En Nicaragua, conocida como la tierra de lagos y volcanes, de niños nos enseñaron a repetir que tenemos agua de sobra, que poseemos importantes recursos hídricos, pero olvidaron incluir en la educación los valores y prácticas para saber cuidar y conservar responsablemente estos vitales recursos.
El mapa hídrico muestra una geografía generosa, una red de 51 grandes ríos que recorren el 93% del territorio escurriendo las aguas de 13 cuencas hacia el Mar Caribe (117,400 km2), mientras que, desde las restantes ocho cuencas, las aguas pluviales de 12 ríos medianos o pequeños corren hacia el Océano Pacifico (12,200 km2).
Por si fuese poco, el país posee el estratégico lago de agua dulce más grande de Centro América, el Cocibolca y el Xolotlán en la capital, que está en proceso de saneamiento por haber recibido las aguas servidas desde mediados del siglo pasado cuando los gobiernos no reparaban en daños ambientales. Tiene también 18 lagunas cratéricas y 4 embalses artificiales destinados a la generación hidroeléctrica, siendo uno de ellos diseñado para riego de varios cultivos.
A partir de los datos de precipitaciones y disponibilidad de aguas naturales que se registran para Nicaragua con per cápita anual de 27 mil m3 y que le ubican entre los países más privilegiados de la Región, existe una tendencia a idealizar el potencial hídrico actual, con lo cual se pierde la perspectiva para analizar con mayor objetividad las condiciones reales en que encuentran los recursos hídricos en términos de su sostenibilidad y de la calidad de las aguas.
El indicador de disponibilidad natural de agua per cápita se mide a partir del Escurrimiento Natural Medio Superficial más la Recarga Media de Acuíferos dividido entre la Población Total: esto indica la cantidad de agua renovable promedio anual por persona. Las regiones donde la disponibilidad es menor a 1,700 m3 por año se consideran en «estrés hídrico», siendo la norma la escasez de agua.
El Ing. Salvador Montenegro, ex director del Centro de Estudios de los Recursos Hídricos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN, en septiembre de 2016 compartió al diario La Prensa partes del Informe de Estado de la Región Centroamericana, y ahí se revela que la mayor oferta hídrica per cápita la posee Belice, Panamá y Nicaragua, pero los países con mayores precipitaciones anuales son Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Mientras que en las estadísticas de la FAO, a partir de 1988, Nicaragua está reduciendo su disponibilidad hídrica, pasando de un per cápita de 37,886 m3 en el quinquenio 1988-1993, a 27,053 m3 en el período 2013-2017.
Intentos fallidos de privatizar el agua entre 2000 y 2005
La privatización del agua en Nicaragua fue impulsada desde hace más de dos décadas por instituciones financieras internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional). Las causas parecen asociadas a condiciones definidas en las negociaciones de la deuda externa entre la banca internacional y el país. Desde 1997 se iniciaron trámites para obtener un préstamo por un monto de U$ 13,9 millones de dólares con periodo de 5 años vinculado al proceso de privatización del agua, mismo que se otorgó en el año 2000.
Aunque se empleaba un lenguaje eufemístico estaba claro que consolidar “la reforma” (privatización) del servicio de agua por medio de la “modernización” (fragmentación) de ENACAL, se exponía sin lugar a dudas en los documentos del programa. Este proceso fue emprendido por el Gobierno de Arnoldo Alemán, implementado por la Administración de Enrique Bolaños y retomado por el Gobierno de Daniel Ortega al reformar en 2020 la Ley General de Aguas Nacionales, Ley 620.
Estos organismos fomentaron en esa época varios modelos: entregar los sistemas de agua a empresas privadas externas bajo subcontratos por servicios, bajo la figura de contratos de administración con los cuales la empresa es responsable de las operaciones y mantenimiento a plazos de 5 años prorrogables; o bajo el régimen de concesiones a largo plazo (25 años) donde el agente privado realiza ciertas inversiones, opera los servicios y hace el mantenimiento, aunque la infraestructura básica continúe siendo pública. Otra modalidad fue dar en arriendo las empresas de agua a plazos de 10 a 20 años con el discurso del proceso de “modernización” (privatización) del agua.
