era entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico. El nuevo presupuesto es ligeramente inferior en términos reales al del año pasado, pero ha reestructurado a fondo algunas secretarías. Es de resaltar que la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Hacienda y la oficina de Presidencia sean de las más afectadas por recortes al presupuesto, algunos de los lugares que, por razones obvias, concentran a algunos de los funcionarios más cercanos al presidente.
Desde el inicio de la administración se han realizado recortes, fusiones y ajustes a diversos sectores del Estado, operado a través de funcionarios cercanos. De arriba para abajo se ordenan ahorros sustanciales, y los burócratas de abajo hacia arriba ofrecen fondos a sus superiores mientras intentan mantener sus departamentos aun operando. La implementación de los recortes, además, es auditada por la Secretaría de la Función Pública, por lo que incluso los funcionarios más aguerridos terminan sacrificando parte de sus funciones. La tarea para muchos empleados del gobierno es prácticamente imposible. En muchos casos, las medidas han impedido cubrir las necesidades más básicas de las instituciones, desde clips para documentos hasta el pago de salarios a empleados por outsourcing. Lo necesario y lo superfluo arden juntos en la fogata de la austeridad.
La destrucción de sectores del Estado no es un fenómeno exclusivo del obradorismo ni, tampoco, distintivo del neoliberalismo. En las décadas de las reformas neoliberales, otra fogata quemó las funciones productivas del gobierno. En las décadas de 1980, 1990 y 2000, el Estado remató, cedió o suprimió cientos de empresas paraestatales. La renuncia para participar como productor en la economía implicó que la inversión física del gobierno cayera de manera dramática. Sólo entre el año 2000 y el 2016, la inversión del gobierno (Gasto de Capital) pasó de ser el 33% de los ingresos totales al 23%. Esto no implicó, aunque usted no lo crea, una contracción del Estado en general. Al contrario, el aparato burocrático se expandió. En términos reales y relativos crecieron los costos en operación y salarios del gobierno (Gasto corriente), y se otorgaron mayores recursos a los gobiernos estatales a través de las participaciones (ver gráfica 1). El Estado no desapareció con el neoliberalismo, sólo se transformó (palabras más, palabras menos de Camilo Vicente en @laconjurapod).
Este aparato gubernamental, la maquinaria del Leviatán, se encuentra en su mayor parte vigente. El nuevo gobierno ha invertido, sí, pero sólo en el sector petrolero. En conjunto, la inversión física apenas y cambió, y el gasto en administración sigue siendo el más importante. Entre diciembre de 2018 y julio de 2020, el gasto corriente como proporción del gasto total ha caído apenas un punto porcentual. La mayoría, pues, de los ajustes observados en la inversión gubernamental han implicado reacomodos graduales entre sectores de la burocracia. En otras palabras, la nueva política de gasto es el resultado de guerras intestinas en la administración federal, mediadas por López Obrador y dirigidas desde la Secretaría de Hacienda. Los ganadores de esta disputa hasta ahora, claramente, son los sectores burocráticos castrenses y energéticos.
La austeridad, en suma, ha implicado un empoderamiento de ciertos sectores del Estado en detrimento de otros, en particular, los organismos descentralizados. Es abierto y evidente el desdén del presidente a este tipo de instituciones gubernamentales que crecieron en las últimas décadas. Muchos de estos últimos habían sido enarbolados como la prueba de la transición democrática y de la rendición de cuentas públicas por administraciones pasadas. No obstante, los recortes a muchos de ellos no han tenido el impacto negativo en la opinión pública que muchos comentaristas quisieran. La sociedad ha visto cómo varios de ellos son traídos a la escena pública de la fogata, y la mayoría no ha reconocido ni siquiera sus nombres. Ligados al modelo de Estado Neoliberal, estos organismos también se encuentran en crisis.
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El pasado 2 de septiembre, Marcela Alemán y Silvia Castillo, dos madres víctimas de San Luis Potosí, llegaron a las oficinas de la CNDH en el Centro Histórico de la Ciudad de México a exigir justicia para su hija e hijo. Ante la negativa de los funcionarios, las dos madres se negaron a abandonar el edificio. A la mañana siguiente, colectivas feministas se agruparon a las afueras de la institución y la tomaron para transformarla en albergue de víctimas de todo el país. El episodio no es un caso aislado. Desde febrero de este año una familia originaria de Chihuahua realiza un mitin en el lobby de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), mientras que el colectivo 10 de marzo tiene instalado un plantón en la entrada de las oficinas de la misma institución. En días pasados granaderos agredieron y apresaron a las mujeres ocupantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, además de que otros no permitieron el ingreso a manifestantes a las instalaciones de la CEAV en la Ciudad de México.
