Siete tesis sobre el cambio climático y el régimen ecológico de acumulación del capital

Con esta contribución, intervenimos por primera vez directamente en el amplio debate político sobre los efectos sociales del cambio climático. Durante muchos años, los movimientos ecologistas han hecho de esta cuestión un tema político fundamental, pero probablemente sólo hoy es innegable la presencia transnacional de una generación en rebeldía, que se ha organizado actualmente hacia la COP26 de Glasgow en noviembre. No es casualidad que el movimiento que en los últimos años ha dado vida a la huelga climática mundial esté formado mayoritariamente por jóvenes: en la fórmula de la “justicia climática” está la exigencia colectiva de que no les roben el futuro y la falta de voluntad de plegarse a las promesas de las instituciones científicas y políticas nacionales e internacionales – a las que los propios jóvenes se dirigen – que proponen y planifican compromisos sobre ese futuro. Por otro lado, está claro que estas instituciones no ofrecerán una solución a los cambios que se están produciendo, porque ya están reconstruyendo su propia legitimidad en nombre de una “transición ecológica” orientada a la ganancia. La transición verde se presenta entonces como un campo de batalla que no puede ser practicado por una sola generación, que redefine los límites y las posibilidades de los movimientos sociales, y que exige inequívocamente una postura. Pensar que la ecología configura un nuevo régimen de acumulación de capital, y con ello una nueva gobernanza ecológica, significa para nosotros tratar de determinar tanto las formas en que se rearticulan la producción y la reproducción social frente al cambio climático, como las líneas de fractura a lo largo de las cuales se vuelve posible la iniciativa política. La defensa de la naturaleza no ofrece inmediatamente una posibilidad de recomposición de las múltiples figuras que sufren los efectos del cambio climático de diferentes maneras; por el contrario, el modo de acumulación ecológico produce y reproduce diferencias y jerarquías que surcan el espacio transnacional que la generación en rebeldía llama Tierra. Es en este espacio y dentro de la transición verde del capital donde podemos captar algunas indicaciones que nuestro ecologismo debe seguir practicando colectivamente, para afirmar con fuerza su rechazo a someterse a las condiciones impuestas por las transformaciones en curso.

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1. Vivimos en un régimen ecológico de acumulación de capital, un campo de tensión en el que se producen luchas parciales, no una recomposición de lo universal humano.

Hoy, la ecología es un campo de batalla indispensable. Apunta a una constelación de cuestiones globales que giran en torno a la adaptación de los Estados y el capital a un clima cambiante, y por tanto también a la búsqueda de una posición crítica y partidista que esté a la altura de la transformación en curso. Por “ecológico” entendemos ante todo el atributo específico de un nuevo régimen de acumulación, y por “ecologistas” las luchas que tienen lugar en su seno y que ponen en tensión su pretensión universalista.

Si el nuevo régimen de acumulación del capital es ecológico, nuestro ecologismo no puede limitarse a afirmar una reivindicación de la libertad que se logre a través de una renovada armonía con la naturaleza expoliada por siglos de conquistas del capital. Nuestro ecologismo no puede, por tanto, basarse en una idea normativa de la naturaleza como objeto a salvar y preservar así la violencia que el hombre en general, o el capital en particular, ejerce sobre ella. La valorización capitalista de la naturaleza la convierte en un “campo de batalla” más que en una recomposición. La naturaleza no escapa a las garras del capital y, por tanto, está atrapada en una relación inestable y cambiante con el modo de producción global: la naturaleza se sitúa en una relación social de dominación. Por lo tanto, decir que la ecología constituye el campo de experimentación de nuevos modos de acumulación de capital requiere que reconozcamos que la transición ecológica producirá desigualdades y deficiencias, divisiones y jerarquías en lugar de oportunidades para la unificación y reconciliación de la humanidad. Las distintas políticas medioambientales que figuran en la agenda muestran más que nunca las múltiples diferencias particulares que atraviesan y constituyen lo universal ecológico.

