La relación de México con Estados Unidos es el principal problema de nuestra política exterior. Mario Ojeda (1927-2013), uno de los primeros y más grandes internacionalistas mexicanos, dedicó buena parte de su obra a entenderla. En su clásico Alcances y límites de la política exterior de México (1976), que este año cumple medio siglo, el profesor y presidente de El Colegio de México se propuso comprender la complejidad de los vínculos económicos, comerciales y políticos entre ambos países. Todo ello antes incluso de que el Tratado de Libre Comercio institucionalizara, décadas después, un proceso de integración mucho más profundo.
Realista de formación, Ojeda entendía que la asimetría de poder entre ambas naciones era un elemento fundamental de la relación bilateral: Estados Unidos es una gran potencia mundial; México, sin ser ni tan pobre ni tan pequeño, no podía igualarlo en ninguna medición clásica del poder —ni militar ni económica ni demográfica—. Pero esa asimetría, advertía Ojeda, no eliminaba la capacidad mexicana de perseguir sus propios intereses. México podía aprovechar sus márgenes de maniobra, siempre que no interfirieran con los intereses fundamentales de su vecino.
Ojeda era un realista atento a la complejidad de las relaciones entre actores desiguales. Partía de las nociones clásicas sobre la distribución del poder, pero reconocía que la interdependencia y la densidad del vínculo bilateral permitían al actor débil conservar espacios de autonomía. Esa idea se condensa en la sentencia, planteada enel libro de 1976, que los internacionalistas mexicanos conocemos como la “fórmula Ojeda”, principio indispensable para interpretar la política exterior de México: “Los Estados Unidos reconocen y aceptan la necesidad mexicana de disentir de la política norteamericana en todo aquello que le resulte fundamental a México, aunque para los Estados Unidos sea importante, mas no fundamental. A cambio de ello, México brinda su cooperación en todo aquello que siendo fundamental o aun importante para los Estados Unidos, no lo es para el país”
La fórmula Ojeda sigue vigente. Esa distinción entre lo fundamental y lo importante conserva su pertinencia medio siglo después, pues en toda relación asimétrica entre el fuerte y el débil, ambas partes siempre necesitan comprender los límites y alcances de su acción política (interna y externa). Ante el reciente aumento de las tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, nos vemos obligados a recuperar el realismo ojediano: incluso ante la presión inusitada en los ámbitos fundamentales que hoy tiene Washington, como son la migración, el narcotráfico y la seguridad fronteriza, México conserva un margen reducido pero esencial para navegar a través del huracán llamado Donald Trump.
México tiene intereses fundamentales que difieren de los de Estados Unidos. Están, desde luego, la estabilidad comercial y también el respeto a la soberanía, como no cesa de recordarnos en sus mañaneras la presidenta Sheinbaum. Ambos son explícitos y forman parte de la agenda pública del gobierno federal. Hay, no obstante, otro interés fundamental que es implícito, más incómodo y quizá más decisivo: la impunidad o, por decirlo de otro modo, la gobernabilidad inmediata del país. Y no es que la impunidad sea un recurso esencial del interés nacional, ni que el gobierno federal busque proteger a toda autoridad acusada de una acción ilícita. Pero la gobernabilidad mexicana —mucho antes de los gobiernos de Morena— se ha apoyado históricamente en relaciones informales de poder, redes clientelares, intermediarios regionales y zonas de aplicación selectiva de la ley. La estabilidad de ciertos órdenes locales depende todavía de esas prácticas, y desmontarlas de golpe puede alterar la manera en que se organiza y administra la vida política de un territorio. De allí su carácter fundamental.
Durante buena parte del siglo XX, Estados Unidos toleró ese rasgo del sistema político mexicano porque la estabilidad de su frontera, sus intereses económicos y el alineamiento estratégico de México durante la Guerra Fría eran más importantes que orientar la transformación de nuestras prácticas internas. Sin embargo, los fenómenos ligados a la impunidad y corrupción en México crecieron y han tenido un efecto cada vez más evidente en la sociedad estadounidense. Fue aquí que, desde finales de los años sesenta, la cuestión de los narcóticos adquirió gradualmente un papel relevante que alteró los márgenes de autonomía que Estados Unidos estaba dispuesto a conceder a México en términos de su corrupción e impunidad.
