El 19 de febrero de 2006, en Coahuila, alrededor de las dos y media de la tarde, 65 mineros quedaron atrapados al ocurrir una explosión por acumulación de gas metano en la Mina Pasta de Conchos, perteneciente a Grupo México, que a su vez es propiedad del empresario Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país. Esta tragedia pudo haberse evitado, pues semanas antes de que ocurriera el accidente los trabajadores habían estado denunciando que al interior de la mina había concentraciones de gas superiores a los estándares legales. No olvidemos que, en ese año, el gobernador de ese estado era el priista Humberto Moreira, detenido en 2016 en España, después de que fue acusado por lavado de dinero. Vicente Fox se encontraba en la recta final de su sexenio.
Después de la explosión se hizo público que la mina tenía reportes de fallas estructurales desde el año 2000 y que, en 2004, se habían identificado al menos 43 medidas de seguridad e higiene en el trabajo que no se estaban asumiendo por parte de la empresa: no se ponían emparrillados en techo y paredes, había problemas de ventilación, la instalación eléctrica estaba en mal estado, además de que no existían programas y diagnósticos de seguridad ni análisis de riesgos potenciales. Sin embargo, las autoridades competentes no supervisaron que las anomalías se hubieran corregido. De hecho, en su Recomendación 26/2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que en el caso de la explosión en Pasta de Conchos “los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores”.
Seis días después del accidente, Grupo México, así como los gobiernos estatal y federal, anunciaron que se cancelaban las labores de rescate y que la mina sería cerrada indefinidamente. Nunca más las autoridades federales exigieron a la empresa que reanudara la búsqueda de los cuerpos. Las familias y organizaciones solidarias han denunciado desde entonces que la empresa se negó a continuar con la búsqueda debido a que, al ser rescatados los cuerpos, se harían evidentes las terribles condiciones de trabajo que existían en la mina, arriesgándose no sólo a enfrentar responsabilidades penales, sino la posible pérdida de concesiones mineras que Grupo México tiene en todo el país.
La lucha de las viudas de los mineros ha sido incansable durante estos años. Cada mes viajaron más de mil kilómetros para manifestarse frente al edificio corporativo de Grupo México, en la capital del país; realizaron numerosos plantones hasta por treinta días, buscaron justicia en los juzgados e incluso de manera un tanto desesperada, en noviembre de 2008, iniciaron por cuenta propia las labores de rescate, acompañadas por diversas organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, burlas y agresiones fueron la respuesta que obtuvieron por parte de la empresa. Al recurrir a todas las instancias judiciales, las viudas de los mineros fueron rechazadas, pues se les argumentó que no tenían interés jurídico legítimo para exigir el rescate de los restos o el castigo a los responsables. Ante la cerrazón y la falta de sensibilidad de las autoridades mexicanas, en 2010 acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Vergonzosamente, el gobierno mexicano pidió a la CIDH que declarase el caso como inadmisible. Sin embargo, no sólo lo admitió, sino que en febrero de 2018 dio la razón a las familias de los mineros, señalando que el Estado mexicano tendría que iniciar un proceso para determinar las causas de la explosión y la responsabilidad de los funcionarios públicos que fueron omisos antes, durante y después de la tragedia. En 2019, la entrante administración federal asumió el compromiso de establecer una mesa de trabajo interinstitucional orientada a establecer una ruta crítica para el rescate de los restos de los mineros. Por indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador se estableció un “Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos”, en el que participan también las familias y sus representantes legales.
No es sorpresivo que las grandes televisoras y la mayoría de los periódicos de cobertura nacional hayan orquestado un silencio mediático sobre un hecho de gran trascendencia nacional: el pasado 14 de septiembre, el Gobierno de México hizo público el acuerdo al que llegó con los y las familiares de los mineros, producto de meses de trabajo con el Comité formado en 2019. Mediante este acuerdo, el Estado mexicano se ha comprometido a recuperar los restos de las víctimas, a construir un memorial, a indemnizar a las 65 familias, así como establecer medidas de reparación colectiva y garantías de no repetición. La indemnización económica se hará efectiva a través de la Secretaría de Gobernación, a más tardar en diciembre de este año. El mismo presidente asumió el compromiso de dar seguimiento personal al proceso de recuperación de los restos, a partir del próximo 23 de octubre, cuando visitará el estado de Coahuila. Además, se dio inicio a un proceso de diálogo para construir un “Acuerdo de Solución Amistosa”, en el cual se plasmarán los detalles de la reparación integral en el marco de lo previsto por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Según han dictaminado expertos internacionales en ingeniería de minas de carbón, el proceso de recuperación de los restos no será rápido. Podría tardar hasta cuatro años y la inversión necesaria podría ser de hasta 1,700 millones de pesos. Tuvieron que pasar 14 años para que fueran tomadas en cuenta las familias víctimas de esta tragedia: el último año del sexenio de Fox, así como los mandatos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Está probado que en este doloroso proceso hubo tolerancia y perpetuación de la impunidad, se negó el acceso a la justicia, a la debida diligencia, a la verdad, se violaron los derechos laborales y el derecho a la vida. Durante todos estos años, las familias de los mineros fueron ignoradas por todos los gobiernos. Es por todo ello que el acuerdo firmado el pasado 14 de septiembre constituye un precedente histórico, pero también por la magnitud y naturaleza de este caso paradigmático. Las vidas de los trabajadores no pueden regresar y ese dolor es inconmensurable. Pero afortunadamente, los tiempos son otros y por fin nos encontramos en la senda de la construcción de la justicia y la reparación del daño para las familias de los mineros que han sido implacables e indoblegables en su digna lucha.