Perspectivas
Hilda Landrove
Este texto salió simultáneamente en inglés en NACLA.
Cualquier perspectiva crítica dirigida a una izquierda amordazada por la lealtad (afectiva o estratégica) al gobierno cubano, navega siempre en aguas turbulentas. Ante su incidencia en el debate público, se alzan voces que acusan a dicha perspectiva de reaccionaria y la descalifican por referirse a algo -—el autoritarismo, la represión política, la exclusión social—supuestamente inexistente. Esta reacción se evidencia en el tipo de respuesta que provocó en Aviva Chomsky un texto que publiqué primeramente en Revista Común y apareció traducido en NACLA.
En el texto de la Dra. Aviva Chomsky aparecen varios de los argumentos o sesgos interpretativos recurrentes en los análisis sobre la situación de Cuba. Ellos son la preeminencia y el carácter determinante que se otorga al embargo norteamericano en la situación interna y su consecuente exclusión de las causas endógenas; y la ausencia de la agencia (con sus propias razones y argumentos) de cubanas y cubanos.
Una de las afirmaciones del texto es ilustrativo de estos sesgos: “Si bien nos oponemos a la represión del gobierno cubano contra los manifestantes, también creemos que la paranoia del gobierno cubano que ve la mano malévola de Estados Unidos en cada desafío a sus políticas no es realmente tan descabellada.” Hay aquí la enunciación de una relación causal: la represión del gobierno es consecuencia de la percepción legítima (aunque pueda parecer paranoica) de un peligro que viene desde afuera, pero se descarga sobre sus propios ciudadanos. Incluso cuando reconoce la existencia de una respuesta represiva por parte del gobierno cubano, justifica la percepción en la que se sustenta. Así, los errores y desaciertos del gobierno cubano pueden en alguna medida atribuirse a la acción norteamericana y no a sus propias dinámicas internas.
Otro tanto puede inferirse de la proposición “No podemos entender lo que está sucediendo en Cuba sin mirar al rol de Estados Unidos”. Aunque puede parecer una verdad autoevidente, cuando sirve de punto de partida para hablar de Cuba produce el efecto de subordinar las prácticas y las lógicas constitutivas de un sistema político a las interconexiones que la exceden. La imposibilidad de desconocer el rol de Estados Unidos en Cuba, enuncia realmente al intervencionismo norteamericano como determinante en la conformación de la sociedad cubana. Aunque no esté dicho de esa manera, la ausencia de cualquier referencia a las causas endógenas, termina presentando así la intervención norteamericana como motor fundamental no solo de la situación crítica sino de las demandas ciudadanas.
La ausencia de los cubanos y las cubanas en las discusiones sobre la realidad cubana es apreciable por su parte cuando se hace referencia a los “fondos para la subversión” y el apoyo que brindaron en la última década a organizaciones de las comunidades LGBTQI, de mujeres y afrocubanas. Estos son presentados de manera que parece que los activismos han nacido de la existencia de esos fondos y son su consecuencia directa. Una posición tal desconoce no solo la historia de lucha y las demandas de estas organizaciones sino las condiciones que le han dado origen, como el racismo estructural, el machismo, el incremento de la violencia hacia las mujeres o la discriminación por razones de género y preferencia sexual; causas todas endógenas acompañadas y contestadas con un largo historial de activismo.
Más allá del texto de la Dra. Chomsky, otros ejemplos pueden ilustrar la posición de una izquierda auto reconocida como tal pero que cuando trata de Cuba apoya, directa o indirectamente, al Estado cubano. Dos de ellas, en el contexto de EEUU, son la que Black Lives Matter compartió a raíz de manifestaciones del 11J y el editorial Let Cuba Live del New York Times.
Ambas declaraciones, como tantas otras, comparten la urgencia y el llamado a eliminar el embargo norteamericano. Tal llamado no puede ser desestimado, y entiendo el compromiso crítico de académicos, intelectuales y figuras políticas en Estados Unidos respecto al historial intervencionista de su gobierno. Pero describir al embargo como el elemento central de la actual crisis en Cuba (“at the heart of Cuba’s current crisis”) es desconocer la realidad cubana en un sentido muy elemental. “Socavar el derecho de los cubanos a elegir su propio gobierno”—como indica la declaración de Black Lives Matter—no es algo cuya responsabilidad pueda recaer sobre el embargo. Debe recaer fundamentalmente en la estructura autoritaria y de marcado signo estalinista del propio gobierno cubano.
La declaración Let Cuba Live hace otro tanto. No hay en ella mención alguna que indique un entendimiento del embargo como una de las partes de un conflicto en el que tendrían que ser tomados en cuenta la naturaleza totalitaria del régimen cubano y su salida represiva a la manifestación de reclamos populares. En esta declaración, Cuba es tratada nuevamente como una entidad monolítica en la que gobierno y pueblo están unidos de tal manera que son indistinguibles. El sujeto subalterno termina siendo aquí por tanto el Estado cubano en un mapa geopolítico con hegemonía de USA y el pueblo cubano se encuentra ausente una vez más.
