Segunda de dos partes
En la primera parte de este texto, trazamos una genealogía de la militarización en Brasil, y es precisamente dentro de este marco que la Operación Acogida (OPA) debe ser analizada, no como una mera política de acogida de migrantes, sino como la materialización de esa doctrina securitaria en la gestión de las fronteras. Su implementación en 2018 para lidiar con el flujo de migrantes venezolanos en la provincia de Roraima consolidó un modelo que, bajo la retórica humanitaria, opera como un dispositivo de contención, vigilancia y confinamiento. Así, para entender su papel, es preciso situar a Brasil en la geopolítica migratoria del Sur Global.
Conforme ha sugerido Rosana Baeninger, investigadora brasileña especializada en migraciones, la relativa facilidad para obtener documentación en Brasil lo reposicionó como un destino provisorio o permanentemente temporario para los migrantes y refugiados. De tal suerte, Brasil funciona como un “país tapón”, cuya función principal es contener los flujos migratorios que se dirigen al Norte Global, aliviando la presión sobre las fronteras de los países centrales.
En ese sentido, proponemos, es justo en tal contexto de guerra generalizada que la militarización de la acogida humanitaria debe ser comprendida. La territorialización de la guerra produce conflictos, por ejemplo entre los ciudadanos de un país contra los ciudadanos de otro, aun fuera de los territorios de ambos estados soberanos, una dinámica que puede ser pensada a partir de la idea de externalización de fronteras. México es el ejemplo emblemático: además del muro en la frontera norte, Estados Unidos terceriza al gobierno mexicano los esfuerzos de contención de las caravanas migrantes en su frontera sur.
Esta función de contención explica por qué a Brasil se le encargan misiones como el entrenamiento de la policía haitiana, tarea que será conducida por el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), la tropa de élite de la Policía Militar de Río de Janeiro (PMERJ). La elección del BOPE, una fuerza notoriamente violenta, para una misión de “pacificación” revela la naturaleza de la gobernanza que está siendo exportada: un modelo de control militarizado que no busca la paz, sino la gestión coercitiva del desorden. La OPA es, por lo tanto, otro de esos “tapones”, y no puede ser entendida como manifestación de un “destino manifiesto” acogedor del país, sino como un mecanismo de gestión y control de poblaciones.
Si en el siglo XIX Brasil recibió migrantes para formar un mercado de trabajo y para un proyecto de blanqueamiento de la nación, hoy el significado de la “acogida de migrantes” es otro. El desarrollo de las fuerzas productivas cerró el horizonte de integración social mediante el trabajo, transformando masas de trabajadores en “pobres irremediables” y descartables. En ese contexto, es menester controlar a esas poblaciones, confinándolas en albergues, campos de refugiados o prisiones, o dirigiéndolas hacia un trabajo precario e igualmente provisorio o permanentemente temporario.
La estructura operacional de la OPA en la provincia de Roraima materializa esa lógica de control en cada una de sus etapas. El proceso se inicia en el puesto de inspección sanitaria (triaje), donde los migrantes son sometidos a un riguroso registro que incluye la recolección de datos biométricos, como las huellas dactilares y, notablemente, el iris de adultos y niños. Esta práctica inserta a los migrantes en lo que Mirca Madianou llama “ensamblaje biométrico”, una sinergia global entre tecnología y control de la movilidad humana que busca clasificar a las poblaciones entre “legítimas” e “ilegítimas”. Las fronteras contemporáneas se han vuelto tecno-militarizadas y tecno-mediadas, donde la gobernanza se da a través de la datificación y del control del propio cuerpo en movimiento. Tras este registro, las personas migrantes son enviadas a albergues temporales que poco se diferencian de una construcción carcelaria. Además, una reestructuración reciente dio lugar a super-mega-albergues situados en lugares inhóspitos, lo cual profundiza el apartamiento de los migrantes de la vida social y urbana, reforzando la lógica del confinamiento.
Esta estructura opera bajo una paradoja fundamental: la asociación entre las tecnologías digitales, la securitización y la economía humanitaria hacen que soluciones de protección para personas en condición de riesgo estén cada vez más vinculadas a políticas de control. La gobernanza, además, es tercerizada por medio de la instrumentalización de ONGs y agencias humanitarias internacionales, lo que genera una responsabilización difusa entre el Estado, las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la industria del humanitarismo. De tal suerte, el humanitarismo, lejos de ser sólo una defensa de los derechos humanos, se convierte en un negocio que moviliza sumas elevadas de recursos y relaciones de poder complejísimas.
Por otro lado, la interiorización (es decir, el desplazamiento de migrantes y solicitantes de refugio hacia otros estados del país) es frecuentemente presentada como la principal innovación y éxito del modelo brasileño. Sin embargo, un análisis crítico revela una realidad más compleja. Las fuentes desmitifican esa narrativa, señalando que más de la mitad de las personas “interiorizadas” se desplaza en realidad por criterios de reunificación familiar o social, y no a través de vacantes de empleo señalizadas (VES). Así, en la práctica, la interiorización funciona como un mecanismo de tercerización del “problema” migrante hacia otras ciudades, que a su vez replican la estructura de la economía humanitaria. Se trata, en esencia, de una forma de expulsión “segura, ordenada y regular” de la frontera, que dispersa a la población en vez de integrarla.
