La llamada “operación acordeón” provocó el enojo de la oposición y algunos ciudadanos, pues se sospecha que estos papelitos de colores fueron distribuidos por el partido en el poder. Aunque para muchos eso resultaba injusto, para otros, el daño era distinto, pues los acordeones violaban la autonomía de los ciudadanos para decidir por sí mismos. Antes de abordar el primer punto, me gustaría detenerme más en el segundo.
La elección judicial fue inédita en México. La “mayoría” (nombre elegante para incluirme) desconocía adecuadamente qué se votaba y qué cualidades debe tener una persona para ocupar un cargo tan importante como la impartición de justicia, la interpretación de la ley o la vigilancia de los jueces. En contextos donde la información es escasa y las decisiones son significativas, es razonable buscar orientación. Aunque surgieron esfuerzos importantes para orientar a los ciudadanos (cuentas en redes resumían perfiles; Viri Ríos hizo un Excel que se volvió la herramienta básica), casi ninguna figura pública dio a conocer una lista completa de candidatos. ¿Por qué? En parte porque la tarea era titánica (eran demasiados candidatos); en parte porque muchos se escudaron en la idea de que cada quien debe de decidir por sí mismo. Sin embargo, esta noción de autonomía puede ser engañosa
Valoramos nuestra autonomía porque consideramos importante ser los autores de nuestras decisiones: nadie tiene derecho a decidir por mí, así que soy el único autorizado a decidir qué hacer y pensar. Pero esta visión puede rechazar la idea de que, en ciertas circunstancias, hay personas mejor informadas y preparadas que nosotros. Reconocer nuestras limitaciones como agentes epistémicos implica reconocer cuándo y en qué condiciones debemos de confiar en lo que dice otra persona. Si nosotros reconocemos que otros tienen mejores razones o mayor conocimiento, forma parte de nuestra deliberación confiar en la opinión de esas otras personas. En este contexto, el acordeón representa una herramienta eficiente para ciudadanos que, como yo, no teníamos conocimiento adecuado, ni el tiempo necesario, para discriminar entre perfiles.
El problema es que una buena herramienta para movilizar el voto se convirtió en una estrategia ilegítima por el tipo de reglas que diseñaron la campaña judicial. De acuerdo con James A. Gardner, las campañas deben ayudar a los votantes a imaginar razonablemente cómo serían gobernados por cada alternativa. Su función no se limita a presentar slogans o perfiles biográficos; cumplen un papel cognitivo fundamental al vincular las creencias, intereses y valores de los ciudadanos con las opciones en juego. Sin estos elementos, un proceso democrático deja de ser una elección y se vuelve más bien una ruleta.
Las reglas de campaña en una elección electoral eliminan la participación de partidos políticos (quizá con justa razón, pues la justicia no puede ser influida por la política), pero al mismo tiempo los partidos políticos funcionan como síntesis de valores, ideales y proyectos políticos con los que una población se puede sentir identificada. Probablemente desconozcas al candidato, pero reconociendo el partido puedes hacer algunas inferencias sobre cómo actuará una vez en el poder. Sin la presencia de los partidos políticos, la información disponible se reduce drásticamente. Si a eso sumamos que 1) la autoridad electoral no ofreció información adecuada ni relevante para la toma de decisiones (¿basta un currículum y tres propuestas para evaluar a un aspirante judicial? Viri Rios hizo más que el INE en este caso); 2) los partidos políticos no podían intervenir ni pronunciarse por candidatos; y 3) las restricciones de campaña a los candidatos redujeron a (casi nada) sus posibilidades para amplificar su mensaje a la sociedad. Sin la formación de un espacio público de deliberación, esta elección se dejó en manos del mercado electoral ya establecido.
La estrategia de la operación acordeón fue sumamente útil para movilizar el voto, lo único problemático es que fue hecha por un partido político; sin embargo, parece que no hubo coerción sobre los votantes y que sólo circularon como una herramienta para la toma de decisiones. Lo ideal, sin embargo, hubiera sido que más personas —periodistas y académicos, por ejemplo— hubieran también explicado su lista. Me parece que tenemos derecho a confiar en lo que dicen otros, siempre y cuando consideremos que tienen buenas razones y se encuentran en una posición mejor que nosotros.
Ahora bien, en este proceso electoral en particular, con una elección mal diseñada, con limitaciones severas en la campaña de los candidatos, con una débil participación de la institución electoral, con un número excesivo de candidatos, lo que se pierde es el derecho de los ciudadanos a decidir con conocimiento. Sin tener garantizado este derecho, lo que realmente socava la autonomía ciudadana no es el uso de unos papelitos de colores, sino la ausencia de condiciones institucionales que permitan confiar racionalmente en las elecciones mismas.