Difícilmente los 160,000 pobladores de Maricá, una pequeña ciudad costera en el estado de Río de Janeiro, pensaron que su experimento político emprendido en el 2013 cobraría tanta relevancia siete años después. El gobierno de Maricá decidió implementar una Renda Básica da Cidadanía, posiblemente el mayor experimento de Ingreso Básico Universal (IBU) del mundo. Aunque todavía no alcanza a cumplir la característica de universalidad, alrededor de un cuarto de la población ya está recibiendo dicho ingreso. Durante la pandemia del COVID-19, Maricá logró expandir el monto y la cantidad de apoyos económicos de emergencia de una manera casi inmediata, superando al Gobierno Federal brasileño por semanas. Lo interesante de Maricá fue que ha podido hacerle frente a dicha crisis, mientras que muchos gobiernos de la región aún no han sabido resolver el golpe que la pandemia le ha dado a sus trabajadores.
Los efectos asimétricos de la pandemia del COVID-19 en los trabajadores informales y formales mexicanos han traído al frente de la discusión los beneficios y las amenazas de experimentos como el de Maricá. Gobiernos nacionales como los de Brasil, España y Alemania ya han desarrollado algún tipo de transferencias monetarias condicionales e incondicionales en respuesta a la pandemia. Aunque ninguna es lo suficientemente amplia ni profunda como para caracterizarse estrictamente como un IBU, existen fuerzas políticas en Latinoamérica que buscan profundizarlas y ampliarlas. Se preguntan qué tan efectiva puede ser ésta para hacerle frente a la parálisis económica a la que nos enfrentamos, y también exploran la idea de que esto no sea sólo una estrategia de adaptación, sino una oportunidad para resolver los problemas más amplios de desigualdad, pobreza y bienestar de la región.
Aunque la pandemia ha traído esta discusión de regreso, no es de ninguna manera una idea novedosa. El IBU es una de esas políticas atípicas que atrae apoyo desde diferentes corrientes, sean socialistas, como Michael W. Howard, o de la derecha neoliberal, como el mismísimo Milton Friedman. Es tan atractiva porque, al final del día, es una idea muy simple con un gran impacto en lo público. Implica solamente entregar una transferencia monetaria individual a todos los miembros de una comunidad política. Pocos gobiernos han experimentado con el IBU, a pesar de que la idea lleva décadas en los espacios académicos y políticos. Se ha intentado a nivel nacional, por ejemplo, en países como Namibia y Finlandia, y en espacios subnacionales, como Alaska y Ontario.
En México no se ha intentado, pero no ha faltado su discusión pública. Tenemos antecedentes de candidatos políticos de la derecha y de la izquierda haciendo alusión al IBU. Pero ¿cuál es el potencial emancipatorio de la idea? ¿Cómo diseñar un sistema para que no sea un instrumento más de opresión y sea realmente una vía de justicia? ¿Deben abanderar esta causa las fuerzas progresistas?
Emancipación: hacia la libertad de propósito
Dentro de corrientes progresistas, se debate arduamente si el IBU realmente puede ser una vía de emancipación. La idea de emancipación es, esencialmente, liberación. El concepto se ha articulado en los espacios académicos occidentales de posdesarrollo, con Martha Nussbaum, Erik Olin Wright y el mismo Amartya Sen, entre otros. Wright habla de la emancipación como “la eliminación de la opresión y la creación de las condiciones para el florecimiento humano” (Wright, 2010, p. 7). Es una definición que la izquierda se apropió a partir de las luchas en contra de la esclavitud en el siglo XIX, buscando recuperar ese espíritu de liberación de la opresión misma.
Arturo Escobar expandió esta idea al conceptualizar el “pluriverso”, o lo que los Zapatistas han declarado una y otra vez como “un mundo donde quepan muchos mundos” (1996). Los Quechuas, por ejemplo, han utilizado el concepto de buen vivir, articulado en la Constitución ecuatoriana, para expandir esa promesa de emancipación más allá de la liberación de la opresión hacia una idea de convivencia armoniosa entre la naturaleza, el bienestar humano y la equidad. Por eso, una política que busca la emancipación tiene que buscar no solamente libertad de opresión, sino también libertad de propósito. La cuestión es, ¿el IBU en México puede cumplir una promesa de libertad de opresión y propósito?
Una herramienta de liberación
El IBU tiene cuatro elementos principales que subyacen a su potencial emancipatorio en nuestro país: la reivindicación de la economía de cuidados, la emancipación de trabajadores, la eliminación de la pobreza y la colectivización de proyectos emancipatorios. Existen otras dimensiones del IBU que podrían caer dentro de la lucha por la emancipación (decrecimiento ecológico, incentivo cooperativo en el mercado, impulso a la economía social, etc.), pero éstas cuatro podrían cambiar fundamentalmente las dinámicas de poder dentro de México.
