El viernes 27 de mayo de 2022, una caminata de doscientos integrantes del pueblo wixárika llegó a las puertas del Palacio Nacional para exigir una reunión con el presidente de México. Provenientes de los municipios de Mezquitic y Bolaños, en el estado de Jalisco, los manifestantes exigían la restitución de más de 10 500 hectáreas de tierras comunales, invadidas hace cinco décadas por ganaderos del municipio de La Yesca, estado de Nayarit. Las tierras que hoy están en disputa habían sido reconocidas como tierra comunal wixárika por el presidente Adolfo López Mateos en un decreto de 1953. Este decreto reconocía la existencia de un título comunal virreinal de 1718. A pesar de que, entre 2007 y 2017, se han emitido treinta y cinco sentencias agrarias a favor de los wixaritari, el Estado mexicano no ha ejercido las sentencias, y las tierras permanecen en manos de los ganaderos de La Yesca.
Antes de iniciar su conferencia de prensa, el comisionado de bienes comunales de los wixaritari tocó a la puerta del Palacio Nacional, en un acto simbólico que representaba el motivo principal de la caminata: hablar con el presidente López Obrador. Cuando la puerta del Palacio no se abrió, la sensación de frustración entre los manifestantes fue evidente. Después de mil kilómetros de caminata, a temperaturas de cuarenta grados centígrados, esperaban que el presidente los recibiera ese mismo día. Aunque más tarde se hizo público que el presidente estaba de gira en el estado de Sinaloa, ningún representante del gobierno federal acudió a recibir a la caravana. Como respuesta, la caravana montó un plantón de dos días frente al Palacio, hasta que más tarde, el lunes 30 de mayo, el presidente los recibió. Por una puerta rodeada de granaderos, una comitiva de cinco wixaritari entró al Palacio por la calle de la Moneda.
¿Qué dice el conflicto wixárika sobre la relación entre los pueblos indígenas y el gobierno de México? La recepción de los wixaritari en el Palacio es una oportunidad para demostrar el compromiso con las tierras de los pueblos indígenas y con lo público. Si las promesas que el presidente de México hizo sobre devolver las tierras wixárika se cumplen, demostraría que tiene la capacidad de detener la desposesión.
Inacción
El día de la llegada de los wixaritari al Zócalo, su abogado y miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI) Carlos González García explicó que la exigencia de los manifestantes es completamente justa, pues las tierras les fueron arrebatadas como parte de una experiencia más amplia de discriminación y despojo. Según recontó González, las sentencias agrarias favorables que han obtenido han sido insuficientes para que el Estado mexicano reconozca su obligación hacia los wixaritari y hacia el resto de los pueblos indígenas del país. Un ejemplo deja más claro cómo opera la inacción del Estado. En 2018, los ganaderos de La Yesca usaron armas de alto calibre contra un vehículo en el cual se transportaban González y algunos integrantes de la comunidad. El ataque impidió que el tribunal agrario de Tepic (Nayarit) ejecutara las sentencias favorables que había emitido el tribunal agrario de Guadalajara (Jalisco). Esto fue presenciado por miembros de la policía del estado de Nayarit y miembros del ejército mexicano, pero ninguno respondió. El ejército y la policía parecían respetar la fuerza de los ganaderos de Nayarit, y reproducir un orden en el cual los derechos indígenas no se ejercen.
En diciembre de 2018, integrantes de la comunidad wixárika se reunieron con representantes del actual gobierno de México en las oficinas de la Procuraduría Agraria. El procurador agrario, el vocero del presidente de México y el subsecretario de desarrollo agrario se comprometieron a ejercer las sentencias favorables. En mayo de 2022, más de tres años después de esta reunión, sólo 41 hectáreas de las 10 500 en conflicto han sido restituidas.
Rechazo
En los dos días que los wixaritari pasaron esperando reunirse con el presidente, explicaron que, si no iban a recibirlos, querían que un representante de la presidencia se los dijera. En ese caso, hubieran tenido que recurrir al derecho internacional para obtener la restitución de sus tierras. En palabras de los manifestantes, esto hubiera sido “una vergüenza”, porque el Estado mexicano habría hecho evidente que es incapaz de garantizar un orden en el cual todos sus ciudadanos puedan hacer valer sus derechos.
