Durante los gobiernos neoliberales, la planificación económica nacional fue un asunto de poca o nula relevancia para los economistas tecnócratas, quienes, al amparo de una supuesta libre competencia con vigencia irrestricta y esquemas analíticos planos y estáticos, se acostumbraron a importar planes de desarrollo de otras naciones. No obstante, desde el año 2018, esta subordinación económica e intelectual comenzó a ser superada por medio de un nuevo discurso, producto de la lucha constante de nuestro pueblo en defensa de la soberanía.
Bajo este escenario, mi propósito es captar la lógica interna de la economía política del proyecto presentado bajo el nombre de Plan México en la administración de Claudia Sheinbaum. Para hacerlo, he dividido este artículo en tres secciones: en la primera, se reflexionará sobre lo necesaria que resulta superar los dogmas neoliberales, para comprender el escenario de transición que se vive en el país; en un segundo momento se planteará el escenario económico sobre el cual se crea el Plan México, y para terminar se abordarán los retos de la actual administración.
Superar los dogmas neoliberales
La visión de corto plazo y la fe en un mercado concebido no como una categoría histórica, sino como un reducido plano geométrico entre nítidas abscisas y ordenadas, fueron la esencia de la gestión administrativa impulsada por los economistas mexicanos neoliberales, cuya máxima aspiración fue trazar proyectos o programas de inversión en sectores específicos, dirigidos a la promoción de actividades productivas de carácter privado.
Bajo esta directriz, los fieles seguidores del economista neoliberal Ludwig Von Mises tacharon de inoperante todo aquello que sonara a planificación o a intervención directa del Estado en la economía, por considerarlas políticas socialistas,[1] ignorando que el instrumento económico llamado “planificación” no es sino el resultado de la comprensión de las leyes económicas del desarrollo (Aguilar, 1973; Ceceña, 1975).
La negación de la posibilidad real de que el Estado mexicano definiera sus objetivos económicos, estrategias y planes de acción para el trazado de rutas efectivas de desarrollo económico, se da en un contexto de expansión imperialista estadounidense (Aguilar, 1978; Duménil y Lévy, 2004) y de un colonialismo académico que, al amparo de los postulados y soluciones marginalistas, renunció al sentido social de la ciencia económica.
Esto se observa tanto en el uso indistinto de conceptos como “crecimiento”y “desarrollo”, como en la selección de los indicadores que estos economistas aplicaban para medir el desempeño económico del país. Por ejemplo, se concibió al crecimiento económico únicamente como el aumento absoluto del producto, y no como una relación entre los aumentos de la producción y de la población. Se obviaba, así, cómo el desarrollo económico implica que, además de que el producto crezca más rápidamente que la población, este incremento debe servir para elevar sustancialmente —aunque sea de forma comparativa— el nivel de vida de la población (Ceceña, 1975; Alonso, 2005). Tal “error” tenía evidentemente motivaciones políticas, hasta llegar al extremo de considerar cualquier incremento en la producción, aunque éste fuera únicamente del sector privado, como un indicador de desarrollo nacional (Heath, 2012).
Con la intención de romper con la concepción estática característica de los análisis neoliberales y evidenciar la falta de eficacia económica de los gobiernos tecnócratas, en la Gráfica 1 se presenta el comportamiento de la relación entre la Tasa de Crecimiento del PIB (Tc PIB) y la Tasa de Crecimiento de la Población (Tc PO), así como el comportamiento del PIB per cápita en los últimos 34 años. En ella se observa tanto un notable estancamiento de la producción en los años que van del 2000 al 2020, como una igualmente notable recuperación en los años posteriores a la pandemia, lo que llevó al país a avanzar cuatro posiciones en el grupo de las 20 mayores economías del mundo, al pasar del lugar 16º al 12º, de acuerdo con datos del Banco Mundial.
Gráfica 1
México: Indicadores de crecimiento económico, 1990-2024
(Tasas de crecimiento y pesos mexicanos a precios de 2018)
** No hay dados oficiales disponibles para el número de población correspondiente al año 2015.
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Otro de los dogmas que desde el año 2018 comenzaron a ser trascendidos consiste en concebir al desarrollo como un producto de factores externos. El desarrollo, en cambio, se ha comenzado a comprender como un principio inherente a los sistemas vivos —biológicos y sociales— y un proceso que se construye de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera (Arruda, 2006). De allí la importancia que ha recobrado la política social como elemento reactivador del mercado interno, y el inicio de una nueva relación entre el Estado y el tercer sector de la economía, constituido por los sujetos productivos que escapan de la relación salarial.