La crisis por muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos representa la última experiencia de agravios a los intereses fundamentales de nuestro vecino en el ámbito del narcotráfico. Desde luego, las causas son binacionales: de su lado, la demanda estadounidense de drogas y el flujo ilícito de armas; del nuestro, los límites en las capacidades estatales, la corrupción y las redes de protección e impunidad. La crisis del fentanilo ha permitido que Donald Trump compare repetidamente las muertes por sobredosis con las bajas de guerras en las que participó Estados Unidos para subrayar la magnitud de la amenaza. En su retórica, el narcotráfico pasó de ser un problema de seguridad pública a una cuestión fundamental para el Estado. La designación en febrero de 2025 del Cártel de Sinaloa, el CJNG y otras organizaciones latinoamericanas como organizaciones terroristas extranjeras confirmó ese cambio cualitativo.
El problema es que Washington ya no se limita a vigilar que el fentanilo no cruce la frontera: ahora busca desarticular las organizaciones que lo producen y trafican, incluidas las redes económicas y políticas que permiten su operación. Esos vínculos entre actores criminales y políticos no son una invención de Trump ni una acusación partidista contra Morena. Hay evidencia abundante de que el crimen organizado ha buscado influir en la selección de candidatos, financiar campañas, capturar gobiernos municipales y apropiarse de rentas públicas e ilícitas. Pero conviene invertir la explicación convencional que ahora está de moda: el crimen organizado no creó las relaciones clientelares y particularistas de la política mexicana; más bien, se adecuó a las prácticas de poder existentes.
Por eso la exigencia estadounidense de romper los vínculos entre el crimen organizado y la clase política puede trastocar algo más profundo que los intereses de ciertos gobernantes. Lo que Washington entiende como una red de protección criminal, en la política local mexicana se trata de un entramado complejo de intermediación entre actores formales e informales que garantizan la gobernabilidad en sustitución de un Estado de derecho. Esto no los vuelve más legítimos, pero nos ayuda a entender por qué desmontarlos es más complejo que sólo detener a un puñado de funcionarios corruptos. En una coalición tan heterogénea como Morena, disciplinar de esta manera y simultáneamente a gobernadores, alcaldes e intermediarios territoriales tendría costos considerables que excederían la cohesión del propio movimiento.
Ahora bien, en los términos de Ojeda, ¿qué ocurre cuando lo que Washington considera fundamental choca con los mecanismos que, aunque indeseables desde la perspectiva del Estado de derecho, cumplen todavía funciones fundamentales para la gobernabilidad mexicana? La respuesta realista no es cómoda. Si dos intereses verdaderamente fundamentales entran en contradicción y no hay salida negociada, la asimetría de poder reduce radicalmente las opciones del actor débil. Hasta ahora, sin embargo, Washington ha combinado una estrategia de presión con cooperación y ha dejado a Sheinbaum un margen considerable para decidir cómo combatir a las organizaciones criminales dentro del territorio mexicano. En ese sentido, la fórmula Ojeda se mantiene, pues Estados Unidos exige resultados en lo que es una prioridad fundamental para ellos; en cambio, México intenta producirlos sin ceder en lo que considera esencial: su soberanía y su gobernabilidad interna. Ese equilibrio no es fácil de mantener y puede provocar nuevas crisis.
El caso de Rubén Rocha Moya permite observar estas tensiones con particular claridad. El 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por delitos relacionados con el narcotráfico. Días después, Rocha solicitó licencia temporal para facilitar la actuación de las autoridades mexicanas, mientras la Fiscalía General de la República reclamó a Estados Unidos las pruebas necesarias para sustentar cualquier detención o extradición. El gobierno federal podía entonces hacer dos cosas a la vez: mostrar disposición a investigar y defender que Washington no podía decidir unilateralmente la suerte de un gobernador mexicano.
El equilibrio amenazó con romperse durante unas horas el 21 de agosto, cuando Rocha decidió, por cuenta propia, reasumir la gubernatura tras 112 días de licencia. La Secretaría de Gobernación se apresuró a señalar que su retorno respondía “exclusivamente” a una decisión personal, y Sheinbaum fue más lejos: afirmó que ningún interés personal podía colocarse por encima de los intereses del pueblo y de la nación, y calificó el regreso, “por decir lo menos”, de imprudente. De inmediato Rocha volvió a solicitar licencia. El gobernador podía defender sus intereses mientras permanecieran dentro de ciertos márgenes, pero el problema empezó cuando su decisión amenazó con volverse un asunto de política nacional y, sobre todo, de política internacional.
