I. Un poco de historia
A mediados de 1982, el entonces candidato presidencial del PRI, Miguel de la Madrid Hurtado, entabló contacto con Jorge Carrillo Olea quien ya era un reconocido experto en seguridad nacional. La preocupación del candidato era cómo construir un sistema de seguridad nacional que limpiara la oscura imagen que la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) habían edificado con base en una violencia descontrolada y una creciente corrupción. Este proceso de reconstrucción implicaría la creación de tres nuevas instituciones: una agencia de inteligencia política, una especializada en el combate al narcotráfico y una profunda reorganización policial.
En 1983 comenzaron las modificaciones. Entre marzo y abril desaparecieron 10 corporaciones policiales de corte federal como la policía forestal o la policía de pesca. La siguiente en desaparecer fue la también corrupta Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, célebre por haber albergado en su seno a elementos de la famosa Brigada Blanca y por ser creada por Alfonso “el Negro” Durazo.
Finalmente, hacia 1985, pese a las objeciones de los ex directores de la DFS y del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, se ejecutó la orden de desaparecer a la DFS y a la DGIPS. Sin embargo, para evitar críticas y amortiguar los descontentos, se dijo que estas se fusionarían en la Dirección General de Investigaciones y Seguridad Nacional (DISEN). Fue en este proceso de liquidación institucional que inició la trayectoria de los dos acervos documentales materia de disputa desde 2015, el de la DFS y el de la DGIPS.
El primero, de la DFS, continuó en “activo” en la nueva agencia de seguridad, misma que en 1989 sería rebautizada como Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN), y sería trasladado al Archivo General de la Nación (AGN) como parte del decreto de creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos (FEMOSPP) en 2001 durante el gobierno de Vicente Fox. Sin embargo, la ambigüedad del decreto permitió que personal de mismo CISEN, personificado en la enigmática figura de Vicente Capelo, fuera el custodio de los documentos, mismos que, mientras no existió legislación sobre protección de datos personales, pudieron ser consultados de manera directa con la única mediación del carácter de su custodio. Posteriormente se fue normalizando el uso de las peticiones por transparencia para la obtención de versiones públicas, mismas que poco a poco se fueron acumulando en la entonces galería 1 del AGN.
El segundo acervo fue dado de baja y transferido al archivo de trámite, ya en 1982 se había enviado 2900 cajas, por lo que su vida archivística fue la de cualquier otro documento generado por la burocracia mexicana. A su llegada, la entidad emisora, Secretaría de Gobernación, determinó que los documentos podrían consultarse después de 40 años de su fecha de emisión ya que consideraron que contenían datos confidenciales y que podrían atentar contra la seguridad nacional. Sin embargo, hacia 1997 y con motivo de la conformación de una primera comisión cuyo objetivo era determinar responsabilidades respecto a los sucesos del 2 de octubre de 1968, se decretó que después de 30 años estos documentos podrían consultarse sin restricción alguna. Estos documentos, además, pudieron ser consultados desde los años 90 por varios historiadores quienes, al carecer de un instrumento de consulta, optaron por identificar los documentos con su clave archivística original.
Lo anterior marca dos diferentes destinos documentales, dos caminos que, necesariamente determinaron nuestra relación con los acervos.
II. El 2015 y las trampas de la transparencia
Si bien la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental fue publicada el 11 de junio de 2002, no fue hasta la publicación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 2010 cuando poco a poco las autoridades comenzaron a vincular a los archivos con la protección de datos personales.
Así, en 2012, fue expedida la Ley Federal de Archivos, misma que realizaba cruces de obligaciones y responsabilidades entre el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), los sujetos obligados (instituciones gubernamentales productoras de documentos) y los archivos históricos. En el artículo 27 de dicha ley se introdujo una aportación conceptual archivística exclusivamente mexicana, la creación de los archivos históricos-confidenciales. Según esta categoría, los sujetos obligados tendrían la capacidad para determinar que los archivos con datos considerados confidenciales pudieran ser reservados durante 30 años o hasta 70 “tratándose de datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.”
Sin embargo, pasaron tres años sin que las condiciones de consulta archivística se modificaran. Fue hasta marzo de 2015 que las autoridades del AGN tomaron la decisión de restringir la consulta al acervo de la DFS. Se retiraron los ficheros que eran utilizados por los usuarios como primer indicio de lo que pudiera encontrarse en el acervo con el argumento de que formaban parte del archivo mismo y contenían datos personales, posteriormente comenzaron a retirarse versiones públicas para ser revisadas y corregidas, se negó la existencia de documentos a investigadores que ya la habían consultado antes y también se negaron a realizar versiones públicas con el argumento de que los personajes, las organizaciones o los temas en cuestión no eran de interés público nacional.
Ante esta situación, un grupo de jóvenes académicos redactamos una carta exigiendo explicaciones a la entonces directora del AGN, Mercedes de Vega. Dicha carta fue firmada por poco más de mil académicos del mundo. Esta carta fue entregada el 4 de mayo por oficialía de partes de la Secretaría de Gobernación y recibió respuesta el 4 de mayo.
