La policía que se tira sin pena
La Perla, Residente
rompiendo mi casa pa’ cobrar la quincena.
Aquí nació mi ma’ y hasta mi bisabuela
éste es mi barrio y yo soy libre como Mandela
En octubre de 2022, México despertó con la que parecía ser una buena noticia. Claudia Sheinbaum anunciaba, con orgullo, un acuerdo con la plataforma Airbnb que supuestamente fomentaría la reactivación económica de la capital mexicana para atraer a turistas y nómadas digitales. El acuerdo, además, incluía a actores como la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). A primera vista, todo parecía ser un logro importante en pro de la estabilidad económica de las habitantes de la ciudad. Sin embargo, inmediatamente surgieron voces críticas de diversas organizaciones señalando que este acuerdo vulneraría el derecho a la vivienda y a la ciudad de un segmento significativo de la población. De hecho, decenas de personas se manifestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para exigir que el acuerdo se hiciera público a la ciudadanía y pudiera ser sometido a las regulaciones pertinentes.
Este encuentro de posturas demuestra la urgente necesidad de entablar diálogos colectivos que abonen a la difusión y discusión de las muchas luchas y controversias relacionadas con la vivienda en México y en Latinoamérica. Por este motivo, decidimos conversar con Enrique Ortiz Flores, arquitecto y académico mexicano con una amplia trayectoria en temas relacionados al hábitat. Para comprender la relevancia que tiene la opinión de Enrique en estos temas, bastaría con señalar algunos momentos de su dilatada y fecunda carrera: fue director del primer Programa Nacional de Vivienda y del Fondo Nacional de Habitaciones Populares; presidente del Comité de Acción sobre Vivienda y Edificaciones de Interés Social del Sistema Económico Latinoamericano; y secretario general, presidente internacional y fundador de la oficina latinoamericana de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC). Su obra teórica, vasta y rigurosa, siempre ha puesto en el centro de la reflexión el derecho a una vivienda digna y la importancia que tiene la autogestión de las comunidades en la producción social de su hábitat.
Queríamos que Enrique nos explicara cómo el acuerdo de Sheinbaum con Airbnb podría condicionar el sistema económico predominante y vulnerar los derechos humanos. Esto porque, en muchas ocasiones, la consecuencia de la entrada de estas plataformas es que los dueños de edificios y casas encuentran mucho más rentable ponerlas al servicio del turismo o de los nómadas digitales, normalmente extranjeros que ganan en dólares o euros, lo que conlleva un abrupto y desmedido encarecimiento de las rentas que la población local no puede asumir. Ante esta primera cuestión, nos hizo ver que la coyuntura a la que nos referíamos forma parte de un complejo entramado. De hecho, le resultaba imprescindible exponer los beneficios y contras del uso de plataformas como Airbnb.
ENRIQUE ORTIZ: En cierta medida, creo que los argumentos que daba Claudia Sheinbaum tienen que ver con el fortalecimiento del turismo para México. Es un servicio que puede ser muy bueno si está bien cuidado y hay gente especializada en eso. Otra cosa que hay que considerar es que sí beneficia a pequeños propietarios. Hay muchas gentes en los barrios populares, de clase media y de ingresos bajos, que están en edad avanzada y no tienen pensión. Entonces, muchos de ellos obtienen beneficios rentando departamentos.
[…] Pero creo que el impacto que está teniendo en muchas colonias es estar sacando a la gente que no puede pagar más sin mayores alternativas. Simplemente te sacan y te sacan. En la colonia Juárez, en la Ciudad de México, eso viene pasando con Airbnb y sin Airbnb. Sacan a la gente de bajo ingreso, muchas veces para demoler un edificio y hacer otros de varios pisos. […] Por ejemplo, yo estoy viviendo ahorita en Valle de Bravo. Aquí ni siquiera hay ese acuerdo, pero hay mucha gente rica que se vino a vivir y preguntan a vecinos, pequeños comerciantes y profesionales que ganan poco y que ponen en renta sus casas: “¿En cuánto está rentando esta casa?”, “Pues en 8 000”, y les dicen: “Yo le doy 15 000”. Con todo y contrato, echan para fuera a la familia que tiene que irse a buscar un lugar. Ésta no satisface dónde vivir porque muchas veces se quedan sin un lugar a donde ir.
También es importante comprender que el alza de las rentas se encuentra vinculada a otro fenómeno mucho más antiguo que el de la existencia de plataformas como Airbnb: el de la especulación inmobiliaria, que lleva décadas afectando a la población más vulnerable del mundo. Sobre esto, ya desde 1970, Lefebvre explicaba que el segundo circuito de capital, o sea, el de la especulación, sería el rasgo dominante de las ciudades, y que con él se impondría, en el ámbito de la vivienda, el valor de cambio por encima del valor de uso.