Si la transición al régimen ecológico de acumulación produce desigualdades entre los Estados, las metrópolis, los individuos y las condiciones de trabajo, entonces es un elemento de la codificación de lo transnacional como espacio jerárquico de contención: el proceso a través del cual el capital intenta construir un entorno verde funcional a su reproducción. En la transnacional ecológica, los Estados (y las uniones de Estados) firman acuerdos o se hacen la guerra por el uso de los recursos, cuyo control garantiza enormes beneficios; en este terreno, por tanto, se producen tensiones entre el plan general de valorización del capital y su dimensión ecológica específica. La transición ecológica es también un espacio en el que las finanzas intervienen para valorizar el capital con el que se lleva a cabo la reconversión, o para reforzar directamente los mecanismos de coacción al trabajo y la dependencia del mando capitalista. La adaptación al clima cambiante es el resultado a largo plazo de la transición, que ahora pretende imponer a los individuos la disciplina necesaria para mantenerse dentro de esa misma transición. La naturalización de las condiciones previstas por esta adaptación se convierte así en un momento fundamental de la reproducción social a escala mundial.

2. La ciencia del clima no fundamenta la posibilidad de una gobernanza global de la transición ecológica.

Aunque esté en el punto de mira de una opinión escéptica que no escatima en autoridad científica, la ciencia del clima se ha dotado desde hace años de instrumentos y órganos políticos para consagrar un amplio campo de competencias disciplinarias que puedan formular un juicio sobre la dirección que debe tomar la gobernanza ecológica. El reciente informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) no ha revolucionado el campo del conocimiento sobre el clima, pero ha mostrado el vínculo constitutivo entre la ciencia y las condiciones políticas de su producción, es decir, cómo la ciencia del clima es ahora un elemento clave en el complejo proceso de transición hacia un régimen ecológico de acumulación. Aunque a veces se habla de la transición como una “revolución verde”, esto no supone ninguna salida radical y repentina de los antiguos regímenes de acumulación, ni de la ciencia que constituía una de las condiciones de posibilidad más manifiestas de esos regímenes.

Desde la financiación de la investigación básica hasta la maxi-experimentación de nuevas fuentes de suministro energético de bajo coste, llevada a cabo por grandes centros de investigación públicos y privados y financiada en gran medida por las multinacionales que operan en el sector, el mercado está mostrando una gran demanda de innovación y competencias verdes que condiciona la producción científica, dándole una dirección política precisa. La mayoría de ellas son dictadas por organismos supranacionales (con la Unión Europea a la cabeza) que pretenden asegurarse un lugar privilegiado en las geografías variables de la ganancia, sentando las bases de una acumulación que no será homogénea, ordenada ni rígidamente panificable, pero que ciertamente no perderá su carácter jerárquico. La transición prescrita por la ciencia del clima no se produce de la misma manera en todas partes: hay industrias contaminantes que defender, largos plazos de reconversión y necesidades de valorización que ya están dictando el tiempo de la metamorfosis verde del capital. Si, por tanto, no es posible un gobierno global coherente del clima porque el capital se mueve explotando las múltiples diferencias y heterogeneidades que se dan a nivel transnacional, la disputa por el monopolio de la verdad científica sobre el clima expresa la existencia de una tensión que no puede disolverse entre los gobiernos nacionales y las instancias de gobierno global.

La ciencia del clima no es, por tanto, un demonio que haya que exorcizar, ni un baluarte que hay que defender; por otro lado, difícilmente puede constituir el conocimiento oracular con el que legitimar una postura universal e inaplazable ante la crisis medioambiental. Hacer batalla sobre la ciencia es, por tanto, afirmar la necesidad de derribar las condiciones sociales que la convierten en un elemento de reproducción del capital, impidiendo una innovación radical de la sociedad. Por lo tanto, se trata de determinar la posibilidad de un uso sesgado de la ciencia. 

3. La finanza es un pivote fundamental del régimen ecológico de acumulación. Es un mecanismo de eliminación de los problemas generales acumulados por el capitalismo.

