Tras la denuncia de una joven de 17 años, que acusó a cuatro agentes de la Policía de la Ciudad de México de violarla en una patrulla, la madrugada del 3 de agosto en la alcaldía Azcapotzalco, parece necesario volver a hablar de lo que significa ser mujer en México. Pero, ¿cómo hablamos del miedo que sienten las mujeres en el espacio público? ¿Desde dónde? Son casi las dos de la mañana y ella tiene que caminar sólo dos cuadras para llegar a su domicilio, imagino que siente miedo desde que se baja del automóvil. Un miedo justificado por el clima de violencia que azota al país y a su capital. Tan sólo en 2018, de acuerdo con el Reporte Anual 2018 de Incidencia Delictiva en Ciudad de México, presentado por el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, las violaciones aumentaron un 124.2%, mientras que la tasa de feminicidios creció un 8.6% con relación al 2017.

Son sólo dos cuadras, que en un mundo libre de violencia no deberían ser peligrosas para nadie. Pero la realidad es otra. Cuatro policías obligan a la joven a abordar una patrulla y allí abusan de ella sexualmente. Cuatro hombres uniformados, una violación tumultuaria. En España, el 7 de julio de 2016, cinco hombres violaron a una joven en un portal en el centro de Pamplona, estoy hablando del caso de La Manada. Tras esos terribles hechos, cientos de miles de mujeres españolas salieron a las calles a exigir justicia. No era para menos, el caso de Azcapotzalco tampoco lo es y, sin duda, el primer reclamo es justicia y reparación del daño. Sin embargo, hay un par de cuestiones que me parece pertinente discutir en torno a lo sucedido, pues éste no es el único caso de abuso sexual por parte de elementos de seguridad pública. Tan sólo unos días después de lo ocurrido en el norte de la Ciudad, una joven de 16 años denunció haber sido violada por un agente de la Policía Bancaria en el interior del Museo Archivo de la Fotografía, y semanas antes dos policías fueron detenidos por violar a una mujer en la colonia Tabacalera. Además, existen los casos documentados de tortura sexual, perpetrada por elementos de las fuerzas de seguridad pública, a la que son sometidas principalmente las mujeres. ¿Quién podría olvidar los desgarradores testimonios de las 11 mujeres de Atenco?

Lo que está claro es que ser mujer en México es peligroso, aunque no debemos olvidar que la vulnerabilidad no es la misma para todas, caer en generalizaciones impide analizar con profundidad el problema. Debemos comenzar a preguntarnos por la clase social, la edad, el color de piel y el barrio en el que viven las mujeres que sufren mayor violencia en la ciudad y la zona conurbada. No es posible ignorar los focos rojos, están ubicados y hay algo dentro de la estructura judicial que consiente su existencia. ¿Por qué, a pesar de todo, Ecatepec sigue siendo una entidad tan peligrosa para las mujeres? La impunidad y los vínculos entre fuerzas del orden y los criminales son parte de la respuesta. 

¿Cómo se relacionan entonces los casos de violencia sexual policiaca con el clima de inseguridad que vive el país? ¿Qué estructuras son las que permiten que haya policías violadores? Las mujeres de la Ciudad de la México han organizado una manifestación bajo la consigna #NoMeCiudanMeViolan, con la que reclaman justicia para la joven de Azcapotzalco y las otras mujeres violentadas. Considero que este es un primer paso de los muchos que habría que dar. Los cuerpos de seguridad del Estado no están y probablemente nunca estuvieron aquí para cuidarnos. Su función es otra, una función que se manifiesta en la violencia impresa en los cuerpos de las mujeres violentadas, pero también en el de Marco Antonio Sánchez, el joven de bachillerato que el 23 de enero de 2018 fue víctima de desaparición forzada y tortura —ser joven en este país también es peligroso. 

La policía en México es una fuerza represiva, pero también criminal. Estos, seguramente, no son los únicos casos que existen de abuso sexual por parte de la policía. Amparados en la impunidad que reina en el sistema de justicia, los sujetos con poder, y no hablo tan sólo de los grandes poderosos, sino de ese mínimo poder que les otorgan el uniforme, el estatus o las armas, no temen a las consecuencias de sus actos. ¿Cuántos abusos existen realmente? ¿Cuál es la cadena que les permite ejercer violencia contra la ciudadanía sin ninguna consecuencia? En el caso de la joven de Azcapotzalco su declaración se filtró de “manera sorpresiva” a los medios de comunicación, hecho que provocó desconfianza en la denunciante, pero que también la puso en peligro. ¿Quién filtró los datos? ¿Con qué objetivo? 

¿Cómo exigir que esto no se repita si no conocemos sus alcances? ¿Hasta dónde llega la podredumbre? Si la justicia actúa como suele hacerlo, los policías no recibirán condena alguna y, seamos sinceras, la condena pública a la que se ha apelado en otros ámbitos, pienso en las universidades, no es viable en este caso, pues el espacio social de los policías tiene otras dimensiones. He ahí el error de pensar las prácticas feministas de espacios privilegiados como formas extensivas de justicia. En el barrio popular el #MeToo pierde sentido. ¿Qué es entonces lo que deberíamos hacer frente a este hecho desgarrador? 

Creo que el segundo paso es hacer política, es preciso que las mujeres de este país, no sólo aquellas que contamos con el privilegio de formar parte de espacios de diálogo como lo son las universidades, se sienten a reflexionar y discutir nuevas formas de hacer justicia a partir de sus experiencias de mundo. Es imperante pensar en una organización comunitaria que nos permita construir la seguridad que tanto le hemos reclamado al Estado. La transformación de los cuerpos policíacos no es y no será la respuesta, porque nuestra seguridad no debe estar asociada con la regulación y la vigilancia judicial, sino con la construcción comunitaria de espacios seguros, con la conformación de estrategias que nos permitan transitar y ocupar el espacio público. Si las estructuras están podridas, si la policía “no nos cuida, nos viola”, hay entonces que desestabilizar las estructuras, no reforzarlas con mayores controles y exámenes psicológicos porque, como lo he dicho ya, la función de las fuerzas del Estado no es cuidarnos. Los reclamos entonces deben ser también otros, y estos pasan por cosas tan básicas como el diseño del espacio urbano, o complejas como la disolución de las supuestas fuerzas del orden. Aunque este es sin duda el segundo paso, hoy lo primero es la justicia y la reparación del daño para ella, para todas.