Hay mucho dinero especulativo en el mundo que hacen pocas empresas. Van cambiando dinero de una bolsa de valores a otra, a veces en dos días, porque en otro lugar pueden ganar más. Hay más dinero especulativo que productivo circulando en el mundo y ese dinero no vale nada. Es pura especulación […]. Hay un artículo muy interesante que hizo Raquel Rolnik —encargada por las Naciones Unidas de vigilar cómo se estaba cumpliendo el derecho a la vivienda en el mundo—, en el que muestra cómo esto está pasando en todas partes. Como hay mucho dinero especulativo que no tiene valor, uno de los caminos más fáciles para dárselo es comprar o despojar suelo. Comprar incluso un edificio viejo, tirarlo y hacer otro edificio, aunque esté vacío […]. A mí me sorprendió mucho lo que vi hace algunos años en Colombia, en una ciudad chica. Vi unos edificios enormes, vacíos. Comprendí que no importaba que estuvieran vacíos porque ya se tradujeron en un valor financiero. Ya se puede hacer negocio con ellos aunque estén sin habitar. Es más, algunos propietarios prefieren que esté vacío, porque así no lo tienen ni que administrar.
Raquel Rolnik es una de las muchas investigadoras que han escrito sobre las afectaciones sociales y económicas que provoca el hecho de que la vivienda haya quedado reducida a un producto derivado de la especulación financiera. En su libro La guerra de los lugares, expone la maquinaria inmobiliaria que se esconde detrás de su mercantilización. Otra investigación sobre el tema es la que realizó Leilani Farha y que se plasmó en el documental PUSH, del director Fredrik Gertten. La película acompaña a Leilani durante su visita por diferentes lugares del mundo con la intención de escuchar las historias de la población que se enfrenta con el despojo de la vivienda y que tiene que luchar contra la corrupción gubernamental. Porque no sólo se trata del libre mercado o del nulo control institucional, la corrupción juega un papel protagónico. Un caso cercano es el de la reconstrucción de la colonia Juárez después del sismo del 2017. Aunque como bien lo señala Enrique, allí ya existía desde mucho antes un cartel inmobiliario que atentaba contra la vida de quienes luego habitarían lugares de muy mala calidad constructiva.
Hay un interés brutal porque es una manera de darle concreción al dinero especulativo y hacer grandes negocios. Las más afectadas son estas zonas bonitas donde hay edificios muy agradables y se puede vivir bien: la colonia Roma, la Juárez o la Condesa. Quienes tomaron las decisiones tiraron edificios viejos para hacer torres y violaron las limitaciones de altura. Le ponían cuatro o cinco pisos más y uno de ellos se lo regalaban a la autoridad, que normalmente pedía uno o dos departamentos como pago. Era corrupción absoluta. Esta tendencia ya venía antes del sismo en la colonia Juárez. Tuvimos contacto con una organización de ahí que ha estado trabajando en el problema del despojo obligado, un fenómeno donde se presiona muchas veces a la gente con amenazas para sacarla de sus casas.
[…] En Barcelona, pasó también en un barrio viejo, muy bien ubicado, pero con construcciones muy viejas y deterioradas. Los dueños querían hacerlo más elitario y con mayor rentabilidad porque estaba habitado por gente ya mayor que no tenía recursos, por gente pobre. Una manera de sacarlos era amenazarlos con violencia o incluso destrozándoles el edificio. Por ejemplo, me tocó ver edificios a los que les rompían el pavimento de entrada para que a los residentes, de edad avanzada, les costara trabajo caminar y ellos mismos tomaran la decisión de irse. A eso lo llaman allá mobbing inmobiliario. Y eso mismo es lo que estaban haciendo aquí en la colonia Juárez. Vimos varios casos de ese tipo.
Raquel, Leilani y muchas otras personas involucradas en el tema destacan la inexistencia de protección a la población más vulnerada. Son tristemente comunes las historias de desalojo forzado. El fenómeno ni siquiera se detuvo cuando más vulnerables nos encontrábamos. Durante la pandemia del COVID-19, muchas familias se vieron forzadas a desocupar sus hogares quedando a la deriva y sin ningún respaldo.
Con el COVID-19 mucha gente perdió su trabajo, sus ingresos o parte de ellos y no pudo pagar la renta. Primero es comer y después pagar la renta. Mucha gente aprovecha esto para sacarlos. Eso sí lo conocemos bastante bien en nuestra oficina de HIC-AL (Coalición Internacional del Hábitat-Latinoamérica). La coordinadora para América Latina de nuestra coalición, Silvia Emanuelli, es abogada y ha estado defendiendo a varias familias erradicadas de esa manera. Por ejemplo, una señora sola con una hija con problemas de debilidad mental, que la echan a la calle sin ninguna alternativa. […] La autoridad tiene la responsabilidad de que eso no suceda. No puedes aplicar una tabla rasa de que no pagó la renta y entonces ya puedo sacarla. ¿Por qué no la pagó? ¿En qué podemos ayudar para que gente en esas condiciones no se tenga que ir a 40 kilómetros a una casa de cartón porque no tiene dinero? Porque ésta es la única solución que tienen a veces si no hay alguien que se solidarice con ellos.
