Segunda de tres partes
En la entrega anterior, argumenté que la economía criminal muestra una clara tendencia hacia la sofisticación tecnológica para alcanzar sus intereses, expresada en el uso de distintos dispositivos para controlar comunicaciones, ejercer violencia y distribuir mercancías. Esto último nos lleva a problematizar una segunda tendencia: la diversificación de las mercancías.
En el imaginario público, así como en los discursos oficiales del gobierno, suele centrarse el problema de la economía criminal en la producción y distribución de drogas, tal y como ocurre con el fentanilo. Sin embargo, surge una pregunta crucial: ¿si se acabara la producción y distribución de drogas, se terminaría el problema? La respuesta es clara: no, dado que la economía criminal ha diversificado sus fuentes de ingreso más allá de las drogas, configurando un sistema de acumulación y control mucho más amplio y estructural.
Esta diversificación se manifiesta en actividades como la tala clandestina, la explotación minera, la trata de personas, la explotación sexual, el tráfico de órganos, el huachicol, el cobro de piso y el control de los precios de productos de la canasta básica, entre otras prácticas ilícitas. Todas estas formas de obtener ganancia deben situarse en tres niveles interrelacionados, que permiten a la economía criminal cumplir sus objetivos de acumulación de riqueza y consolidación de poder.
El primer nivel se refiere a la acumulación por despojo, proceso mediante el cual se emplea la violencia para apropiarse de recursos naturales que antes garantizaban la subsistencia de comunidades enteras. Este proceso no sólo convierte a la naturaleza en mercancía, sino que reconfigura a las comunidades: si tenían acceso a comida y agua sin necesidad de adquirirlas como mercancías, ahora dependen de su fuerza de trabajo para sobrevivir. Es decir, además de transformar la relación de las personas con la tierra y el territorio, genera las condiciones para la reproducción de relaciones sociales capitalistas en donde antes no tenían un gran peso. El despojo de los árboles, el agua, la tierra, los minerales, etc., a partir de un proceso particular de producción —en donde muchas veces las comunidades se ven obligadas a participar—, convierte a los bienes comunes en mercancías.
El segundo nivel considera a las personas como mercancías, más allá de su fuerza de trabajo. La economía criminal, en su afán de maximizar ganancias, convierte a las personas en bienes que pueden ser vendidos con fines sexuales, para trabajos forzados o para el tráfico de órganos. Esta dinámica no sólo despoja a las personas de su vida cotidiana, sino que promueve la mercantilización completa de la vida.
El tercer nivel se manifiesta a través del cobro de piso y del control de los precios de productos de la canasta básica, afectando directamente la capacidad adquisitiva de las poblaciones. Esto no sólo regula el acceso a los bienes de consumo, sino que asegura un dominio total sobre la alimentación y los ingresos económicos de las comunidades.
Estas situaciones deben entenderse desde una dimensión mercantil, es decir que implica un valor de uso y un valor de cambio, incluso en contextos donde antes no existían. Los recursos naturales, la mercantilización de las personas o el control de los precios se transforman así en una de las tantas expresiones de la diversificación de las mercancías por parte de la economía criminal. Asimismo, estas prácticas no se realizan con el fin de que cada integrante de los grupos delincuenciales acumule estos bienes en sus propiedades, sino que su objetivo último es construir mercancías que generen mayores ganancias. Es decir, sería iluso pensar que la tala de madera, la extracción de oro o el control del agua de los ríos se efectúa para uso personal de los integrantes de estos grupos y no para adquirir ganancias.
En este marco, aunque actualmente es complicado rastrear el consumidor final de estas mercancías, la tendencia hacia la diversificación se sitúa en la producción y control de bienes de consumo y bienes suntuarios, sin necesariamente intervenir en los bienes del capital. El control de precios o de mercancías como el huevo, la leche u otros productos de consumo cotidiano inciden directamente en la población, mientras que mercancías como el oro, las maderas preciosas, los diamantes o la explotación de litio se pueden considerar como bienes suntuarios que generan una acumulación particular de riqueza, en comparación a la que se obtiene por las mercancías de consumo masivo de la población.
Todas estas situaciones están vinculadas con la tendencia anterior —la sofisticación tecnológica—, pero también se expresan en el control de puertos marítimos, de ciertos territorios para el trasiego de mercancías y de rutas aéreas. Es decir, la diversificación de las mercancías no sólo abarca las distintas formas de obtener ganancias, sino que, a su vez, determina la manera en que esas mercancías pueden ser distribuidas a través de vías de comunicación seguras para los grupos delincuenciales.
Como vemos, el problema no se limita únicamente a la producción y distribución de drogas, ya que la diversificación de las mercancías no abarca únicamente el control de las poblaciones, de los territorios y el despojo de los recursos naturales: también establece las condiciones necesarias para su distribución, consolidando de manera estructural el poder y la capacidad operativa de la economía criminal. Este enfoque nos permite entender a la economía criminal como un sistema complejo, que trasciende lo evidente y articula violencia, control y acumulación en múltiples niveles. En la entrega siguiente me enfocaré a las formas de violencia que utiliza la economía criminal, pero basta con decir que este proceso de diversificación de las mercancías se realiza mediante un proceso violento que afecta a personas y comunidades enteras.
Lee aquí la tercera parte