Comunidad migrante LGBTQI+ en México

Además de ser una de las poblaciones migrantes más invisibilizadas y vulneradas en la región de las Américas, la comunidad LGBTQI+ también es la que cuenta con menos mecanismos y espacios de protección especializados durante el tránsito. Una situación que se agravó durante la pandemia de COVID-19 y las medidas sanitarias de emergencia. No obstante, en años recientes hemos visto el surgimiento de movilizaciones en las que la comunidad LGBTQI+ ha demostrado su enorme vitalidad y capacidad de movilización y de lucha. Un ejemplo han sido las caravanas migrantes, particularmente la primera de 2018, donde esta comunidad ha ocupado un lugar destacado. 

En esta ocasión, y como parte de la construcción del informe anual de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) para los años 2021 y 2022 (informe en proceso de publicación; los anteriores se pueden consultar aquí), hemos colaborado con el refugio Casa Frida, una de las pocas organizaciones que existen en México dedicadas especialmente a la población migrante LGBTQI+. El objetivo del texto es informar y dar a conocer el panorama general de esta comunidad, registrado por Casa Frida para el periodo 2020-2022. 

Refugio LGTBI+ Casa Frida

Casa Frida nació en mayo de 2020 como respuesta inmediata a las necesidades de la comunidad migrante LGBTQI+ y, desde entonces, tiene como objetivo central brindar acompañamiento, alojamiento, alimentación, cuidado, servicios de empleabilidad y atención a la salud integral a esta comunidad. Cuenta con dos sedes: una en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, y otra en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Su población está compuesta en su gran mayoría por personas que huyen de extremas violencias, persecución; así como por personas que han tenido que migrar o que han sido expulsadas de sus hogares y comunidades de residencia a razón de su orientación sexual, identidad y/o expresión de género, incluyendo personas con VIH y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad o vulneración de derechos. Desde su apertura, Casa Frida ha recibido más de 400 personas de la comunidad LGBTQI+ originarias de América Latina, pero también de otros continentes. Actualmente cuentan con una capacidad instalada de 30 personas para las dos sedes, donde les usuaries pueden permanecer hasta por tres meses. 

Durante el periodo de dos años y medio que ha transcurrido desde su apertura, alrededor del 55% de las personas atendidas han sido mexicanas, de las cuales el 7% se encuentran en situación de desplazamiento interno forzado. Mientras que el 45% restante está compuesto por personas migrantes y solicitantes de refugio en México de otras nacionalidades. El grupo de edad más representativo es el que abarca entre los 18 y los 29 años, y las principales nacionalidades en orden descendente han sido México, Honduras, El Salvador y Guatemala, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, República Checa y Rusia. Finalmente se encuentra la población proveniente de países Caribeños: Haití, Jamaica y Cuba, conformando alrededor del 1% de la población atendida. En un par de ocasiones han recibido a personas menores de edad por vinculación directa por parte de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Fiscalía del Menor, pero sólo ha sido por periodos cortos y de forma transitoria, como respuesta a situaciones emergentes y urgentes. También se han recibido familias en casos extraordinarios, debido a que el protocolo de atención no está diseñado para brindar este tipo de atención. 

Migración y refugio de la población LGBTQI+ 

Casa Frida ha referido que el 7% de las personas de nacionalidad mexicana que han sido atendidas se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno debido a la violencia ejercida por grupos del narcotráfico y crimen organizado, a la explotación sexual o a la trata de personas. Dentro de esta, una población claramente afectada ha sido la población transgénero que requiere de protección por haber sido víctima de algún tipo de violencia, delito o persecución, principalmente el tráfico o trata de personas cometidas por grupos del crimen organizado, la extorsión y el cobro de cuotas que suelen normalizarse como padrotaje. Dentro de este grupo, las personas más afectadas han sido las mujeres transgénero, provenientes de los estados de Tlaxcala, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y Estado de México, quienes llegaban a la CDMX buscando espacios seguros y la posibilidad de una reintegración social y económica.