Además, este fenómeno, que parece afectar sólo a las ciudades, también se refleja en el despojo de tierras campesinas e indígenas del mundo.
Esto es peor en el campo. Verás la cantidad de pueblos, simplemente en América Latina, que están siendo despojados de sus territorios, pueblos indígenas, sobre todo. El crimen organizado se mete ahí, asusta a la gente y ésta sale de su territorio para protegerse. Se aprovechan para hacer un monocultivo o despojar a la gente de sus lugares. Esto lo vemos en México muy frecuentemente, en Chiapas, en Oaxaca y en muchos lugares en el campo…
Entonces, no es inverosímil que las personas protesten por su derecho a una vivienda digna. Además, el camino recorrido para lograr que se considere esto como un derecho ha sido largo y difícil. Cuando le preguntamos a Enrique sobre este asunto, nos compartió algunas de sus experiencias en torno a la creación de políticas internacionales y nacionales y a la defensa de la propiedad y el derecho del suelo.
Aquí hay que hablar del suelo. El suelo es el punto clave del asunto porque es el factor que te da la solidez de tener un lugar en la tierra que puedas usar. Ese valor del suelo en México y en el mundo ha crecido mucho, pero hay países que tienen legislación respecto al derecho al suelo. […]
En la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos de 1976, que fue en Vancouver, yo estuve presente y logramos la Agenda Hábitat que se discutió entre los países que reconocían el derecho a la vivienda digna. En la segunda, en 1996, Estados Unidos, con apoyo de varios países, se opuso a que se considerara la vivienda como un derecho. No obstante, ahí pudimos ya influir. Como coalición, tuvimos el apoyo de los gobiernos de América Latina para reconocer el derecho de la Agenda Hábitat.
Ya en el 2016 logramos meter el derecho a la ciudad. Eso no quiere decir que las Naciones Unidas siempre lo respeten, pero ya está ahí, ya lo puedes pelear. Es un derecho básico humano reconocido. Como la alimentación y la salud, tenemos derecho a un techo, a un lugar donde vivir en paz y dignidad. Eso ya está establecido por las Naciones Unidas, lo que debemos hacer es operarlo. […] Sin embargo, este derecho a la vivienda a veces se ha comido el derecho al suelo. Han reconocido el derecho al agua, el derecho a un aire de calidad y curiosamente el derecho al suelo, que es parte de la vida, no lo han reconocido. Lo logramos meter en la Constitución de la Ciudad de México. Esto ya es un paso muy importante porque podemos defenderlo. Incluso ahí dice que es necesario legislar sobre otras formas de producir la vivienda. De todas formas, no está reconocido en México, en su Constitución, y esto debilita mucho la lucha.
Para Enrique es necesario situar este asunto dentro de la crisis mundial que atravesamos. Por eso nos habla sobre el pensamiento ambiciosamente desmesurado que pretende imponerse a cualquier otro modelo de construcción de sociedades y que lleva al límite a la vida misma. Además, describe dos formas en las que opera el sistema del que somos parte. La primera, a partir del miedo y de las amenazas que se ven reflejadas en campañas políticas de censura contra cualquier otredad del pensamiento. La segunda, a partir de estrategias, como las que describe el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, con las que te hacen creer que el éxito es dependiente de la superación personal e individualizada, pero que no son más que formas de autoexplotación que enriquecen a unos pocos.
Estas formas dominantes de pensamiento, apoyadas por los medios de comunicación contemporáneos, tienen como resultado la afectación a la naturaleza, la desigualdad o el control sobre el poder económico. No obstante, Enrique también critica duramente a quienes exponen estas situaciones sin proponer acciones que abonen a las luchas en contra de la concentración del poder. Por este motivo, pone el énfasis en los muchos movimientos y organizaciones que, a contracorriente del sistema mercantil dominante, llevan décadas construyendo hábitats dignos y defendiendo sus territorios.
Nosotros (HIC) promovemos lo que llamamos producción social del hábitat, que venimos experimentado desde los años 60 con muchas experiencias en las que se dan formas de construcción de propiedad colectiva basadas en el uso y goce. La legislación uruguaya de 1968 sí considera todo esto, es la creadora de esta forma de propiedad y promueve la creación de organizaciones cooperativas donde la gente se junta y gestiona su propio territorio.