La finanza es un instrumento de adaptación capitalista a la crisis que ha socavado la estabilidad fiscal de los Estados y, por tanto, su soberanía nacional. La finanza – incluyendo su coloración verde – expresa una fuerza transnacional que invade los territorios nacionales, comprometiendo la posibilidad de pensar la lucha ecológica como una suma de movimientos locales por la preservación de los recursos territoriales. Dentro del régimen ecológico de acumulación, lo que ocurre en los territorios individuales no depende de sus fronteras, y no se detiene allí. Junto a la afirmación de que la naturaleza es el referente universal de la lucha ecológica, cae también la posibilidad de pensar en su defensa como un momento estratégico de revitalización de la representación democrática nacional. La crítica a la finanza verde obliga a captar la dimensión transnacional de la crisis ecológica y a examinar las posibles conexiones dentro de ella.

La apuesta financiera por la rentabilidad de los riesgos ambientales no es simplemente la respuesta neoliberal al cambio climático, sino la cara de un cambio de régimen inducido por la propia crisis. La gobernanza ecológica reconoce la necesidad de innovar sobre la base de los mayores riesgos (por tanto, los costes plausibles) asociados a la transición. Mientras algunos jefes de Estado niegan la realidad del cambio climático para defender ciertas industrias, el sector financiero ha sido el primero en aprovechar la oportunidad de sacar provecho de la crisis medioambiental. Los bienes asegurados generan capital mediante una inversión que se anticipa a su posible destrucción. El régimen neoliberal de seguros ha sido el motor y el desencadenante del régimen de acumulación de capital ecológico durante los últimos diez años. Diversos instrumentos forman parte de este armamento: cat bonds (catastrophe bonds), mercados de carbono, derivados meteorológicos, bancos de biodiversidad.

4. Dentro del régimen ecológico de acumulación, la mano de obra migrante es crucial para apoyar la adaptación de las economías al cambio climático.

La gobernanza de los migrantes es un momento crucial de la gobernanza ecológica, a su vez agitada por la fantasía de que el cambio climático puede gestionarse como un juego de suma cero con geometrías de acumulación variables. La legitimidad de la categoría de “refugiado medioambiental” se ha debatido durante años en los buenos salones de distinguidos abogados y legisladores, y ha sido superada por la fórmula “migrante medioambiental” con la que los sistemas jurídicos occidentales enmarcan ahora a los migrantes procedentes de zonas vueltas inaccesibles por el desastre medioambiental. El problema de la definición no era simplemente una batalla por los nombres, sino la necesidad de establecer qué derecho aplicar a un migrante procedente de una zona desertificada o inundada y, en consecuencia, qué valor asignar a ese migrante.

El gobierno de las migraciones, como ya se anunció en el reciente Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, adopta cada vez más la forma de un choque entre la pretendida libertad de circulación de los migrantes y el intento de potenciar su presencia en el marco de una movilidad regimentada. Los recientes informes publicados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la relación entre la migración y el cambio climático revelan un intento de sistematizar las oportunidades de valoración de la mano de obra migrante que se abrirán en el marco del cambio climático y las condiciones de inversión del capital que garantiza. Por un lado, se reconoce que a menudo son las intervenciones del capital las que provocan el desplazamiento de muchos individuos de sus lugares de origen, mientras que por otro lado se argumenta que es necesario fomentar la migración de retorno cuando la transición ecológica requiere una mano de obra cualificada que de otro modo no estaría disponible. Las respuestas que la OIM propone para la gestión de los “migrantes ambientales” se inscriben en la perspectiva general de la gobernanza general de las migraciones, constituida por acuerdos entre macrorregiones y por la máxima flexibilidad en la gestión de los flujos para permitir una gran facilidad en los escenarios cambiantes. El objetivo es la prevención de la migración autónoma inmanejable a través de la imaginación de los migrantes como activos del nuevo régimen de acumulación. La multiplicación de las figuras jurídicas con las que los gobiernos intentan formalizar el acceso de los migrantes al mercado laboral demuestra que el trabajo migrante produce una tensión interna en el régimen ecológico de acumulación.