El Estado de Nicaragua cumplió con “su parte” para allanar el camino a la privatización del agua. Dio inicio con la reforma al art.105 de la Constitución Política de Nicaragua donde se establecía que los servicios públicos eran competencia del Estado. Éste se modificó en el contexto de un Pacto Político bipartidista (FSLN-PLC) y en consecuencia ya para enero de 1998 también se reformaron los decretos creadores de las entidades vinculadas a Energía, Telecomunicaciones y a la Regulación y Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
Es así que el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), que era proveedor del servicio a nivel nacional, queda reducido a una entidad rectora (quien aprueba el pliego tarifario), y se crea la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ENACAL), que se convierte en la institución que administrará los sistemas en la mayoría de los 153 municipios del país, dado que en ese momento se separan cerca de 40 sistemas municipales de agua potable que optan por adscribirse a la gestión de las alcaldías correspondientes, situación que se mantiene hasta la fecha.
ENACAL da continuidad a la tutela de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), organizaciones comunitarias a cargo de los servicios rurales de agua, por unos 8 años, como sucesor de INAA. Pero en 2006, el presidente Enrique Bolaños firma un decreto mediante el cual traslada cerca de 5200 CAPS al FISE, una institución creada para ejecutar variados proyectos de emergencia y sin experiencia en el sector agua. Ese decreto lo ratifica el presidente Daniel Ortega en 2007, dejando desde entonces en el limbo institucional a los usuarios de los sistemas rurales, quienes se han llevado la peor parte de este proceso.
Con esta acción se perseguía “liberar a ENACAL” de la parte “menos rentable” y “más complicada” en la prestación del servicio y en lo relativo al control de la calidad del agua en las zonas rurales. Para el propósito inicial de privatizar el agua este tipo de medidas ya están incluidas en los manuales de los organismos internacionales.
Entre 2004 y 2005 la administración del Ing. Enrique Bolaños aceleró el proceso para avanzar en la ruta privatizadora del agua y además de autorizar al Ministro de Hacienda la contratación de préstamos millonarios con el BID (préstamo 1049) y con el BCIE (préstamo 1719) bajo el concepto “Programa Global de Obras Múltiples para Modernizar ENACAL”, o para “mejorar el acceso a los servicios básicos”, incluido un préstamo del BID, suscrito en 2006, que establece que hay que “Invertir para mejorar la sostenibilidad de los servicios, modernizar el sector agua y saneamiento”.
En el marco de esos préstamos del BID, ENACAL se comprometió a desconcentrar parte de los sistemas que administraba en varios puntos del país y procede a crear empresas regionales de Agua y Saneamiento en Occidente (Chinandega y León), Norte (Matagalpa y Jinotega) y a nivel de la capital acepta contratar un consorcio con experiencia internacional que “lidere, asesore e implemente los procesos de gestión en áreas como catastro de usuarios, cambio e instalación de medidores de agua, transformación del sistema informático, modernización del área comercial y control de los índices de agua no facturada entre otros”. Cede así ENACAL la autonomía administrativa a una firma de origen chilena y a otra uruguaya, siguiendo la letra de condiciones establecidas en el documento del préstamo.
En el caso de Jinotega y Matagalpa desde 2001, conforme a lo previsto para privatizar, iniciaron el proceso de inversiones en mejorar los sistemas de agua con financiamiento/donaciones de KFW de Alemania. Se conformaron legalmente las Empresas Aguadoras Departamentales adscritas a ENACAL, surgiendo EMAT en Matagalpa y EMAJIN para Jinotega. Ambas fueron adjudicadas en 2004 a la empresa BiWater, que a su vez subcontrató a una empresa guatemalteca que estuvo al frente de estas aguadoras hasta 2009, fecha en que cumplieron los cinco años del contrato de administración y por acción de la nueva Administración de ENACAL se logró revertir el proceso de privatización y se integraron a esta entidad nacional.