Las autoridades del AGN respondieron citando a varios de los firmantes a partir de sus instituciones de adscripción y de manera polarizada. En dichas reuniones el director del archivo histórico central, el jurídico y la directora ofrecían disculpas por los inconvenientes y no escatimaban argumentos jurídicos para justificar sus acciones. Prometían tratos preferenciales y algunas dispensas, siempre y cuando las instituciones se comprometieran a ofrecer algún producto al propio AGN. Por la vía formal, se respondió a nuestra carta únicamente por la sección de avisos de la página web con la notificación de que la recepción atendía nuestro derecho de petición.
Los esfuerzos se polarizaron, y ante el panorama de la discusión de una Ley General de Archivos, diferentes colectivos y organizaciones buscaron incidir en su formulación. La participación de Aurora Gómez Galvarriato, ex directora del AGN, de Alfredo Ávila y Gabriel Torres Puga, miembros de la mesa directiva del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, fue fundamental para que los foros convocados por la Cámara de Diputados y Senadores tuvieran incidencia real en la redacción de la ley.
Así, el 15 de junio de 2018 se publicó la Ley General de Archivos, la cual, al entender de muchos, lograba corregir los abusos a la Ley Federal. En muchos sentidos realiza una clara distinción entre los diferentes momentos de vida de un documento. También, en su artículo 36, determina que “los documentos contenidos en los archivos históricos son fuentes de acceso público”, igualmente, determina que “no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad”. Sin embargo, aún conserva la posibilidad de reserva documental por un plazo de 70 años, a partir de la creación del documento, aunque esto únicamente para los grupos documentales que se encuentren en archivos de concentración.
Con todo lo anterior, sin duda, estábamos convencidos que la consulta de los archivos históricos que resguardan la historia del siglo XX mexicano estaba garantizada. Mucho más cuando la posibilidad de la victoria de la izquierda mexicana se veía venir.
III. El AGN en la 4T
La victoria de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial de julio de 2018 abrió un impasse que no permitió percibir modificaciones en la implementación legal dentro del AGN. Sin duda, debemos aceptarlo, había una clara expectativa de que, desde el momento mismo del cambio de gobierno, la situación de los documentos cambiaría para permitir mayor acceso y, por qué no, se pensaba en la posibilidad de que pudieran fincarse responsabilidades jurídicas e históricas respecto a nuestro pasado reciente.
El 1 de diciembre de 2018, resultado del cambio de gobierno, se tomó la decisión de modificar la estructura de seguridad del país. El CISEN, el centro de investigación fundado por los neoliberales mexicanos, el mismo que falló en el diagnóstico respecto al potencial político y de fuego del zapatismo, y el que durante poco menos de 30 años vaciló en su responsabilidad de combatir al narcotráfico, se declaró disuelto. De sus cenizas se creó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, además fue trasladado a la también recién creada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Inmediatamente se comenzó a especular sobre el destino de su documentación. Mientras tanto, en ese mismo diciembre, se nombró a Carlos Ruiz Abreu como director del AGN. El gremio de historiadores conocíamos de su trabajo en el Archivo de la Ciudad de México de cuya gestión se desprenden opiniones divididas.
A mediados de febrero, en conferencia matutina y con la presencia del director del AGN, el presidente de la República anunció un acuerdo presidencial por medio del cual se abrirían a consulta pública los documentos producidos por el CISEN, mismos que abarcan el periodo 1985 a 2018, así como aquellos de todas las dependencias sobre “violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas, así como actos de corrupción”. Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, estos documentos deberían transferirse al Archivo General de la Nación, el cual en un plazo no mayor a treinta días debería elaborar los lineamientos para la consulta de los mismos.
Mientras estos lineamientos eran difundidos, y se comunicaba que comenzarían a ponerse en práctica en enero de 2020, el proceso de consulta de los acervos DFS y DGIPS continuaba como siempre, restringido el primero, abierto absolutamente el segundo. Sin embargo, el 6 de enero los usuarios del fondo de DGIPS se encontraron con una circular firmada por la dirección del Archivo Histórico Central que anunciaba que a partir de ese día el fondo estaría fuera de consulta por encontrarse en proceso de revisión. Sin mediar más explicaciones, el AGN sacaba de circulación uno de los acervos más importantes para la comprensión de la historia del siglo XX mexicano.
IV. Otra batalla por los archivos
Inmediatamente, un grupo diverso de historiadores comenzamos a manifestarnos en redes sociales exigiendo explicaciones por parte de las autoridades del archivo. El 9 de enero, por su cuenta de Twitter, el AGN dio a conocer una nota informativa en la que aseguraba que había existido un “error involuntario”, que el fondo DGIPS seguía abierto, sólo que debía consultarse solicitando versiones públicas, esto a partir de los lineamientos para la consulta de los archivos del CISEN, mismos que aún no se encuentran a disposición de los usuarios. En esa misma nota informaron que el día 16 de enero presentarían una “estrategia” para que los documentos de ambos fondos pudieran consultarse sin restricciones. Sin embargo, como se ha intentado explicar hasta aquí, el fondo DGIPS no tendría que estar sujeto a dichos lineamientos ya que su vida archivística fue como la de cualquier fondo que se encuentra en el AGN.