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Reivindicación de la economía de cuidados. IBU tiene el potencial de buscar justicia de género al reivindicar el trabajo de cuidados. El “modelo tradicional de familia” ha creado una división de trabajo altamente desigual, donde los hombres son los principales generadores de ingreso, manteniendo a las mujeres dependientes de ellos. El Gobierno Federal calcula que el 23.5% del PIB proviene del trabajo no remunerado de cuidados, del cual las mujeres contribuyen un 75.3% (INEGI, 2019). Lo radical del IBU es que desarticula el valor moral asociado con el trabajo remunerado al otorgar incondicionalmente un ingreso a todas las personas. Entonces, las mujeres podrían liberarse de esa dependencia económica opresiva y, por lo tanto, de la colonización del trabajo y lo doméstico (Katada, 2018).
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Emancipación de los trabajadores. El IBU también es radical en el sentido de que, para sobrevivir, no es indispensable trabajar. Es ahora una decisión, como lo explica Erik Olin Wright (2010). Él habla de que este empoderamiento proviene al romper el vínculo con el capital que produce lo que los marxistas describen como doble alienación. Además, la automatización ha cambiado fundamentalmente la naturaleza del trabajo con la posibilidad de desplazar el 63% de la fuerza laboral en México, dejando a las y los trabajadores especialmente vulnerables (2018). Inclusive líderes de Sillicon Valley han impulsado el IBU para atender este problema porque, aunque algo hipócrita, podría preparar el terreno para un mundo postrabajo. Snricek y Williams (2015) describen un mundo postrabajo, un mundo donde el trabajo ya no sería un medio necesario de supervivencia, y aún así se crea valor. La clase trabajadora podría, entonces, liberarse del trabajo mismo, redefiniéndose dentro de otras identidades y actividades emancipatorias.
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Eliminación / alivio de pobreza. IBU está diseñada específicamente para construir un piso mínimo de ingreso dentro del cual todos pueden vivir bien. Es una promesa esperanzadora para México, un país con 52 millones de personas viviendo en la pobreza (CONEVAL, 2019). En México, las líneas de pobreza son definidas por el CONEVAL a través del índice multidimensional de la pobreza. Para un proyecto realmente de emancipación, el IBU tendría que articularse en un Ingreso Básico Justo, basado en lo que el CONEVAL define como la línea de bienestar urbana. Esto sería realmente un ingreso emancipatorio para las personas, que podría, no solamente sacar a esos 52 millones de la pobreza, pero también reduciría la desigualdad casi a la mitad (Cantú, 2017).
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Colectivizar la emancipación. El IBU, como mencionamos antes, tiene el potencial de colectivizar y politizar esfuerzos porque otorga dos elementos vitales: tiempo y poder de decisión. Mientras que otros proyectos de emancipación probablemente no van a ser directamente impactados positivamente por el IBU (como la lucha indígena de autonomía), éste da tiempo y recursos para ser invertidos en estas luchas. Como explica Wright, los sindicatos pueden tener el tiempo y el poder para luchar por mejores salarios y condiciones de trabajo, por ejemplo. En México, puede cambiar cómo funcionan las relaciones laborales, colectivizando las luchas de las estructuras informales de la economía, como las personas en trabajo doméstico, en mercados de calle y en el campo.
Una promesa disfrazada
Aunque el IBU como proyecto de emancipación tiene gran potencial, es un arma de doble filo. Hay ciertas amenazas que no solamente podrían reducir su promesa transformadora y reivindicativa, sino podría reforzar las estructuras de opresión que justamente otros proyectos de emancipación buscan deshacer. En el caso mexicano, esas amenazas se ven al crear un espejismo de emancipación y al centralizar las principales relaciones sociales hacia el Estado.
Al crear un espejismo de emancipación, el IBU puede fortalecer relaciones de poder opresivas con una narrativa de liberación. Hay tres diferentes maneras en que podría ocurrir esto. La primera es que se utilice el IBU como un dispositivo, tecnología o medicina que falla en realmente cuestionar, desafiar y cambiar las estructuras de poder que producen las desigualdades e injusticias a través de la colonialidad y las relaciones de clase (Fouksman y Klein, 2019). Además, si el propósito del IBU es solamente crear más personas que participen en la economía del mercado y completamente ignorar las relaciones asimétricas de poder en el espacio laboral (Zamora, 2017), entonces efectivamente el IBU podría fortalecer los sistemas de capital opresivos contra los trabajadores.
Otra manera en la que esta ilusión es creada es al visualizar al IBU como el único sistema y responsabilidad estatal para atender la desigualdad, en donde los sistemas de seguridad social son desmantelados para hacer más eficiente el rol del Estado. Ese es el argumento de Milton Friedman, y correría el riesgo de que el Estado se desentienda de la responsabilidad por la salud y la educación, por ejemplo. Finalmente, este espejismo podría ser disfrazado alrededor de una idea de pragmatismo, en donde la cantidad monetaria transferida se definiera como muy costosa, por lo cual el IBU no sería un Ingreso Básico Justo, sino un Ingreso Básico Parcial. Este ingreso solamente dejaría a las trabajadoras y trabajadores en posiciones aún más vulnerables, depreciando salarios y reduciendo su poder de negociación frente al capital.
