El 22 de octubre del 2023, los principales medios masivos de comunicación del país publicaron una serie de notas periodísticas para informar sobre el homicidio del profesor de educación básica José Artemio López, quien era partícipe de una lucha contra la inseguridad en la región fronteriza del estado de Chiapas. El maestro de telesecundaria fue uno de los activistas más visibles durante las protestas de pobladores en el municipio de Chicomuselo para exigir el alto a la violencia originada por la incursión de un grupo armado del narcotráfico proveniente de Jalisco. Diez días antes de su asesinato, José Artemio había organizado, junto a cientos de vecinos, la llamada “marcha por la paz”, donde miles de personas de todas las edades marcharon por las calles del pueblo con camisetas blancas. Al finalizar la movilización, el profesor José Artemio tomó la palabra en el parque central junto a otros líderes del pueblo para hacer un llamado a la paz y exigir al Estado mexicano brindar seguridad y garantías para poder vivir sin el riesgo latente de ser secuestrados, extorsionados o asesinados. Esta fue la última actividad pública del maestro antes de que un comando armado arribara a su domicilio por la noche, lo torturara y ejecutara frente a su familia con toda impunidad.[1]
La región de Chiapas donde laboraba el maestro José Artemio es, desde hace al menos tres años, territorio en disputa entre dos grupos armados ilegales antagónicos que buscan monopolizar el trasiego de drogas, armas y personas migrantes por los linderos de la frontera con Guatemala.[2] La denominada “región fronteriza” abarca los municipios indígenas y rurales de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista. En cada uno de estos lugares, las violencias que se producen como resultado de los procesos de ilegalidad afectan de distintas formas y en varias dimensiones a la población local. Tales violencias también varían en su intensidad y en su repetición: a veces tienen picos de intensidad que culminan en masacres de civiles y desplazamientos forzados internos de familias, y otras veces aparentan una tensa calma que oculta el trasiego continuo de drogas. El documento titulado Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos. Informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la región frontera de Chiapas, elaborado por el Colectivo de Monitoreo-Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala-México y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, explica que:
Toda la región presenta una disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada que despliegan estrategias de control territorial y de la población, además de interactuar con funcionarios de las distintas esferas de gobierno conformando estructuras criminales, complejizando de esta manera la naturaleza del conflicto […] Estos grupos operan a nivel territorial por medio de estructuras criminales complejas conformadas por miembros del cártel, operadores locales y autoridades del estado a distinto nivel, instaurando una “gobernanza criminal” que va más allá de los negocios ilícitos. (pp. 9-10)
Este contexto sirve para comprender la complejidad de la violencia regional que actualmente sacude la vida cotidiana en los márgenes del Estado mexicano, y cómo están involucrados agentes privados (grupos criminales, mafias y cacicazgos locales) y la propia estructura estatal (con la militarización y el enfoque de guerra) en la reproducción de esas prácticas que dañan la vida colectiva. Lo que resta por explorar es de qué forma ciertos actores sociales que anteriormente no eran directamente afectados son victimizados en la actualidad, y cómo ello genera un efecto particularmente importante para las comunidades a las que pertenecen. En este caso, me refiero puntualmente a las comunidades escolares, que son afectadas de múltiples formas: desde el cierre de escuelas por la inseguridad, hasta la imposibilidad de sostener la regularidad de las clases ante balaceras o el riesgo que implica para la niñez ir a la escuela en condiciones de conflicto armado. Además, es particularmente riesgoso para los educadores críticos, como el maestro José Artemio, militante sindical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y simpatizante del partido político Morena, quien buscaba lograr un cambio para el bienestar comunitario por medio de su acción pedagógica en la escuela, pero también política en las calles. El propósito de su acción, arropado por su legitimidad como educador, fue alertar a la población sobre un problema que les implicaba a todos y señalar la importancia de organizarse para buscar posibles soluciones. El costo de su digno ejercicio ciudadano fue la muerte.
Históricamente, los trabajadores de la educación han gozado de cierta fuerza simbólica y moral que los ha protegido, gracias a su capacidad como agentes de cambio. Por lo general, son personas que tienen una voz privilegiada, pues son escuchadas con respeto en las comunidades rurales. No obstante, cada vez existe más evidencia empírica de que las condiciones para hacer escuela, impartir clases regulares y desplegar todos los procesos de aprendizaje escolar enfrentan constantes impedimentos por los mecanismos de dominación de los grupos criminales. Lo más grave es que abarcan entre sus víctimas a un número cada vez mayor de educandos y educadores, sin importar la investidura de estos últimos como agentes del Estado. Para evitar pensar que este tipo de asesinatos de docentes son hechos aislados, como intenta plantear el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación para minimizar el problema, considero que es urgente comprender las repercusiones del conflicto en las comunidades escolares desde una perspectiva que enfatice los testimonios directos de los maestros de a pie y observe de forma detallada la composición del contexto social y político donde se inscriben las violencias.
