Todas las elecciones, incluso las más apáticas, aburridas y previsibles, son espacios de expresión del conflicto político y un lugar para apreciar la correlación de fuerzas de los actores en disputa.
Tenemos, por lo tanto, que matizar las dos interpretaciones (interesadas) que se disputan la narrativa sobre la elección judicial: la primera es la de quienes afirman que el fracaso ha sido total, que el abstencionismo es prueba de la falta de legitimidad absoluta del proceso y que niegan que se produzca cualquier efecto sobre el sistema legal y el orden jurídico (es la interpretación dominante en la derecha, pero también la postura de un sector de la izquierda anti-obradorista).
De igual manera, hay que ser escépticos frente al triunfalismo oficialista, que afirma que la elección fue la prueba de la democratización, de la superación de la política puramente representativa y de la ruptura con el antiguo poder judicial.
Ambas posturas son, paradójicamente, profundamente anti-políticas y buscan simplificar un proceso lleno de aristas y recovecos con tal de mostrar dos campos nítidos y separados (lo que sirve, entre otras cosas, para que los defensores del binarismo oculten sus propios intereses, contradicciones y cercanías con el enemigo).
Si queremos entender lo que ha pasado es necesario esperar los resultados y ver la conformación de los tribunales, porque vamos a tener muchas sorpresas. Pero más allá de los números iniciales, la elección no sólo formaliza e institucionaliza el reordenamiento del Estado que inició en 2018, sino que obliga a las fuerzas en conflicto a reconfigurarse.
El nuevo escenario no tendrá legitimidad absoluta, porque no surge de un consenso amplio y hay evidentes problemas de fondo, pero logra establecer un nuevo orden en el poder judicial sin provocar una crisis de gobernabilidad y sin producir la unificación de un frente opositor.
La prueba de lo anterior es que el PAN, que apostaba a un escenario de conflicto que les permitiera apelar a Trump y a la OEA (el guion venezolano que aún orienta a la derecha dura), está abandonando la política de confrontación abierta y se ha movido a proponer una contrarreforma judicial en el congreso. Se trata de un reconocimiento renuente pero efectivo del nuevo orden y un abandono (parcial) de la política de movilización que busca la derecha que quiere escindirse de la tutela PRI-PAN.
En ese sentido, la abstención no descarrila la profundización del nuevo orden estatal. La lectura más tosca que se puede hacer en este momento es creer que la abstención del 90% es monolítica y refleja un rechazo uniforme al proceso. Eso es sólo propaganda y se desinflará a medida en que la atención se enfoque en el nuevo orden del poder judicial.
En ese sentido, el resultado para el gobierno y el proyecto obradorista es bueno y hay cierto entusiasmo que no es fingido, a pesar de los pobres números. Es claro que un sector del obradorismo —en Morena y en el gobierno— apostó por una elección sin gran movilización: prefería que los adversarios optaran por marginarse —y la oposición regaló el campo— y confiaban en que las bases, tanto militantes como clientelares, dieran un respaldo suficiente al proceso.
La movilización, sin embargo, no se dio en los números esperados, lo cual revela tres cosas: que la política faccional empieza a ser un protagonista real en Morena que obstaculiza el ejercicio de gobierno; que hay un desplazamiento cada vez más pronunciado del obradorismo no partidista y, aunque parezca obvio, que Sheinbaum no tiene la fuerza de AMLO y, por al contrario, enfrenta una coalición de liderazgos muy machos que están minando el pacto de las corcholatas propuesto por su antecesor.
La evidencia de la fragilidad del liderazgo de Sheinbaum no está necesariamente en la elección, sino en la conformación de las boletas. Basta ver las extrañas combinaciones en las postulaciones hechas por los tres poderes y el aparato judicial en funciones, para darse cuenta de que allí se hizo una serie de pactos cuya lógica apenas empezamos a entender: mientras que ciertos cargos tenían hasta cinco candidatos por cada Poder, otros fueron postulados de manera unánime (casi siempre con jueces que ya estaban en el PJ).
¿Qué refleja la estrambótica conformación de las listas? Apresuramiento, improvisación e incompetencia, como recalca la oposición, pero también una política de alianzas que no es uniforme y que revela la amplitud y diversidad de lo que hoy es el obradorismo y su relación con otros sectores sociales. Si se confirma la llegada de Hugo Aguilar a la SCJN, tendremos la confirmación de que la capacidad de interlocución de morena-gobierno con actores organizados pero fuera de los espacios dominantes sigue teniendo peso.
La conclusión, si es que hay tal cosa, es que el domingo no fue el final del proceso, sino apenas el inicio de una historia que está por escribirse. Y sí, a pesar de que pareciera que la elección fue el parto de los montes, no debemos minimizarla ni caer en las posturas fáciles de la antipolítica (es lo mismo de siempre, es todo igual, no hay nada nuevo, etc.).
El Poder Judicial que teníamos era, mutatis mutandis, el mismo que Rabasa delineó en “La Constitución y la dictadura”, la criatura que garantizaba la continuidad del liberalismo aristocrático —el que vive denunciando la “tiranía de las mayorías”— en medio del acelere revolucionario. Y ojo, yo no afirmo que haya sido borrado de la faz de la tierra, pero sí cambió de forma. Y es imprescindible entender su nueva anatomía.