La segunda amenaza a su potencial de emancipación en México es la estatización de las relaciones sociales, evidenciadas por luchas como la autonomía indígena y la dignificación migrante. La distribución del IBU implica una centralización en el Estado de la definición de quién es un ciudadano, por lo tanto, quién merece el IBU. El poder del Estado se fortalecería aún más, ya que el Estado es el primer garante de bienestar. Podría amenazar las luchas por la autonomía indígena, ya que el Estado podría construir lo que Yasnáya Aguilar llama el “México con nosotros” (2014), o la integración forzada de las naciones indígenas en el Estado mexicano. Además, el Estado tendría el poder de decisión de definir quién es ciudadano, por lo cual podría haber una distinción entre migrantes y no migrantes. Teóricamente, el IBU justamente trata de eliminar definiciones entre los acreedores de transferencias del Estado y los que no, los migrantes indocumentados serían de facto excluidos. En México 179,971 migrantes fueron deportados en 2019 dada una política antimigrante del Gobierno (Secretaría de Gobernación, 2020), y el IBU solamente exacerbaría esa diferencia.
Valorar la vida con el IBU
Entonces, ¿cuál es la transformación radical del IBU? Tiene el potencial de darle un “valor intrínseco a la vida, más allá del valor de las personas como trabajadores o consumidores” (Li, 2010). Las condiciones para que esto suceda tiene que darse en una política que valore la variedad de propósitos y beneficiarios; que enriquezca las diferentes luchas de emancipación sociales; y que se defina como un proyecto viable que no pueda ser reducido ni rebajado.
Al reconocer la pluralidad de propósitos y beneficiarios, el IBU tiene de la misma manera una diversidad de justificaciones para existir y, por lo tanto, una coalición política más amplia para su apoyo. Se puede visualizar como lo que Fouksman y Klein definen como la parte legítima o parte correspondiente de cada persona, y no solamente como un excedente fiscal.[1] El caso mexicano puede también ser entendido como herramienta de soberanía para las poblaciones indígenas, como las Primeras Naciones en Australia lo hacen. También tiene que ser valorado con una perspectiva feminista para mejorar la equidad de género. Estas estrategias de emancipación solamente pueden ser entendidas si hay un diálogo entre todas estas fuerzas para que sean parte activa del proceso de diseño del IBU.
Además, el IBU no se puede entender como una política aislada. Tiene que desarrollarse bajo una lucha más amplia de reestructura de dinámicas de poder. No se puede esperar que el IBU va a ser una solución para la violencia de la Guerra contra las Drogas en el país al atender la pobreza, por ejemplo, sin atender las dinámicas tóxicas de violencia patriarcal, como García (2018) ha señalado en su estudio sobre los perpetradores de violencia. Tampoco se puede esperar que haya reivindicación indígena si no se reimagina fundamentalmente las relaciones entre el Estado mexicano y las diferentes naciones indígenas, como lo señala Yasnáya Aguilar.
Finalmente, el IBU en México tiene que ser implementada como política íntegra sin rebajar su diseño, porque si no, amenaza en consolidarse solamente como una falsa promesa. Por ejemplo, el candidato a la presidencia en el 2018, Ricardo Anaya, propuso al IBU como una de sus principales propuestas de gobierno. Sin embargo, Oxfam señaló que su propuesta implicaba desmantelar programas sociales que cumplen el mismo propósito de transferencia en efectivo (como becas del Conacyt) (2018). Esto podría dejar a una gran cantidad de la población en estado sumamente vulnerable, fortaleciendo estructuras que refuerzan la desigualdad, no combatiéndolas. Además, dentro del contexto mexicano, el IBU tiene la amenaza de convertirse en una red clientelar electoral, en donde la desinformación sobre sus propósitos, así como el diseño mismo, puede ser utilizado solamente para perpetuar el poder de ciertos partidos políticos.
Entonces, ¿el IBU sí o no es emancipatorio?
La respuesta corta es sí. El IBU puede ser una promesa de emancipación para un país como México. Cualquier política que reivindique el trabajo de cuidados, emancipe a los trabajadores, elimine la pobreza y empodere la colectivización tiene ese potencial. Sin embargo, se tiene que hacer con muchísimo cuidado. Se puede construir un espejismo emancipatorio al dejar el IBU como dispositivo superficial de transformación, al promover una cultura de consumo, al desmantelar otros programas sociales y al fortalecer las estructuras de poder inequitativas. Para evitar eso, el IBU tiene que enfocarse en una perspectiva de un pluriverso, donde éste es parte de un proyecto más amplio de emancipación que es lo suficientemente perspicaz para poderse construir alrededor de coaliciones amplias, y así no rebajar la ambición de un Ingreso Básico Justo. Solamente un ingreso para todas las personas sin ninguna condición, que sea el suficiente para vivir con bienestar y que sea lo suficientemente ambicioso para no fortalecer instituciones ni mercados, puede ser una política que apoya a la vida.
Notas
[1] Es una de las principales críticas del modelo en Alaska, que es el excedente de los ingresos petroleros del Estado.
Referencias
Aguilar, Yasnáya. El futuro es hoy. Ideas radicales para Mexico, Dibbuks, 2014.
Cantú, Raúl. Ingreso básico en México: ¿A quién beneficiaría y cuánto costaría?, México: CIEP, (2017)
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