5. La transición al régimen ecológico de acumulación produce un entorno verde para el capital.

La crisis medioambiental del capital no puede leerse a través de las categorías del límite físico del desarrollo. El capital no está muriendo de forma natural, sino que transforma sus condiciones de reproducción al incluir el elemento ecológico. En el marco de esta transformación, los Estados se ven continuamente confrontados a su insuficiencia, lo que permite identificar en el régimen ecológico de acumulación un impulso para llevar la forma política del Estado más allá de sí mismo, de ahí la prefiguración y el fortalecimiento de estructuras de mando supranacionales.

Al remodelar su entorno para adaptarlo a las nuevas oportunidades de inversión, el régimen ecológico de acumulación codifica el espacio transnacional, modificando así también la organización interna de los Estados. El Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) es precisamente eso: un plan nacional enmarcado en un mando político supranacional que dicta su finalidad y garantiza las condiciones de su posible aplicación. Por ello, nuestra crítica a la transición – que es una transición del capital y, por tanto, una transición para el beneficio – no puede detenerse en el umbral de las fronteras nacionales, sino que está llamada a medirse con la dimensión transnacional del capital y los ejes de la gobernanza climática.

La segunda misión del PNRR sobre la revolución verde y la transición ecológica se centra en el uso de recursos alternativos y el ahorro de energía, además de la “clásica” eliminación de residuos y la rehabilitación de edificios. Estamos hablando de estrategias claras para adaptarse a la crisis, no para mitigarla. En el caso italiano, la cuestión clave es la infraestructura energética y el coste de la formación de una mano de obra ecológica. Incluso en aquellos sectores en los que ya existen las tecnologías necesarias y el producto innovador está listo para salir al mercado, faltan las condiciones “ambientales” que lo hagan posible: infraestructuras y mano de obra cualificada. Desde este punto de vista, la transición señala la obsolescencia de una determinada forma de Estado como organizador político de la acumulación, pero también de determinadas empresas que, incapaces de avanzar hacia nuevas formas competitivas de valorización del capital, se quedarán paralizadas. Como todo régimen de acumulación, el ecológico también se vale de formas específicas de coerción y de poner a millones de individuos, hombres y mujeres, a trabajar en la producción y la reproducción social: estos serán los elementos constitutivos del entorno verde del capital, y de su contestación material.

6. El régimen ecológico de acumulación valora viejas jerarquías y produce otras nuevas: la inversión y la relación entre la Europa verde y sus fronteras.

Aunque se presenta bajo la apariencia de una necesidad universal, el régimen ecológico de acumulación se mueve dentro de un espacio político jerarquizado en el que existen conflictos o acuerdos entre Estados y actores supranacionales para la apropiación de los recursos necesarios para la transición verde. La relación entre Europa y sus fronteras orientales, tanto internas como externas, es una prueba de la existencia de un problema de reproducción de viejas jerarquías y de afirmación de otras nuevas. Aunque sirve para aprovechar la oportunidad de que el capital y los recursos se pongan en valor dentro del régimen ecológico, el Mecanismo para una Transición Justa que busca la UE para facilitar la transición verde de los países del Este representa la cara necesariamente ideológica de la transición ecológica. Se presenta como un imperativo justo en sí mismo y capaz de asumir las diferencias que encuentra en el camino, mientras que el mecanismo de gobierno de la UE proporciona bonos para acelerar la sincronización de la economía del carbón del Este con las necesidades de innovación del resto del continente.

Los objetivos del Green New Deal – la neutralidad climática para 2050 –, de los que el programa Fit for 55 de reducción de emisiones para 2030 describe el primer contenido material, deben ser protegidos de la posible competencia “desleal” de quienes poseen recursos con un alto coste ecológico, pero que son económicamente ventajosos. Esto explica las prisas por imponer aranceles a la importación de materias primas del Este que, si no se controlan, frenarán el avance de la transición verde. Por ello, las mayores dudas hacia el gran plan de Von der Leyen provienen de aquellos países cuyo sector energético gira mayoritariamente en torno al carbón (como Polonia), o importan grandes cantidades del mismo (Italia, y otros).