Al analizar las tensiones entre el gobernador Rocha y la presidenta, pienso que la fórmula Ojeda admite una aplicación igualmente útil para la política interna. La misma lógica del ámbito internacional podría trasladarse a la relación entre el poder federal y los gobiernos locales: El gobierno federal reconoce y acepta la necesidad del poder local de disentir de la directriz nacional en todo aquello que le resulte fundamental, aunque para el gobierno federal sea importante, mas no fundamental. A cambio, el poder local brinda su cooperación en todo aquello que, siendo fundamental o aun importante para el gobierno federal, no lo sea para el poder local.
Lo que interesa rescatar de esta reinterpretación es la lógica de poder que permanece activa entre dos actores asimétricos. El más fuerte no necesita controlar permanentemente todos los actos del débil; le basta con conservar la capacidad de exigir alineamiento cuando aparezca un asunto fundamental. La autonomía del débil no desaparece, pero queda subordinada a la del fuerte dentro de los límites que la relación permite.
Los márgenes de autonomía local no son nuevos: viene desde la fórmula novohispana “obedézcase pero no se cumpla” —que permitía demorar las disposiciones de la Corona cuando las circunstancias locales volvían problemática su aplicación—, pasando por el presidencialismo priista, que redujo esa autonomía sin eliminarla nunca. Como ha mostrado Rogelio Hernández, durante buena parte del siglo XX los gobernadores conservaron amplios márgenes de acción a condición de no desafiar los intereses fundamentales del presidente, del partido o de la estabilidad del sistema; cuando los transgredían, el centro contaba con mecanismos para disciplinarlos o removerlos. La transición debilitó esos controles y permitió el fortalecimiento de gobernadores y liderazgos caciquiles, tendencia que el morenismo ha acentuado: los poderes estatales recuperaron márgenes que el presidencialismo posrevolucionario había mantenido contenidos.
Las autoridades locales necesitan esa autonomía: les resulta fundamental contar con margen para negociar con grupos económicos y sociales, administrar sus coaliciones, distribuir recursos y mantener el control de sus territorios. Al gobierno federal, por su parte, no siempre le conviene intervenir; incluso puede beneficiarse de la distancia, pues las crisis locales pueden atribuirse primero a la autoridad local, sin que su costo se traslade al ámbito nacional. Mientras una cuestión sea importante pero no fundamental para el centro, hay espacio tradicional para la tolerancia, la negociación y la arbitrariedad en el ejercicio del poder local.
Por su lado, el gobernador no necesita actuar en todo momento como simple agente del Ejecutivo federal: según la circunstancia, intercambia la máscara del funcionario constitucional por la del jefe de una coalición política, del intermediario de intereses económicos o la del cacique. Puede tener sus propios menesteres, compromisos e incluso redes de impunidad, y el Estado federal puede saberlo, ignorarlo o tolerarlo mientras esas actividades permanezcan por debajo del umbral de lo fundamental. Pero ante una coyuntura, puede exigírsele al poder local que suspenda sus intereses particulares y se subordine a la soberanía del Estado. Esa capacidad de identificar la amenaza fundamental y exigir que las demás autoridades sometan temporalmente sus intereses a la preservación del orden federal es un atributo del soberano, que, en el sistema mexicano, sobre todo frente a una amenaza exterior, se concentra en la Presidencia, porque representa al Estado y puede reclamar la unidad del sistema en una coyuntura crítica.
La máscara del Estado, sin embargo, no beneficia sólo al centro: también protege al poder local. Al gobernador le conviene formar parte de un Estado mexicano que se presente ante el exterior como una unidad soberana, capaz de administrar su territorio y de juzgar a sus propios funcionarios. La alternativa sería muy costosa: que una potencia extranjera considere —como lo hace Trump— que ciertas regiones o autoridades en México escapan al control del Estado y que, por tanto, hay un vacío que pueda llenar con sus propios instrumentos de presión. La defensa de la capacidad estatal mexicana es, así, también el escudo detrás del cual se resguardan las autoridades locales.