Con este reconocimiento de otros sujetos productivos, se busca plantear una nueva racionalidad, dirigida a la superación del individualismo: al asumir que el sujeto económico no se reduce a un trabajador —mucho menos a un trabajador asalariado—, éste se eleva a la categoría ser humano, y el trabajo se vuelve un factor productor y reproductor de la vida. Tal cambio plantea la complejidad de todo ejercicio planificador y la necesidad de analizar los indicadores económicos más allá de su evolución —aspecto estrechamente vinculado con la cantidad—, y de comenzar a considerarlos desde una óptica de revolución (a vincularlos con la cualidad). Invisibilizar una u otra es característica propia de los analistas antidialécticos, y un campo fértil para las distorsiones en los diagnósticos de una economía en transición.
Dicho lo cual, si asumimos que el desarrollo es la unidad de los cambios evolutivos y los revolucionarios, los cambios cuantitativos observados en indicadores clave para la economía —como el nivel salarial, el aumento de la inversión en sectores estratégicos del Estado y la reducción de la pobreza— representan un buen punto de referencia para explicar lo que se ha dado en llamar la Cuarta Transformación. Y aunque estos no entrañan un cambio de fondo en el capitalismo, suponen, comparados con la dinámica neoliberal, un avance que sería un error menospreciar.
Escenario económico para la creación del Plan México
La planificación económica a escala nacional se constituye a partir de un sistema integrador de distintos planes. En el caso de nuestro país, el eje articulador es el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que define la “ruta de desarrollo que se seguirá en el país durante cada administración presidencial, y sus programas derivados, sectoriales, especiales, regionales e institucionales que guiarán la definición de las estructuras programáticas, proyectos y programas presupuestarios (nivel operativo de la planeación) para lograr los objetivos de desarrollo en cada ámbito de competencia” (Coneval, 2024:13).
Con base en lo establecido en nuestra legislación, el PND se publica en el Diario Oficial de la Federación seis meses después de la toma de posesión de la presidenta o presidente de la República (Ley de Planeación, 1983, art. 21), con la intención de que los programas y proyectos que conforman la estrategia de desarrollo trazada puedan ser puestos en operación a partir de un ejercicio presupuestal conforme a lo aprobado en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Tomando en consideración que los planes son instrumentos dirigidos a hacer posible los objetivos allí planteados (Ceceña, 1975), el PND que está actualmente en proceso de construcción es un proyecto integrador de mediano plazo, que, a su vez, está inserto en una estrategia de planificación económica de mayor alcance, y que tiene como meta la transformación nacional bajo el proyecto denominado Humanismo Mexicano —proyecto, que comenzó en el año 2018 bajo la tesis de que en nuestro país el desarrollo no puede ser factible sin una política social sistemática—. De ahí el lema de «Por el bien de todos, primero los pobres», dirigido a la mejora sustancial de la distribución del ingreso, mediante el incremento del gasto público en programas sociales.
La importancia que ha cobrado la política social como elemento reactivador del mercado interno marca el inicio de una nueva relación entre el estado y el tercer sector, en el que, por supuesto, se incluye a los sujetos de la “Economía Social y Solidaria”. Como muestra de ello, están los cambios en materia legislativa que, por medio del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen los mecanismos que facilitan la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021).
Este primer momento de transformación, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), significó un freno a las políticas neoliberales, así como el comienzo de una política económica dirigida a reconstituir la soberanía nacional. Es, además, la base sobre la cual se está construyendo el segundo momento, encabezado por Claudia Sheinbaum, del proyecto transformador de largo plazo.
Si entendemos que detrás de cada plan hay un conjunto de decisiones e hipótesis que conforman una estrategia, el Plan México es consecuente con la aceptación de que el mercado no es ese ente histórico capaz de asegurar por sí sólo el crecimiento y la mejor utilización de los recursos productivos, por lo que el Estado mexicano debe intervenir en el proceso económico. La premisa de la que parte es la siguiente: si el desarrollo de una economía tiene por condición producir lo necesario para la reproducción social, es factible que la adaptación de la producción a las necesidades sociales opere de dos formas: una, mediante mecanismos sociales a priori, que parten de la identificación de las necesidades —qué medios de producción se deben cubrir, cuánta fuerza de trabajo emplear, cuáles son los montos de producción que se aspiran obtener y de qué forma operarán la distribución y el consumo—; y otra que opera mediante mecanismos sociales a posteriori, bajo formas de mercado en las que se distribuya lo producido a través del juego de la oferta y la demanda.
Aunque las diferencias entre una y otra forma son claras desde la manera de concebir la producción —la primera presupone la producción directamente como un producto social; la segunda la concibe como un producto privado que adquiere su condición social justamente en el mercado—, esta diferencia no impide que pueda aplicarse el principio de simultaneidad que fue negado durante muchos años (De Gortari, 1974). Con base en ello, es posible trazar una nueva relación entre el Estado y el sector privado, bajo el entendimiento de que todo desarrollo tiende a estados más complejos y de que la colaboración produce nuevas formas productivas.