Las empresas previstas para Chinandega y León, incluido el municipio de Corinto, fueron creadas pero no llegaron a la fase de adjudicación porque se desarrolló en todo el país un fuerte movimiento de resistencia contra la privatización del agua, liderado por la Red Nacional de Defensa de los Consumidores que desplegó múltiples iniciativas de denuncia, organización social, jurídicas, interposición de recursos en la Corte Suprema de Justicia, juicios diversos así como iniciativas de gestión parlamentaria para detener temporalmente algunas acciones gubernamentales.
La iniciativa de la Red Nacional por la Defensa de los Consumidores contra la privatización del agua
La Red de Consumidores es un movimiento de voluntarios fundado en 2001; logró integrar un equipo de profesionales calificados que se dieron a la tarea de investigar, traducir, analizar, exponer y denunciar el contenido de extensos documentos del BID donde se contenían estrategias para la privatización del agua en Nicaragua. Se inició un proceso intenso de sensibilización acerca de los despropósitos que perseguían, sobre el impacto y consecuencias que privatizar el agua tendría para los grupos más vulnerables de la población al encarecer el acceso al servicio de agua potable en un país catalogado como el segundo más pobre de América Latina.
Un aspecto esencial en esta lucha para frenar la privatización del agua radicó en que la referida reforma al art. 105 de la Constitución de Nicaragua estableció que para dar en concesión los servicios públicos a empresas privadas debería contarse con una ley aprobada en cada sector. Efectivamente, se ocuparon de preparar las leyes correspondientes en Comunicaciones, Energía y otras, pero dejaron de lado la del sector agua. Justo la iniciativa para llenar ese vacío legal fue impulsada por la Red Nacional de Consumidores que se dio a la tarea de realizar talleres, consultas y variados esfuerzos para preparar aceleradamente un anteproyecto de Ley de Aguas. Éste se materializó y se logró presentar como iniciativa ciudadana (sin la participación de ningún diputado) ante la Asamblea Nacional, a inicios de octubre de 2003.
La Red de Consumidores también interpuso en 2004 un recurso jurídico ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, solicitando que se otorgara un amparo a los consumidores y se detuviera la implementación del Programa de Modernización (privatización) que el gobierno estaba por iniciar con el préstamo del BID (1049) por más de $13 millones de dólares. La demanda ofreció como evidencias el propio documento del proyecto preparado por ENACAL, el cual es explícito en los alcances de la privatización del agua pero con el lenguaje de la modernización.
La Corte Suprema resolvió el recurso a favor de la Red de Consumidores y ordenó detener la implementación del Programa de Modernización. Sin embargo, el presidente de Nicaragua, Ing. E. Bolaños, autorizó la contratación del préstamo e ignoró las conquistas de los usuarios. Esa decisión estimuló más las protestas en diferentes zonas del país y acrecentó la toma de conciencia acerca de la urgencia de resistir ante la privatización del agua. En este entorno comenzó el debate de la iniciativa de ley presentada por este movimiento social ante la Asamblea Nacional, lo cual permitió finalmente que se escuchara la propuesta de una gestión sostenible del agua y la demanda de establecer como prioridad el consumo humano.
La Red de Consumidores tomó la delantera en el análisis de la situación del servicio del agua y acerca del estado de los recursos hídricos en Nicaragua. La propuesta de ley fue aprobada con algunas modificaciones entre 2006 y 2007, entrando en vigencia a partir de marzo de 2008. Nació así la Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620), surgida de la lucha social, de una iniciativa ciudadana y con un enfoque de acceso al agua como un derecho humano, la responsabilidad de un servicio administrado por el sector público con la consecuente regulación y protección de todas las fuentes de agua, pero también compartiendo la responsabilidad de todos los actores de la sociedad en una gestión responsable de los recursos hídricos. Parte de la batalla se había ganado.
