Crónica de una muerte anunciada
A mediados del 2020, Mariana Sánchez Dávalos concluye sus estudios de medicina en la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas. En agosto del mismo año, Mariana inicia el servicio social en la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas. La localidad no tenía los servicios telefónicos suficientes para que Mariana contactara a su familia y amigos.
A mediados de octubre, Mariana le escribe a su madre para informarle que un médico, Fernando “N”, la había estado molestando. Días después, su madre recibe otro mensaje de Mariana en el que le informa que el mismo médico entró a su cuarto. Los mensajes de texto vía WhatsApp no forman parte de la carpeta de investigación.
A principios de noviembre, Mariana emite una denuncia por acoso y abuso sexual. Escribe una carta a la responsable del centro de salud, Analí “N”. La respuesta de las autoridades fue darle a Mariana días de descanso, pero sin el apoyo económico que recibía. El médico que la acosaba fue cambiado al turno de la tarde. Cuando Mariana regresa al espacio laboral, su acosador seguía ahí. Estuvo meses esperando por un traslado que jamás llegó. Incluso, un medio informa que Mariana fue amenazada. Si no terminaba su servicio social, no le liberarían sus documentos.
Mariana fallece el 27 de enero del 2021 a las 20:30 horas. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente a las 7:15 de la mañana en su cuarto de paredes grises. La Fiscalía General del Estado (FGE) dictamina que la causa de la muerte fue por “asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento”. Señalaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia, ni agresión sexual. No obstante, el cuerpo no estaba completamente colgado. De hecho, las imágenes muestran que el cuerpo estaba “recargado desde sus rodillas en el piso, con los brazos estirados y puños”.
Las autoridades no le dieron las noticias a la madre de Mariana, fueron sus amigas. El cuerpo de Mariana fue incinerado el sábado 30 del mismo mes. No hubo consentimiento ni de la madre, ni de ningún familiar, como tampoco se firmó ningún documento para dicha acción. La hipótesis de la causa de muerte, según las autoridades, suicidio. Su madre alegaba que se trataba de un feminicidio.
El domingo 31 de enero, los estudiantes de medicina de la UNACH convocan a un paro inmediato e indefinido hasta que sus exigencias respecto al fortalecimiento de protocolos de protección de alumnos, internos y pasantes sean cumplidas. Los amigos y conocidos de Mariana se manifiestan en redes sociales, lo cual, provoca que el lunes 1 de febrero la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pida que se investigue el caso con perspectiva de género de acuerdo con los protocolos que exige la ley.
El martes 2 de febrero, los estudiantes de medicina se manifiestan en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, y en el municipio de Tapachula. Exigen la destitución inmediata de Ana María Flores García, directora de la Facultad de Medicina, Manuel Velasco Suárez y de Carlos Alberto López Jiménez, encargado del departamento de internado y servicio social. El viernes 5 de febrero, suceden otras manifestaciones en San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.
El sábado 6 de febrero fue detenida la directora de la clínica en la que trabaja Mariana, Analí “N”, por el presunto delito de abuso de autoridad. El presunto responsable del delito de acoso sexual se entrega voluntariamente el jueves 18 de febrero ante la Fiscalía General del Estado.
Irregularidades y omisiones
Una de las primeras faltas institucionales en el caso de Mariana Sánchez Dávalos es el hecho de que ni la directora de la clínica, ni la Secretaría de Salud, ni la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas hayan atendido las denuncias sobre el hostigamiento sexual que sufría Mariana. La “respuesta” de las autoridades fue darle unos días libres sin el pago de su beca correspondiente. Las autoridades no fueron capaces de actuar adecuadamente en el caso de Mariana.