Ésta es una dimensión importante de la reciprocidad: el gobierno federal tolera la autonomía local y puede convivir con prácticas que preferiría no observar de cerca, y el poder local, a cambio, coopera cuando el centro define una cuestión como fundamental. La relación funciona mientras ambas partes conozcan sus límites. El gobernador-cacique puede seguir haciendo de las suyas; lo que no puede hacer es convertir sus intereses en una amenaza para la capacidad del Estado ante las amenazas del hostil sistema internacional.
Desde esta perspectiva, la crisis provocada por Rocha Moya revela con claridad dónde se encuentran hoy esos límites. Aun si su decisión de reasumir la gubernatura pudiera justificarse con base en las facultades constitucionales sinaloenses, políticamente afectaba un interés mucho más amplio que el suyo y el de su estado. En medio de una extraordinaria presión estadounidense por los vínculos entre las autoridades y el crimen organizado, su retorno amenazó con convertir un problema judicial y local en una vulnerabilidad de la relación bilateral. Rocha ejercía una autonomía hasta entonces propia de su cargo; el problema fue que, en esa coyuntura, su interés particular chocó con lo que la Presidencia consideraba el interés superior del Estado. El centro reaccionó y el gobernador retrocedió.
Es en este juego simultáneo a dos niveles en el que la fórmula de Ojeda vuelve a mostrar los alcances y límites del poder político: el poder local frente al Estado federal, y el Estado mexicano frente al sistema internacional. México frente a Washington intenta preservar los márgenes que considera indispensables para su soberanía y gobernabilidad; los poderes locales intentan lo mismo frente al gobierno federal. En ambos casos hay autonomía, pero también asimetría, y en ambos la pregunta decisiva es cuándo un asunto deja de ser simplemente importante para volverse fundamental.
Tenemos, entonces, tres polos de autoridad —Washington, el gobierno federal y los poderes locales— con intereses parcialmente compatibles y parcialmente contradictorios. La estabilidad depende de que cada uno reconozca qué líneas no está dispuesto a cruzar el otro: donde hay margen para conciliar lo importante, la cooperación es posible; donde chocan intereses fundamentales, aparece la coerción y, con ella, el riesgo de una crisis entre órdenes políticos.
Hay, no obstante, también una oportunidad: la presión estadounidense podría acelerar una transformación que México necesita por razones propias —reducir la impunidad, romper redes de protección política, avanzar hacia una autoridad menos caciquil y más sujeta al Estado de derecho. Se trataría de aprovechar un interés fundamental de Washington para transformar otro que también debería serlo para México.
Pero el juego es muy delicado: una cooperación demasiado amplia puede erosionar el mismo principio de soberanía que Sheinbaum defiende como fundamental frente a Trump, mientras que desarticular de golpe las redes informales puede producir fracturas políticas, violencia e inestabilidad, y afectar el otro principio de la gobernabilidad interna. Por ello, el verdadero desafío no es sólo perseguir la corrupción, sino sustituir los mecanismos informales que hoy producen gobernabilidad por instituciones estatales capaces de producirla sin depender de ellos.
Quizá por eso el gobierno de Sheinbaum ha privilegiado hasta ahora el combate a los delitos de alto impacto y al tráfico de fentanilo, siendo más cauteloso y timorato frente a la dimensión propiamente política del problema. La incógnita es cuánto tiempo podrá sostener esa separación. Si la política estadounidense transita, en efecto, de una “guerra contra las drogas” hacia una ofensiva contra las organizaciones criminales como estructuras económicas, militares y políticas, sus redes de protección criminal dentro de los gobiernos adquirirán un papel cada vez más central.
La pregunta decisiva es si enfrentamos una tormenta pasajera, asociada al temperamento de Donald Trump, o una transformación estructural de la relación bilateral. Si es lo primero, los actores del sistema mexicano pueden intentar resistir, como seguramente lo harán, hasta que Trump se vaya. Si es lo segundo, esperar a que amaine el huracán no será suficiente. Medio siglo después de que Mario Ojeda escribiera su magna obra, el Estado mexicano y su clase política enfrentan la misma necesidad elemental: distinguir con precisión aquello en lo que pueden disentir, aquello en lo que deben cooperar y, sobre todo, aquello que consideran tan fundamental que están dispuestos a pagar el costo de defenderlo en detrimento de su propia sociedad y su futuro.
