz de transformar la realidad chilena y superar el actual estancamiento conservador.