La segunda fue la inmediata conclusión de la causa de su muerte, la cual, según las autoridades, se trataba de un suicidio. Las evidencias para sostener la hipótesis del suicidio son muy débiles. En la carpeta de investigación del caso de Mariana no hay detalles “de la cuerda en la que estaba ahorcada ni de dónde estaba amarrada”, a esto se suma la posición en la que fue encontrada, descrita antes, una forma extraña si la hipótesis de su muerte es el suicidio. “El nudo de la soga quedaba de su nuca a unos 10 o 15 centímetros, según la fotografía. No estaba apretado contra su cuello”. La tercera gran omisión del caso de Mariana es que la hipótesis de un posible feminicidio no fue tomada en cuenta, ni desde el principio del caso, ni después de las manifestaciones sociales, ni tras la petición de Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
La cuarta y más grave omisión del caso fue la incineración del cuerpo de Mariana, sin consentimiento de la familia y durante una investigación abierta. Su madre se encontraba viajando desde Saltillo, Coahuila; quién recibió el cuerpo fue la tía de Mariana. La madre no tuvo oportunidad de abrir o revisar el cuerpo de su hija. La incineración del cuerpo sucedió 48 horas después de su fallecimiento. La quinta y última omisión fue que la carta de denuncia que escribió Mariana a la Secretaría de Salud sobre el hostigamiento sexual no se encontraba en la carpeta de investigación.
Por un lado, Fernando “N” tenía antecedentes. En 2013, una compañera médica de Fernando “N” lo demanda por abuso sexual, la denuncia es archivada y la mujer que lo denunció es despedida del trabajo. En segundo lugar, la Fiscalía no consideró a ningún presunto culpable ni tampoco cuestionó la presencia de Fernando “N” en los acontecimientos. En tercer lugar, no fue investigado la verdad de la coartada de Fernando “N”, quien supuestamente, se encontraba realizándose exámenes médicos. Así como, en cuarto lugar, Fernando “N” se entregó voluntariamente a las autoridades porque no quería que el hostigamiento hacia su familia continuara.
Por otro lado, el abogado del caso de Mariana, Carlos Hugo Tondopó Hernández, fungió como asesor jurídico en el caso de Omar Fernando Rosales Toledano. En 2013, Omar Fernando asesinó y arrojó el cuerpo de Viridiana Flores Martínez en el puente de San Cristóbal. Carlos Hugo Tondopó Hernández defendió la condición de Omar Fernando para que éste fuera trasladado a un hospital, en lugar de la cárcel, por su condición médica. Carlos Hugo Tondopó Hernández aboga que la defensa que haya sostenido en cualquier caso previo no determina su objetividad en el caso de Mariana. Sin embargo, hasta la fecha, en la línea de investigación no se ha considerado la hipótesis del posible feminicidio.
En suma, se trata de una investigación que no ha respetado los protocolos adecuados, ni que ha hecho lo mínimo por respetar la vida de Mariana Sánchez Dávalos. Incluso, la madre de Mariana pidió a la Fiscalía General de la República que considere el caso de su hija por la falta de una investigación profesional.
La posición política de la universidad
Uno de los debates alrededor del caso de Mariana es la cuestión de hasta qué punto la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas es responsable de la muerte de su propia alumna. Por un lado, se sostiene que la UNACH no tiene ninguna responsabilidad, al menos directamente, porque la Secretaría de Salud estaba a cargo de su caso, y fue la directiva Analí “N” quien hizo caso omiso de su denuncia. Por otro lado, se sostiene que la UNACH fue negligente e ineficiente para cuidar, proteger y salvaguardar la integridad de su alumna, quien se encontraba realizando su servicio social como parte de sus estudios. Su permanencia en la comunidad de Nueva Palestina representaba un peligro a su salud física y mental. No obstante, como se ha dicho, la respuesta de las autoridades fue darle períodos libres sin el pago de su beca; además, tuvo que regresar al mismo espacio laboral.
En su página de Facebook, la UNACH publica una imagen en la cual lamenta profundamente el fallecimiento de Mariana, informa que mantiene un contacto atento, en comunicación y colaboración con la Fiscalía General del Estado. Hasta el día de hoy no han publicado ninguna actualización que informe sobre el estado del caso de Mariana. La UNACH tampoco ha reconocido que recibió con anticipación una serie de denuncias por parte de Mariana, ni se ha disculpado por no reconocer los signos de violencia que Mariana sufría.