Reaparecen los riesgos de una privatización con la reforma a la Ley 620 a fines de 2020
Nicaragua logró una importante Ley de Aguas en 2006/2007, surgida de las luchas sociales; no fue un regalo sino una conquista. Revocar la reforma a la Ley 620, (noviembre 2020) por el actual gobierno donde se abren las puertas a privatizar, también lo será.
La Ley General de Aguas Nacionales contiene valores inspirados en el Derecho Humano al acceso de agua potable, la obligación indeclinable del Estado de asegurar un suministro en cantidad y calidad suficiente, así como establecer la prioridad del consumo humano ante cualquier otro uso. También invoca la administración responsable del agua, la sostenibilidad del recurso hídrico, el manejo integral de las cuencas, así como la participación ciudadana. Enarbola el corolario de que quién contamina paga, y que deben otorgarse incentivos económicos, fiscales y financieros a quien gestione adecuadamente los bosques y fuentes de agua.
Esta Ley ha enfrentado al menos 3 agresiones: 1) Una década de abandono en las competencias de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), de 2010 -2020, que lejos de hacer cumplir los preceptos de ésta, convirtió la institución en centro de negocios para validar permisos y concesiones al sector privado. 2) La aprobación de la Ley 840 (canal interoceánico, 2013), que vulnera de forma extrema el artículo 97 de la Ley de Aguas, donde se define al Lago Cocibolca como la reserva natural de agua potable de la nación, y la obligatoriedad de conservarlo y protegerlo como tal. 3) Ahora la reforma a la Ley 620, publicada el 23 de noviembre de 2020, da al traste con principios y conceptos relevantes con el afán de abrir paso a la privatización del agua y de los más importantes recursos hídricos.
La citada reforma fue aprobada en dos horas, tiempo usado para desarticular las conquistas sociales acumuladas en 20 años de lucha. Modificaron 59 artículos y derogaron 16, es decir, desecharon la mitad de los artículos relevantes de la Ley 620. Esta estrategia mercantilista fue pensada en frío y no precisamente en la Asamblea Nacional, para mutilar el componente de la participación ciudadana y sustraer al marco jurídico del agua el eje trasversal de la protección ambiental y la conservación de los recursos hídricos. En su lugar incorporaron un enfoque empresarial a favor de los “agentes económicos privados” diseñando un confuso modelo administrativo, altamente centralizador de la gestión del agua. Se despojó de algunas competencias al Ministerio de los Recursos Naturales, MARENA, a los Gobiernos Municipales y a la propia Autoridad Nacional del Agua. Un absurdo jurídico. La mitad de los artículos derogados (21, 22, 27, 97, 121, 132) eran los espacios de participación de usuarios, productores, de los organismos de cuenca y comisiones para la gestión integral de los recursos hídricos. La reforma despejó el camino de cualquier actuación ciudadana efectiva a fin de que la mega burocracia creada, los agentes privados y corporaciones no tengan que verse la cara con los consumidores y usuarios organizados.
La reforma derriba artículos sustantivos para la conservación de las fuentes hídricas (97, 98 y 129), deroga delitos contra los recursos hídricos y abandona a su suerte al Lago Cocibolca y Xolotlán, igual que a algunas lagunas contaminadas. Sobreviene un impacto negativo severo en estos cuerpos de agua porque además se suprimió la Ley 626 sobre el Desarrollo Sostenible de la Cuenca Hídrica de los lagos creada en 2007. Además, se quitó el art. 84 referido a la obligación de otorgar estímulos fiscales y financieros a quienes reforesten y conserven las fuentes de agua y cuencas.