El Green Deal ucraniano, al igual que el polaco, no prevé ninguna medida particular de protección social dentro de la transición al nuevo régimen ecológico de acumulación. La prioridad otorgada al desarrollo energético – basada en la privatización y la liberalización – se traducirá en costes prohibitivos para la mayoría de la población y en un tiempo de transición muy alejado del de Europa Central. Polonia espera cerrar su última mina de carbón en 2049, Ucrania en 2035, mientras que Bulgaria aún no ha tenido acceso a los fondos de recuperación precisamente por no poder poner una fecha de finalización a su producción minera.

Entre la Unión y sus fronteras orientales existen relaciones de cooperación y tensión atravesadas por múltiples líneas divisorias que surgen necesariamente cuando pasamos del nivel del valor universal de lo ecológico al de las políticas y la distribución desigual de los recursos y el acceso a los mismos.

7. El régimen ecológico es una oportunidad para la explotación diferenciada de los recursos: un nuevo Scramble for Africa.

La transición al régimen ecológico de acumulación proporciona el capital necesario para superar la crisis general de acumulación, es decir, se propone como solución a los problemas prácticos de la organización del capital que estallaron con la crisis de 2008. Esto significa que, al mismo tiempo que pretende resolver el problema medioambiental, la transición proporciona la regulación de los recursos necesarios para la valorización del capital en general. Mediante el uso del capital ecológico, el capitalismo se mantiene fosilizado en gran parte del mundo. Nuestro ecologismo tiene que aceptar esta diferencia estructural que determina el posicionamiento de millones de hombres y mujeres en diferentes partes del mundo. El régimen ecológico de acumulación ya se está dotando de los mecanismos administrativos y gubernamentales necesarios para la integración de los diferentes momentos de la producción en el mercado verde, pero esta integración no implicará ninguna homogeneización progresiva de las condiciones de trabajo y de producción.

En el marco de esta gobernanza ecológica global, el New Deal verde europeo se diseña y exporta a África con el objetivo de crear nuevas oportunidades para Europa de inversión económica innovadora y ampliar su acceso al mercado. Al financiar la innovación sostenible en la producción industrial y agrícola africana, la UE aprovecha el bajísimo coste de la mano de obra para que la producción africana sea comercializable en Europa porque cumple sus normas ecológicas. No es casualidad que la Unión Africana (UA) haya pedido en repetidas ocasiones que las exportaciones de los PMA (Países Menos Adelantados) queden exentas del mecanismo de ajuste en frontera del carbono.

En nombre de la transición, la administración europea de los recursos africanos cambia, y ahora se puede obtener con la financiación verde concedida a la UA. Esta financiación verde amplía de hecho las fronteras de la influencia de la UE mucho más allá del Mediterráneo, reorganizando procesos y modos de producción que antes le eran inaccesibles: administración, agricultura, finanzas.

Muchos de los objetivos del Green Deal de la UA son compatibles con los intereses de las empresas y el sector privado puede convertirse en un vehículo para la cooperación ecológica entre la UA y la UE. Se trata de un negocio en el que las oportunidades de negocio provienen, en su mayoría, de la explotación privada de fuentes de energía renovables en suelo africano, que se lleva a cabo a costa de quienes se ganan la vida con la agricultura. Al igual que en otros ámbitos en los que se está innovando, la adaptación a la producción agrícola ecológica supondrá en primer lugar la introducción de grandes cantidades de capital y la expulsión de muchos de la producción. 

En la India de Modi, por ejemplo, la ecología ha sido el valor universal en nombre del cual se puso el enésimo puntal al proceso de transformación neoliberal del tejido social y productivo del país, la culminación de años de reformas que prepararon el terreno para el injerto del capital verde que hoy impide a millones de indios acceder a la tierra cultivable. La huelga campesina de 2020, si bien no constituye un paradigma de futuras composiciones de clase bajo el mando del capital ecológico, nos plantea desde este punto de vista el problema del avance de un universal ecológico partidista.