Cuando los alumnos se manifiestan y entran en paro indefinido, las autoridades responden convocando a la comunidad universitaria a una jornada de reflexión y diálogo. Se discuten temas como el acoso, la violencia de género y se debate el Protocolo de actuación de la Defensoría de Derechos Universitarios. El martes 9 de febrero, Ana María Flores García renuncia a su cargo como directora de la Facultad de Medicina. El rector, Carlos Faustino Natarén Nandayapa nombra a al doctor José del Carmen Rejón Orantes como el nuevo encargado de ese puesto. Circuló en redes sociales un video en el que un docente de la Facultad de Medicina Humana, Campus IV de la UNACH, mencionaba expresiones machistas y misóginas en las que responsabilizaba a las mujeres por la violencia que viven. Ante esta situación, la UNACH inicia un proceso de rescisión del docente; en la página de la Universidad, se dice que el docente será sustituido.
El lunes 22 de febrero, las autoridades de la UNACH, incluido el rector, Carlos Faustino Natarén Nandayapa, se reunieron con los alumnos y el colectivo feminista y firmaron el pliego petitorio. Los alumnos pidieron remover a todos los pasantes de medicina, que el caso de Mariana se incorpore a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y que se aseguren las condiciones dignas para los estudiantes que prestan su servicio social. La universidad se comprometió nuevamente a continuar con las mesas de diálogo y reflexión. En lo que va del año se realizaron dichos encuentros con los colectivos feministas del estado de Chiapas el 28 de marzo, 06, 08, 12 y 17 de abril del 2021, siendo estas las únicas acciones políticas que ha tomado la Universidad Autónoma de Chiapas.
¿Posible feminicidio?
¿Se necesitan más pruebas para afirmar que el caso de Mariana es un posible feminicidio, cuando los hechos parecen llevarnos a la conclusión de que existe una fuerte probabilidad de que sí lo sea? Los hechos que se presentan previa y posteriormente en el caso de Mariana son muestra de múltiples violencias o faltas institucionales que se encuentran constantemente en casos de feminicidio en México. Con este recuento de evidencias se pretende mostrar que hay suficientes razones para sostener que las autoridades deben examinar el caso de Mariana con la hipótesis de un posible feminicidio.
En primer lugar, se sostiene que la causa de la muerte de Mariana no fue debido a un suicidio. La evidencia empírica reside en lo que muestran (y omiten) las imágenes de la carpeta de investigación: la posición de su cuerpo, recargado en el piso con los brazos estirados; la omisión de los detalles de la cuerda, y que ésta no le apretaba el cuello. Por otro lado, ella había hecho su maleta para viajar a Tuxtla Gutiérrez, a la casa de su abuela, como habitualmente lo hacía. Su madre no ha hecho ninguna mención respecto al estado mental de su hija. Los antecedentes más claros del caso son el hostigamiento sexual por parte de Fernando “N” y la denuncia que Mariana presentó ante la Secretaría de Salud. Si partimos de la hipótesis de que la causa de muerte fue un suicido, las premisas para sostener esta afirmación o son falsas o son contradictorias, por lo cual, no parece del todo plausible concluir que, de hecho, la causa de muerte fue el suicidio.
Otra vía de argumentación es buscar si el caso de Mariana comparte similitudes con otros casos de feminicidios. Si este es el caso, entonces hay una fuerte probabilidad de que el caso de Mariana sea un feminicidio. Sobre lo anterior, Russel y Harmes (2006, p. 402) mencionan lo siguiente:
Es decir, la violencia está presente antes del homicidio de formas diversas a lo largo de la vida de las mujeres. Después de perpetrado el homicidio, continúa como violencia institucional a través de la impunidad que caracteriza casos particulares como el de México, por la sucesión de asesinatos de niñas y mujeres a lo largo del tiempo.
Lo que sostienen Russel y Harmes es que la violencia que sufren las mujeres no se da en casos aislados y momentáneos, sino que está presente antes y después del asesinato. Por lo anterior, es posible rastrear dos rutas, una que identifique las violencias previas al asesinato y otra las que suceden tras este hecho. En principio, está el hostigamiento y acoso sexual por parte de Fernando “N” hacia Mariana. Por parte de la institución, el caso omiso a su denuncia. En segundo lugar, la precipitación de las autoridades por sostener que la causa de muerte fue el suicidio, como que el cuerpo fuera incinerado durante una investigación abierta, así como que la UNACH ni la Secretearía de Salud reconocieran y pidieran disculpas por hacer caso omiso de las denuncias de Mariana, son muestras de la violencia institucional que suceden después de su asesinato. Con lo anterior, se muestran que hay formas de violencia que se presentan antes y después del asesinato. Son razones suficientes para descartar la hipótesis del suicidio, así como para que las autoridades consideren el posible feminicidio, o que el caso de Mariana se trata, en efecto, de un feminicidio.