Aunque los wixaritari creen en el Estado y quieren que este les responda, también rechazan la manera en que opera. No quieren que su caso siga siendo revisado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), porque hasta ahora su trabajo ha sido “inoperante”. Tampoco quieren que se involucre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), porque denuncian que su titular, el abogado mixe Adelfo Regino, intentó detener la caravana wixárika cuando esta salía desde el estado de Jalisco. Esta actitud es similar a lo que la antropóloga Audra Simpson ha identificado como rechazo al Estado por parte de algunos movimientos indígenas en Estados Unidos. Frente a un Estado que históricamente ha permitido la desposesión, los movimientos indígenas contemporáneos han canalizado su frustración mediante una negativa a dejar que el Estado siga operando como lo hace.
Entre el rechazo de los wixaritari, se asoma su fe en el presidente de México. En el tiempo que pasaron acampando, explicaron que lo consideran su último recurso. Hablan del “jefe de la nación” mexicana, señalando que ellos también han traído al jefe de las tierras comunales wixárika para que se entreviste con él. Para que el presidente los escuche, los manifestantes explicaron que ellos no son “conservadores de derecha”, como López Obrador llama a todos sus opositores. Son autoridades agrarias y miembros del pueblo wixárika. No pertenecen a ningún partido político y buscan que se ejerzan sentencias legales que ya han sido emitidas. El que los wixaritari tengan la necesidad de definirse como no enemigos del gobierno apunta hacia una esfera pública donde el significado de lo público parece haberse estrechado. Andrea Muehlebach ha escrito algo parecido sobre la privatización del agua en Italia, donde el pueblo que protesta se opone a un público privatizado que ha sido impuesto desde arriba. Frente a un gobierno que sólo ve simpatizantes y enemigos, las exigencias de los wixaritari no se reciben de entrada como justas, sino que caen fuera de la discusión posible. Recibirlos en el Palacio fue un acierto del presidente López Obrador, quien aprovechó la caravana para reconocerse como aliado de los pueblos indígenas.
Restitución
Si los ganaderos de La Yesca que se identifican como pequeños propietarios tienen primacía sobre los wixaritari, el Estado está demostrando su incapacidad de defender lo público frente a lo privado. Aunque algunos de los ganaderos de La Yesca son ejidatarios, desde la reforma de 1992 al Artículo 27 de la Constitución, el ejido es vulnerable a la privatización. Esto no ocurre con las tierras comunales indígenas, que no tienen títulos de propiedad individuales ni la posibilidad de compraventa. Después de la privatización del ejido, las tierras comunales indígenas son el último bastión de tierras inalienables en México.
La historiadora Jo Guldi ha descrito los conflictos por la tierra de los últimos tres siglos como una “guerra de tierras” que, durante buena parte del siglo XX, permitió que los desposeídos “suspiraran con alivio”. El reconocimiento de las tierras wixárika de 1953 por el presidente López Mateos encaja con la narrativa de Guldi, tanto como el reparto agrario masivo que México presenció entre la década de 1950 y la de 1970. En su historia de la guerra de tierras, Guldi también escribe que, así como la redistribución y el reconocimiento avanzaron durante el siglo XIX, el final del siglo XX y las primeras dos décadas del XXI vieron cómo estas estas ideas fueron diluidas y desestimadas por fuerzas “externas e internas”, “complejas, poderosas e intransigentes”. La inacción del Estado en los últimos años frente a la invasión de las tierras wixárika encaja con esta segunda parte de la narrativa de Guldi. Si el gobierno de México no cumple con las promesas que le hizo a los wixaritari, no podría afirmar que el pueblo al que representa es un significante que abarca a los desposeídos. Sólo la restitución desharía un proceso histórico en el cual la defensa de los sin tierra parece estar quedando en el pasado.
