El 29 de octubre pasado, en un video transmitido en vivo, Alejandro Encinas anunció a las cinco personas seleccionadas para constituir la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones Graves a Derechos Humanos de 1965 a 1990. En esa misma fecha, junto con la historiadora Eugenia Allier, los defensores de derechos humanos Abel Barrera y David Fernández, y el politólogo Carlos Pérez Ricart, fui nombrada comisionada por el Comité de Selección. En este artículo abordaré algunas de las preguntas que recurrentemente se me plantean sobre la Comisión. Elegí este formato para exponer con claridad mi lectura del momento en que estamos.
¿Considero que producir un relato de esclarecimiento histórico que se constituya en verdad oficial es una meta alcanzable?
Lo primero que asentaré es que, para mí, la Comisión tiene condiciones para dar resultados en lo tocante a su mandato principal, a saber, el esclarecimiento histórico. Desde que compartí con colectivos y personas no organizadas mi disposición a participar en el proceso de selección y entregué mis documentos al Comité de Selección, afirmé mi disposición para trabajar en un equipo multidisciplinario, es decir, para construir junto con mis colegas un espacio independiente para negociar con dependencias de gobierno federal que pueden contribuir al esclarecimiento histórico. De la misma manera, he declarado mi disposición para trabajar conjuntamente con personas organizadas y no organizadas que sean familiares de víctimas o sobrevivientes de violaciones graves a derechos humanos, y para este fin tanto la independencia individual como la Comisión es indispensable. Estoy convencida de que la Comisión dará resultados, que es viable que estos abonen sustantivamente a la verdad y la justicia, y que el trabajo que desplegaremos durante casi tres años puede constituirse en cimiento para fortalecer el respeto a derechos humanos y la democracia en el presente. Los resultados de la Comisión estarán entrelazados al sostenimiento constante de la independencia respecto al gobierno federal y los colectivos de sobrevivientes y víctimas.
Segundo, como historiadora del pasado reciente he dirigido mi quehacer académico con una premisa ético-epistemológica: la forma en que construimos conocimiento histórico es una forma de hacer política. En consecuencia, en su flanco académico, la defensa de derechos humanos se construye en la averiguación histórica tanto como en el trato que damos a sobrevivientes, víctimas y familiares. Mi posición es que el esclarecimiento histórico importa en la misma medida que la metodología que siga el equipo de investigación. Para decirlo claramente: estoy en contra de las definiciones de objetividad que trabajan como si las metodologías académicas fueran instrumentos neutros para obtener “la verdad” sobre la violencia, o que sugieren que alcanzar “la verdad” sobre la violencia es socialmente más significativo que los efectos de dominación que nuestra práctica como investigadoras fácilmente produce. Esta afirmación, cierta para toda práctica historiográfica, es más incisiva cuando el conocimiento que construimos se refiere a procesos —y por lo tanto a personas— vivas. Esto quiere decir que mientras el Estado garantice plenamente la no repetición, y dado que sí hubo estrategias de silenciamiento, ocultamiento e impunidad, las personas que entrevistamos, de quienes tomamos testimonio o con quienes conversamos casualmente, gracias a la confianza, pueden experimentar consecuencias en su vida cotidiana. El trabajo de las personas comisionadas y el equipo que constituyamos debe reflexionar responsablemente las consecuencias que sus metodologías podrían tener para la dignidad de las personas sobrevivientes, víctimas y familiares.
¿Qué es la Comisión?
La Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (CoVEH) forma parte de un Plan Presidencial que articula diferentes mecanismos para cumplir con las obligaciones del Estado en materia de verdad, memoria y justicia. La Comisión encabezará la investigación multidisciplinar independiente para crear un relato de esclarecimiento histórico (informe) que idealmente se constituirá en la verdad oficial sobre las violaciones graves a derechos humanos y los contextos que las habilitaron. Este relato —y los hallazgos parciales— se articulará a otros cuatro mecanismos: 1) el Plan de búsqueda de personas desaparecidas que diseñará la Comisión Nacional de Búsqueda; 2) el Plan de reparación a víctimas de violaciones graves a derechos humanos (responsabilidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas); 3) el mecanismo de Acceso a la Justicia que diseñarán tres personas expertas en colaboración con la Fiscalía General de la República; y 4) una política pública de memoria y no repetición.
Se trata de un mecanismo extraordinario del gobierno federal para avanzar en sus obligaciones de garantizar el acceso a la verdad y la justicia (en donde está implícita la no repetición), y promover el derecho a la memoria.