¿Por qué no hay justicia para las mujeres asesinadas y violentadas en México?
Una primera intuición es que el feminicidio no se reconoce como forma de violencia. Sin pretender dar una definición definitiva del concepto, por violencia se entiende un daño hecho hacia otra persona. Entonces, si una acción x es reconocida como violenta, la acción x hace daño a otra persona. Aunque el asesinato se percibe inmediatamente bajo esta definición, parece existir una distancia entre la percepción de un asesinato en general al asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, cometida por un hombre. Una evidencia empírica es que, en el caso de Mariana, las autoridades fiscales no consideraron la hipótesis del feminicidio, aceptaron sin cuestionar o indagar debidamente en la causa de su muerte.
Es diferente el impacto que tiene un individuo al reconocer una forma de violencia en la sociedad, al que tiene un colectivo o institución que reconoce una acción x como violenta. De ahí la importancia para que el feminicidio se reconozca en la ley como pena o crimen. Aun así, el hecho de que algo esté marcado por la ley no implica necesariamente que se cumpla. La evidencia empírica en el caso de Mariana es que su cuerpo fue incinerado durante una investigación abierta sin respetar los adecuados protocolos. De esta forma, la cuestión se torna más compleja, no sólo es el reconocimiento del feminicidio como forma de violencia, sino la puesta en práctica en el ámbito legal y político como la participación de los individuos que forman una sociedad determinada. Si el acoso, el abuso y el hostigamiento sexual fueran reconocidos como forma de violencia, es probable que la denuncia de Mariana no hubiera pasado desapercibida y se hubiera actuado inmediatamente. De ahí la importancia de señalar las acciones o signos que se presentan regularmente en los casos donde se identifica acoso u hostigamiento.
Parece que existen ciertas normas sociales, o alguna suerte de recubrimiento que nubla los juicios y sensibilidades de los individuos, lo cual explicaría por qué son incapaces de reconocer con claridad ciertas formas de violencia. Esto daría cuenta de porqué una acción x se reconoce como violenta, a pesar de que comparte ciertas similitudes con una acción y, la cual no se reconoce como violenta. O, en un sentido más grave, la acción y se reconoce como violenta, pero como una acción normal: así son las cosas, así han sido, así serán. Este recubrimiento bien podría referir al machismo o misoginia, entendido como una serie de comportamientos o normas sociales desiguales que tienen de base el género binario, en el que el hombre está por encima de la mujer. Lo que habría que cuestionar, entonces, es la noción de género, así como estas normas desiguales arraigadas en la sociedad.
De esa forma, lo anterior parece dar cuenta de por qué la UNACH protege más su imagen, ante un sistema que requiere favorecer la figura del hombre por encima de la mujer, en lugar de no sólo exigir y luchar por la justicia de Mariana Sánchez Dávalos, sino del resto de sus alumnos. Otra vía para mostrar que las instituciones no reconocen ciertos actos como forma de violencia es que la causa de su postura política fue motivada por la presión social. Olga Sánchez Cordero pide que el caso sea examinado con perspectiva feminista después de que el caso de Mariana hizo ruido en redes sociales. La UNACH inicia las jornadas de reflexión y diálogo después de que los alumnos se manifiestan en las calles y convocan a paro indefinido. La institución no actúa por sí misma sino hasta que otra fuerza la empuja, en este caso, las colectivas feministas.
Por último, es importante reiterar la pregunta, ¿porqué no hay justicia para las mujeres asesinadas y violentadas en México? Así como no es posible, dada la investigación de este trabajo, dar una respuesta concreta a la pregunta, tampoco es plausible concluir una tesis en particular, salvo que el caso de Mariana deba ser tratado como feminicidio por las autoridades.
Referencias
Russell, D. E. H., Harmes, R. A., y Lagarde, M. (2006). Feminicidio: una perspectiva global, vol. 7. Diversidad Feminista. UNAM.