En cuanto a las personas migrantes de otras nacionalidades, todas se han visto obligadas a solicitar refugio en México como una medida de protección y garantía de derechos, pero también como una estrategia para recuperar su autonomía y visibilizar las violencias a las que se han tenido que enfrentar por su orientación sexual y su identidad y/o expresión de género. En ese sentido, se reporta que ha sido relativamente más “sencillo” para las personas provenientes de Centroamérica reconocer y nombrar dicha orientación o identidad como motivo de su solicitud de refugio y al momento de realizar su entrevista ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR). Es decir que la comunidad LGBTQI+ de Centroamérica ha construido ya una conciencia individual y colectiva que le ha permitido reconocer, nombrar y visibilizar su migración y desplazamiento como resultado de la violencia y los delitos con tintes de homofobia, transfobia, violencia estructural y agresiones directas. Esto ha significado que en esta comunidad se ha tenido que presentar un número menor de apelaciones por solicitudes de refugio rechazadas. 

No así en el caso de las personas originarias del Caribe, quienes suelen recibir un mayor número de rechazos en sus solicitudes de refugio. Esta población se distingue de otras poblaciones migrantes y desplazadas LGBTQI+ puesto que reconocen una mayor dificultad para asumir y visibilizar su identidad sexual y/o su adscripción de género durante los procesos migratorios con el Instituto Nacional de Migración (INM) y en las solicitudes de refugio ante la COMAR. Tampoco suelen mencionar los múltiples problemas de violencia sexual que han sufrido a causa de dicha identidad y adscripción. Como consecuencia, Casa Frida ha reportado resultados muy distintos en los procesos de solicitud de refugio de la comunidad LGBTQI+ de origen caribeño. Pues suele ser representada como heterosexual, cisgénero y heteronormada que ha migrado por causa de una violencia generalizada en su país de origen, por lo que sus solicitudes de refugio son negadas con mayor frecuencia. 

“Nos dimos cuenta que hay un gran número de personas con resolución negativa de la solicitud de refugio cuando son de la región del Caribe, y que esto tiene que ver con el tipo de entrevista que tuvieron al acercarse con las autoridades. Esto ha alargado muchísimo sus procesos porque en su mayoría hemos tenido que acompañarles en una apelación y eso ha prolongado sus procesos de estancia. Esto se debe a la criminalización de la homosexualidad y a la falta de acceso a la justicia en sus países de origen por causa de su identidad de género y preferencia sexual, al encarcelamiento, a la falta de perspectiva de género y de diversidad sexual en sus países. Así como al desconocimiento de sus derechos humanos, y del derecho internacional. Huyen por este tipo de violencias pero no hay el conocimiento de que por haber sufrido estas violencias tienen derecho a ciertos tipos de protección. Piensan que van a seguir siendo discriminados y violentados. No se ha hecho el trabajo de difundir y garantizar el conocimiento de sus derechos”, refiere Raúl Caporal Montes, de Casa Frida.

Algo muy significativo es que ninguno de les usuaries de la comunidad LGBTQI+ de Casa Frida ha mencionado a la pobreza o la falta de empleo como un factor de migración. Algunxs han reportado que en sus países de origen incluso poseían negocios propios, eran pequeños comerciantes o trabajaban en empresas familiares. Todos contaban con ingresos propios. De manera que la principal razón para migrar ha sido la extorsión y la violencia que ejercen las organizaciones del crimen organizado, mismas que se agravan y exacerban por razón de su identidad de género y orientación sexual. Además, son estas mismas las que les impiden acceder a la justicia y ejercer su derecho a denunciar y recibir protección. “Saben que no pueden denunciar porque habrá una re-criminalización y re-victimización”, explica Raúl Caporal Montes: “imagínate a una mujer trans a la que el crimen organizado le exige pago de piso. Va a denunciar y en la fiscalía no le dan el trato correspondiente y digno, no reconocen su identidad de género y además piensan que estas violencias están relacionadas o son provocadas por su expresión de género. Entonces no hay investigación ni un proceso que tenga una perspectiva de género”. 