La Comisión está engarzada a una historia de iniciativas independientes y políticas públicas para esclarecer las responsabilidades del Estado en las violaciones a derechos humanos del pasado reciente. Se debe a ellas y las excede. Desde mi perspectiva, en esta historia se incluyen las siguientes iniciativas: 1) La Comisión independiente creada en 1993 para esclarecer la masacre del 2 de octubre de 1968. 2) La facultad de investigación de la SCJN, fundada en el párrafo tercero del Artículo 97 de la Constitución (derogado en 2008), por la que la Corte podía iniciar averiguaciones sobre “algún hecho o hechos que constituyeran la violación de alguna garantía individual o la violación del voto público o algún otro delito castigado por la ley federal”, y que fue revitalizada en 1996 con la averiguación de la masacre de Aguas Blancas (junio de 1995). 3) La Comisión Especial del Caso 68, creada el 2 de octubre de 1997, para rendir informe en el marco de los 30 años de la masacre de 1968. 4)El Informe Especial sobre las Quejas en Materia de Desapariciones Forzadas Ocurridas en la Década de los 70 y Principios de los 80 de la CNDH, publicado en 2001, consecuencia del Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos (septiembre de 1990), y la Recomendación 26/2001. 5) La Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp, nombre abreviado, inició funciones en 2002 por Acuerdo Presidencial del noviembre de 2001), que no produjo un informe final, aunque sus borradores fueron filtrados desde enero de 2006. 6) La Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero y su informe de octubre de 2014. Asimismo, la Comisión también se erige sobre la experiencia de familiares y sobrevivientes en la constitución de carpetas de investigación sobre la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de víctimas por motivos políticos, especialmente referidas a la contrainsurgencia. Se debe también a los trabajos sobre la memoria que colectivos y personas no organizadas han sostenido a lo largo de décadas.
¿Cuáles son las diferencias entre la CoVEH y las anteriores políticas públicas de memoria, verdad y justicia?
Podrían escribirse largos artículos sólo sobre este tema, pero en esta primera aproximación, yo quiero poner sobre la mesa elementos que me parecen especialmente importantes, quizá porque hemos dicho poco sobre ellos.
Debe notarse que, así como las iniciativas previas, el complejo mecanismo trazado en el Plan Presidencial de agosto de 2021 es, por sí mismo, incapaz de resolver las obligaciones del Estado en materia de verdad, memoria, reparación y justicia. Por ejemplo, avanzar en las averiguaciones ministeriales ya iniciadas, abrir nuevas y conducirlas con una estrategia sólida que permita la judicialización, por ejemplo, es una aspiración del Plan Presidencial que precisa de negociaciones con una FGR ahora autónoma. Así pues, es posible —y de hecho hay personas críticas que se están ocupando de esto— encontrar otras líneas de continuidad con las iniciativas previas que apunten al fracaso.
Sin embargo, considero que el mecanismo general tiene aciertos: primero, el Plan Presidencial anticipa que para fines de verdad y justicia se podrá acceder a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto sugiere que el Ejecutivo ha avanzado —junto con algún sector castrense— en el desmantelamiento de políticas de silenciamiento y encubrimiento de las violaciones articuladas al Ejército. En consecuencia, el relato histórico que construiremos, y las averiguaciones ministeriales que puedan instalarse y fortalecerse, nombrarán de frente el tramado institucional represivo, contrainsurgente y de violencia sexual y clasi-racista en el que participaron las fuerzas armadas entre 1965 y 1990. Segundo, el Plan Presidencial distingue entre políticas de verdad y esclarecimiento histórico de justicia, de búsqueda, de reparación y de memoria; esto sugiere que se reconoce que los Estados avanzan de manera desigual en el cumplimiento de cada una de estas obligaciones, porque cada una requiere articular diferentes dependencias (entiéndase también, sectores burocráticos). Esto supone reconocer la heterogeneidad del Estado mismo y, por lo tanto, la necesidad de crear estrategias flexibles y múltiples que contribuyan a generar condiciones para sembrar esta agenda en la sociedad. Tercero, esta iniciativa del Ejecutivo no circunscribe la verdad y la justicia sólo a casos de violaciones graves a derechos humanos por motivos explícitamente políticos, con lo cual se inaugura la posibilidad de que las cinco personas comisionadas en la CoVEH averigüen los fundamentos raciales, clasistas, género-sexistas del poder estatal.
