En el primer debate presidencial de 2000, Gilberto Rincón Gallardo, candidato del Partido Democracia Social, hizo un posicionamiento memorable que sentaría las bases de la agenda para combatir la discriminación en México. Después de hacer un breve recorrido de su trayectoria como izquierdista, preso político y su desventaja física, Rincón dijo:
“Vengo a dirigir este mensaje de manera especial a los jóvenes que quieren cambio porque les están robando el futuro; a las mujeres cansadas de estar marginadas; hoy como ayer vengo a hablarle a los que son discriminados por su origen de clase, su orientación sexual, por motivos religiosos, por ser indígenas, por ser discapacitados, por sufrir una enfermedad, o solamente por ser considerados unos viejos.”
Con este mensaje el candidato visibilizó una de las fracturas más importantes que han atravesado a la sociedad mexicana. Sin duda, el impulso a una agenda para combatir la discriminación y la desigualdad y la construcción de un andamiaje jurídico-institucional fueron algunos de los efectos relevantes de la elección de 2000: Primero se creó la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación en 2001, que promovió una reforma constitucional y la ley Federal contra todas las formas de discriminación, y luego la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en 2003, cuyo primer presidente fue Rincón Gallardo. Si bien no se inventó el tema en el 2000. Lo novedoso fue la convocatoria por diversos actores sociales y la construcción institucional en torno a esta agenda (Rodríguez Zepeda, “Para discutir sobre Conapred”, Nexos, 21 de junio de 2020).
Desde su fundación, el Conapred ha hecho labores clave como la visibilización del racismo, la generación de información, la atención de un sinnúmero de quejas ciudadanas contra particulares y autoridades y el diseño de políticas públicas en la materia. Ha generado la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), de la que derivan políticas públicas; ha contado y estudiado a los afrodescendientes; ha hecho recomendaciones de política pública para la población con discapacidad, encuestas sobre trabajadoras del hogar e impulso a su incorporación a la seguridad social; impulsó que derechohabientes varones tuvieran acceso a guardería gracias así como la incorporación a parejas del mismo sexo en el derecho al IMSS y al ISSSTE, la elaboración de la iniciativa para prohibir terapias de conversión, libros de texto gratuitos en lenguas indígenas. (Hernán Gómez Bruera, “¿Para qué ha servido Conapred? “ LaPolítcaOnline, 19 de junio 2020). Ha sido, en síntesis, una institución puente entre el Estado y grupos discriminados; una institución central de la democracia que se encarga de temas vinculados a una agenda de izquierda.
Justo por estas razones, la confrontación del presidente López Obrador con esta institución, a partir del incidente del foro al que el Conapred invitó a Chumel Torres, puede resultar paradójica. ¿Por qué un gobierno de izquierda amenaza la existencia de un organismo que abandera causas de la izquierda? Pero además ¿por qué ir en contra de una institución pequeña, poco costosa, con poco personal, que cuenta con reconocimiento internacional, y con el apoyo de intelectuales y activistas de distintos colectivos progresistas nacionales? ¿Qué no están del mismo lado?
El lopezobradorismo sostiene una visión de la política que lo distancia de esa agenda de izquierda progresista. Como acertadamente plantea Magaloni (“La verdadera igualdad”, Reforma, 20 de junio 2020), el presidente piensa a la sociedad como una confrontación entre pobres y ricos. No ve ni reconoce la estratificación dentro de cada grupo ni la complejidad de las relaciones de exclusión y de micro poder como la violencia doméstica. El conflicto central entre pobres y ricos se resuelve con políticas paternalistas a través del desarrollo de programas sociales y políticas distributivas. El lopezobradorismo es un tipo de izquierda nacionalista, conservadora en temas sociales y libertarios que poco entiende de demandas post-materialistas. Así, el presidente se ha confrontado con el movimiento feminista cuya agenda ha ignorado y ninguneado, (lo último fue su declaración, en medio de la pandemia, de que la mayoría de las llamadas de mujeres por violencia en casa eran falsas); ha tomado distancia de la comunidad LGBT (Antonio Medina, “La diversidad sexual en tiempos de la 4T”, Confabulario/El Universal, 21 de junio 2020), de defensores de derechos humanos y de la causa de la discapacidad. La austeridad republicana ha llevado a recortes presupuestales que han afectado, entre otros, a estancias infantiles, a los albergues de apoyo a mujeres víctimas de la violencia, a la compra de antiretrovirales para personas con VIH, a CONADIS, entre otros. Ni él ni Morena han avanzado en legislación y políticas públicas que integren a la diversidad sexual, como muestra el hecho de que no han sacado de la congeladora la propuesta de matrimonio igualitario a nivel federal que propuso el PRD, y han aumentado los crímenes de odio por homofobia y transfobia. Eso se debe, de acuerdo algunos activistas, a la alianza del presidente con grupos antiderechos, como el PES (Medina, 2020). También el Consejo Nacional para el Desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad se ha visto afectado por este gobierno.
La falta de reconocimiento del presidente al trabajo de una institución como Conapred y la amenaza de desaparecerla por irrelevante es una afrenta para todos estos colectivos al desmantelar una política de reconocimiento. Como dijo Katia D´Artigues ex miembro de la Asamblea Consultiva y especialista en discapacidad: recortarle el presupuesto y rediseñar Conapred es regresar al clóset a grupos vulnerados (D´ Artigues, 2020).
Difícilmente el presidente, y las bases de la 4T, cambiarán esta perspectiva. Aunque es una percepción radicalmente errónea desvincular pobreza, desigualdad y discriminación, para este grupo el problema está en otra parte. La ruptura con estos actores parece irreparable.