Todos estos sucesos revelan una crisis generalizada de la representación del sistema de víctimas que se ha implementado en los últimos años. El surgimiento de la CNDH en 1990 respondió a la crisis de legitimidad de Carlos Salinas de Gortari y, junto con el IFE, era la campeona de los organismos descentralizados del nuevo Estado. Al igual que el órgano electoral, por otro lado, sus directores eran cercanos a las oficinas de presidencia. Jorge Carpizo, el primer Ombudsman, fue Secretario de Gobernación de Salinas; Jorge Madrazo fue Procurador General con Zedillo y Mireille Roccatti fue Secretaria de Medio Ambiente en el Estado de México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En 2013 se creó un nuevo organismo, el Sistema Nacional de Víctimas (SNAV), el cual se agregó a las comisiones de derechos humanos locales y nacional. Se hizo costumbre, en esos años, crear más órganos descentralizados para acallar las demandas de la sociedad. Al SNAV pronto se sumaron el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia. El chiste se cuenta solo.
Estos organismos descentralizados del Estado se articulaban con organismos semipúblicos que crecieron en esos años: las ONG. Las agencias no gubernamentales se nutrieron del cambio en la forma del Estado y aparecieron como una nueva intermediación política entre la figura de víctimas y el gobierno. Las familias deben de llevar largos procesos legales en las fiscalías, comisiones de derechos humanos y en la CEAV. Esto no sólo implica grandes costos de litigio, sino costos de transporte, vivienda y protección de las víctimas (que en general deben desplazarse a la Ciudad de México). Algunas agencias no gubernamentales absorben los costos de representación legal, además de realizar acompañamiento a las familias. En suma, esta Economía Política de la tragedia implica el surgimiento de una burocracia informal, financiada por órganos públicos y privados a nivel nacional e internacional (Camilo Vicente y yo analizamos el sistema de estas organizaciones en una perspectiva más amplia en este artículo).
Como el resto del sistema de víctimas, estas organizaciones semiprivadas son insuficientes, además de que generan un problema de representación política. A las ONG dedicadas al acompañamiento se ha sumado un aparato creciente de profesionales y consultores privados que han logrado posicionarse como los representantes, o proxis, de los movimientos de víctimas. El conflicto en torno a la designación de Rosario Piedra Ibarra ejemplifica perfectamente la disputa entre gobierno y las ONG sobre la representación de las víctimas. Por un lado, una familiar de víctima respaldada directamente por el presidente; por el otro, los partidos de oposición y muchas ONG exigiendo un perfil surgido de la tecnocracia de Derechos Humanos. En el debate, las representadas, de nuevo, fueron despojadas de su voz.
“A nosotras nos dan 300 pesos cada que se acuerdan, para ayudar con nuestros pasajes. ¿Dónde está la austeridad de este gobierno? Con lo que cuesta su carne come mi hija un mes, ¿a cuántas familias de víctimas podríamos ayudar a comer con todo esto?” La indignación de Erika Martínez al descubrir un refrigerador lleno de carne en las instalaciones de la CNDH da cuenta del tremendo fracaso del sistema de defensa a las víctimas construido durante estas décadas. Como en el resto del gobierno, el crecimiento del aparato burocrático no garantizó ninguna de las demandas de la sociedad. El crecimiento del aparato burocrático, formal e informal, en torno al movimiento de víctimas no resuelve ni las necesidades más básicas para alcanzar la justicia. “Aquí hay más carne que expedientes”, remató Yesenia Zamudio.
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“No estén tan apagados, mis queridos amigos; aún les quedan buenos días por delante.” Decía un personaje al final del cuento de Hawthorne. Despuntaba el día y algunos nostálgicos del viejo régimen se habían congregado en torno a la última botella de licor. El personaje consolaba a los asesinos, vanos y borrachos, que se congregaban anotando que se mantenían los mismos antes y después del fuego. “De esa caverna surgirán todas las formas de mal y miseria, las cuales se han tomado tanto tiempo en consumir. He visto esta larga noche y he reído con la boca tapada durante todo el evento. ¡Les doy mi palabra de que pronto estaremos de nuevo en el Viejo mundo!” Remataba el cínico.
Como Hawthorne, mi mirada a la fogata es más bien pesimista. En el fuego presente se consumen privilegios, excesos y corrupción, al mismo tiempo que se restringen funciones vitales del Estado, o se mina la capacidad operativa del futuro. El gobierno, poco a poco, se irá quedando sin más que sacrificar al fuego de la austeridad, pero quedará el mismo Estado, ahora desnudo de atavíos y herramientas, con muchos de los mismos actores. Más aún, los perpetradores y los reaccionarios se han mantenido desde la grada, riendo entre dientes, observando el espectáculo. Como siempre, a ellos no les ha tocado sacrificar nada, y esperan, irónicos, el regreso de lo viejo.