El día 16, por medio de un comunicado colgado en las redes sociales del AGN y replicado por su director, así como por varios miembros del gobierno, se informó que la “estrategia” consistiría en solicitar al INAI la declaratoria de interés público sobre los acervos de DFS e IPS. Para ello, el AGN hizo un llamado a los usuarios para compartir sus experiencias y argumentos que permitan que el INAI genere dicha declaratoria. Historiadores como Camilo Vicente, Aleida García Aguirre o Anuar Ortega, han presentado en diversas ocasiones argumentos que justifican con creces la pertinencia e interés público de la documentación en cuestión. Todas las veces las autoridades del AGN han hecho oídos sordos y han negado el acceso a documentos bajo el argumento de que carecen de interés público.
Y después de todo esto ¿Por qué es necesario que se abran los archivos de la DFS, la DGIPS y el CISEN? Las razones son varias y de distinta índole; en primera instancia podemos convocar las razones políticas; estos acervos contienen información de primer orden sobre los abusos a los derechos humanos en el pasado reciente. Son indispensables para comprender quiénes, cuándo y de qué manera llevaron a cabo la táctica contrainsurgente del Estado mexicano. También contienen los indicios de la cadena de mando que condujo dicha estrategia; con esto se podrían fincar y delimitar responsabilidades a funcionarios y empleados estatales que coordinaron y colaboraron en el secuestro, desaparición y eliminación de opositores al régimen. Igualmente, contienen indicios del paradero de las y los detenidos desaparecidos.
En segunda instancia, por su naturaleza, este acervo resguarda, de manera ordenada y sistematizada, recortes periodísticos, volantes, y en general, impresos varios que dan cuenta de las actividades de las diferentes oposiciones políticas, en todas sus tendencias y formas de lucha.
En un tercer orden, estos documentos contienen balances de las situaciones sociales de diferentes momentos. Encuestas y sondeos que eran realizados para conocer la opinión de la sociedad respecto a diferentes medidas de los gobiernos en turno. Finalmente, si abrimos los ojos y nos damos cuenta de cosas sencillas como, por ejemplo, que los agentes eran mexicanos promedio que compartían cultura, prejuicios, filias y fobias a través de sus informes, tenemos a nuestro alcance una venta a las formas de pensar y concebir la sociedad durante prácticamente todo el siglo XX.
V. Para terminar
Desde la llegada del nuevo gobierno ha quedado más que claro que la 4T es capaz de realizar cualquier gestión aún sin contar con la legislación necesaria que la sustente. Si las leyes no han sido idóneas las han modificado y/o creado. Han creado dependencias sin el necesario respeto a la institucionalidad en la búsqueda de dar cauce a lo que a su entender es la democratización de la vida pública de México.
Finalmente, en días recientes, el presidente se ha mostrado más que decidido a vender el avión presidencial adquirido por Calderón y usado por Peña Nieto. Lo considera un símbolo de aquello que no quiere ser, eso sólo nos debe dejar claro que a como dé lugar el avión se venderá. En febrero, el presidente dijo que se abrirán los archivos para dar cuenta de las violaciones a derechos humanos en el pasado reciente y abrir el frente del pasado en contra de la corrupción, sin embargo, los archivos aún no se abren. Se especula que los responsables se apellidan Bartlett, ex secretario de Gobernación quien, sabemos, fue determinante en cuanto a que él, y sólo él, era quien debía dirigir la inteligencia mexicana; se menciona a Esteban Moctezuma y sus responsabilidades en la “caza” a la dirigencia zapatista durante el gobierno de Ernesto Zedillo. La lista podría ser muy larga y no solamente incluye a expriístas, ahí están los nombres de panistas y connotados hombres de la izquierda histórica que coquetearon con el poder. Estos tres acervos documentales, cada uno con sus características y especificidades, son un espejo de los abusos de la élite política mexicana. Son acervos privilegiados para el estudio y comprensión del siglo XX. En definitiva, abrir o cerrar estos acervos no es un tema legal, es político.
*Este texto es resultado de las diferentes discusiones y posicionamientos que, desde 2015, colegas y amigos, hemos sostenido respecto a las razones del acceso y apertura a los acervos de la inteligencia política mexicana. Sin embargo, como toda expresión de carácter individual, los errores u omisiones son únicamente mi responsabilidad. A Camilo Vicente, Rubén Ortiz, Elisa Servín, Magdalena Pérez, Halina Gutiérrez, Anuar Ortega y Alfredo Ávila mi respeto y admiración por la decidida defensa de los archivos mexicanos.