Además, “todos los chicos gays han comentado constantemente que se han enfrentado al reclutamiento para la distribución y venta de drogas porque, según ellos, los grupos criminales piensan que por ser gay o mujer trans, y porque están protegidos por organismos internacionales y ONG, van a pasar más desapercibidos a la hora de comprar y vender drogas. Entonces es más común que los chicos gays lleguen denunciando que iban a ser forzados a vender y distribuir drogas”. Se trata de una situación de violencia generalizada, en la que la violencia de género está por encima y se vuelve aún más grave que la violencia económica. 

Todo esto es importante para entender por qué sólo una de cada diez personas atendidas por Casa Frida quiere quedarse en México. El resto quiere llegar a los Estados Unidos lo más pronto posible. “Es importante mencionarlo porque la política de contención es una política fallida. Las personas que sí quieren quedarse es gracias a los procesos de reintegración social, económica y cultural. Es ahí cuando aceptan quedarse en México como parte de su plan de vida. Tenemos a mucha gente que se ha podido quedar en México con acceso al empleo, la vivienda, pero son pocas. Se requiere mayor voluntad política y recursos para que las organizaciones puedan apoyar a un mayor número de personas”, explica Raúl Caporal Montes. 

Violencias durante el tránsito migratorio

La comunidad migrante LGBTQI+ se expone a formas de violencia particulares y exacerbadas durante su tránsito migratorio. Así lo ha evidenciado la experiencia de más de dos años de Casa Frida, que reporta una importante incidencia de abuso sexual sufrido por las mujeres transgénero y lesbianas, tanto por parte de pobladores y de grupos criminales como de elementos del ejército y las fuerzas policiacas mexicanas. Extorsión y cobro ilegal de cuotas, abandono por parte de los coyotes, robos, asaltos con armas y la violencia sistemática con tintes homofóbicos completan el corolario de violencias sufridas durante el trayecto y la estancia en México. Este escenario se ve exacerbado y complejizado cuando las personas migrantes de la comunidad LGBTQI+ no pueden hacer uso de los albergues debido a que éstos no cuentan con perspectiva de género y diversidad sexual, tampoco con las condiciones higiénicas y de espacio adecuadas. 

Un elemento sumamente preocupante es que muchas experiencias de violencia y abuso sexual sufridas por mujeres lesbianas y trans también tiene que ver con dinámicas de odio y homofobia y supuestas prácticas de “corrección” que tienen la intención de cambiar su orientación sexual y de forzarlas a reconocer que no son lesbianas o no son mujeres. Por si fuera poco, a estas violencias de género y orientación sexual se suman la discriminación y las violencias económicas, físicas, sociales y políticas que la comunidad LGBTQI+ enfrenta a razón de ser personas racializadas, no heteronormadas, no binarias, pobres y migrantes. 

“Incluso dentro de las caravanas migrantes, donde las personas LGBTQI+ se han unido a grupos de hasta 10 ó 15 mil personas, también han sufrido segregación y discriminación. De hecho las mandan hacia atrás y sufren de acoso y hostigamiento durante el camino por parte de otros migrantes”, reporta Raúl Caporal Montes. “A esto se suma la serofobia, que es el miedo, discriminación y rechazo hacia las personas que viven con VIH. Al parecer sólo el estado de Chiapas cuenta con un programa estatal de VIH en sus servicios de salud que parece muy amigable. Pero parece un oasis, porque pasando el estado de Chiapas los servicios se vuelven más escasos y precarios. Para toda la población en general, pero aún más para la población con VIH, porque los programas de atención a personas que viven con VIH no están homologados a la atención para las personas migrantes y desplazadas”. Casa Frida reporta que 21 de cada 100 personas homosexuales y mujeres transgénero viven con VIH, y alrededor de 80 personas con este padecimiento han sido atendidas por Casa Frida.