Permítanme ahondar en este último punto. Eliminar la caduca etiqueta de “Guerra sucia” contribuye a replantear nuestras preguntas y los potenciales alcances de la Comisión en la revisión del pasado reciente: primero, se reconoce que el Estado no “jugó sucio” en situaciones delimitadas, sino que de hecho articuló legalidad e ilegalidad en estrategias represivas y contrainsurgentes dirigidas no sólo contra organizaciones político-militares (guerrillas), sino contra agrupaciones políticas disidentes y movimientos sociales diversos. Segundo, se crea la oportunidad de reconocer que, en la actuación de las instituciones de seguridad del Estado, hay vidas que valen más la pena —el duelo— que otras (Butler, 2006), e incluso hay algunas vidas que sistemáticamente han sido arrasadas por las múltiples violencias del Estado (pensemos en las mujeres trans). Estas dos potencialidades fueron destacadas por miembros del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en la reunión del 16 de noviembre pasado.
El planteamiento general del Plan Presidencial abre una puerta para vincular el relato de verdad sobre el pasado con los esfuerzos en curso por comprender las violencias de nuestro presente. Luego de décadas de referirse a la violencia dictatorial, académicos y defensores de derechos humanos de Argentina ahora plantean la necesidad de reconocer que las investigaciones sobre las violencias por motivos políticos, son una ventana para mirar la violencia policial contra personas de las villas, jóvenes, personas racializadas como no-blancas, personas disidentes de la hegemonía cis-heteropatriarcal y presuntas delicuentes (véase el trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires).
Las instituciones estatales han sido incapaces de reorganizarse dentro de una cultura de derechos humanos; considero que esta incapacidad tiene viejas raíces de las que hablamos poco fuera de los márgenes académicos. Por el planteamiento del Plan Presidencial y el Decreto que le dio origen, la Comisión podría ser una plataforma para hablar públicamente de esto.
¿Por qué fue creada la CoVEH? Todavía más, ¿por qué fue creada en este momento?
El Plan Presidencial fue resultado de la articulación entre la apuesta política del gobierno federal y las permanentes denuncias y trabajo de familiares, víctimas y sobrevivientes de violaciones graves a derechos humanos organizados y no organizados que en diferentes momentos han sido formuladas como demandas de políticas públicas de verdad, memoria y justicia. Familiares y sobrevivientes, junto con defensores de derechos humanos, han mantenido la terca memoria fuera de los confines del Estado, y coyunturalmente se han articulado con éste. La presente articulación entre ambos tuvo lugar en un espacio institucional (la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración) en donde convergieron con funcionarios públicos, personas de diferentes generaciones que dentro y fuera del gobierno se han dedicado a comprender y denunciar las violencias del Estado y promover los derechos humanos.
Es necesario cuestionar por qué pasaron casi tres años entre la toma de poder del actual Ejecutivo Federal y el Plan Presidencial. Algunas críticas señalan que la CoVEH surge porque el gobierno actual quiere capitalizar sus avances en el año de elección presidencial o para conseguir una legitimidad que está perdiendo. Considero que estas y otras críticas son saludables, pero me parece también que es necesario articularlas con las teorías actuales sobre el Estado, que lo describen como heterogéneo por las múltiples historias y programas que convergen en él. Es teóricamente insostenible que la Comisión y el mecanismo general sean resultado de un plan maquiavélico del Estado dirigido a 2024. En su lugar, me parece que debemos pensar que hay algo de estrategia del gobierno federal, mucho de persistencia de familiares y sobrevivientes con presencia pública, y algo de la hechura cotidiana de las dependencias gubernamentales que se escapa a las explicaciones totalizadoras. En último término, me parece que —y aquí enfatizo que hablo a título personal— nos conviene discutir cómo encaminar el trabajo de la Comisión hacia una articulación con más sectores de víctimas y sobrevivientes, personas investigadoras (académicos y no), defensores de derechos humanos y la sociedad en general.
No quiero con esto suspender las críticas, ni la revisión exhaustiva de cómo fue ideado el Plan Presidencial; me parece, repito, que es una práctica por demás saludable. Pero quiero llamar la atención sobre el hecho de que estas críticas deben desarrollarse en el marco de discusiones teóricas vigentes sobre el Estado, y que nos conviene —como personas comprometidas con el esclarecimiento histórico y la defensa de derechos humanos— pensar al mismo tiempo cómo expandimos la interlocución de la Comisión. En la arena política, el gobierno federal no tiene derechos exclusivos para capitalizar la creación, avances y resultados de la Comisión.