En los casos en que la interiorización ocurre bajo criterios de inserción laboral, las personas migrantes son frecuentemente dirigidas a los sectores más precarizados del agronegocio, como la industria frigorífica y las haciendas agroindustriales, en condiciones de trabajo análogas a la esclavitud, replicando el modelo de reclutamiento de trabajadores temporales vigente en todo el mundo.
Desde 2018, aproximadamente 141 mil venezolanos fueron “interiorizados” hacia más de mil municipios brasileños, especialmente a centros del agronegocio como Chapecó (SC) y Dourados (MS). Estas ciudades están vinculadas a la presencia de frigoríficos de sacrificio de pollos, donde hay una gran presencia de migrantes, primero haitianos, seguidos de venezolanos, estos últimos en su mayoría interiorizados a través de la OPA.
Al mismo tiempo, la propia OPA promueve una pedagogía neoliberal que incentiva el emprendedurismo, llama a las refugiadas y a sus familias a convertirse en “empresarias de sí mismas”, lo que redunda en la proliferación de pequeños “empresarias de sus propias miserias”, endeudadas y con agotamiento laboral, pues estas personas internalizan el fracaso de un sistema diseñado para la explotación. La relación entre migración y plataformización del trabajo acentúa esa precarización, ya sea mediante el trabajo directo en aplicaciones de entrega, transporte o comercialización, ya mediante el uso de redes sociales para promover y consolidar ventas en línea.
Finalmente, quizás el aspecto más alarmante sea la intención explícita de transformar la OPA en un modelo de política pública para la gestión de otras crisis y poblaciones en Brasil. Entrevistas realizadas en Brasilia con representantes del Ministerio de la Defensa y del Ministerio del Desarrollo Social por nuestro equipo de investigación indican que el modelo securitario y de confinamiento de la OPA está siendo considerado para gestionar la reinserción sociolaboral de desplazados internos por catástrofes climáticas, como las de Rio Grande do Sul y de la Cuenca del Amazonas; para la emergencia humanitaria del pueblo Yanomami, víctima de la minería ilegal; e incluso para controlar a trabajadores urbanos informalizados, percibidos como propensos a la criminalidad.
La OPA, por lo tanto, trasciende la política migratoria. Ella se presenta como un prototipo para un nuevo paradigma de gestión de la pobreza y de la exclusión social, un laboratorio para probar y perfeccionar tecnologías de control poblacional en un mundo donde la integración social a través de lo laboral se ha convertido en un horizonte cada vez más distante para masas crecientes de población.
La guerra a los pobres va perdiendo su antiguo barniz “civilizatorio” para reducirse a exterminismo o —en la mejor de las hipótesis—, a una gestión confinada de los indeseables.
A modo de cierre
El análisis aquí emprendido buscó demostrar que la militarización de la acogida humanitaria en Brasil, ejemplificada por la OPA, no es un fenómeno aislado. Por el contrario, se inserta en un nuevo régimen migratorio y de fronteras globales, organizado como una guerra total contra los migrantes. La OPA emerge como un dispositivo de frontera emblemático de la gubernamentalidad neoliberal, y sirve, en tanto tal, como un laboratorio social para probar y perfeccionar tecnologías de selección y control poblacional.
La materialización de este dispositivo puede ser sintetizada a partir de tres elementos conjugados. El primero es la articulación entre el control migratorio militarizado y la extracción masiva de datos personales. En la OPA, esto se traduce en la recolección de datos biométricos en puestos de triaje que someten al cuerpo en movimiento a una gobernanza tecnocrática enfocada en la seguridad vía datificación. En segundo lugar, la gobernanza es ejercida por medio de la tercerización hacia entes no estatales y de una difusa responsabilización, justificada por la actuación del humanitarismo. La presencia de ONGś y agencias internacionales convierte a la sociedad civil en gestora de recursos, con lo cual se materializa una economía humanitaria que opera en la paradoja entre la defensa de derechos y la represión. Finalmente, el dispositivo culmina en la inmersión forzada de los migrantes en la pedagogía neoliberal, que ocurre mediante la promoción del “emprendimiento de sí mismo” y de la interiorización hacia vacantes de trabajo precarizado.
Este modelo securitizado no se restringe a la frontera. La retórica oficial lo presenta como una política ejemplar de gestión poblacional, cuyo uso ya ha sido propuesto para otras “crisis”, reales o fabricadas. Resulta pues evidente que las políticas migratorias funcionan como un campo de experimentación para técnicas de control que, una vez consolidadas, pueden ser generalizadas, especialmente en el contexto de la actual era de las crisis, donde el horizonte de integración social por el trabajo se ha cerrado definitivamente.
Ante este complejo escenario, la única síntesis posible es que las cosas van mal en Brasil en lo singular y en el mundo en lo general. La transformación de este cuadro exige más que análisis; debe pasar por formas de autodefensa colectiva y por solidaridades radicales, raciales e interraciales que cuestionen las múltiples relaciones de poder y control aquí tejidos. La lucha es por un mundo en que no queden fronteras y en el que quepan todos los mundos. O todos menos este mundo autofágico, que sólo cesará su destrucción si nos destruye a nosotros o al planeta. Y por eso, pensar las fronteras, sus regímenes de control e interseccionar nuestras luchas con las de las personas migrantes es una forma de detener la destrucción antes que ella nos devore.
