Guadalajara, Jal. La madrugada del 29 de marzo de 2021 un impetuoso grupo de activistas ingresó a un terreno ubicado en el norte de la ciudad de Guadalajara que forma parte del desarrollo inmobiliario Iconia. “Armados” con picos y palas iniciaron la plantación masiva de árboles endémicos de la zona de Huentitán, instalaron un campamento permanente y renombraron el lugar: Parque Resistencia Huentitán.
El grupo de activistas —integrado por organizaciones vecinales de defensa de los espacios públicos, la Asociación Jalisciense en Derecho Ambiental y algunos integrantes de la Federación de Estudiantes (FEU) de la Universidad de Guadalajara (UdG)— se propuso recuperar un terreno de aproximadamente 13 hectáreas que en 1980 fue adquirido por el gobierno municipal de Guadalajara para la construcción de un parque municipal pero que en 2008, bajo la administración del panista Alfonso Petersen Farah, fue desincorporado y cedido a una empresa española que, aunque nunca concretó las condiciones de contraprestación, proyectó sobre éste la construcción de un conjunto de complejos habitacionales verticales.
En 2016 esa empresa transfirió los derechos sobre el terreno a la empresa Hotelera Salamanca que inició los trabajos de construcción del proyecto inmobiliario que denominó “Iconia”. Los vecinos y activistas que se dieron cuenta de las irregularidades en el traspaso del predio reclamaron a los gobiernos municipales —entonces encabezados por los emecistas Enrique Alfaro (2015-2017) e Ismael del Toro (2018-2021)— hacer lo propio para recuperar el predio cuya venta no se había concretado legalmente y por decreto debía ser un parque. Sin embargo, nunca recibieron respuesta.
En marzo del 2021, con el aval de las autoridades municipales, el terreno ya había sido trasladado a una tercera empresa, Hoteles Rivera Deluxe, y ante el avance ilegal del proyecto inmobiliario y el silencio de las autoridades, los activistas decidieron actuar. Con la convicción de que ese espacio le pertenece a la ciudad, empezaron a proyectar el parque, se instalaron en el lugar para protegerlo e iniciaron una serie de acciones con el objetivo de socializar el tema, concientizar a la sociedad sobre el despojo y atraer a los ciudadanos al lugar. A lo largo de 144 días organizaron festivales, obras de teatro, clases de yoga, conferencias, trabajaron en la construcción de un huerto urbano, iniciaron la recuperación de un río y continuaron con la plantación de árboles. Sin embargo, en la madrugada del 19 de agosto de 2021 los activistas fueron desalojados con violencia por personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco que, de acuerdo con los testimonios recabados por algunos medios, amenazaron a los activistas con desaparecerlos; además, como parte del operativo talaron alrededor de 500 árboles de los aproximadamente mil que se habían llegado a plantar durante los meses que duró la toma.
En diciembre pasado, 21 meses después de aquella acción de defensa del espacio público, tres estudiantes de la UdG que en ella participaron fueron notificados de que las empresas encargadas del proyecto Iconia habían interpuesto una denuncia en su contra por el delito de despojo con violencia de inmuebles y aguas, pues aseguraron que los estudiantes habrían ingresado al predio aquél 29 de marzo armados con pistolas tipo escuadra.
Con una velocidad inusitada, en la primera audiencia, el juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos les dictó prisión preventiva oficiosa bajo el argumento de que podrían no presentarse a la audiencia de vinculación. Javier Armenta, Iván Ilich Cisneros y José Alexis Rojas fueron encarcelados. La furia se desató.
La presión social, política y mediática alentada desde la rectoría de la Universidad de Guadalajara fue muy intensa. La casa de estudios se declaró en “estado de emergencia” y la Federación de Estudiantes de la Universidad (FEU), que fue presidida anteriormente por Javier Armenta, uno de los imputados, instaló inmediatamente un plantón indefinido frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador. Los abogados de la universidad asumieron la defensa legal de los estudiantes y el rector, Ricardo Villanueva Lomelí, declaró que los defendería “como si fuera su papá”.
