La crisis planetaria se agudiza. De acuerdo con el Centro de Resiliencia de Estocolmo hemos sobrepasado seis de los nueve límites planetarios, uno de los cuales es el cambio climático.[1] No se trata de una novedad, sino de un nuevo capítulo en una historia conocida: el agotamiento del planeta vuelve a anunciarse mientras el ferrocarril del capitalismo continúa su marcha desenfrenada. A lo lejos, el freno de emergencia que Walter Benjamin evocaba parece ya imposible de accionar. Resulta cada vez más plausible aquella amarga ironía: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sin embargo, frente a un colapso potencial —anticipado ya en 1972 por el Club de Roma en su célebre informe “Los límites del crecimiento” (Meadows et al., 1972)— no podemos limitarnos a la contemplación. El planeta se nos agota, podemos cruzarnos de brazos o, desde nuestra región y nuestras condiciones históricas, ensayar respuestas que se orienten a enfrentar la crisis con alternativas propias.
Desde una óptica global, las asimetrías entre el centro y la periferia nos sitúan, en primera instancia, en una posición paradójica: nuestra contribución histórica a la contaminación del planeta es significativamente menor en comparación con la de Estados Unidos, China o la Unión Europea. Sin embargo, la agenda climática global —que rara vez toma en cuenta esta disparidad— impone una transición energética que, en busca de una solución, reproduce viejos esquemas de subordinación. Aquella advertencia de Jimmy Carter en los años setenta sobre una necesaria transición energética, en el contexto del agotamiento del petróleo, sería retomada posteriormente por las Naciones Unidas durante la década de los ochenta, esta vez en una clave “enverdecida” del capitalismo (Azamar, 2024). Así, se promueve un cambio de matriz energética que ignora las condiciones particulares de cada país, omite las responsabilidades ambientales diferenciadas y esquiva la discusión sobre los capitales y recursos necesarios para sostener dicha transición.
Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena, por su acrónimo en inglés), los principales flujos de inversión en el sector provienen del capital privado. Instituciones financieras comerciales y grandes corporaciones encabezan los montos de financiamiento de energías renovables. Entre 2005 y 2022, el 56% de la inversión privada en energías renovables fue mediante inversión de capital y sólo el 44% por medio de deuda; mientras que la inversión pública fue del 75% por medio de deuda y el 25% de inversión de capital (Irena, 2023, p. 18). Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), advierte que las mayores reservas de minerales estratégicos para la transición se concentran en nuestra región. América Latina y el Caribe cuentan con importantes reservas mineras de litio (48%), cobre (36.6%), molibdeno (35%), grafito (23.8%), níquel (15.7%), entre otros minerales (Cepal, 2024). En este contexto, estos trazos perfilan una transición energética de carácter corporativo, apalancada por los recursos naturales de la región.
En este escenario, cabe preguntarse: ¿cuál es el lugar que ocupa la región en la geopolítica de la transición energética? Las exigencias del cambio tecnológico, digital e informático —cada vez más automatizado— han intensificado la demanda de minerales estratégicos. Las llamadas tecnologías “limpias”, como la energía solar o eólica, requieren grandes cantidades de cobre, cobalto y manganeso. Y qué decir del litio, el mineral por excelencia en la era de la electrificación, esencial para el almacenamiento de energía y presente en baterías que alimentan desde dispositivos cotidianos hasta vehículos eléctricos, promovidos como solución a la crisis climática. Pero esta transición energética, en apariencia verde, también necesita de territorio. Un territorio que no es abstracto ni vacío, sino habitado y gestionado por comunidades que sostienen formas de vida y de propiedad distintas a las impuestas por la lógica del capital. La instalación de tecnologías renovables implica entonces no sólo un proceso de extracción de recursos, sino también una disputa por la tierra, por los modos de habitarla y por las formas de reproducción social de la vida.
América Latina y el Caribe se enfrentan hoy a un desafío crucial. En este contexto, pensar desde nosotros y para nosotros se vuelve no sólo una necesidad política, sino también una herramienta teórica. Esta reflexión sobre el colapso ecológico y los límites del crecimiento económico remite a un momento clave: en 1974, un economista brasileño profundamente comprometido con la comprensión de los problemas histórico-estructurales de la región, buscó respuestas que hoy siguen siendo fundamentales. Retomar su pensamiento puede ofrecer pistas valiosas para proponer soluciones desde una perspectiva latinoamericana. Hablo de Celso Furtado, quien en su obra El desarrollo económico. Un mito (1975) planteó dos ideas esenciales. En primer lugar, propuso aceptar la hipótesis del colapso si se persistía en un modelo de crecimiento ilimitado, en lo cual coincidía con las advertencias formuladas por el Club de Roma. En segundo lugar, sostuvo la imposibilidad de alcanzar el llamado desarrollo, no sólo por la escasez de recursos naturales, sino también —y sobre todo— por las condiciones histórico-estructurales de las economías latinoamericanas. Es decir, no se trataba únicamente de una barrera ecológica expresada en los límites planetarios, sino también de un límite endógeno, derivado de la forma en que se había configurado la inserción periférica de la región en la economía mundial.