Ahora bien, dado que el objetivo último de la actual administración es alcanzar un desarrollo económico equitativo y sustentable para la prosperidad compartida, el Plan México participa de un objetivo integrador de fortalecimiento del mercado interno nacional, mediante el impulso de la producción industrial en sectores clave de la economía. De allí que la estrategia emprendida consista en la creación de Polos de Bienestar, trazados en 12 polígonos (Cuadro 1), dirigidos a impulsar a lo largo y ancho del país la producción en los siguientes sectores: a) textil y de calzado, b) farmacéutico y de dispositivos médicos, c) agroindustrial, d) de semiconductores, e) energético, automotriz y de electromovilidad, f) químico y petroquímico, g) de bienes de consumo y h) aeroespacial.
Cuadro 1
México: Polos del Bienestar
Con ello, se espera elevar la inversión en el país (al 25 por ciento respecto al PIB, a partir de 2026, y al 28 por ciento en 2030), y, con ello, el contenido nacional de la producción, pues, a pesar de que nuestro país cuenta con un sector industrial dinámico, es a la vez altamente dependiente del exterior —principalmente de los Estados Unidos—, luego de décadas en las que la estrategia económica se redujo a impulsar un sector manufacturero exportador, incapaz de generar su propio dinamismo por la fuerte dependencia de insumos provenientes del exterior (Hernández y Rojas, 2024).
Es así que, tomando en cuenta las circunstancias históricas nacionales, se han impulsado dos decretos como parte integral de este proyecto: el de la relocalización y el de los polos de desarrollo. Con ellos se busca robustecer los eslabonamientos productivos mediante el cincuenta por ciento de la proveeduría y el consumo nacional en sectores estratégicos, y aumentar en un quince por ciento el contenido nacional en cadenas globales de valor en los sectores más dinámicos en la exportación.
Como se puede observar, se trata de una estrategia de sustitución de importaciones de segunda generación, pues, a diferencia del proceso vivido a mediados del siglo XX, esta vez no se comienza con sectores productivos que requieren baja intensidad de capital, sino que, desde el inicio, se impulsa sectores clave para la dinámica global, por medio del diseño espacial trazado en los doce polígonos. Con ello se espera habilitar rutas de exploración para el impulso de la innovación tecnológica. De allí que este plan se acompañe de fuertes montos de inversión pública en diecisiete proyectos de infraestructura y en el fortalecimiento de esquemas educativos, con miras a formar 150 mil profesionistas y técnicos especializados al año.
Retos de la actual administración
En la década de los veinte se presentaron dos formas básicas de planificación: la estalinista y la francesa, ambas bastante criticadas en su momento. La primera por la arbitrariedad en la toma de sus decisiones, su falta de democracia y su marcada centralidad, y la segunda por su corporativismo disfrazado de democracia (Momigliano, 1966).
La superación de estas formas históricas representa siempre un reto —y el escenario mexicano actual no es la excepción—, lo cual no significa que la planificación per se sea un instrumento económico al que se deba renunciar. Sólo se debe tomar conciencia de que todo ejercicio planificador implica una orientación política, que va desde la definición de los objetivos hasta el tipo de participación de los sectores. Dicho en otras palabras: la planificación nunca es una tarea en abstracto, porque, al llevar de manera intrínseca una orientación política, los desacuerdos que se generan en sectores específicos son muy concretos. Y estas contradicciones se pueden atender si la toma de decisiones se realiza bajo una democracia participativa y una clara distinción entre dirección y coordinación. Se entiende que una coordinación erigida en sistema permite articular el conjunto de procesos que regulan el funcionamiento y los ámbitos de acción de los distintos sectores, y que con ello el reto se reduce a procurar en todo momento que éstos no pierdan autonomía en materia de gestión operativa.
Si somos conscientes de que la transformación de una economía dependiente a una economía soberana requiere cambios estructurales, comprenderemos que otro gran reto de la administración de Sheinbaum consiste en aumentar la inversión productiva del sector público, pues, además de que ello contribuirá a diversificar las relaciones de producción, se tiene documentado que un proceso de industrialización sólo es sostenible a mediano y largo plazo si cuenta con niveles de inversión pública elevados, de manera tal que le permitan controlar los puntos nodales de la economía (Ceceña, 1975; Mazzucato y Jacob, 2023). Algo que, por supuesto, es contrario a la perspectiva neoliberal, que promovió la reducción del gasto púbico en esta materia. En la Gráfica 2 se muestra la fuerte disminución del gasto de capital del sector público, que pasó del 25 por ciento del total de gasto presupuestado, durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982), al 13.6 por ciento durante la administración de Miguel de la Madrid (1982-1988), y cuyo punto más bajo ocurrió durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), al reportar una participación del 13.3 por ciento.
