A estas alturas de la década debería haber un consenso sobre los efectos perniciosos del capitalismo de plataformas, en particular de Uber. La empresa, fundada en el 2009, se ha convertido en la que emplea más gente a nivel global con un estimado de 6.5 millones de conductores. No hay, a nivel privado, ninguna compañía que se le acerque y compita con las burocracias de los grandes países del mundo. Legitimada por el evangelio del “emprendedurismo” y la flexibilidad laboral, consigue ganancias récord sin invertir en ningún auto o, incluso, en las bicicletas o motocicletas de los repartidores de comida. Por supuesto, tampoco crea ningún vínculo laboral estable con sus “socios”. También su contribución a la hacienda pública es mínima comparada con sus exorbitantes ingresos. En algunos casos traslada, directamente, el impuesto a los usuarios. Al lector interesado por más información lo remito a mi texto publicado a inicios del año pasado, “La depredación laboral de las plataformas”, que, a su vez, comenta el libro Cappitalismo: La uberización del trabajo (Siglo XXI, 2022) de Natalia Radetich, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Este contexto sirve, también, para ejemplificar cómo el poder político se somete al poder privado, en particular el que ha lucrado con la digitalización de la vida cotidiana. El 23 de febrero, la diputada poblana Lupita Leal publicó en sus redes sociales el viaje que hizo a Costa Rica, invitada —según sus propias palabras— por Uber. La política asistió al Centro de Excelencia de Uber en aquel país para un taller inmersivo en materia de seguridad. Entre otras cosas —según la publicación en X que después borró aunque sigue disponible en Facebook—, la compañía le mostró sus estándares de seguridad, respuesta a incidentes y las nuevas opciones de movilidad y su política de sustentabilidad. No hay, en absoluto, ninguna mención a impuestos, precariedad laboral y regulación de la plataforma. Sólo buenas intenciones que tienen el fondo y la forma de cualquier eslogan comercial.
El problema del viaje a Costa Rica de la diputada Lupita Leal se agrava si consideramos su labor en los años recientes, pues ha estado muy involucrada en la ciudad de Puebla con la promoción de la seguridad vial, la implementación de ciclovías, la peatonalización de calles y la defensa del arbolado urbano. Uber y otras plataformas de movilidad privada actúan, justamente, en contra de la agenda de la diputada. En primer lugar, basan su crecimiento en la precariedad del transporte público en países del Sur Global como México. Por otro lado, aprovechan la escasa participación democrática de los ciudadanos —restringida por los representantes populares que defienden el interés de las élites— que sólo pueden ver cómo avanza el dominio de las plataformas digitales erosionando las fuentes de trabajo y, sobre todo, influyendo negativamente en la dinámica urbana.
Para deslegitimar o desviar las críticas, las corporaciones como Uber forman alianzas con legisladores que ayudan a promocionar la buena nueva del capitalismo de plataformas y evitar cualquier regulación efectiva. Juntos son promotores de utopías tecnológicas, como la conversión total del parque vehicular de Uber a automóviles eléctricos para el año 2040. La ruta que ofrece la compañía implica créditos para los socios que, por supuesto, serán incosteables para la mayor parte de ellos, pues el precio de un vehículo eléctrico es mucho mayor que uno de combustión. Esta hipotética transición no toma en cuenta a los repartidores en motocicleta de Uber, entre otras cosas. A pesar de todos los problemas vinculados a las plataformas, el poder político responde más a los intereses de las corporaciones que a los ciudadanos que deben representar. El capitalismo sustentado en lo digital crea una ficción que compran, por interés o ignorancia, políticos de todos los partidos. De esta manera, iniciativas pertinentes como las que impulsan políticos comprometidos, en apariencia, con la movilidad urbana y el transporte público, quedan anuladas o disminuidas ante el sometimiento ideológico a un sistema que lucra con los problemas que quieren combatir.