En este desafío, Furtado ofrece una pista sustancial para enfrentar problemas estructurales persistentes: la falta de industrialización, el control ejercido por grandes corporaciones sobre los dictámenes de la producción, el consumo imitativo de las élites —orientado a reproducir internamente bienes de lujo ajenos a las necesidades internas— y, sobre todo, la subordinación externa, ejercida por medio del dominio corporativo sobre las principales actividades económicas, todo ello ha limitado de forma crónica la autonomía en la conducción económica. Frente a este panorama, Furtado reconoce una potencial herramienta de transformación: la riqueza natural asociada a los recursos no renovables. En un mundo donde las economías centrales dependen de recursos extraídos en la periferia para sostener sus procesos tecnológicos, productivos y hasta su seguridad nacional, él propone el uso de las reservas de recursos como instrumento de poder basado en el uso soberano y en la articulación entre estados periféricos (Furtado, 1975, p. 75). Esto implicaría no simplemente extraer y exportar, sino negociar, desde una posición fortalecida, nuevas formas de organización económica que permitan avanzar hacia una mayor autonomía, en beneficio de los intereses propios y no subordinados al dictado externo.
La estrategia no puede pensarse como el resultado de acciones aisladas por parte de los estados nacionales. Por ello, retomar la idea de la articulación entre países periféricos como forma de integración regional para la defensa de nuestra naturaleza resulta indispensable. Por un lado, porque América Latina y el Caribe constituyen una región complementaria en cuanto a recursos minerales clave para las tecnologías “verdes”; por otro, porque sólo una respuesta en bloque permitiría negociar en mejores condiciones con los países centrales y las empresas extractivas y los grandes capitales transnacionales. Esta negociación no debería limitarse a mejores precios o condiciones de exportación, sino orientarse hacia la obtención de una transferencia tecnológica que habilite el desarrollo autónomo de alternativas de matriz energética, pero, sobre todo, una transformación profunda del patrón primario-exportador aún subyacente en nuestras economías mediante la creación de economías con valor agregado.
El reto es de una magnitud descomunal, pero es necesario recordar que el avance actual de la frontera extractiva tiene raíces en un proceso de desmantelamiento del control y la gobernanza sobre los recursos naturales iniciado en los años noventa del siglo pasado. Si bien algunos proyectos políticos intentaron revertir esta tendencia, muchos de ellos, en la práctica, profundizaron la lógica de desposesión y expandieron la explotación hacia nuevos territorios, bajo la promesa de transformar la matriz productiva. Hoy, sin embargo, el avance del extractivismo verde y de una transición energética de carácter corporativo es un fenómeno evidente. Su despliegue no será neutro: se expandirá —como ha advertido David Harvey, entre otros—, sobre todo aquello que esté a su paso —comunidades y naturaleza—, reproduciendo con nuevos ropajes las mismas lógicas de despojo y acumulación de capital.
En ese sentido, la evidencia es elocuente: asistimos a la emergencia de múltiples formas de defensa territorial por parte de comunidades que son despojadas de los bienes comunes que sustentan su vida. Frente al avance de proyectos extractivos, estas comunidades no sólo se enfrentan a las empresas —muchas de ellas transnacionales—, sino también al propio Estado, que rara vez ha cuestionado de forma contundente su modelo de gestión de los recursos naturales. Un Estado que, lejos de discernir con claridad qué extraer, dónde hacerlo y bajo qué condiciones, actúa frecuentemente como promotor de la expansión extractiva, subordinado a intereses externos que se imponen sobre cualquier posibilidad de autonomía y autodeterminación.
Finalmente, ante este panorama, y en sintonía con el pensamiento de Furtado, se hace urgente imaginar una estrategia de poder verdaderamente integral. Porque las intenciones de las corporaciones de rentabilizar la transición energética, o de las empresas mineras de extraer minerales, al igual que los intereses de los países centrales en transformar su matriz energética, no se detendrán por sí solos. Frente a esta ofensiva, la región debe reconocer en sus minerales estratégicos no sólo un recurso, sino una herramienta de negociación. Los recursos naturales —hoy más que nunca— son estratégicos, y su gestión no puede seguir subordinada al dictado del mercado o de los centros de poder global. Se trata, en última instancia, de construir una oportunidad para que América Latina y el Caribe puedan ejercer su soberanía sobre la base de una integración regional que negocie desde la fuerza colectiva. Una oportunidad para frenar —aunque sea parcialmente— los ritmos impuestos desde fuera, y ofrecer un respiro a los territorios, las comunidades y la naturaleza, para que así nuestra relación con esta última pase de ser una estrategia de acumulación de capital a una estrategia de reproducción de la vida.
Nota
[1] Los ocho limites restantes son: entidades novedosas, agotamiento del ozono estratosférico, carga atmosférica de aerosoles, acidificación oceánica, modificación de los flujos biogeoquímicos, cambios en el agua dulce, cambios en el sistema terrestre, integridad de la biósfera.
Referencias
Azamar Alonso, A. (2024). El multicolor de la energía: Desafíos y oportunidades para la transición energética. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, División de Ciencias.
Furtado, C. (1975). El desarrollo económico, un mito (Primera edición en español, Número HD 85. P6. F8618 1979). Siglo XXI.
International Renewable Energy Agency (Irena) y Climate Policy Initiative. (2023). Global landscape of renewable energy finance.
Meadows, D. H., D. L. Meadows, y J. Randers. (1972). Los límites del crecimiento: Informe al Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad. Fondo de Cultura Económica.
Smith, N. (2007). “Nature as accumulation strategy”. Socialist register, 43.