Las acusaciones se concentraron en el gobernador, Enrique Alfaro, a quien señalaron como el artífice de la detención de los estudiantes en el contexto de una persecución política ejecutada con por lo menos tres objetivos: reprimir la protesta social que exige la recuperación del predio de Huentitán; invisibilizar el enorme problema de corrupción inmobiliaria millonaria que está en el fondo del caso; y golpear a la UdG, con cuyas autoridades formales e informales mantiene desde hace meses una fuerte confrontación política.
El impacto nacional que tuvo el encarcelamiento de los estudiantes y activistas ambientales hizo que el lunes 9 de enero del 2023 el gobernador Alfaro se pronunciara sobre el caso. “No puedo guardar silencio cuando con mentiras vulgares se ha pretendido construir la idea de que hay un grupo de estudiantes en la cárcel por manifestarse y que esto es producto de las instrucciones del gobernador” (Informador.mx). Los estudiantes, dijo, están en la cárcel porque enfrentan una denuncia interpuesta por los dueños de un terreno que a su juicio fue invadido ilegalmente. “Los dueños del terreno están en todo su derecho de exigir que se aplique la ley”, porque “el terreno que estos jóvenes dicen que es un parque no es un parque sino una propiedad privada,” por lo tanto, aseguró, se trata de un “pleito entre particulares” (Informador.mx).
Con sus declaraciones el gobernador deslegitimó de un zarpazo la lucha por la recuperación del parque municipal de Huentitán y canceló toda posibilidad de que los colectivos ciudadanos sean reconocidos y escuchados por el gobierno estatal para que se revise la legalidad de la posesión del terreno Iconia que los activistas ponen en cuestión por la serie de irregularidades ampliamente documentadas que, aseguran, hubo en el proceso de cesión y venta a las empresas inmobiliarias.
Al dar por hecho que se trata de una propiedad privada y reconocer a las empresas como legítimas dueñas del predio, el gobernador avaló —como ya lo había hecho desde la alcaldía de Guadalajara— el despojo de las 13 hectáreas que por decreto hoy deberían ser parte de un gran parque metropolitano, tan necesario en la zona norte de Guadalajara, y no un desarrollo inmobiliario millonario, como los que proliferan por toda la zona metropolitana con costos de vivienda inaccesibles para las mayorías. Para él no hay nada qué cuestionar, el tema de la posesión del predio es un caso cerrado.
Como estrategia, el gobernador criminaliza la protesta social e intenta invisibilizar sus señalamientos. Para el poder Ejecutivo en el caso Huentitán no hay argumentos que valgan ser revisados ni activistas que deban ser escuchados, desde su perspectiva todo se reduce a “una campaña de mentiras y ataques a los poderes públicos” en el contexto del conflicto que desde hace meses lo mantiene confrontado con las autoridades universitarias. Al criminalizar a los estudiantes el gobernador intenta trasladar el caso a otro terreno.
En ese contexto, un día antes de la audiencia de vinculación, Enrique Alfaro lanzó un exhorto al poder judicial para que los estudiantes pudieran seguir el proceso en libertad y evitar que el caso siguiera “contaminando la agenda política”.
En efecto, el encarcelamiento de los tres estudiantes tuvo un costo político bastante elevado para el gobernador, pero como estrategia quizá le resulte menos costoso que asumir la responsabilidad de revisar el grave problema de despojo que han denunciado los activistas de Huentitán. Si lo hiciera, aseguran, no sólo se pondría en peligro un negocio millonario que se ha hecho a costa de un bien público con la complicidad y probable participación de las autoridades, también se pondría en evidencia que el caso no es aislado, sino parte de un modus operandi que desde hace años se ha instalado en esta metrópoli.
Sólo en ese contexto se puede explicar que las demandas penales hayan sido interpuestas exclusivamente contra los estudiantes de la UdG, quienes en los próximos meses tendrán que enfrentar un proceso judicial que ya ha empezado a mostrar sus irregularidades.
Por lo pronto, los activistas que se mantienen en resistencia para defender el territorio de los intereses inmobiliarios y protegerse del hostigamiento estatal están intentando llevar el caso al plano federal.
- Nota realizada con información de ZonaDocs, Informador.mx y el Diario NTR.
- Fotos tomadas de las redes del Parque Resistencia Huentitán.