A poco más de dos años de la contundente votación en las elecciones del primero de julio de 2018, las esperanzas de cambio en México son de pronóstico reservado. Tras la insubordinación cívico electoral que llevó a AMLO a ser el presidente más votado en la historia del país, las transformaciones prometidas están en entredicho mientras la sociedad atraviesa una crisis sanitaria y el tablero político es reconfigurado a una velocidad inusitada en el México contemporáneo. Ahora que la primera etapa de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador llega a su fin, vale la pena hacer un balance de los días transcurridos.
El primer periodo de gobierno va desde los meses de transición —con acciones tan relevantes como la consulta sobre la viabilidad del aeropuerto de Texcoco, las reuniones preparativas con la administración Trump o el cambio de estafeta con el último gobierno priista— hasta el inicio, de facto, de las campañas electorales rumbo a las elecciones intermedias de 2021 (21,368 cargos en disputa: 15 gubernaturas y 500 diputados federales). Los dos primeros años de la hegemonía lopezobradorista trajeron consigo una serie de transformaciones y continuidades en la realidad nacional. Un análisis que busque ser preciso debería sopesar el lugar, importancia y resistencias que cada uno conlleva, alejándose de maniqueísmos o juicios sumarios de un proceso en curso. A continuación, algunos aspectos que me parecen estratégicos (opositores, aliados, resultados y perspectivas) más allá de las abundantes etiquetas y efectismos.
El bastión discursivo y político de AMLO es el mismo que durante sus doce años de campaña previos: el desmarque de la “antigua” y corrompida casta política. El pozo sin fondo de la corrupción de los gobiernos de la transición democrática (Fox, Calderón y Peña Nieto) ha apuntalado el leitmotiv del tabasqueño y confinado al fondo del mismo a la oposición partidaria que encumbró ampones. Aunque en estos veintiún meses el gobierno de AMLO no ha estado exento de este tipo de casos, ninguno ha sido del calado y entramado institucional como los de sus predecesores. Quién hubiera aventurado que, en este momento, García Luna y Lozoya son los mayores activos para la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.
Aunque AMLO tiene hasta ahora despachada a la oposición partidaria, los obstáculos para implementar sus políticas no han sido pocos; uno fundamental es el galimatías que significa el rediseño institucional emprendido por su administración. La alta rotación en el gabinete y los puestos operativos de primer nivel son sólo la punta del iceberg de una restructuración general. Al respecto, y lejos de las visiones que ven su forma de gobernar como dislates personales, este primer periodo de gobierno está marcado por una tendencia sostenida a la concentración y centralización de funciones. Además de las justificadas objeciones democráticas, el problema es el rumbo y los operadores que las están implementando. El principal aliado interno del gobierno federal es el Ejército mexicano, al cual se le adjudicaron funciones civiles estratégicas como la construcción y gestión de infraestructura o la administración de aduanas y puertos. En concordancia, el aliado externo es la administración Trump con la cual selló una alianza política en la Casa Blanca con miras a los periodos electorales de los dos lados del Bravo. El tercer baluarte del presidente es su referencia y confianza hacia la familia tradicional de raigambre católica, a la cual le correspondería subsanar los rezagos y carencias ahí donde los programas sociales no lo hacen. Aquello de que “la familia es la institución de seguridad social más grande del país”.
En cuanto a resultados respecta, hasta hoy las dos grandes preocupaciones nacionales —que fueron motor fundamental para el voto del “cambio verdadero”— siguen irresueltas y más bien se han agravado: la economía y la seguridad. Ambas eran los principales desafíos para el nuevo gobierno previo a la pandemia, pero con ésta se han agravado. Basta un botón de muestra en cada caso. Las cifras de homicidios continúa al alza en relación con los años previos, mientras los principales carteles del país ya mostraron su poder de fuego y hostilidad al gobierno federal en el Culiacanazo del 17 de octubre de 2019 o el reciente atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en plena avenida Reforma. En economía, los datos no son más alentadores: los saldos del 2020 se calculan en 50.3 millones de mexicanos en pobreza y 18.2 en pobreza extrema; arriba de la media en Latinoamérica, cuyos promedios son de 37.2 y 15.5% , respectivamente, según el documento de la ONU El impacto de Covid-19 en América Latina y el Caribe.
Los resultados en seguridad y economía son rubros infranqueables en la evaluación del gobierno en curso y sus ambiciosas promesas de campaña. AMLO acumula una creciente presión por resultados inmediatos en ambos rubros y las inercias negativas amenazan con sepultar las acciones de gobierno que encaminan a soluciones progresistas duraderas. Por ejemplo, la tenue intención de apuntalar una política redistributiva a partir del incremento sostenido de los salarios mínimos, los programas sociales o las novedosas adecuaciones a los esquemas neoliberales del sistema de pensiones; en seguridad y combate al crimen organizado, el rastreo de capitales a partir de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Hace poco más de un año, en la primera entrega de esta columna, mencioné el papel de los movimientos sociales para determinar los escenarios posibles en el país. Tras dos años de un gobierno autodenominado de izquierda, podemos observar cómo éstos perviven, algunos con más vigor, otros intentando encontrar su lugar en la nueva situación y relación con el Estado. Pero ninguno ha podido constituir una alternativa política nacional a la izquierda de AMLO; esa también es una continuidad con el supuestamente finado “periodo neoliberal”: la sociedad civil no logra convertirse en alternativa política. Aún dentro del partido de gobierno, tal vez el eslabón más débil del bloque obradorista, los pleitos en tribunales y las controversias estatutarias consumen la mayor cantidad de energía. Es muy probable que, frente a una nueva cita en las urnas, las dinámicas de Morena se acerquen más a su antecedente inmediato, el PRD, que al partido de Estado que fue el PRI o al partido movimiento que su flanco izquierdo defendió hace algún tiempo.
En su primera etapa, el gobierno de López Obrador pudo instrumentar las políticas que quiso para encaminar a México rumbo a su Cuarta Transformación. Se antoja complicado que estas condiciones se mantengan con el avance del sexenio, no sólo por el desgaste inherente al acto de gobernar, sobre todo por el contraste entre las altas expectativas de cambio y la cruda realidad que atraviesa el país. Con esa ecuación en mente, me parece que las interrogantes más novedosas para el próximo periodo estarán por fuera del proyecto del gobierno emanado del 1 de julio. Y, en esa apuesta, me temo, las ideas y proyectos de izquierda no son las que están tomando la iniciativa.