En este sentido, vale la pena hacerse algunas preguntas: ¿Cómo los docentes de educación básica son afectados por la violencia criminal? ¿De qué forma desarrollan estrategias tanto individuales como colectivas para hacerle frente a esa realidad en las escuelas? ¿El profesorado está formado para lidiar pedagógicamente con estas problemáticas? ¿Hasta qué punto los maestros pueden establecer iniciativas para el resguardo de la vida del alumnado en las escuelas? ¿Existen elementos curriculares que abonen a la resolución de estos problemas? Estas preguntas abren la puerta para comprender cómo los sujetos educativos experimentan las manifestaciones de las violencias en las aulas y fuera de ellas, lo que nos brinda una ruta para actuar con información mucho más veraz. Hoy es imprescindible conocer cuáles son aquellas estrategias sociales de protección, adaptación o resistencia de los educadores y educadoras que trabajan en escuelas localizadas en complejos territorios con presencia de agrupaciones delincuenciales. Escuchar las narrativas del profesorado en torno a sus experiencias en el conflicto armado puede contribuir a obtener un mejor diagnóstico del problema y diseñar una salida. Veamos algunos puntos a tomar en consideración.
Considero que al detallar una serie de incidentes de violencia contra el profesorado, acotando la visión sobre el contexto sociopolítico y los tipos de perjurios sufridos, es viable sistematizar aquellas tácticas que los maestros llevan a cabo para sostener las prácticas educativas a pesar de la escasa respuesta que ofrecen las políticas educativas estatales. En una visión amplia, este primer ejercicio se centra en la importancia de entender la naturaleza de la violencia, su carácter relacional y las diferentes formas en que se manifiesta en la vida diaria de las escuelas y el trabajo docente, todo lo cual tiene repercusiones específicas en los sujetos involucrados. Al vivir en estas circunstancias, las víctimas pueden poner en práctica estrategias de supervivencia, adaptadas a las diversas formas de violencia que prevalecen en la vida social. Con estos medios autogestionados, culturalmente situados y nacidos por medio de su propia praxis, el magisterio suele enfrentar los riesgos y seguir con su labor educativa. En el fondo, este tipo de acercamiento a las trayectorias de vida trata de enlazar la experiencia personal de la violencia contada por los mismos sujetos, junto con el análisis que proporciona el conocimiento del contexto, para una comprensión más precisa de cada testimonio desde la escala estructural hasta el plano local.
Estos relatos, vistos en su conjunto como fenómenos cada vez más recurrentes en el territorio nacional, pueden confirmar la idea de que la violencia refuncionaliza la escuela pública y constituye un desafío más en el trabajo docente actual. Con ello, queda en evidencia que, a pesar de que no existen prescripciones culturales establecidas para salvaguardar la vida en condiciones de violencia generalizada, los educadores no sólo tratan de educar para transmitir un conjunto de temas o inculcar valores y conocimientos estandarizados, sino que también surgen nuevas formas de trabajo docente que responden a los retos actuales desde distintos posicionamientos. Quizá esta sea una nueva perspectiva del compromiso docente, donde el educador crítico se compromete a involucrarse en los problemas de los estudiantes, a colaborar en iniciativas locales, a buscar constantemente mejorar sus habilidades de enseñanza y, por supuesto, a establecer vínculos afectivos con el alumnado. En lugar de rechazar esta posibilidad e ignorar el problema, buena cantidad de los educadores están en constante formación en términos pedagógicos para saber cómo tratar estos problemas en las aulas y, con ello, cultivar un interés mutuo de atención de las problemáticas, a fin de que la escuela recupere su importancia como una institución fundamental en la vida social.
Las estrategias docentes, a menudo sutiles en su implementación, aportan pequeños pero significativos indicadores de una contrapedagogía emergente que aún no ha adoptado una forma colectiva, pero que se basa en los principios de la educación popular para fortalecer los vínculos sociales, la confianza mutua y la empatía dentro de las comunidades escolares. Además, muchos profesores tienden a compartir una visión de sí mismos como víctimas de diversas prácticas delictivas, lo que provoca en ellos una gama de emociones, como la incertidumbre, el miedo constante, la impotencia y un fuerte sentimiento de inseguridad en el entorno escolar. El ejercicio de recopilar las narrativas del magisterio en situaciones límite refleja también qué tipo de sentimientos surgen de experiencias concretas de sufrimiento social y cómo todo ello da forma a sus identidades, si bien suelen construir interpretaciones diversas sobre lo que significa “ser víctima”, trascendiendo las categorías predefinidas, ya que muchos de ellos han aprendido a vivir y a enfrentarse a esta realidad como si fuera simplemente otro problema más.
Estas estrategias utilizadas y adaptadas de manera creativa por el profesorado surgen usualmente del currículo oculto y a menudo se basan en el sentido común o se originan como respuestas improvisadas ante el peligro. Todo ello promueve una educación más relevante para enfrentar las problemáticas reales de la vida comunitaria, ante la ausencia de un plan integral para abordar las problemáticas de la violencia criminal en entornos rurales o semiurbanos. En esencia, estos conocimientos docentes son el resultado de la experiencia práctica en el terreno, y hay que aprender de ello. Hoy en día es casi imposible pensar en la implementación de un proyecto educativo alternativo para la construcción de paz en entornos de criminalidad, narcotráfico y conflictos armados, pero hay indicios de situaciones muy específicas de profesores que están actuando en el terreno local y que, mediante sus propios esfuerzos educativos, luchan por restaurar la escuela como un espacio de resistencia a pesar de la crisis humanitaria actual.
La tarea está pendiente y sólo resta optar por la defensa colectiva de la escuela y del magisterio en riesgo.
Notas
[1] Henríquez, E. (2023). “Chiapas: Matan a maestro que lucha contra la ‘narcoviolencia’.” La jornada. 22 de octubre.
[2] Avelar, B. (2024). “Dos pueblos secuestrados por el narco en la frontera sur de México: retenes, muertos y control de teléfonos y alimentos.” El País. 14 de mayo.