Hablamos de producción y gestión social del hábitat como una alternativa a la producción de mercado. La estamos impulsando y hay una red importante en América Latina que la defiende. […] A lo que nosotros llamamos producción social es a que la gente se ponga al frente para manejar y tomar las decisiones y el control de sus procesos productivos de vivienda. […] Creo que hay una forma más organizada de hacer las cosas que la de dar algún regalito para que la gente no se muera de hambre. Eso no sirve para nada. Habría que trabajar en dar asesorías y apoyos de crédito, subsidios de los gobiernos, entendiendo que estas formas de producción y organización fortalecen nuestros Estados, nuestros gobiernos y, por tanto, tienen un impacto para el futuro. Tenemos experiencias ya construidas. El Foro Social Mundial a mí me dio la pauta de que ha habido experiencias fantásticas en todo el mundo, en todos los campos.
La producción social del hábitat es un modelo que integra diversos modos de autogestión y autoconstrucción de la vivienda. Cabe destacar que no se refiere sólo al hecho de autoconstruir casas. Este tipo de producción valora primordialmente los procesos de administración y gestión que tienen objetivos comunitarios. Al igual que Enrique, otros autores como John F. C. Turner, reconocidos por involucrarse en la creación de políticas públicas sobre vivienda, resaltan las oportunidades que poseen los Estados de incrementar su acceso cuando se reconocen las altas capacidades de la población para administrar sus propios recursos. Un ejemplo, reconocido en México y en el mundo, es la cooperativa de vivienda Palo Alto, ubicada en Santa Fe, Ciudad de México. Esta asociación, en la que participan predominantemente mujeres, construyó su comunidad a partir de objetivos comunes y llevan aproximadamente 50 años enfrentándose a la especulación inmobiliaria.
Todavía hay mucho que construir y por eso es muy importante trabajar con quienes tienen esta conciencia. Son movimientos con mucha solidaridad. Conozco gente maravillosa que lleva muchos años trabajando y con mucha sencillez, con mucha humildad, con nada de violencia […] la gente se organiza y trabaja conjuntamente en solidaridad, con comunalidad, con estas prácticas que incluso vienen ya ensayadas por las comunidades indígenas de América. Ellos son la fuente de lo que se llama el derecho a la vida, a la lucha por un sueño diferente, al buen vivir. Un sueño de colaboración, de respeto mutuo, de entender que ser diferentes no es un temor, sino una riqueza. Igual que la diversidad biológica, es una riqueza también la diversidad cultural.
Enrique finaliza su narrativa haciendo un llamado a la conciliación, a siempre revisar nuestras críticas desde una posición de cooperación y solidaridad. También nos invita a trabajar fuertemente por una sociedad más empática y justa, y a abrirnos ante otras formas de concebir el mundo.
Necesitamos abrirnos a los demás, comunicarnos con otros para ir construyendo una capacidad fuerte de enfrentar las cosas, con claridad, con humanidad, de otra manera, con mucha sencillez, con mucha honestidad, no peleando, sino al contrario, solidarizándonos, ayudando al más débil e incorporándolo […] construyendo una ciudad igualitaria, una ciudad de colaboración, de cooperación, de retribución. Ése es el mundo futuro que tenemos que construir […]. Todo esto requiere una toma de conciencia profunda para poder defendernos y actuar de otra manera. Lo que nos está diciendo todo esto es que necesitamos un cambio profundo de sociedad. Una transformación que teóricamente no es tan difícil, porque es cambiar la competencia por la colaboración, la explotación por la solidaridad. Es poner la parte positiva del ser humano al frente, cuando la tendencia que tenemos es a lo negativo, a tenerle miedo al diferente.
Al acabar nuestra conversación, nos quedamos pensando en la importancia que tienen las manifestaciones de organizaciones activistas y el trabajo de asociaciones como la de Enrique en defensa del derecho a la vivienda. Creemos que todas estas luchas nos ayudan a tomar conciencia de la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos en relación al hábitat. Además, sirven como acicate para impulsar acciones concretas por parte de nuestros gobiernos. En el caso del acuerdo con Airbnb, publicitado con tanto entusiasmo por Sheinbaum, actualmente parece que hay unas mesas de trabajo con la alcaldía de Barcelona con el objetivo de conocer las estrategias que se han tomado en la ciudad catalana para evitar el alza desmedido de las rentas y el desplazamiento forzado de la población. En este sentido, las voces alzadas por quienes defienden el derecho a la ciudad y a la vivienda han tenido su efecto. Sin embargo, aún queda mucho por andar, trabajar y luchar en estas materias. Lo mejor, a nuestro juicio, es que lo hagamos recordando lo que dice Enrique: “tenemos que hacer lo imposible, porque de lo posible ya hemos visto mucho”.