La transición energética se ha posicionado en los últimos años como una retórica global para referirse a las más heterogéneas estrategias de tránsito a las energías renovables como forma de mitigación del cambio climático. Desde los enfoques de justicia energética, se ha planteado que esta transición no puede pensarse únicamente como un cambio técnico, sino como un proceso político que requiere intervenir en las tramas de desigualdad sobre las que se sostienen los sistemas energéticos actuales. En otras palabras, no puede haber transición energética sin justicia social, y esta justicia implica transformar las relaciones institucionales que estructuran las desigualdades. ¿Pero qué tipo específico de instituciones tendrían que ser transformadas?
En México, la Ley de Planeación y Transición Energética invoca este horizonte al promover la justicia energética como el conjunto de “acciones o estrategias encaminadas a reducir la pobreza energética, las desigualdades sociales y de género en el uso de la energía”. Además, la justicia energética contempla también la participación inclusiva en las cadenas locales de los proyectos energéticos (Secretaría de Gobernación, 2025, DOF, 18/03/2025, art. 3, inc. XVI). Pero la vida energética del país no sólo depende de una voluntad de Estado, sino que se entrelaza con intervenciones que imbrican lo público, lo privado y lo comunitario. Desde este escenario, tanto la integración de las energías renovables como la participación social en estos procesos suelen estar marcadas por intersticios en donde la economía formal coexiste con arreglos informales, trabajos precarios, violencia, degradación socioambiental u otros factores que profundizan desigualdades sociales y políticas, todo lo cual configura un terreno de innovación institucional bien complejo.
Dentro de las múltiples aristas, es significativo que la ley integre el género como una variable sustantiva a su objetivo. En un sector donde esta desigualdad es patente —apenas el 32% de los empleos de tiempo completo en energías renovables son ocupados por mujeres, y sólo el 1% llega a puestos de dirección (IRENA, 2019, Energías renovables: una perspectiva de género)—, esta subrepresentación no sólo es síntoma de un problema de paridad, sino de comprensión, pues, al privilegiar la experiencia masculina como modeladora de la política energética, se desconocen múltiples formas de trabajo y estructuras de cuidados que sostienen a los sistemas energéticos y que las mujeres asumen de forma mayoritaria por una división sexual del trabajo que no ha sido transformada de fondo.
No intento descubrir el agua tibia al afirmar que las mujeres contribuyen a estos ámbitos con saberes, trabajo y vínculos relacionales, ¿pero por qué esta obviedad no opera como punto de partida en el diseño de políticas y proyectos orientados a transformar lo energético? En los espacios que incorporan tecnologías para el aprovechamiento de energías renovables, las mujeres no son beneficiarias pasivas, sino agentes centrales del sostenimiento material y simbólico de las transiciones. Su trabajo cotidiano en lo público y lo privado mantiene operativas las infraestructuras por donde la energía circula, se vuelve útil y sostiene la vida: reparan, amortiguan costos, adecuan tiempos y tareas a los suministros a los que tengan acceso, sean nulos, escasos o costosos; realizan tareas de mantenimiento, gestiones barriales, comunitarias y, en interlocución con instancias públicas y privadas, resuelven conflictos y procuran el bienestar de las personas y sus entornos.
Esta distancia entre quién sostiene la energía y quién define su funcionamiento constituye una asimetría estructural. Si los proyectos de transición energética también descansan en formas de trabajo no reconocido, pero no redistribuyen ni el poder ni los beneficios que ese trabajo produce, entonces la justicia energética no puede reducirse sólo a incluir a más mujeres en instancias de participación. Su inclusión sustantiva requiere transformar relaciones históricas de propiedad, trabajo y autoridad organizadas en jerarquías de género. Es decir, implica cuestionar el hecho de que el acceso a los beneficios o la toma de decisiones dependa de tener un título de propiedad, una acreditación técnica o una pertenencia gremial.
Desde una perspectiva feminista, dichas relaciones no son marcos administrativos, sino estructuras patriarcales, capitalistas y coloniales que definen quién puede acceder, decidir, beneficiarse o asumir los costos de lo energético. Tampoco son estructuras neutrales, pues condensan valores asociados históricamente a la masculinidad —como la fuerza, la eficiencia, la productividad y el control—, pero que se han naturalizado como los únicos criterios legítimos para administrar la energía. Al hacerlo, subordinan o expulsan otras formas de autoridad y de gestión, especialmente aquellas vinculadas al cuidado, la sostenibilidad cotidiana y la reproducción de la vida. En tanto se mantengan la propiedad privada como criterio primigenio de acceso, la productividad como medida de valor y la autoridad técnica como única forma legítima de saber para la toma de decisiones, se corre el riesgo de que la transición energética se reduzca a una sustitución tecnológica.
Es cierto que es clave avanzar en la transformación del perfil de las instituciones del sector energético —pues es a través de su gestión que pueden establecerse regímenes híbridos de control y propiedad de las infraestructuras y bienes energéticos—, pero este cambio es insuficiente si no viene acompañado de una ampliación más radical de los derechos laborales, especialmente hacia sectores que continúan sosteniéndose en trabajos precarizados y tercerizados, muchas veces feminizados y racializados, cuyo aporte es indispensable y que sin embargo permanece invisible y sin garantías. También supone redefinir las competencias para participar: no basta con agregar mujeres, ni convocarlas únicamente para evaluar tecnologías o diseños que ya están decididos de antemano, pues estas prácticas sólo reproducen un orden donde la autoridad técnica, financiera y decisional sigue siendo excluyente. Una transición energética justa requiere, además, desplazar los valores de una cultura patriarcal hacia nuevas formas de legitimidad y organización que coloquen la vida en el centro, reconociendo que la energía primero necesita ser un derecho para vivir y no sólo un bien para producir.