Gráfica 2
México: Gasto de capital y de Inversión física del sector público, 1977-2024
(% respecto del total de gasto presupuestado)
Estos datos también contribuyen a explicar la reducida participación del sector público en el Valor Agregado Bruto (VAB) —apenas el 15 por ciento del total de la economía interna—, aun con los sustanciales incrementos de inversión registrados durante la administración de López Obrador en los rubros de perforación de pozos petroleros y gas, edificación de naves y plantas industriales, construcción de obras para transporte eléctrico y ferroviario y construcción de obras de ingeniería civil, como nos muestran los datos de los Indicadores macroeconómicos del Sector Público publicados por el INEGI.
Lo cierto es que, con esta redirección del gasto público, se contribuye de manera sustancial a la estrategia de impulso industrial en el país, ya que se reducen los costos de producción, al presionar para que se reduzcan los costos de transporte y de tarifas energéticas. Y por ello, como parte de la estrategia del Plan México, se proyecta la construcción de otros 3 mil kilómetros de vías de trenes para el transporte de pasajeros y de carga, el aumento de 22 mil mega vatios en la generación de energía, así como ampliaciones y modernizaciones en la Red Nacional de Transmisión y el incremento al 54 por ciento de la participación del Estado mexicano en las inversiones del sector energético. Todo ello es muestra de la continuidad en el cambio en la estructura económica institucional del Estado mexicano.
Consideraciones finales
La reactivación de la función planificadora del Estado mexicano comenzó en el año 2018 como resultado de resistencias y luchas populares, que se fueron articulando durante décadas. Sobre este avance en materia de soberanía económica se erige el segundo momento de la transformación nacional, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que, bajo el proyecto denominado Prosperidad compartida, busca poner fin a la idea de progreso acompañado de desencanto.
Para ello, echa mano de la maduración de los proyectos de inversión en el sector energético y de infraestructura puestos en marcha durante el primer sexenio de la Cuarta Transformación. Además, con una estrategia de planeación territorial dirigida a potenciar procesos de industrialización bajo esquemas de economía mixta, busca incrementar el ingreso nacional para el fortalecimiento del bien común.
El primer paso para este propósito es el Plan México, un programa que busca combinar la planificación estatal para el desarrollo económico y social, con la asignación de recursos por la vía del mercado. Dado que apenas estamos en la fase de presentación de esta estrategia, y el porvenir de un modelo de gestión económica depende, en última instancia, de su eficacia, la puesta en práctica de este esquema demanda que los avances teóricos se den sobre la marcha, a partir de los retos diarios y las discusiones que de ellos deriven. Esto nos hace recordar que los planteamientos teóricos no son simples abstracciones, sino consecuencias prácticas. La tarea resulta inaplazable en un contexto en el que tenemos a la vista crecientes restricciones, por las tensiones derivadas de la intención proteccionista de la reciente administración del presidente de los Estados Unidos.
Referencias
Aguilar, A. (1973). Economía Política y lucha social. Editorial Nuestro Tiempo.
____.(1978). Teoría leninista del imperialismo. Editorial Nuestro Tiempo.
____. (2005). Economía política del desarrollo. Instituto de Investigaciones Económicas UNAM.
Arruda, M. (2006). Hacer real lo posible. La formación del ser humano integral: economía solidaria, desarrollo y futuro del trabajo. Icaria.
Ceceña, J. L. (1975). Introducción a la economía política de la planificación económica nacional. FCE.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). (2024). Guía para establecer objetivos e indicadores de programas estratégicos. Coneval.
De Gortari, E. (1974). Introducción a la lógica dialéctica. FCE.
Dúmenil, G., y Lévy, D. (2005). El imperialismo en la era neoliberal. Revista de economía crítica (3), 9-35.
Gobierno de México. (2024). Plan México, https://www.planmexico.gob.mx/polos
Heath, J. (2012). Lo que indican los indicadores. Cómo utilizar la información estadística para entender la realidad económica de México. INEGI, 83-111.
Hernández, C., y Rojas, O. (2024). El nearshoring y la 4T: Una nueva integración a la economía mundial. Denarius, 1(46), 11-40. https://denarius.izt.uam.mx/index.php/denarius/article/view/570/447
Ley de Planeación. (1983). Reformada Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de mayo de 2023. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPlan.pdf
Marczewski, J. (1975). ¿Crisis de la planificación socialista? FCE.
Mazzucato, M., y Jacob, M. (2023). Otro capitalismo tiene que ser posible: Pensar por fuera de la ortodoxia. Siglo XXI Editores.
Momigliano, F. (1966). Sindicatos, progreso técnico, planificación económica. Ediciones Península.
Notas
[1] Recordemos que, a nivel mundial, el primer plan económico nacional fue el presentado en 1921 bajo el nombre Goelro (Plan del Estado para la electrificación de Rusia), por el VIII Congreso de los Soviets (Marczewski, 1975).