¿Es ésta la última oportunidad?
Para algunas personas familiares y sobrevivientes, este mecanismo es la última oportunidad porque está en curso una transición generacional. Este año, por ejemplo, tuvimos que despedir a Mario Álvaro Cartagena, y esto se siente como un peso para las personas que han sostenido las luchas por la memoria, verdad y justicia. No descalificaré este sentimiento, porque de hecho está traduciéndose en energía política (para negociar con el gobierno federal, para asistir a todas las reuniones que han tenido lugar, para disponerse a encontrarse una vez más entre colectivos diversos). Pero, como una mujer dedicada a comprender procesos de memoria y movilización política, tengo que señalar que ese pasado de violencias de Estado tiene la potencia de regresar sobre nosotros incontables veces.
La persistencia de las demandas de colectivos y personas no organizadas para el esclarecimiento del pasado, y el hecho de que el proyecto político del gobierno federal —a través de instancias específicas— buscara articularse a ellas, señala que esfuerzos de sociedad civil y las políticas públicas previas sobre verdad, memoria y justicia no han sido satisfactorias. Como investigadoras y ciudadanas es viable preguntarnos si estas demandas podrían verse superadas en algún momento, o si ese pasado interpelará a generaciones del futuro, y si las miradas renovadas hacia el pasado requerirán de nuevas políticas públicas y otras verdades oficiales. Entonces, es factible anticipar que las demandas de verdad, memoria y justicia son inagotables; tiene que ser así si las generaciones futuras mantienen como expectativa el ensanchamiento de derechos humanos. Lo que no podríamos anticipar es si en un futuro más o menos cercano, la estrategia de Comisión de la Verdad se sostenga, o si los virajes de conceptualización de justicia y procesos de memorialización erijan otras rutas para reconocernos socialmente en las violencias del pasado.
Como toda política pública fundada en demandas sociales, la Comisión es resultado de revisiones críticas, negociaciones y concesiones para una y otra parte, con participación de asesorías de personas expertas en diferentes materias (yo participé en los debates sobre políticas públicas de memoria, por ejemplo). Para decirlo rápido: la Comisión resultó de un trabajo político que promovieron personas sobrevivientes y familiares de víctimas organizadas y no organizadas, funcionarios de algunas dependencias de gobierno y comités de expertos. Y como todo trabajo político, abraza algunas demandas y excluye otras, es objeto de polémica al interior del gran colectivo de víctimas y dentro —y entre— dependencias gubernamentales.
¿La CoVEH dará resultados satisfactorios?
La lectora habrá notado que he utilizado estratégicamente la noción de “potencialidad”: la Comisión podrá, puede, tiene potencial para… Por supuesto, creo que la Comisión dará resultados, y mis colegas y yo trabajaremos para que esto sea así. No obstante, es conveniente distinguir entre el marco —acotado— de atribuciones con las que nació esta Comisión, y el hecho de que sus alcances se definirán por el respaldo social que construya y sostenga para sus iniciativas a lo largo del periodo de funciones. El soporte que sólo el desempeño práctico puede otorgar será crucial para inclinar la balanza de las negociaciones y disputas que las personas comisionadas librarán con poderes constituidos e institucionales. Entonces, una parte del alcance de la CoVEH será definido por las estrategias de colaboración con organizaciones y personas no organizadas con motivo de las violencias de Estado, personas académicas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y la sociedad en general, y por la disposición de éstas para este fin.
Para definir el alcance y la satisfacción de los resultados de la Comisión, será también preciso preguntarnos, ¿quién podría beneficiarse de políticas de memorialización que, por ejemplo, reescriban la historia contemporánea de México a partir del esclarecimiento histórico (relato) reconocido oficialmente?, ¿quién podría beneficiarse del fortalecimiento de los derechos humanos en México? Necesitamos plantear el trabajo de la Comisión como una respuesta a las comunidades de familiares y sobrevivientes que participaron en el delineamiento del Plan Presidencial, pero también es urgente crear espacios para reflexionar junto con ellas que las violencias del pasado crearon víctimas que han sido incapaces (institucional, social, emocionalmente) de denunciar y exigir justicia. El alcance de la Comisión debe plantearse también de cara a ellas.
Referencias
Butler, Judith. (2006). Vida precaria: el poder del duelo y la violencia. Buenos Aires: Paidós.