Con los cambios en varios artículos (27, 30, 32, 64), se apuntaló la nueva superestructura institucional, que trasciende a la propia ANA, integrada sólo por entidades oficiales. Los creadores de la reforma crearon un Consejo Nacional para el Desarrollo de los Recursos Hídricos (coordinado desde la oficina presidencial) y una súper ”Comisión, para la Administración Sustentable de los Recursos Hídricos” con plenos poderes para normar, regular, ejecutar, dar concesiones, aprobar tarifas, realizar estudios para los agentes privados, contratar, sancionar, dar restricciones, fiscalizar, incluso modificar y suspender o extinguir títulos de concesión. Además, dicen representar a los usuarios en los organismos de cuenca y asumen funciones de árbitro a solicitud de éstos.
Esto constituye una escandalosa concentración de funciones y de poder que representan un peligro para la transparencia de todas las competencias otorgadas en nombre de la “modernización”, y se da en un contexto de despojo a los derechos de participación de usuarios, pobladores, productores y diversos actores de la sociedad civil. El modelo empresarial legalizado en la reforma supera con creces el que durante dos décadas usó Disnorte/Dissur (de la Corporación española Unión Fenosa) contra los usuarios de la energía. Obviamente el modelo no da cabida a acciones de auditoría social.
También se reducen los apoyos sociales para los asentamientos precaristas urbanos y rurales, y por si fuese poco establecen que los usuarios del agua pagarán a ANA, a través de los agentes privados hasta un 3% del valor de su factura. Sin embargo, ANA tendrá como prioridad los negocios de concesiones de agua y los usuarios se reducen a su mínima expresión de clientes. Los casi seis mil Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) de las zonas rurales tampoco son considerados por la reforma y por ANA como un actor relevante.
Es obligatorio preguntarse, si en 13 años el Gobierno de Ortega no aprobó los planes para proteger las cuencas hídricas, ni elaboró la Ley de Incentivos Ambientales, o la Ley de Cánones para que el sector privado pague por el agua que usa en las actividades productivas de agroexportación, ni creó el Fondo Nacional de Agua, todas ellas herramientas relevantes para construir una gestión sostenible del agua, ¿por qué deberíamos cerrar los ojos antes los propósitos privatizadores que expresa la reforma a la Ley 620? Contradictoriamente, en ese período se han talado de forma inmisericorde los bosques y se han perdido unas cuantas fuentes de agua clave para el consumo humano en regiones del país que están deforestadas, carecen de aguas subterráneas y además están presionadas por la gran cantidad de concesiones otorgadas para la explotación de minería metálica.
Posibles consecuencias que podría traer la crisis climática para reforzar o disuadir la privatización del agua
La disminución acelerada de los caudales de agua en ríos y lagos que son fuentes de abastecimiento para el consumo humano, o que son usados en la producción de bebidas y alimentos para la población en países de varios continentes, así como la reducción y profundización acelerada de las aguas subterráneas, ha sorprendido a muchas corporaciones que se han enriquecido explotando y comercializando sin límites estos recursos hídricos; ahora se cuestionan la continuidad en este negocio que con la crisis climática se volvió de alto riesgo. Los agentes económicos depredadores nunca se comprometieron con un enfoque de gestión sostenible, y ahora nos heredan un estado caótico en el estado de muchas importantes fuentes de agua.
Nuestros pueblos deberán asumir el reto de organizarse para gestionar el agua, trabajar intensamente para recuperar parte de las fuentes hídricas, establecer prácticas productivas sostenibles, cumplir con la tarea que gobiernos y sector privado abandonaron, como es la gestión responsable de los bosques, la reforestación, regeneración natural y conservación de los recursos hídricos. También deberán implementar una acelerada política educativa que transforme, desde la iniciativa y compromiso ciudadanos, una nueva relación con la naturaleza y con la defensa del medio ambiente, es decir del planeta. No hay que confiar en el discurso modernizador de los organismos y corporaciones que agotan las fuentes de agua y se marchan dejando una pesada estela de desolación y sufrimiento.