Para contextualizar mejor los términos de la discusión sobre la realidad cubana, considero importante también no dejar de mencionar la diferencia de sitios de enunciación diferenciados desde el que son elaborados los argumentos en discusión. Reconozco el valor de la discrepancia y la posibilidad de diálogo fructífero que esta abre. Pero la diferencia de los sitios de enunciación, que no constituyen en ningún caso una medida per se del valor de la argumentación, iluminan de forma transparente un contexto básico que no es posible dejar de considerar a la hora de hablar de Cuba. Cualquier persona de los EEUU puede debatir con una interlocutora y denunciar—sin ambages—elementos de la política exterior de su propio gobierno sin que hacerlo implique el riesgo de poner en peligro su status laboral, sus derechos políticos y/o su integridad personal. En el país donde nací, tal cosa no sería posible pues el gobierno no garantiza a sus académicos críticos esos derechos. Incluso viviendo fuera de Cuba, una postura contraria al gobierno genera siempre represalias. Esto abre, de inicio, una diferencia epistémica y política importante.
La existencia de mecanismos sistémicos de exclusión, contención e impedimento del debate público es una evidencia del autoritarismo del gobierno cubano que tiene suficiente peso como para ser incluido dentro de cualquier análisis. Es el gobierno cubano quien ha impedido sistemáticamente la participación de sus ciudadanos en la vida política, económica y social del país. Esa responsabilidad no puede transferirse al embargo norteamericano. Recuérdese que incluso durante las tres décadas de masivos subsidios soviéticos, cuando la existencia del embargo no era parte de la retórica (entonces triunfalista) del gobierno cubano, no hubo tampoco un esfuerzo serio por garantizar la participación autónoma de la población, espacios para la diversidad política ni nada que permitiera instrumentar hacia el interior de la sociedad cubana formas de contestación, limitación y alternancia del poder político.
Cuando la responsabilidad del Estado cubano ante su sociedad es desplazada hacia el diferendo del Estado cubano con el norteamericano, la exclusión de los cubanos y cubanas es justificada y reforzada. Se naturaliza, al reivindicar la posición subalterna del Estado en el mapa geopolítico, la negación del derecho de cubanas y cubanos a tener reclamos legítimos y manifestarse por ellos. Es relativamente natural que, en tal confluencia de negaciones, el sujeto popular cubano solo sea visto como un receptáculo pasivo de fondos foráneos. Se olvida convenientemente que la sociedad cubana es una en la que no hay espacio para reclamos autonómicos de ningún tipo que partan de la sociedad civil y que estos carecen—incluso después de la aplicación de tales fondos y de la posibilidad de existencia directa en la discusión pública gracias al acceso a Internet de los últimos años—de un espacio reconocido y sancionado socialmente como necesario para que los grupos que defienden demandas particulares puedan realizar su trabajo. Esta profunda asimetría estructural es resultado de un diseño totalitario de la sociedad cubana, en la que la existencia misma de todo lo que salga del control de la institucionalidad del Estado es criminalizada. Ese reconocimiento, es ineludible.
Conclusión
Las protestas que hace dos meses, el 11 de julio de 2021, lanzaron a la calle a miles de cubanos en varios puntos del territorio nacional, son resultado mayormente de causas endógenas, como las reformas de lo que en la práctica se comporta como un capitalismo autoritario de estado y ha conducido a una deformación profunda de la economía cubana privilegiando la inversión turística sobre el gasto social en salud y educación en una ya deteriorada economía incapaz de abrir espacios de emprendimiento fuera del control del Estado. Y que se han visto acompañadas, como forma de disciplinamiento de los subalternos, de la sistemática supresión de derechos básicos como la libertad de expresión y reunión. Ninguna de esas causas puede ser atribuida directamente al embargo norteamericano; máxime en un país donde el Estado es agente clave en el control del territorio, la población y los recursos nacionales.
Poco favor hace a la causa del pueblo cubano, a la legitimidad de sus demandas, a la exigencia de libertades imprescindibles para el desarrollo de la vida social, al reconocimiento de la condición de subalterno respecto al Estado, seguirlo tratando como inexistente al subordinarlo a una disputa geopolítica. Rechazando toda abstracción que en un solo nombre—la Revolución, el Proceso, la Soberanía—permita comprimir, para detrimento del sujeto popular subalterno, la diversidad de la nación cubana y en la que quedan invisibilizados los cubanos y las cubanas que decidieron lanzarse a la calle a reclamar legítimamente sus derechos y que continúan exigiéndolos, a pesar y a despecho de la maquinaria represiva y de control de daños del Estado cubano.