Primera de dos partes
En los discursos institucionales de la educación superior se habla constantemente de calidad, internacionalización, interculturalidad, responsabilidad social, entre otros temas vinculados a la agenda política y social. En ese tenor, las instituciones de educación superior y universidades (públicas y privadas) despliegan planes estratégicos en los cuales la figura del profesorado aparece mencionada como garante del éxito académico. Sin embargo, vale la pena preguntar si quienes dirigen este tipo de establecimientos educativos conocen a su profesorado más allá de contratos, nombramientos e indicadores, y más aún si esto tiene de hecho algún sentido.
En México, como lo han documentado varios autores, más del 65% del personal académico trabaja como docente de asignatura, a tiempo parcial y/o contratado por horas (las tres etiquetas son sinónimo de poca estabilidad laboral). Estas cifras son relevantes porque muestran un rostro cotidiano de la docencia universitaria: detrás de cada curso, seminario y pasillo, hay un profesor o profesora que sostiene la formación de cientos de estudiantes, muchas veces sin reconocimiento institucional.
Este desconocimiento tiene raíces organizacionales: las universidades son instituciones sociales complejas, donde conviven distintos intereses y jerarquías. Conocer al profesorado a través de su presencia en números totales, horas contratadas, funciones, obligaciones y producción de conocimiento es necesario en un nivel burocrático y administrativo, sí, pero ello no implica, como tal, reconocérseles como actores institucionales. Esto genera una paradoja: el profesorado constituye la columna vertebral de la vida universitaria, y sin embargo, son tratados como piezas reemplazables de un engranaje.
El problema no es menor. López Zárate señalaba que la legitimidad de las universidades mexicanas depende en buena medida de la docencia que sostienen tanto el profesorado de asignatura como el de tiempo completo, aunque para este último grupo es al que se le otorga un mayor reconocimiento simbólico y material, lo que reproduce diferencias y desigualdades internas. De este modo, la universidad legitima su función social apoyándose en el trabajo de quienes al mismo tiempo invisibiliza.
Con este escenario, ¿de qué sirve conocer al profesorado más allá de los contratos? Una primera respuesta es de orden práctico: permitiría diseñar políticas académicas más justas (algo que no sobra), identificar necesidades de formación y mejorar las condiciones institucionales y laborales de quienes realizan la mayor parte de la docencia. De fondo, también surge un argumento de legitimidad: al reconocer a los docentes como actores institucionales, las universidades podrían fortalecer su cohesión interna y sentar las bases de un sentido de pertenencia que trascienda la mera relación laboral.
Ahora bien, ¿sólo deben ser reconocidos por autoridades, dirigentes y/o tomadores de decisiones dentro y fuera de los establecimientos educativos del nivel terciario? ¿Dónde queda el reconocimiento del estudiantado? ¿A este grupo le importan sus docentes? A primera vista pareciera que no, aunque tampoco es que existan muchos datos al respecto. Y tiene sentido: para la mayoría de lxs estudiantes lo sustancial es aprobar asignaturas y avanzar en su trayectoria, esto coligado a las complicaciones de sus propias vidas más allá de las aulas, a menudo en entornos sociales violentos y repletos de desigualdades. Con base en eso, y desde su posición, cualquier estudiante podría preguntarse “¿por qué además de subsistir y cumplir mis funciones dentro y fuera de la universidad, tengo que preocuparme por mi profesor o profesora?”
Sin embargo, estudios recientes en sociología de la educación muestran otra situación. En efecto, la experiencia estudiantil está más marcada por las interacciones con los docentes, aunque tristemente en algunos casos para mal, por ejemplo en casos de abuso, acoso y demás actos violentos. Aunque las y los estudiantes rara vez piensen en las condiciones laborales de sus docentes, se ha estudiado cómo sí recuerdan —y aprenden— estilos de enseñanza, modos de razonar y formas de relacionarse con el conocimiento y su aplicabilidad, así como su funcionalidad en diferentes contextos.
Esto lleva a una asimetría inquietante: mientras el estudiantado vive la universidad en buena medida a través de sus docentes, las instituciones insisten en conocerlos sólo a través de cifras. Quizá es tiempo de explorar a quienes dan clases. ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron a involucrarse en la docencia? ¿Quiénes lxs influyeron en esta decisión? ¿Qué otra actividad hacen para ganarse la vida? ¿Combinan empleos y qué efectos ha traído esto a su vida personal? ¿Tienen familia y la atienden con tiempos de calidad? ¿Tienen espacios para el ocio y actividades recreativas/deportivas? ¿Qué aspiran o desean como docentes? ¿Qué se les restringe o limita a nivel institucional? ¿Hacen investigación? ¿En qué condiciones institucionales? ¿Cómo le hacen para construir su carrera en lo profesional o para orientarla más a un perfil académico-investigativo?
Ante estas preguntas, surge la noción de “itinerario laboral”, que he planteado ya en mi tesis doctoral. Tal noción puede ser una herramienta teórica-metodológica ante el reto planteado, y será el tema de la próxima entrega de este artículo.
